¿EXISTIÓ UNA GENERACIÓN LITERARIA EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA?

(Extracto de ensayo inédito) ¿QUÉ ES UNA GENERACIÓN? Obviamente, referirse a una generación, estamos refiriéndonos a un grupo de sujetos con existencia propia que ocupan un tiempo (¿Cuándo?) y un espacio (¿Dónde?), expresan un movimiento (¿Cómo?), tienen una causa (¿Por qué?), y anhelan una meta (¿Para que?). Estos sujetos que en algún determinado momento se reunieron, se agruparon y se juntaron, fue gracias a la similitud en sus inclinaciones estéticas (literatura, principalmente) o a la coincidencia de practicar una misma labor: El ejercicio literario. Si nos remitimos al diccionario de la lengua española, entre otras acepciones que contiene la palabra “generación”, está la siguiente: “El conjunto de los coetáneos”. Coetáneos, en la lengua española, se refiere a las “personas o cosas que viven o coinciden en una misma edad o época”. Época, entre otras acepciones, es “cualquier espacio de tiempo”. Entonces, el conjunto de personas con edades coincidentes que ocupan un espacio de tiempo determinado, es el significado más entendible que podemos otorgar al vocablo “GENERACIÓN”. Concluyendo, basta esta sola acepción, “el conjunto de los coetáneos”, para afirmar la existencia de una generación en la década de los 90 en la ciudad de Chiclayo. Pero a partir de aquí, pretender la misma afirmación de una “generación literaria”, ya estamos abordando otras áreas, mucho mas complejas que la coetaneidad y el espacio-tiempo. El término “literario”, en cualquiera de los géneros, necesita de argumentos que lo expliquen, desde otros ángulos, para aceptarlo en su real dimensión. Dimensión, obviamente, que comporta una multidimensionalidad conceptual. Por ejemplo, los enfoques valorativos, epistemológicos, pedagógicos, culturales, políticos, económicos, y otros; son básicos y necesitan ser revisados para siquiera, aproximarnos interpretativamente a una acepción común y consensuada, que nos permita hablar un mismo idioma y lograr el entendimiento que de por sí, nos induce, toda actividad y tarea académicas. El profesor Néstor Tenorio Requejo, identificándose con la concepción de “generación” que asume Ortega y Gasset —a quién cita—, nos da luces sobre este embrollo semántico; y parafraseando a Ortega y Gasset, nos explica en los términos siguientes: “... entiende por generación a una elite, a un conjunto selecto de personalidades tocadas por el fuego del espíritu y, por tanto, encarnaciones de la Idea o del Bien, la Belleza y la Verdad” (Rev. Metáfora N° 1 Pág. 12) Y más adelante, agrega: “Mas bien, a manera de iluminar este asunto de la generación digamos que hay consenso en establecer siete condiciones que tipifican a una generación” (Op. Cit.) Señalándolas, en este orden: 1. Coetaneidad o coincidencia en el nacimiento de sus integrantes, en un espacio no mayor de 15 años. 2. Homogeneidad en su educación o formación intelectual. 3. Trato humano o relaciones personales entre los miembros de la generación. 4. Acontecimiento o experiencia generacional unificadora. 5. Caudillaje o existencia de un jefe espiritual reconocido por la generación. 6. Lenguaje peculiar generacional de la generación. 7. Anquilosamiento de la generación anterior. De entre estos siete puntos señalados, debo aclarar que el punto cinco (5), definitivamente, fue totalmente ajeno a los noventinos; y si se tratara sólo de ese indicador, es coherente manifestar que no existió la generación literaria del 90 en la ciudad de Chiclayo (evitando extender esta reflexión a la circunscripción nacional). Sin embargo, los demás ítem, sí recogen y expresan las características de la generación de los 90. Entonces, sí existió la generación de los 90. Lo que respecta al vocablo “literario”, prefiero no inmiscuirme en sus acepciones, a riesgo de concluir en una intención académica difusa y dilatativa del objetivo central del presente escrito. Me atrevería sí, indudablemente, sin alejarme del diccionario de la lengua española, pretender una acepción inocua académicamente. De acuerdo al diccionario en mención, literario: se refiere a todo lo “perteneciente o relativo a la literatura”. Y literatura: en su acepción primera indica un “Arte bello que utiliza como instrumento la palabra”. Siempre, con el afán de evitar toda confusión academicista, quito la frase “Arte bello” —porque sugiere una marca subjetiva muy difícil de consensuar— y me quedo con la ”utilización instrumental de la palabra”, escrita o hablada. En este sentido, literario, como actividad que implica la utilización de la palabra, reafirmo la existencia de la generación literaria de los 90 en la ciudad de Chiclayo. Si existió como tal. Expresó, entre otras cosas, una heterogeneidad muy marcada en su temática y en otras manifestaciones discursivas, pero existió. Esta generación ocupó un tiempo, la década del 90; abarcó un espacio, Chiclayo; expresó un movimiento, grupos de reunión, de debate, de cooperación recíproca; tuvieron una causa, anhelo de difundir, publicar, expresar sus pensamientos, creencias y criterios estéticos en forma de cuentos, poemas, artículos y otros; y anhelaron una meta, editar una revista, una plaqueta, un volante, un mosquito, etc.; o en sus propias palabras: “darse a conocer”. ¿EXISTIÓ LA GENERACIÓN LITERARIA DE LOS 90? Quiénes niegan He preferido partir de una negación de la generación de los 90, como tal. Obviamente, a mí me resulta una percepción bastante radical y que no acepta discrepancias ni un espacio para medias tintas, la percepción de Marcel Velázquez Castro, por ejemplo. Su concepción es la siguiente: Pese a padres putativos, rótulos infundados y algunas muertes sorpresivas: no existe una generación de los 90. Aunque no faltaron grupos literarios, grotescos movimientos y figuras tragicómicas, jamás se logró articular una propuesta integral respaldada por un conjunto de obras literarias significativas. Los mayores aciertos de la década son logros individuales y enemigos de toda comunidad literaria. (En: la cena de las cenizas: Novela y posmodernidad en el Perú contemporáneo) Entendemos que la percepción de Marcel Velázquez haya una razón que la explica y la sustenta, como es la no concretización de una propuesta integral a través de una producción literaria, agregándole a esta producción, la condición de ser “significativa”; así como, la tenencia de “padrastros”, no de padres. Tardaríamos siglos quizás, en lograr una connotación consensuada del termino “significativo” que utiliza Velázquez al referirse a la producción literaria de los 90. Desde la primera intención para elegir los indicadores que nos permitan sostener la “significatividad” o no de tal producción, hasta la construcción del real significado que implica el vocablo “significativo”, sospecho, no lograremos un camino sin conflictos y discrepancias donde cada uno valide y exprese su particular percepción del término en cuestión, hasta hacerla prevalecer sobre las demás de igual rango, importancia y legitimidad. Velázquez no reconoce que la ausencia de una propuesta integral pueda constituir la característica de una generación. Martín Paredes y Ricardo Zavaleta, emiten una percepción similar: Empecemos afirmando que no existe una generación de los 90, ni nada que se le parezca. Ante la aparición de la gran cantidad de obras, la crítica periodística (ejercida en nuestro medio con poca seriedad) pretendió ver el surgimiento de un movimiento o generación de narradores. Con criterio oportunista y facilista se quiso homologar y estandarizar a todo estos jóvenes escritores... nada más errado que etiquetarla como generación, ya que si algo pudiera definir a este grupo de jóvenes propuestas es su conformación heterogénea y las diferentes tendencias y voces que presenta. (Martín Paredes y Ricardo Zavaleta; Op. Cit.) No sólo niegan la existencia de una generación de los 90, sino, que todo rastro, señal, indicio, pretensión o signo que sugiera lo contrario, también es negado y con la misma certeza y convicción que no da lugar a replica ni siquiera para otorgar el beneficio de la duda. Y de una manera casi irónica y hasta con cierto rechazo a la labor periodística, culpan a ellos (los periodistas) por utilizar el término “generación” sin una razón académica que lo justifique, tan sólo movidos por un factor netamente emotivo por la aparición de una “gran cantidad de obras”. Sin embargo, finalizando el párrafo citado, al señalar a la heterogeneidad como una marca en el discurso de este grupo de jóvenes, están ya, sosteniendo la existencia aunque sea, de un grupo; heterogéneo, pero ahí está. Existe ese grupo, se manifiesta, hace presencia, actúa, deja una marca y expresan, lo repito, una heterogeneidad. Un conjunto de sujetos que practican una labor común: Escribir. En todo caso, Paredes Y Zavaleta, asumen la hipótesis de no existencia de la generación de los noventa, a partir de una concepción de “generación” que a priori han elaborado y utilizan para concluir en esa afirmación. Básicamente, esta concepción de generación que ellos asumen, interpreto, necesita el requisito necesario y fundamental de “homogeneidad en el discurso”. Entonces, al no existir esa homogeneidad, no existe generación. Otra versión (la tercera) que niega la existencia de la generación del 90, es la de Peter Elmore (Dr. En Literatura, limeño de nacimiento), en una entrevista concedida en el año 1999, declara: ... no existe una generación de los 90. Lo que hay es un momento de recomposición del espacio literario o del gremio literario –si tal cosa existe en el Perú–, y gente de distintas edades que, por ejemplo, hubiera podido comenzar a publicar cuando tenía veinte años, pero publica en los treinta. (Entrevista realizada por Agustín Prado y Marcel Velázquez Castro. Lima, agosto de 1999) Otros son los factores que sugiere y toma Elmore, para negar la existencia de una generación literaria de los noventa. El elemento cronológico en las edades de los literatos y el tiempo en el cual deciden publicar sus obras literarias. Me atrevo a señalar que el autor insinúa la necesidad de una relación “tiempo histórico” (en la acepción común de la frase, no en la acepción Gramsciana) con lo que, a título personal, denominaría “tiempo-espacio individual”. Esta relación, no debería abarcar más de una década. En otros términos, Elmore, pretende concebir la edad cronológica de una persona, por ejemplo 20 años, como la edad precisa para publicar o difundir sus creaciones literarias. Pasada esa edad, el autor deja de pertenecer al espacio-tiempo histórico, siempre en el lapso de una década, y pertenecería a la década de otro espacio-tiempo. Se pertenece a la década en la cual se publica la obra literaria. Alejándonos de esta discusión academicista que podría mostrar una coloración bizantina, Elmore, deja entrever un movimiento literario en la década en cuestión —los noventa— al que le niega el calificativo de “generación”, para otorgarle el denominado “recomposición del espacio literario”. No ofrece mayores características, desde su perspectiva, a esta labor o fenómeno de recomposición que él señala. Quiénes no niegan Por otra parte, Fernández Trujillo y María del Carmen, estudiantes limeños, sustentantes universitarios, se refieren a ella así: “... en los noventa, los discursos épicos de protesta y reivindicación de décadas anteriores pierden consistencia y densidad y son reemplazados por la revalorización de la vida misma, la individualidad; llena de conflictos, violencia, incertidumbres, búsqueda de placeres para olvidar los malos momentos, y esperanza”. (Tesis: “Cine, Sociedad Y Cultura En El Perú De Los Noventa: Análisis Temático De Tres Cortometrajes Realizados Por Jóvenes Directores”. UNMSM) Estos estudiantes ya señalan a la individualidad como la característica que identifica a la generación de los noventa, apreciación que, en ese sentido, se asemejará a muchas otras. Y más adelante, parafraseando a Venturo, Fernández Trujillo y María del Carmen, en su caracterización de los jóvenes de la generación de los 90, señalan que: ...era normal que a los jóvenes de los noventa se les tildará de displicentes con lo público político...(pues) la generación de los noventa ha sido catalogada también como la generación adversa a la crítica... En los noventa, sobretodo, el pensamiento crítico es asociado a la demagogia y al dogmatismo... (Op. Cit.) Venturo, señala con mayor precisión y de alguna forma, entiende el por qué del individualismo, en la interpretación de Trujillo y Maria del Carmen, debido a la demagogia y al dogmatismo del que hacía uso el pensamiento crítico de la época. Desde ya observamos que la generación de los 90, en la visión de Venturo, sugiere y pretende dar paso a un nuevo tipo de pensamiento que sea, ante todo, “no-dogmático” y “no demagógico”. Asimismo, puede entenderse, a partir de la lectura de los mismos párrafos, que esa época —la del noventa— la demagogia y el dogmatismo, fueron características típicas del pensamiento critico o del pensamiento académico. Razones que, entre otras —intuyo—, impulsaron que la generación joven, no necesariamente de manera intencional, asumiera actitudes y comportamientos —siempre desde el lente de Venturo— que suponen un espacio relegado y de segundo orden a las preocupaciones sociales, a la coyuntura, a la realidad observable, a los hechos sociales, a lo político, al poder, etc.; y en su lugar, priorizar sentimientos, sensaciones, anhelos y preocupaciones desde un orden estrictamente individual; quizás, de matices hedonistas, lúdicos, erotómanos, oníricos, etc. No niega a la generación en cuestión, sin embargo la señala como una generación adormilada o dormida, pero que de pronto, despertó, o la despertaron de su letargo después de tanta juerga y diversión, a espaldas de, y divorciadas de la coyuntura. Otra y no muy diferente apreciación de esta generación es la que otorga José Carlos Yrigoyen: ... los noventa, un período chicha, en el que la dictadura adormiló a los poetas. Y ahora ellos son los hijos del terrorismo urbano, que por entonces no tenían conocimiento de lo que sucedía a kilómetros, salvo por uno que otro coche-bomba. Son poetas que no han tenido una perspectiva real de lo que pasó. (En: “Libertad bajo palabra”. Una entrevista por Francisco Izquierdo Quea; Lima, 1980. Publicado en Revista Quehacer N° 149) Yrigoyen, releva el papel que jugó la lucha armada en la década de los noventa —“periodo chicha”—, fenómeno político que la generación de los noventa no la distinguió porque permitió que la “adormilaran”, por lo tanto, no conoció ni comprendió en su real dimensión a este fenómeno que marcó la década de los 90 en nuestro país. A la generación de los 90, aclaramos, dentro de una gama de cualidades a las que se le ha relacionado, resalta la de “Individualista”. Una generación que prioriza su intimidad, sus percepciones y utiliza la subjetividad como unidad de medida para rechazar, apreciar o concebir las cosas, hechos, ideas y pensamientos; y postular o tomar partido por alternativas totalmente diferentes, cargadas con fuertes dosis de indecencia, rebeldía e informalidad. Yrigoyen, se refiere a la lejanía o divorcio con la coyuntura que podemos hallar en la temática de la poesía de los 90. Responde así, a una pregunta que se le hiciera al respecto: ... el gran problema de la poesía de los noventa es su falta de conciencia ante la coyuntura. (Op. Cit) Podemos interpretar este “divorcio con la coyuntura” como una de las expresiones del individualismo, típico en los jóvenes de los noventa. Al respecto, nuevamente, Fernández Trujillo y María del Carmen, sobre ello, se refieren de una manera más clara y entendible: ... que el individualismo está referido a la actitud indiferente de los jóvenes hacia lo público-político y la poca valoración a las organizaciones o a los movimientos contestatarios pues, dentro de su lógica, no constituyen los medios para integrarse y vivir procesos de movilidad social positiva. (Op. Cit.) Y Sandro Venturo, parafraseado por Trujillo y Maria del Carmen, concluye en lo siguiente: ... Este individualismo en los jóvenes se expresa en su actitud defensiva frente a su animadversión y desconfianza a toda práctica política y en su yo responsable frente a su suerte y a sus metas para el futuro, metas concretas que debe cumplir en el menor plazo posible.(Op. Cit.) A partir de esta cita, Venturo, deja entrever el papel poco serio e irresponsable que jugó la clase política por medio de sus organizaciones político partidarias que, se entiende, en su lógica de la lucha por alcanzar el poder, al no cumplir o defraudar las expectativas que ellas mismas crearon, propiciaron la génesis de un clima social sostenido en la desconfianza y animadversión, ante lo que, ellos fueron los más perjudicados. En esos términos, cabe la utilización lógica del término “apolítica” para señalar una de las tantas características que expresó la generación de los 90. No, claro está, como sinónimo de “no políticos”, sino, no identificados con ninguna de las alternativas político-partidarias, existentes y operantes en el mismo espacio tiempo que ella ocupó. Siguiendo con las apreciaciones de observadores de la ciudad capital (Lima), que hacen de la generación de los 90, partiendo de la conducta que ella asume en la ciudad de Lima; Martín Paredes y Ricardo Zavaleta, escriben: La década del 90 se caracterizó -entre muchas otras cosas- por la eclosión de una literatura escrita por jóvenes y casi exclusivamente para ellos. Había llegado el necesario recambio generacional que revitalizó el campo de la narrativa peruana, ya que el panorama literario durante los años ochenta acusó la ausencia de jóvenes narradores (En: “Permiso para escribir”) Otro lente es el de Antonio Sarmiento, quién, en su artículo citado líneas arriba (refiriéndose a la generación de los 90 de la ciudad de Lima), escribe: “...esta hornada de poetas poseen, de manera colectiva, un sello propio que se da incluso, a través de la heterogeneidad y dispersión de estilos y tendencias por ello frente al rótulo-clisé de Generación del Noventa, nosotros anteponemos el término Poesía del Noventa...” (Op. Cit.) Una vez más, el individualismo, expresado en forma de intimismo —una mirada al yo, una introspección unilateral, un Eros exacerbado, un ego, un amor propio, una explicación del mundo exterior, a partir, de mi intimidad—, es señalado como una de los caracteres de la generación de los noventa. Sin embargo, estos mismos autores, se refieren a la década del 90 para caracterizar y emitir opiniones del ejercicio literario que realizaron jóvenes en ese pedazo de tiempo; pero no reconocen la existencia de una generación que los agrupe a ellos y ellas, como hemos señalad anteriormente. Sin embargo, “hornada”, por enésima vez, identifica a una generación, a una agrupación de sujetos que, aún heterogéneos y dispersos, constituyeron y dieron vida a la generación literaria en cuestión. Esta y otras voces ya indicadas, discrepan y contradicen a las voces que niegan la existencia de una generación literaria de los 90; como son las voces de Marcel Velázquez Castro, Martín Paredes y Ricardo Zavaleta (coautores), y Peter Elmore. En otros términos, heterogeneidad que otorga una rara y extraña, insólita “homogeneidad”. Tal vez, podría expresarlo de otra manera; los sujetos de la generación de los 90, son partícipes de una heterogeneidad ideológica, pero que les propicia una homogeneidad —en las palabras de Rocío Silva Santisteban— del “aura estética”. Los divide la ideología y la política, pero los acerca esa inevitable y poco comprendida quizá, “banal, fugaz”, atracción por la estética y el cultivo de la belleza. Ella nos señala: Sin duda lo que une a estos jóvenes escritores... es un aura estética. No se trata de un lazo unívoco a partir de la vivencia apasionada de una propuesta ideológica o política, sino simplemente de un sentimiento banal, fugaz, trágicamente superficial y dionisíaco. (En: “La novela joven. Una propuesta”. URL: http://www.desco.org.pe/publicaciones/QH/QH/qh116rss.htm ) Los noventa en la ciudad de Chiclayo Retornando a la delimitación espacial del presente escrito (Chiclayo), subrayo que se tomará en cuenta el movimiento que expresó la generación del 90, en la dimensión de colectivos (grupos o también denominados círculos literarios), no de individuos. Bajo esta referencia, cabe mencionar a los colectivos: ARBOLEDA (1993), DKVSA (1997), ARGOS (1991), UBICUOS MALDITOS (1991) —los años que señalo entre paréntesis, indican el año en el cual aparecieron—. Estas agrupaciones son nombradas porque se manifestaron en la ciudad de Chiclayo, específicamente. Quizás pudieron existir otras fuera de esta circunscripción, pero el autor no ha tratado de confirmar esta suposición, mas allá de entrevistas informales y superficiales, dirigidas a los sujetos que conformaron las agrupaciones ya mencionadas o a otros personajes de generaciones anteriores, llamados “los viejos”. Joaquín Huamán Rinza, en su artículo “La poesía de los noventa ¿Continuación de una tradición?”, se refiere a ellos así: “... encontraremos heterogeneidad entre ellos. Las diferencias de estilo saltan a la vista, cada cual marcha en busca de su propio derrotero y la irradiación de esa individualidad es ser cosmopolita” (Rev. Metáfora N° 1, Pág. 7) Desde ya puede notarse la individualidad como una de las características de los noventinos, en la percepción de Joaquín Huamán, percepción que no es única y que, coincidiendo con otras, le otorgan la debida veracidad. Es más, “Ellos” en esta cita, señala a un colectivo, un grupo, una sociedad, una generación. Estos sujetos coetáneos de los 90, que antojadizamente llamo “noventinos”, se agrupaban en distintos lugares y en una secuencia casi regular, en algunos casos (ARBOLEDA y DKVSA, por ejemplo), para compartir sus creaciones, en forma de lectura silenciosa o a viva voz, en manuscritos, en plaquetas o digitadas informalmente. A esta tarea, se sumaba la de “crítica” que del mismo modo, y sin ninguna norma formal, hacían uso los presentes a viva voz, de preferencia, o por escrito (ARBOLEDA y DKVSA, por ejemplo), de las propias obras que ellos daban a conocer; en otros casos, la crítica también iba dirigida a los autores. Y no sólo eso, también se ocupaban de obras de generaciones anteriores y de personajes ya reconocidos nacional o internacionalmente, compatriotas y foráneos, pero no constituyó el eje central. A raíz de estas actividades, se entablaban debates encendidos y discusiones que, en algunos casos, se hacía partícipe al elemento ideológico, llegando a constituir, éste —en contados casos— el elemento central y factor de cohesión del grupo en el debate. Sin embargo, no se llegó a elaborar y emitir algún tipo de manifestación que presuma de contener el ideario colectivo del grupo, referente a las consideraciones que se pudieran tener sobre el quehacer literario, ya sea en la localidad, en la región, en el país o en el mundo. Hubo sí, más de un intento en ese sentido (DKVSA, por ejemplo, en el primer número de su publicación que llevaba el mismo nombre), sin embargo, incluso habiendo editado y difundido algún escrito que presuma de expresar ello, no alcanzó mayor connotación ni la sociedad le aportó la seriedad que, se supone, este tipo de difusiones merece. Quizá, relativamente, pudo haberlo logrado; en todo caso, fue un logro sucinto, fugaz, casi imperceptible. Por su parte, Nicolás Hidrogo, en sus “9 Asedios a la Generación Literaria Juvenil Lambayecana de los 90”, se refiere a los noventinos, así: “Fue una generación de estudiantes o aspirantes a profesores de Lengua y Literatura, Sociología o Derecho; en otros casos, autodidactas o simples juergueros en búsqueda de grupo”. Años después (abril del 2004), Nicolás Hidrogo, fortaleciendo su percepción de los noventinos, escribirá lo siguiente: “En realidad la generación de los 90 es una generación subterránea, y en algunos casos clandestina del margen oficial, con un ensortijado de pose, exhibicionismo, llamada de atención, figuretis, pero existió... Fue una generación predominantemente poética y articulera, de recital y de juerga... muy dividida y soberbia... noctámbula...pero también incursionó en la narrativa” (“Literatura de los 90 en Lambayeque”. En Rev. Metáfora N° 1 Pág. 3) Y en el epílogo de su libro “Generación de los 90 o Generación Plaqueta en Lambayeque”, Hidrogo, en mi apreciación, construye una descripción bastante exacta de esa generación literaria de —y desde— la ciudad Chiclayo. Escribe: La generación literaria de los 90 en Lambayeque fue una generación inmadura para el éxito, desorganizada, mediática, juerguera, humera, efectista, de pose, cargada de odios y rencores cismáticos que no conocieron líder alguno porque no sólo se sentían huérfanos de influencias, lectores, mentores, exegetas, mecenas y público, sino también huérfanos de unidad y solidaridad humana y respeto por lo que cada uno aportaba. (Op. Cit.) A este punto y después de tomar diversos textos escritos por Nicolás Hidrogo, vale resaltar que él, se ha erigido y constituye uno de los autores “noventinos” más dedicados a describir, estudiar y escudriñar, desde su óptica propia y particular, las actividades y presencia de la generación literaria de los 90 de la ciudad de Chiclayo; y no sólo eso, sino que se atrevió a difundir y publicar sus conclusiones e hipótesis. A su turno, Luis Heredia, un integrante de la generación de los 90 de la ciudad de Chiclayo, sobre ella, anota: En los poetas y escritores “emblemáticos” de esta generación denotamos una actitud de engreimiento que solo lleva a perpetuar la maquinaria voraz del snobismo literario, llegando a la “pose” y al “desmadre” total, perdiendo toda perspectiva, todo horizonte, centrándose básicamente en aspectos domésticos... (En: “¿Poesía del Desencanto o Poesía de la Apatía?”. DKV S.A. N° 1, Pág. 3. Chiclayo, octubre de 1997) Para Heredia, la generación literaria de los 90, fue una “generación doméstica”, permitiendo talvez, que el snobismo literario se apodere del espacio que se supone, sólo a ella le corresponde copar. Sin embargo, individualismo, es un término que nos permite construir distintos y diversos enfoques, a razón de la flexibilidad que conlleva su acepción. Algunos lo relacionan con egoísmo y perversidad; otros, con impotencia e ignorancia, miopía social, ineptitud, y hasta con estupidez. Nunca, con solidaridad, cooperación ni identificación de cuerpo o de pertenencia social. El periodista y poeta, Larcery Díaz, residente en la ciudad de Chiclayo (citado por Joaquín Huamán), se referirá a la generación noventina en los siguientes términos: “Son de una rebuscada sencillez y deliberado descoyuntamiento del verso, con nuevas fórmulas literarias que aparecen como si sus autores quisieran fugar de lo estrictamente poético... se han atrevido a buscar un nuevo lenguaje, un nuevo espíritu a la poesía lambayecana” (Rev. Metáfora N° 2 Pág. 7) La particularidad en esta visión de la literatura noventina, y que contrasta con las otras, es que la relaciona con una búsqueda de la identidad de la poesía lambayecana. Por ejemplo, un par de años atrás, escribí un primer artículo (que en ese entonces, lo identifiqué con el intento de un ensayo sobre los noventinos) y después de muchas dudas y de saltar ociosas cavilaciones; en el cual, en uno de sus párrafos, expresé lo siguiente: “El temor a sí mismo, el deseo carnal, el aburrimiento, la apatía, la anomia, admiración hacia el anarquismo, el ateismo, la contranatura, los alucinógenos, la bohemia, la imitación fácil, la transculturización rimbombante, etc. Caracterizan y colorean la producción literaria de los 90, en la ciudad de Chiclayo” (“Ideología y literatura de los 90. Caso Chiclayo”. En Rev. Metáfora N° 1 Pág. 6) El profesor Dandy Berrú Cubas junto a otros, se suma a las voces que admiten la existencia de una generación literaria de los 90 en la ciudad de Chiclayo; respecto a la temática tratada en sus debates y tertulias, la describe así: “Pero las conclusiones a las que se llegaba... era de disconformidad, rebeldía reprimida contra el sistema, así como de acentuado desencanto” (“A propósito de los ARBOLEDA y sus ‘Cantos de Ahora Mismo’”. En Rev. Metáfora N° 1, Pág. 2) Si existió o no, la generación literaria de los 90, es una inquietud que demanda a quienes se atrevan a responderla, señalar anticipadamente, el enfoque académico-epistemológico desde el cual abordan su apreciación, así como el marco teórico-conceptual que utilizan para justificar su discurso. En caso contrario, toda respuesta dada, podría no constituir una contribución favorable a su aclaración. (Este artículo es el estracto de un capítulo de un ensayo inédito sobre la generación literaria de los años 90, que lo presenté como ponencia en un evento literario en la ciudad de Chiclayo.)

EL TEXTO DE LA DISCORDIA

“El gobierno aprista optó por combinar acciones de represión militar con programas de ayuda social” se lee en la página 206 del controvertido texto de ciencias sociales para secundaria publicado por el Grupo Editorial Norma; texto que para la congresista Mercedes Cabanillas, ex ministra de Educación, hace apología de terrorismo. En otra parte (página 20), se lee que “en un primer momento, una serie de errores políticos y militares condujo a la agudización del conflicto” haciendo referencia al segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), periodo en el cual se autoriza a las fuerzas armadas a intervenir en la resolución del conflicto, Más adelante, en la página 28, alude a “los excesos de los miembros de las fuerzas armadas” como causantes de gran parte de la muerte y destrucción que padeció el país. Pero también habla que a pesar de ello, las fuerzas armadas lograron derrotar el terrorismo, fenómeno que estuvo vinculado al narcotráfico. A cinco años de la entrega al país del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), las posturas mostradas en torno a él, permanecen intactas y hasta irreconciliables. Por un lado, quienes no aceptan y consideran una cosa increíble que nuestras fuerzas armadas hayan combatido a la subversión armada haciendo uso de una represión indiscriminada y feroz “casi tan violenta como aquella que enfrentaban”, como lo dice el texto de la discordia; y por otro lado, quienes optan por pensar y creer que sólo las fuerzas armadas constituyeron el grupo de los “malos”, por lo tanto, merecen todas las sanciones por lo crímenes sucedidos en aquel periodo de nuestra historia republicana que no sólo nos aterra y nos avergüenza, sino, ya quisiéramos aniquilarlo de nuestras memorias. Los unos anhelan que no se hable más de ese fatídico periodo ya que las heridas cerrarán con el paso del tiempo; los otros, anhelan e invierten mucho esfuerzo en difundir abiertamente y desde una óptica unilateral, los sucesos más sanguinarios de esa historia que a pesar de los años transcurridos, podemos sostener que no conocemos a cabalidad. Y nuevamente la escuela emerge y se ubica en el centro del debate. La CVR ha señalado que la escuela fue un instrumento de SL para irradiar su ideología de la violencia, y hoy en día, para algunos, por medio de ese texto polémico, la escuela vuelve a realizar esa perniciosa tarea: atizar las diferencias socio-culturales e ideológico-políticas, dañando y entorpeciendo la integración nacional que tanta falta nos hace. De tal denuncia, directamente afectado ha resultado el Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Idel Vexler, de quien han pedido su renuncia al cargo porque según la congresista Cabanillas –quien ha pedido que no se politice el tema–, es quien tiene la responsabilidad de revisar dicho texto que distorsiona la realidad peruana referente a las décadas de la violencia armada que vivió el país. El texto no condena los crímenes de SL y del MRTA, y a las FFAA las presenta como genocidas, entre otras cosas, ha señalado la congresista denunciante. Una fotografía en calidad “sello de agua” de medio cuerpo del Presidente de la República, mostrando una jovial y saludable sonrisa, en la contratapa de la carátula del texto en cuestión, no ha disuadido a su compañera de partido, la Dra. Mercedes Cabanillas, de presentar la denuncia ante la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial en la persona del fiscal Luis Javier Ramírez Cancho, quien dispuso que fuera la Dircote, la institución encargada de concluir si el texto hacía o no apología de terrorismo. Al respecto, el Dr. Andrés Cardó Franco, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), mostró su desacuerdo con la decisión del fiscal Ramírez Cancho porque un material escolar “debe verse en el ámbito pedagógico, porque es un material que está al servicio de los alumnos” manifestó. El profesor Juan Borea Odría, otro miembro del CNE, ha señalado que después de leer el mencionado texto, no han encontrado “en ningún lugar cosas que hagan apología al terrorismo”, además de ser un texto que se ajusta al diseño curricular nacional de la educación básica del Ministerio de Educación. La idea de la revisión del texto por parte de la Dircote, tampoco es compartida por Luis Jaime Cisneros, ex Presidente de la Academia Peruana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española –y también miembro del CNE–, y ha expresado su desconcierto porque la Dircote no es especialista en asuntos pedagógicos. Ha expresado que décadas atrás, un texto escolar sólo podía ofrecer oportunidades para memorizar información, pero ahora, “la duda y el debate son vías indispensables para conocer el conocimiento”, aludiendo al controversial texto. El Consejo Nacional de Educación nace en el año 2002 y aspira a consolidarse como “la instancia impulsora de los consensos y orientación de la educación nacional”; en tal sentido, “la reflexión sobre la educación del futuro y sus implicancias en las decisiones de corto plazo” es uno de sus ámbitos fundamentales de actuación. Por ello, se ha manifestado sobre el polémico texto, y ha concluido que “es adecuado para la enseñanza de las Ciencias Sociales”. En su Boletín Nº 13, señala que es importante “que los estudiantes conozcan la historia contemporánea del país y que fundamentalmente se formen un juicio propio como futuros ciudadanos”, porque el alumno que termina el quinto año de secundaria “debe estar en condiciones de pensar y razonar por su cuenta”. La fiscal Fanny Escajadillo Lock, que reemplaza al fiscal Ramírez Cancho, ya emitió una disposición que deja sin efecto la de su colega removido, porque considera que la Dircote no tiene competencia para esa labor. Ello merece un gesto de satisfacción para quienes apuestan por una educación que promueva y facilite el intercambio de opiniones divergentes, la tolerancia y el respeto por las diferencias en aras de una convivencia humana saludable y equilibrada. En ella está implícita, por supuesto, un permanente ejercicio de ciudadanía. El Consejo Nacional de Educación, que “ha realizado el análisis del texto de Ciencias Sociales, en el marco de la Constitución Política del Perú, de la Ley General de Educación, el Proyecto Educativo Nacional y en el ámbito estrictamente pedagógico”, ha concluido que “al Perú le interesa que la escuela cumpla con el deber de enseñar a razonar, a criticar y a ejercer (su) opinión personal” frente a los diversos acontecimientos políticos, sociales y culturales que observamos; porque –continúa el CNE–, uno de los irrecusables objetivos de la escuela es ayudar a que el estudiante se descubra como ‘persona’ y asuma una actitud crítica, como ‘ciudadano’. Por lo tanto, no olvidar que los estudiantes, también son seres pensantes; en efecto, no necesitan de ningún “iluminado” que les indique el “camino correcto”. (Artículo que publiqué en la página política del Suplemento Dominical del Diario La Industria de Chiclayo, el día domingo 05 de octubre de 2008.)

ESCUELA Y FAMILIA: UNA ALIANZA ESTRÁTEGICA

En estos tiempos, cuando se está repensando el papel de la escuela en la socialización de las nuevas generaciones en aras de la construcción de una sociedad humana saludable y fructífera para bienestar de todos sus integrantes, del mismo modo, cabe repensar y reconsiderar los nuevos papeles que a la familia le corresponde asumir en calidad de unidad básica de la comunidad educativa de la que tanto se habla. Obviamente, es la familia la primera escuela por la que transitamos —ahora lo sabemos, desde nuestra concepción en el vientre materno— y de la que difícil y raramente escapamos, ya que necesitamos de ella para lograr nuestros primeros aprendizajes de tal manera que podamos desenvolvernos en este mundo nuevo —nada hospitalario— que nos ofrece e impone retos en nuestro crecimiento y desarrollo personal y social. Conocimientos, habilidades y actitudes nos muestra y vierte constantemente, y de una y mil maneras, la sociedad toda. La educación —ahora, muchísimo más compleja y con una clara tendencia a la diversificación—, es un proceso inacabable y en el cual raramente podemos distinguir con claridad quienes son realmente los educadores y quienes los educandos. La educación formal, entonces, transita por una difícil y exigente etapa de reestructuración que le impone la asunción de radicales cambios cuantitativos y cualitativos. Precisamente, aquí es cuando resulta necesario reconsiderar y replantear los papeles que corresponde a la comunidad educativa. Y comunidad educativa, de pronto, nos viene como sinónimo de sociedad (Titulo IV, Ley 28044). Así de fácil y así de complejo. Porque quienes asumen el papel de docente, profesor, maestro, pedagogo, educador, instructor, orientador, facilitador o como se le quiera llamar —ya que está de moda el uso de vocablos considerados modernos en este terreno—, incluso en la educación formal, no sólo es quien es considerado así y quien se supone tiene la autoridad en el aula y es el “dueño” de su curso y de su hora de clase. El llamado profesor —por querer usar el vocablo común y consensuado—, no es el único que “enseña” en una institución educativa. Lo es también, el compañero de carpeta, el portero, el personal administrativo, el conserje, la vendedora de golosinas en el kiosco o en la puerta de ingreso al plantel —vocablo que raramente se usa—. Cuando éramos alumnos o aprendices —sabemos que nunca dejamos de asumir este papel—, hemos construido nuestros conocimientos gracias a la participación de todos y cada uno de ellos. Amén de nuestra familia, nuestra primera y principal escuela. Sin embargo, la evaluación y calificación del “proceso de aprendizaje” es exclusividad del “profesor” y sólo ésta evaluación y calificación es validada, considerada y tomada en cuenta por la sociedad a la hora de construir el perfil de cada persona. No sólo el profesor forma parte activa de la educación y formación de los alumnos y alumnas, sin embargo es él, y solo él, quien los evalúa y califica. Desde una óptica democrática, resulta injusto y absurdo, hasta tragicómico. Porque las subjetividades intervienen groseramente en todo proceso evaluativo, y son ellas las que lo deslegitiman y lo desvinculan del aprendizaje. En consecuencia, a la familia le toca asumir papeles más comprometidos con el proceso educativo de sus hijos e hijas (Art. 54, Ley 28044). Obviamente, que lo hace y siempre lo ha hecho. Pero ahora, el mundo globalizado y altamente competitivo, ha creado un mercado laboral difícilmente accesible, y es hacia él, que apunta todo proceso educativo y formativo. Entonces, familia y escuela les urge convenir una alianza estratégica que consienta tareas y responsabilidades equitativas para ambas en todos los momentos del proceso educativo. Y siendo el estudiante “el centro del proceso y del sistema educativo” (Art. 53, Ley 28044), tiene la potestad de intervenir directamente en darle forma y dirección, mediante mecanismos participativos y democráticos. Sabe, por supuesto que sabe; puede, por supuesto que puede; quiere, por supuesto que quiere. Las condiciones objetivas ya están dadas. (Artículo que publiqué en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo, el día 08 de julio de 2006.)

NECESIDAD DE UNA ESCUELA DEMOCRÁTICA

Entendemos que una convivencia democrática se sostiene en la tolerancia recíproca y ésta en el respeto por las diferencias. Evidentemente, para que ello sea un valor practicado por cada uno de los individuos que integran una determinada sociedad, es necesario que se constituyan en actitudes diarias desde los primeros años de vida y en todos los escenarios y espacios en los que se actúa. Los valores democráticos necesitan ser elementos cotidianos y permanentes para que se instituyan en valores sociales y configuren una sociedad adulta proclive a la consulta y a la libre elección y al respeto por las minorías y al individuo con la misma tenacidad con que se exige respeto a las mayorías y al grupo. Y la escuela, protagonista de la educación formal, le compete transformase a sí misma y a iniciativa propia de tal manera que se convierta en un espacio exclusivo en el cual los valores democráticos sean los pilares de su vida institucional. Y si el estudiante es el centro del proceso educativo, esto es, es el agente hacia quien se subordinan los objetivos y metas educativos, es quien tiene el legítimo derecho de intervenir directamente en la elaboración y definición de las políticas educativas, porque éstas, no tienen otra finalidad que atender y satisfacer sus expectativas e intereses particulares. El estudiante es quien justifica la razón de ser de la escuela y de todo sistema educativo. Y es un ser pensante, además —aunque lamentablemente, muchos profesores no concuerden en ello—. Inteligente y proactivo porque necesita —le es innato— expresarse y exigir atención a sus expectativas e intereses. La fatal idea que sostiene que el profesor lo sabe todo, tiene una agravante también fatal: concebir la enseñanza como un proceso que consiste en introducir datos e información a los cerebros de los estudiantes, como si los cerebros fueran depósitos vacíos y carentes de voluntad e intereses propios y sólo “útiles” para ser llenados con “lecciones” que los currículos rígidamente contemplan. Increíblemente, en este tercer milenio, estas fatales ideas continúan vigentes y en los peores casos, dirigen y configuran un fenómeno educativo inhumano y obsoleto que ahoga y opaca la natural y necesaria emergencia de la individualidad. La desconocen. Como desconocen y se resisten a entender y admitir la validez de la teoría de las inteligencias múltiples. El colmo de esta obsolescencia sorprende y descalabra cuando se reafirma descaradamente que las matemáticas (dominio de las cuatro operaciones básicas) y el lenguaje (correcto uso del idioma) son las principales áreas del conocimiento humano y las únicas que pueden garantizar un desarrollo personal y social a quien tenga el privilegio o la suerte de cumplir con ese perfil. Este extremismo se torna inhumano, por lo tanto intolerable, cuando se instrumentaliza para agredir y dañar la salud psicológica de aquellos estudiantes que no tienen la habilidad lógico matemática y lingüística. Estudiantes que hacen una vida educativa tediosa e inútil porque viven expuestos a insultos y discriminaciones —y maltratos físicos en los peores casos— por parte de quienes, equivocadamente, cumplen el papel de docentes. Y ahora lo sabemos, la mediocridad e incapacidad de estos docentes, nocivos para la salud del estudiante y de las instituciones educativas a la que pertenecen, entorpecen la instauración de la convivencia democrática en las aulas y salones de clases. En consecuencia, entorpecen el proceso de consolidación de la democracia en el país. La democracia necesita urgentemente, el auxilio necesario de una escuela democrática para construir una sociedad humana mucho más saludable y digna de ser defendida por todos los ciudadanos. Una escuela que consienta la libre elección de los profesores por parte de los estudiantes, la libre elección de los temas a tratar, la libre elección de los instrumentos de evaluación y coevaluación, y así sucesivamente hasta democratizar todas las actividades que el proceso educativo implica, y que la escuela realiza.

ESCUELA, FAMILIA Y SOCIEDAD

Consideramos que la escuela es un pasaje necesario e ineludible que transitamos desde la familia hacia la sociedad. Aquí nos quedamos hasta el fin de nuestros días, autososteniéndonos, debido a que la escuela a cumplido su papel: Prepararnos para el largo trajinar de la vida social. Concebir todo ello, nos hace suponer que tanto la familia como la escuela, son una no-sociedad. Tácitamente concebimos que la familia y la escuela son instituciones divorciadas de la sociedad, son ajenas a ella y no las une ningún tipo de relación. Ello, evidentemente, es absurdo. Escuela y familia, no solo son parte de la sociedad, sino que la expresan, la evidencian y la sostienen indefinidamente. La sociedad es un todo y en ella se aglutinan y se fusionan todas las expresiones de la vida humana, sin excepción alguna. La familia es la sociedad en sí misma, igual que la escuela. He allí la complejidad para explicar el papel de la familia y de la escuela en el proceso de socialización. Otorgar a una de ellas, discriminando a la otra, la mayor responsabilidad en tan complicada y casi ininteligible tarea, es injusto. Si concebimos que la educación de las jóvenes generaciones, nos es otra cosa que la transformación del salvaje en civilizado, esto es, constituye un proceso de domesticación y amaestramiento (quitando lo peyorativo que pudieran connotar tales vocablos), a fin de que el sujeto sometido al proceso, consienta, practique y reproduzca las normas sociales a favor de una convivencia pacífica (como corresponde a nuestra cultura); entonces, ninguna institución es mayormente responsable de los resultados del proceso. Nos referimos, en todo caso, a una corresponsabilidad. Si las jóvenes generaciones revelan una escandalosa deficiencia en su proceso de inserción a la sociedad, expresan una rebeldía y escasa o nula observancia a la normatividad social, o expresan una contracultura o la pertenencia a una sociedad paralela, totalmente reticente o contraria a aquella que la engendró; entonces, la responsabilidad —porque, obviamente, hay responsabilidad y responsables— es de la sociedad en su conjunto. Nadie ni ninguna institución está exenta de responsabilidades. Otorgar la mayor o única responsabilidad sólo a la escuela o sólo a la familia, o ambas, es una actitud insensata y que contribuye a la continuidad del problema y no a su solución. De ninguna manera, la escuela es una no-sociedad, como tampoco lo es la familia. Están insertas en esa compleja red de interactuaciones, sucesos y fenómenos que denominamos “sociedad humana”. Y en la tarea de construir una sociedad, todos cooperamos, concientemente o no. En consecuencia, las instituciones educadoras no son solo la escuela y la familia por antonomasia; son todas las instituciones que operan en la sociedad. Es la sociedad en su conjunto, es ella en su totalidad, es ella la llamada a responder por las deficiencias habidas en el proceso educativo y socializador de las jóvenes generaciones, y de las adultas también. En otro tono, es la iglesia, es la empresa, es la prensa —en todas sus presentaciones—, es toda organización o mecanismo administradores de información, es el grupo de amigos, es el vecindario, es el callejón, es la autoridad —sea cual fuere el mecanismo por la que fue elegida—, es el transportista, en fin. La educación es tarea de todos, es responsabilidad compartida. Así, pareciera que si todos son responsables, nadie lo es. Obviamente, por comodidad podría expresarse esta sinuosa justificación. Sin embargo, no podemos negar que en cada institución el responsable es quien asume la dirección o representación de ella. Responsable es quien asume la toma de las decisiones. Son los representantes de cada institución los llamados a proponer, urgentemente, reuniones concertadas a fin de construir alternativas dirigidas a tratar el problema y a solucionarlo. Y no podemos esperar más. La infesta de nuestra sociedad por parte de la emergencia de antivalores, anuncia su inesperado colapso. (Artículo que publiqué en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo, el día 15 de febrero de 2006.)

ALUMNO Y PROFESOR: DOS ENTIDADES DIVERGENTES

El conflicto es natural y hasta necesario en todo grupo humano, a fin de lograr, entre otras cosas, su consolidación como tal. Ello, en la época actual es ya indiscutible. Pero en la escuela, subsisten conflictos que opacan la consecución de sus objetivos y convierten su razón de ser en mera literatura. Los conflictos que en ella se dan lugar, la desnaturalizan y la sumergen en un mundo incomprensible y hasta ajeno a sus intereses y funciones encomendadas. Los agentes educativos que integran una escuela son diversos e interactúan permanentemente en una red poco compleja y susceptible a la mirada de todo ojo avizor. Estos agentes educativos pueden reducirse en solo dos y son los que encarnan y dinamizan su espíritu académico. Ellos son, el alumno y el profesor. Estos agentes constituyen dos entidades totalmente divergentes, cada uno de ellos vive y crece en su propio mundo, y solo se acercan de vez en cuando y parecen concordar en objetivos compartidos cuando la sociedad les exige, a cada uno de ellos, esforzarse en el cumplimiento de sus funciones que se les ha señalado, a fin de evitar el colapso institucional. Como por ejemplo, el alumno llevará tarea a la casa, dará exámenes periódicos, leerá o estudiará textos educativos de acuerdo al grado de estudios que curse, y otras actividades propias de un estudiante. Rendir un examen y obtener un calificativo, es tarea del alumno; otorgar información y evaluar el procesamiento cognitivo e intelectual, es tarea del profesor. Estas actividades se resumen en la llamada “libreta de notas” o algo parecido. Mientras este objeto pueda ser mostrado por el alumno cada fin de año lectivo, favorable o no para él, la escuela ha cumplido su papel. Así se cree, así se considera, así la sociedad ve compensada sus expectativas en calidad de soberana y centinela del crecimiento de las nuevas generaciones y supervisora de las tareas que cumplen las instituciones educativas. Pero la divergencia entre alumno y profesor no desaparece a pesar del intercambio constante de ideas, conocimientos, experiencias y aspiraciones entre uno y otro, como parte de ese complicado proceso que constituyen la enseñanza y el aprendizaje, en la educación formal. El alumno busca y espera oportunidades que le proporcionen satisfacciones diversas a través de la obtención de información nueva de acuerdo a sus necesidades inmediatas. El profesor, parece detenerse en el desarrollo de “clases” en base a una directriz o texto sugeridos por las autoridades educativas y otros entes competentes. Los ojos del alumno y del profesor están puestos en blancos diferentes y hasta opuestos. El alumno espera ser invitado a expresarse libremente y a recibir la información que él elija a propia voluntad. El profesor, espera que el alumno se limite a tratar la información que recibe de sus manos y a destinar el tiempo de permanencia en la escuela en tareas impartidas y señaladas con anticipación. El alumno espera no ser juzgado ni subestimado por las opciones que elija a merced de sus intereses y habilidades propias e inherentes a su naturaleza particular. El profesor espera y se esfuerza en “formar” alumnos en serie y que no se atrevan a conocer ni a tratar información no consentida en el currículo. Estas situaciones otorgan a la relación alumno-profesor, la cualidad de divergencia y no complementariedad, y convierten a una institución educativa en una entidad desencajada de sus clientes y no conectada con el devenir de los tiempos tan cambiantes. Y si el alumno encuentra en la escuela un mundo ajeno a sus expectativas y necesidades inmediatas, actúa mientras permanezca en ella, y fuera de ella, se permitirá revelar su integridad si temor a sanción o evaluación alguna. La internet es una realidad que le facilita recrear un mundo a su medida, en el cual, ni siquiera la familia juega un papel importante. El docente, a su turno, considerará la irresponsabilidad de un alumno, una situación ajena a su papel académico. A estas alturas, la escuela ha perdido legitimidad y ha sentado bases para la emergencia de modelos alternos a su modo de operar. (Artículo que publiqué en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo, el día 10 de febrero de 2006.)

LAS RELACIONES DE PODER EN EL AULA

Ahora, mas que nunca, el salón de clases se ha vuelto un factor de controversias y un centro donde convergen diversidad de ideas, sugerencias y demandas, que propugnan una transformación de las relaciones que en él, desde centurias y hasta milenios atrás, coexisten. Siendo el aprendizaje el fenómeno fundamental que justifica y sostiene su continuidad, en consecuencia, los actores que asumen ese complicado y casi indefinible papel, son los receptores de las criticas, decepciones y frustraciones que la sociedad expresa. Y salón de clases, alude sin duda alguna, a la educación formal y en todos sus niveles y modalidades. Considerado, y siendo el profesor el actor crucial que promueve, estimula o sanciona las relaciones que se dan lugar, día a día, en el aula, es quien asume las responsabilidades que de ellas se derivan. Dominio y subordinación, son características innegables que configura el fenómeno enseñanza-aprendizaje. Y es el profesor el que asume el papel dominante en el aula. Es la autoridad, el juez, el fiscal, el abogado, y hasta —en no muy pocos casos—, el verdugo. Evidentemente, tendríamos que investigar hasta qué punto, una relación de dominio-subordinación, es favorable para facilitar aprendizajes significativos en los aprendices. No obstante, en una época en la cual, la democracia se erige como el único paradigma de la convivencia civilizada, toda relación de fuerza tiende a convertirse en una causa para el desorden, el caos y el no respeto a la autoridad. Mas aun, cuando la sociedad en sus épocas de crisis, vuelve los ojos a la escuela y le exige explicaciones y prontas soluciones para salvaguardar el orden, la justicia y la paz, sociales. Si los adultos, necesitan entrenar y preparar a sus niños, adolescentes y jóvenes para que en el porvenir asuman el mando y dirección de la sociedad; considerando la primacía de los principios democráticos, se entiende que la didáctica a emplear en la transmisión de la cultura, se caracterice por enarbolar y emplear estrategias y técnicas que hagan sentir y percibir la validez de tales principios. Además, el sentido común nos advierte que una sociedad democrática, necesita emplear medios democráticos para prevalecer como tal. Desde esta óptica, el salón de clases es el primer espacio donde el esfuerzo de los agentes educativos, en primer lugar; y la sociedad en su conjunto, en segundo lugar; les corresponde estar dirigidos a encausar las relaciones propias del fenómeno enseñanza-aprendizaje, en la dirección que señalan los valores democráticos: Tolerancia recíproca, libertad de pensamiento y de expresión, derecho a elegir y ser elegidos, orden y seguridad, justicia y equidad, y todos los demás que de ellos se derivan. Si anhelamos sostener en el tiempo a nuestra sociedad, bajo la supremacía de los principios democráticos, urge transformar las arcaicas relaciones de poder que imperan en nuestras instituciones educativas —de todos los niveles y modalidades—. Si continuamos otorgando al profesor de aula, una autoridad absolutamente innecesaria para la aprehensión de aprendizajes significativos y óbice para el desarrollo de la creatividad y la innovación, estamos condescendiendo con el asomo atrevido del autoritarismo, tan hostil y salvaje, como antaño. Si los aprendizajes significativos, ahora lo sabemos, necesitan de espacios saludables que estimulen la creatividad, la innovación y el desarrollo del pensamiento; en suma, la emergencia del individuo (pero de un individuo consciente de su inevitable interdependencia con la sociedad a la que pertenece y necesita), entonces, el aula se convertirá en la razón para invitar a las nuevas generaciones (alumnos o aprendices), al desarrollo y al ejercicio del libre pensamiento. Y a las generaciones adultas (profesores o facilitadores), se les invitará a garantizar y preservar ese ambiente donde la libertad individual y el respeto por las diferencias, sean las banderas del cultivo de nuevos conocimientos. Nada más detestable e inhumano que una sociedad autoritaria que condena y obstruye el ejercicio del libre pensamiento y ahoga la emergencia de nuevas habilidades cognitivas. Nada más detestable e inhumano que una sociedad que invisibiliza al individuo y lo amalgama en una etérea e irreal idea del espíritu colectivo. Así, la escuela, es la llamada a propugnar una radical transformación de sí misma. (Artículo que publiqué en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo, el día 02 de enero de 2006.)

EL AULA, ESE IMPORTANTÍSIMO PEQUEÑO ESPACIO

Después de la familia, es en un salón de clases donde pasamos casi el primer tercio de nuestras vidas. Recuerdos, vivencias y nuestras primeras experiencias pertenecen a esos años, ahí es donde la convivencia adquiere para nosotros una importancia inolvidable. Puede discutirse, obviamente, que dentro de los agentes socializadores, le compete a la escuela asumir la mayor responsabilidad en la formación de los nuevos ciudadanos e individuos que tomarán en sus manos el rumbo del país. En una sociedad globalizada por la mundialización de los medios de comunicación e información, principalmente, puede percibirse una corresponsabilidad en ese complicadísimo e infinito proceso de socialización: familia, escuela, empresa, iglesia, medios de información (incluida Internet) y otros, son igualmente responsables en la formación de las nuevas generaciones, y por ende, en la construcción y reconstrucción de una nueva sociedad. Aun así, es a la escuela a quien señalamos cuando detectamos una deficiencia o fracaso en la socialización de las nuevas generaciones. Cuando tratamos de explicar el pandillaje, por ejemplo, pensamos en primer lugar en la escuela, y la vemos como una institución que no ha cumplido su papel como esperábamos, incluso, muchos de nosotros la consideramos una institución fracasada. Peor aún, cuando sabemos que gran porcentaje de la ciudadanía prefiere una tiranía o cualquier otra forma de gobierno, a la democracia. Podría ser, evidentemente, que hasta hoy, no hemos logrado concebir a la democracia en su real dimensión, entre otros factores. No obstante, la educación formal recibe el mayor peso en la educación y facilitación de los aprendizajes en las nuevas generaciones. Siendo la escuela, una institución formal y que ha logrado crear inmensas expectativas en las familias, queda como la institución responsable en la construcción de una sociedad pacífica y de bien. Siendo el aula de clases, un espacio donde reproducimos y aprendemos actitudes y comportamientos socialmente aceptables o repudiables, se convierte para nosotros en un espacio que legitima cualquier otra forma de conducta que más tarde asumiremos en otros espacios y quizá, de mayor importancia en la continuidad de una sociedad cada día más humana. Desde esta óptica, podemos preguntarnos, ¿cómo esperar a que los ciudadanos de ahora prefieran a la democracia y luchen y apuesten por ella, día a día, si ayer cuando eran alumnos, convivieron y fueron obligados a aceptar una convivencia nada democrática y hasta antidemocrática, en el aula? No podemos olvidar esa imagen del docente dictador y autoritario que imponía sus decisiones en el aula, haciendo del aprendizaje, un proceso tedioso, irracional y muchas veces abusivo. Ese docente que hacía gala de un sinnúmero de privilegios (podía llegar tarde al centro educativo y no le pasaba nada, podía comer en horas de clase, podía faltar a clases, etc.) y que en muchas otras oportunidades olvidaba su papel docente y asumía papeles de comerciante y mercader de notas y calificaciones, al mejor postor. Un docente que rechazaba la libre expresión y sancionaba todo pensamiento diferente al suyo; un docente que creía saberlo todo, pero a la hora de hacer frente a la heterogeneidad que —tímidamente y en un muy contadas y efímeras ocasiones— aparecía en su hora de clases, denotaba una mediocridad que se expresaba en imposiciones autoritarias y absolutamente nada democráticas. Afortunadamente, ahora con el nuevo enfoque pedagógico, se pretende acabar con ese pasado educativo repudiable y aberrante, que buscaba tontamente, formar ciudadanos en serie y uniformar el pensamiento humano. Contradicción cómica cuando nos quejamos de una ciudadanía inmadura y vulnerable que no se pronuncia cuando la democracia se ve amenazada por fantasmas que creíamos inocuos. La escuela, sino sólo ella, sin embargo, la responsabilidad histórica que tiene a cuestas, es grande cuando la desidia aflora en la ciudadanía frente a situaciones críticas para la democracia y para el futuro de nuestro país. (Articulo que publiqué en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo, el día 15 de noviembre de 2005.)

APEC 2008, UNA APUESTA AL FUTURO

En noviembre de 1989, se establece el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC), en Australia; 09 años después, se integra Perú, siendo uno de los 21 integrantes que coordinan permanentemente para “alcanzar la liberalización y la facilitación del comercio y la inversión al 2010 para las economías desarrolladas y al 2020 para las economías en desarrollo”, objetivos principales del Foro. Canadá, Chile, México, Estados Unidos y Perú (único país de la Comunidad Andina), son los únicos países del continente americano que participan en la APEC, y que esta semana, conjuntamente con los otros 16 miembros, han permanecido en la ciudad de Chiclayo, trabajando en las diversas actividades programadas con el fin de, como sostienen sus voceros, dinamizar las economías de los países miembros hasta “crear un ambiente seguro para el movimiento eficiente de bienes, servicios y de personas en la región”. La seguridad social, la seguridad energética, la protección ambiental y el crecimiento económico sostenible, han sido los fundamentos de las propuestas peruanas en este foro, así como el impulso de las medianas y pequeñas empresas, como generadoras de riqueza y empleo, siendo pertinentes con el gran objetivo de facilitar el comercio y la inversión, entre las economías de los países integrantes. Es evidente que la APEC juega un papel importante en el proceso de mundialización de la economía, fenómeno que necesita fronteras flexibles y abiertas a todo tipo de inversión que respete las reglas del libre mercado, pero también de una sociedad civil informada sobre el tema y que exprese conformidad, pero a la vez, que participe activamente y que entienda de qué trata todo este asunto. No obstante, países como el nuestro, tienen aún un largo trecho por recorrer para alcanzar una economía estable y sostenible —de acuerdo a los estándares de las demás economías participantes en el Foro—, y capaz de lograr un complemento saludable entre las cifras macroeconómicas y la realidad microeconómica de la mayoría de nuestros compatriotas. Mostramos aún, altos porcentajes de pobreza y extrema pobreza, y todos los males crónicos que ellas producen y reproducen. A pesar de los esfuerzos del gobierno y —aunque resulte poco perceptible— de algunas empresas e inversionistas nacionales y extranjeros, las necesidades que manifiesta gran porcentaje de nuestra población, demanda mayores esfuerzos y, por qué no, fe en el denominado pacto “Estado-empresa-sociedad” que ha comenzado a divulgarse en estos últimos días en la ciudad de Chiclayo, debido al encuentro MYPE que se realizó en el Coliseo Cerrado. Mario Paco Cosmópolis, Ministro de Trabajo, en dicho evento, manifestó que los pequeños empresarios tienen el reto de convertirse en los propulsores de una sociedad de creadores de riqueza y de empleos —pero, con responsabilidad social—, cumpliendo con el principal requisito de actuar dentro de la formalidad y en alianza permanente con el Estado. No temerle a la formalidad, porque es ella la que nos permitirá vincularnos a una economía mundial en pleno proceso de expansión y consolidación, y crecer dentro de su lógica y su dinamicidad. Lo que implica que las pequeñas empresas deben ir pensando en insertarse en mercados extranjeros. Por ello, en el marco de la 27° reunión del Grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa de APEC, que se llevó a cabo el 24 y 26 de agosto, Stephen Lau, presidente de Sistemas de Información Electrónica de Hong Kong, manifestó que "cuanto más inviertan las Pymes en tecnología, capacidad y capacitación en sus empresas, tendrán mayores oportunidades de contar con productos innovadores y poder competir en el mercado internacional", más aun, si estamos suscribiendo tratados de libre comercio. Por tanto, APEC, en estos días, se nos presenta como una oportunidad que nos permite no sólo presentar propuestas y discutir el diseño de planes y proyectos que ayuden a superar y vencer los desafíos de una economía basada en la libre competencia; también nos permite conocer las peculiaridades y ritmo de economías y sociedades de otras partes del mundo. Nos permite imaginar un posible escenario futuro en el cual, nuestro país, es un gran país capaz de atender las necesidades de su población, en armonía con un mundo también articulado y deseable de vivir en él. El desafío es gigantesco, más aun, si percibimos, entendemos y asumimos la heterogeneidad de la sociedad peruana, no como un escollo y un muro que nos es inminente derribarlo, sino, como un estímulo, un recurso y un potencial que necesitamos explotar y enriquecer, bajo los principios de la inclusión social y la conjunción de las diferencias culturales, a fin de construir una sociedad saludable y capaz de construir su futuro en el cual, la persona humana, es realmente el centro y el eje de todas sus actividades. Y que la idea fuerza de APEC 2008 “Un nuevo compromiso para el desarrollo de Asia Pacífico”, constituya un buen pretexto para que gobernantes y gobernados, asuman nuevos desafíos que contribuyan a la construcción de un pacto social donde la economía se perciba como un conjunto de actividades que antes que datos estadísticos, refleje y priorice el bienestar de todas las personas sin excepción alguna (incluso a aquellas que no tienen ni un Nuevo Sol para invertir), y no sólo de empresarios, inversionistas o grupos de poder. (Artículo que publiqué en la página política del Suplemento Dominical del Diario La Industria de Chiclayo, el día domingo 31 de agosto de 2008.)

EL GÉNERO EN LA ESCENA POLÍTICA

Jeannette Enmanuel Tejada (mujer con éxito, herbolaria y empresaria), es la última carta que se ha puesto sobre la mesa del juego electoral y ha provocado reacciones diversas dentro y fuera del circulo de Perú Posible (PP). Es que PP además de esforzarse en terminar la carrera con laureles y aplausos, pretende una continuidad en el poder y así mitigar el carga montón que ya están preparando quienes se han convertido —y se sienten— sus enemigos. El “fenómeno Jeannette” impregna una particularidad que ya le es propia a la política peruana en las últimas décadas, e incluso parece ser una demanda del electorado, de preferencia, el femenino. La participación e intervención de la mujer en los avatares que concierne a toda batalla electoral por la asunción a la máxima jefatura del Estado. Nombres como Lourdes Flores, Anel Townsend, Martha Moyano, Elvira De La Puente, Susana Higuchi, Mercedes Cabanillas, Martha Chávez, Gloria Helfer, Martha Hildebrandt, y muchos otros, revelaron la necesidad de la presencia de la mujer en el gobierno, iniciando una nueva página en la historia de la política en el país. En consecuencia, el que una mujer encabece las mediciones de las preferencias electorales para el proceso del 2006 —aunque para algunos ya ha tocado techo—, ha insinuado y tentado a las demás agrupaciones políticas en competencia, a jugar la misma carta para poder competir en esta contienda. Caso contrario, podrían sentirse en “desventaja” y perder toda esperanza de asumir un papel beligerante, quedando vergonzosamente marginados por un electorado tan caprichoso e impredecible, como actualmente se muestra el electorado peruano. Este electorado, que expresa un índice de masculinidad equilibrado, está insinuando sino, la sustitución del hombre por la mujer, en lo que a elaboración y conducción de políticas de estado se refiere, sí está demandando mayor participación de las mujeres en los quehaceres gubernamentales. No cabe duda que el género bajo ningún concepto debe convertirse en un recurso para justificar y perpetuar condiciones de desigualdad entre los seres humanos, sin embargo, que ello se constituya en un recurso de marketing político, sí que motiva a reflexiones y sesudos análisis de parte de quienes apostamos por un sociedad democrática y con equidad de género. Además, el género llevado a la política, motiva a resaltar y jugar con estereotipos machistas y feministas (“las mujeres no son ladronas ni corruptas”, por ejemplo), y despertar expectativas de un gran porcentaje de mujeres compatriotas que viven en condiciones de marginalidad y maltrato por parte del género masculino, facilitando el cultivo de una brecha infranqueable y agudizando la fragmentación de nuestra sociedad, entre hombres y mujeres. Además, apostar por la equidad de género no necesariamente implica que una mujer asuma jefaturas y cargos dirigentes. La equidad de género no se basa en la inversión de papeles ni sobre quién domina a quién, sino que en todos los espacios donde interactuamos, las relaciones deben basarse en la equidad, el respeto y la tolerancia recíprocos, y la igualdad de oportunidades. Diferentes, pero no desiguales. Si las encuestas le dan a Lourdes Flores el primer lugar, difícilmente refleja el apoyo a su discurso que no representa una alternativa a la política que desde el 90 nos está gobernando, la misma que ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres. Puede reflejar entonces, el apoyo a su condición de mujer. E imaginando una segunda vuelta con Humala, en las elecciones generales del 2006, tendríamos una guerra de género. Pues, este último, ha hecho suyas las cualidades de un pensamiento y un discurso machistas: mando, autoritarismo, fuerza, audacia, paternalismo, etc. Si bien es cierto, la emergencia de la mujer es mas que una aspiración y deseo de organizaciones feministas; es ya una realidad y cada día más perceptible y dinámica, en nuestra sociedad. Esto parece haber sido admitido ya por las organizaciones políticas aspirantes a conquistar la jefatura del Estado. Y si ahora acuerdan designar a una mujer como candidata a la presidencia de la república, no necesariamente significa que hayan decidido apostar por la equidad de género, mucho menos, por la “liberación” de la mujer. Indudablemente, los afanes por la conquista del poder son tan irrefrenables que han visto en la “mujer candidata” un recurso para conquistar el mercado electoral y una sofisticada arma para, por lo menos, hacer una pelea digna y no dejar el camino tan libre a los competidores. (Artículo que publiqué en la página política del Suplemento Dominical del Diario La Industria de Chiclayo, el día domingo 11 de dicembre de 2005.)

PÍLDORA DIMINUTA, DEBATE GIGANTE

Intempestivamente, una diminuta píldora extinguió el incendio provocado por el fantasma de un tal “Capitán Carlos” y capturó las primeras planas, reemplazando primicias y alterando los picos —últimamente cuestionados y poco creíbles— de las encuestas y sondeos de opinión pública, sobre las preferencias electorales. Mas allá de una cuestión moral o de fe, filosófica e ideológica, está la cuestión de género. El sentido común nos advierte que es la mujer, en mérito a su condición de principal cliente y potencial consumidora, a quien le compete tomar una decisión informada, y en el peor de los casos, le asiste el legítimo derecho a contribuir y participar en todos los debates respectivos, al uso o no, del AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia). Antes de ello, se ha preferido colocar a la diminuta píldora en el centro de un clima electoral bullicioso y candente, sin medir los contrastes filosóficos, morales, políticos, ideológicos y hasta culturales, que ha producido. Candidatos de diversas tiendas políticas han dejado oír sus opiniones, atizando aun más, la temperatura electoral en el país. En nombre de la iglesia, la Conferencia Episcopal, declara que es abortiva; a manera de respuesta a la actitud que asume Unidad Nacional, que prefiere dejar a la OMS la difícil tarea de arbitrar y encauzar las decisiones políticas en ese asunto. Un vocero de UPP opta por un perfil bajo y señala “son temas sensibles”, evitando echar mas leña al fuego; mientras que Jorge del Castillo (APRA) objeta que debe primar la “libertad de elección”, pero no aclara de quién. De la mujer, del papá, de los abuelos o del marido. Aclaración poco esperada, ya que Alan García, quien no niega ser católico, arremete con todo, y vocea que “la Iglesia no gobierna el Perú”. Entretanto, Ollanta Humala, prefiere reservarse el derecho a opinar sobre el tema, señalando que en un gobierno nacionalista se respetarán los intereses de un “empresario eficiente”. Sin embargo, siendo la mujer la consumidora final de este producto, es a ella a quien se le ha relegado a un plano secundario y se le ha invisibilizado, hasta por otras mujeres con capacidad para generar corrientes de opinión. Nadie ha manifestado la necesidad de considerar la opinión de ellas. Nadie ha sugerido la importancia que tiene consultar a la población femenina, antes de discutir los infinitos matices que encierra, la aprobación o no, del uso de esa llamada “píldora del día siguiente”. Profundizando mas aun el tema, podemos permitirnos interrogantes que a muchos sonarán atrevidas y hasta irresponsables. Por ejemplo, ¿Sólo le compete a las mujeres ciudadanas, o también es asunto de las menores de edad? Las respuestas que pueden elaborarse al respecto, sugieren una revisión minuciosa de nuestras concepciones de género y demandan un deslinde deliberado y público sobre los aspectos científicos, morales, religiosos y filosóficos implicados en el tema. Para ello, se hace necesario un conocimiento veraz y profundo de las estadísticas que refieren el costo humano que representa la práctica de abortos clandestinos, en todo el país. Si de que lo se trata es disminuir las muertes provocadas por este tipo de prácticas inhumanas e ilegales, vale la pena empezar a ver y entender desde otras ópticas, la posibilidad de abrir nuestro mercado a la tan mentada “píldora del día siguiente”, aunque ello implique un estremecimiento de piso y altere los gráficos estadísticos de las preferencias electorales. Las mujeres, tienen la palabra. (Artículo que publiqué en la página política del Suplemento Dominical del Diario La Industria de Chiclayo, el día domingo 19 de febrero de 2006.)

DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y SALUD SOCIAL

El no convertirse en una experiencia vivencial para los grandes grupos poblacionales marginados, los ideales de igualdad, equidad y niveles de vida dignos y gratificantes que ofrece la democracia; está generando, a mi modo de ver, un irreversible proceso de deslegitimización de su papel fundamental como sistema regulador de la convivencia organizada, lo que conllevaría a la emergencia de un orden social caótico, salvaje y suicida; o lo que Peter Drucker denomina “nuevo desorden mundial”. Podría llegar el momento en que —refiriéndome a mi país (Perú)—, el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, ya no garantice ningún tipo de estabilidad para nadie y que, como sociedad, quizás hayamos adquirido un nuevo y lamentable adjetivo: Ingobernable. La ingobernabilidad es un fantasma que irrumpe en la agenda de nuestros gobernantes, alterando toda actividad programada y demandando cambios de rumbo no muy bien definidos y en muchos casos, inviables. Un fantasma que se atreve a cuestionar el orden jurídico-legal vigente, desconociendo toda institucionalidad y amenazando derrumbarlo todo. Aglutina las insatisfacciones y desconfianzas hacia las instituciones democráticas, así como, la incapacidad de la democracia para resolver los problemas sociales o para satisfacer las expectativas de los gobernados y, dada la pluralidad de intereses políticos en juego, denota la incapacidad del Estado de derecho para marchar al ritmo de la concertación y el consenso. Considerada una nueva categoría de análisis sociológico para explicar el desenvolvimiento de las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados —específicamente, lo concerniente a la emergencia y desarrollo de los conflictos sociopolíticos—, la gobernabilidad, es también un indicador para medir el estado de salud de la democracia, porque, básicamente, es “crear consenso”. Esto es, limitar el desarrollo de los conflictos entre las diversas tendencias o fuerzas políticas, hasta convertirlo en una dinámica “negociación” que ofrezca una oportunidad ventajosa para las fuerzas involucradas. Y, no escapa de su acepción, el papel que cumplen las organizaciones ideológico-políticas y la inmensa responsabilidad que a ellas competen, de reorientar sus clásicas actividades proselitistas a fin de fortalecer, promover, facilitar y cultivar, permanentemente, “democracia” —léase: concertación y consenso— Para el PNUD, “El progreso hacia la democracia está estrechamente vinculado con el progreso en la protección a los derechos humanos”. En ese sentido, la “democracia”, debe rebasar los límites del discurso proselitista y apologista, y llegar a sentirse, como suponemos significa —oportunidad para todos de acceder a un mejor nivel de vida—, en la cotidianidad de cada ciudadano, de cada individuo, de cada familia. Pues, observamos que la ingobernabilidad es un fenómeno que emerge desde las legitimas aspiraciones, no atendidas, de los gobernados; e irrumpe violentamente exigiendo respuestas rápidas, adecuadas y digeribles que generen cambios vivenciables y que den cuenta de satisfactorias situaciones, capaces de albergar todas las expectativas iniciales e ignoradas, por quienes –todos lo saben—, tienen la responsabilidad de atenderlas. (Para, y por ello, fueron elegidos) (Artículo que publiqué en la Revista Latinoamericana SEÑALES, en la edición 41, página 34; mayo de 2005.)

EXCLUSIÓN SOCIAL Y PROPIEDAD PRIVADA

Me pregunto, si la delincuencia común es una alternativa “de producción” para los sectores marginados en este proceso exclusivo que es la globalización. Si ya sabemos del carácter netamente utópico de una repartición equitativa de la riqueza global, entonces, qué otra opción tienen los apartados del círculo económico mundial, aquellos que tampoco se resignan a sobrevivir sólo del asistencialismo. Podría ser que los excluidos y “desclasados”, asumiendo conductas delictivas están enfrentando, destruyendo e invalidando la concepción de "propiedad privada” y el respeto que se supone, la sociedad en conjunto, le debe; porque, aún marginados y excluidos, se obstinan en sobrevivir. ¿Y por qué “propiedad privada”? Pues, porque sobre la base de ella se ha edificado toda la estructura social, y se erigen los nuevos paradigmas de la organización política. Y a estas alturas, ya todos saben —no lo dudo— de lo absurdo que resulta pretender y fomentar una libre competencia entre todos los hombres, para acceder a una vida digna, de respeto y reconocimiento social. Y no sólo en el ámbito individual o de grupos humanos pequeños —familias o comunidades—, sino, en el ámbito de países y regiones continentales. ¿Qué futuro podemos pretender construir, entonces, como país, cuando ya el mundo está girando en torno a una estructura económica mundializada donde, evidentemente, los monopolios y oligopolios tienen la potestad de “sugerir” —un eufemismo— alternativas organizacionales a toda sociedad marginal como la nuestra? Sin duda alguna, a favor de la perpetuación del poder económico que poseen. Y ello, sin nombrar a la Comisión Trilateral —esa organización que agrupa a líderes económicos, intelectuales y políticos del mundo, dedicados a perfilar estructuras sociales a largo plazo—; podemos percibir que los gobiernos como los nuestros, no tienen otra opción que subordinarse a intereses ajenos a los del país y la sociedad que representan, a costa de estropear y condenar de por vida a vastos sectores poblacionales a una vida, alejada totalmente del concepto de “dignidad”. La propiedad privada es, por sobre todo, como bien anota Hernando de Soto (2000, 183), un contrato social: “La propiedad no consiste en los activos mismos sino en el consenso entre personas respecto de cómo estos deben ser poseídos, utilizados e intercambiados”. Richard Posner (citado por de Soto), es más explicito: “La propiedad es una construcción social”. Entonces, ya estamos refiriéndonos a una mentalidad, a una cultura, a una actitud, a una acción social. Se necesita de actitudes consensuadas y de la participación de la sociedad en su conjunto para concebir y para otorgar una legitima funcionalidad a todo lo que implica la frase “propiedad privada”. De lo contrario, perdería sentido y se resquebrajaría el mundo moderno. En esta perspectiva (entendemos que no sólo quienes padecen necesidades básicas insatisfechas, realizan actividades delictivas), la delincuencia común, no necesariamente organizada, bien podría concebirse como una actitud rebelde y desesperada de quienes, excluidos de toda otra opción de sobrevivencia digna, pretenden ignorar el pacto social que favorece un libre intercambio de bienes y servicios, al amparo del respeto absoluto a la posesión formal y legítima de los mismos. Esto es, la delincuencia común, como una guerra contra la propiedad privada, una guerra desprovista de toda apuesta política alternativa, lógicamente. (Artículo que publiqué en la Revista Latinoamericana SEÑALES, en la edición 44, página 34, agosto de 2006.)

SINSABORES DE UN DIFERENDO MARÍTIMO

Al parecer, 129 años después, la llamada “Guerra del Pacífico” –que tanto leímos en los libros de secundaria, y aprendimos que ésta terminó un 20 de octubre de 1883, con la firma del Tratado de Ancón–, no ha terminado. También leímos que un 3 de junio de 1929, se fija las fronteras terrestres entre Perú y Chile, con la firma del Tratado de Lima. Un año después (el 21 de agosto), en esta zona que luego se denominó "Concordia", una Comisión Mixta de Límites Perú-Chile, acordó colocar el Hito Nº 1 (ubicado a 180 metros del océano Pacífico), y así finiquitar las controversias en ese sentido. Sin embargo, en los últimos meses, después de conversaciones diplomáticas, el miércoles 16 de enero, nuestro país presenta a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (actualmente presidida por Judge Rosalyn Higgins), una demanda referida a las controversias sobre delimitación marítima con la república de Chile. Este mismo día, el presidente de la República, Alan García, lee un mensaje en el parlamento peruano, señalando que el Perú ha dado este paso “con firmeza y serenidad, sin estridencia”, para después pedir a todo el país, prudencia, responsabilidad, unidad y respaldo, ganándose el aplauso y el respaldo de todas las bancadas. Esta demanda que Alan García no considera “un acto inamistoso ni agresivo”, y que obedece a la histórica vocación pacífica del Perú, provocó la inmediata reacción diplomática de Chile, que en palabras de su canciller, Alejandro Foxley, "lamenta profundamente", porque “se desconocen tratados vigentes entre ambos países y se desconoce la práctica aplicada por décadas”; aun así, recalcaron que ellos seguirán apostando por "la cooperación y el entendimiento", pero que tomarán todas las acciones que correspondan para la defensa de sus intereses. No obstante, la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, dijo que el límite marítimo, motivo de la controversia “ya ha sido establecido y los tratados y las prácticas nos dan la razón". Alan García, respondió que también es lamentable que no se haya llegado a un acuerdo previo por la vía diplomática, pudiendo haber sido satisfactorio para todos, y evitar “seguir mirándonos como adversarios potenciales”, señaló. La demanda, básicamente requiere la intervención de la Corte, en dos puntos fundamentales: Determinación del curso del límite marítimo entre los dos Estados conforme al derecho internacional, y, reconocimiento y declaración que el Perú posee derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de 200 millas marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Chile. Sobre este proceso, que para el embajador Hugo de Zela podría durar hasta seis años, si Chile plantea la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para resolver el problema —aunque el embajador, José de la Puente Radbill, señala que no hay motivos para ello—; Allan Wagner Tizón, señaló tener la convicción que “nuestros derechos serán reconocidos" y espera que no se convierta “en un elemento de crispación de los pueblos”, sino en una vía pacífica para resolver nuestras diferencias. Aunque los esfuerzos diplomáticos de nuestro país están dirigidos a no atizar el fuego del desacuerdo, el ex ministro de Defensa, Roberto Chiabra, ha declarado que “Chile es un país que no tiene identidad nacional” agregando que “son prepotentes y soberbios” porque suponen poseer unas fuerzas armadas de mayor capacidad operativa que las nuestras. Por su parte, el congresista, Juan Carlos Eguren, sumamente preocupado, declaró tener información que revela las intenciones militares de Chile de contar con unas fuerzas armadas superiores a Perú, Bolivia y Argentina; en consecuencia, continuó el congresista, Perú debe incrementar su potencial bélico. “Esperemos que no haya ningún acto de fuerza por parte de Chile, un acto de matonería…, espero que eso no suceda”, declaró a su vez, el congresista Rolando Sousa, temiendo una reacción militar por parte de Chile, por lo que sugirió que nuestro país debería de presentar una medida cautelar al respecto. Hasta el congresista Isaac Mekler Neiman, pidió al gobierno no apresurarse en concesionar nuestros puertos, aludiendo a empresarios chilenos interesados en ese negocio, incluso se refirió a otras inversiones chilenas que ya operan en nuestro país, responsabilizando a Proinversión de esa situación, ente al que calificó de “Proregalón”. Pero el presidente del Congreso de la República, Luis Gonzáles Posada, avocado a calmar las aguas, dijo que la demanda presentada por el Perú, de ninguna manera significa que se hagan sonar "tambores de guerra", porque dicha demanda responde a principios del derecho internacional. De igual manera, el ministro de Defensa, Ántero Flores Araoz, señaló que la demanda peruana se sostiene en argumentos jurídicos sólidos y en nuestra tradición histórica. A pesar de los fantasmas sobre un posible conflicto bélico entre los países vecinos involucrados en el diferendo —que resulta un absurdo en estos tiempos de globalización y consolidación de la democracia como mecanismo de convivencia humana—, resalta la intención pacífica y civilizada de ambas partes y la voluntad de esperar y respetar la sentencia de la Corte. No estando demás, aunarnos a la petición de nuestro jefe de Estado: “Dios bendiga a nuestra patria”. (Artículo que publiqué en la página política del Suplemento Dominical del Diario La Industria de Chiclayo, el día 20 de enero de 2009.)

EL STAND ELECTORAL Y EL VOTO OBLIGATORIO

“Quien tiene elección, tiene tormento” nos advierte Zaratustra y con sabia prudencia. Esto muy bien se aplica en esta contienda electoral en la que participan candidatos que parecen encajar en todos los gustos y preferencias. La vitrina electoral nos muestra una variopinta diversidad y complica la elección que de todas maneras tendremos que hacer. Elegir al próximo jefe de Estado, Presidente de la Republica y representante de las naciones que integran este heterogéneo país con marcados problemas de gobernabilidad, es una tarea que implica reflexiones previas o ligerezas irascibles de parte de cada elector. Aunque no necesariamente elegiremos al “superhombre” nietzscheano. Las ofertas divulgadas y que nos venden posibles y mejores futuros escenarios en nuestra realidad, son tentadoras y son capaces de seducir a cualquier desprevenido elector, a quien subliminalmente le arranquen el poder decisorio que tiene en sus manos, y no volverán a tenerlo en cuenta hasta una próxima campaña electoral. Así como una vez lo fue la generación de puestos de trabajo, la pacificación del país, o la lucha contra la pobreza; ahora, la lucha contra la corrupción, es el tema central en esta contienda. En torno a esta consigna y slogan marketero se han elaborado infinidad de frases y promesas fantásticas algunas, y otras, elogiosas y moderadas pero no menos fascinantes. Obviamente, siempre se ofrece lo que no existe y siempre se desea lo que no se tiene. Así, en nuestro país lo que mas se necesita y lo que demanda la ciudadanía es justicia (no impunidad), austeridad (manejo responsable del tesoro público), orden (respeto al principio de autoridad) y seguridad ciudadana (no violencia en las calles), principalmente. Amén de los logros ya vivenciados como son la estabilidad económica y monetaria del país. Sin embargo, la ciudadanía expresa que la obligatoriedad en el cumplimiento del derecho de elección, es un mandato legal que pode a duda la legitimidad del triunfador, sea quien fuere. Siendo las opciones ofertadas, todas ellas, deficientes para atender la totalidad de las expectativas de un electorado hastiado de promesas y sonrisas estériles y casi sarcásticas como amnésicas; un electorado ya fatigado por el largo trajinar infructuoso del camino electoral; siendo los candidatos presentados, alternativas alejadas del perfil demandado y no merecedoras del voto requerido, la obligatoriedad del voto se vuelve una actitud y una acción etéreas. No reales, no capaces de expresar con certeza los sentimientos del elector. Ningún producto ofertado que se exhibe en el stand electoral se ajusta a la demanda soberana de la ciudadanía, Ningún candidato es “bueno”, sin embargo, irónicamente, tiene que elegirse a uno. La democracia delegativa, en nuestro país, se sostiene en el principio de la mayoría simple. Aun, la denominada “segunda vuelta”, que surge como una alternativa para satisfacer el principio de “mayoría absoluta” —cuando el caso lo requiere—, se ve contaminada con la condición de “obligatoriedad” del derecho a voto. Se asiste al sufragio con reticencias y recelos y con desidia o tedio, tan solo, en la mayoría de los casos —es una verdad perceptible y susceptible de ser contrastada—, para evitar el pago de una multa que resulta un golpe bajo y abusivo a la pobreza y extrema pobreza que sufre la mayoría de los votantes. Obligar al ciudadano a elegir una opción entre tantas otras, todas ellas no deseadas, es una situación que obliga a una revisión de nuestra legislación electoral a fin de devolver al mecanismo electoral su real y justo espíritu democrático, así como de otorgar el debido respeto a la calidad de soberano que le es inherente a todo ciudadano elector. (Artículo que publiqué en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo, el día 26 de febrero de 2006; en el auge de la campaña electoral de las elecciones generales 2006.)

CASO OMISO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS

En el Registro de Organizaciones Políticas, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, existen 20 partidos políticos inscritos, y cuatro en proceso de inscripción (entre ellos, el Partido Humanista Peruano del Premier Yehude Simon). De los 20 inscritos, informa la ONPE, 06 de ellos no han cumplido con presentar la información financiera establecida en el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos (Ley Nº 28094) y en el artículo 70 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Esta Ley también determina que los partidos políticos pueden recibir financiamiento público y privado. Aquel, comprende financiamiento de dos tipos: directo e indirecto. Este “Se refiere a los espacios asignados de manera gratuita… en los medios de comunicación masiva” públicos y privados para difundir sus propuestas políticas y electorales”; y el financiamiento directo “Es la transferencia de fondos del tesoro público”. La transferencia del tesoro público se realiza de acuerdo a la representación en el Congreso que cada partido ha obtenido en proceso electoral. En cumplimiento al artículo 29 de la Ley 28094, cada partido político recibirá del Estado, el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto emitido en la elección de sus congresistas. Esto es, para el periodo 2006-2011 —considerando que la UIT en el año 2006, era equivalente a S/. 3,400.00— a los partidos que lograron representación en el Congreso de la República les ha correspondido —o corresponde— recibir S/. 3,40 por cada voto obtenido. Por ejemplo, el partido aprista, que en las elecciones parlamentarias del año 2006, ha logrado 36 escaños en el Congreso, gracias a los 2’213,623 de votos obtenidos, le corresponde como financiamiento partidario del tesoro público, la suma de: 7’526,318.20 de nuevos soles. Este monto será desembolsado en cinco partes, a razón de un quinto por año. Continuando con el ejemplo, el partido aprista recibirá en el quinquenio 2006-2001, la suma de S/. 1’505,263.64 anualmente como parte del financiamiento público directo que le corresponde (125,438.64 nuevos soles mensuales). Pero dichos fondos pueden ser utilizados sólo para “actividades de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a la mencionada elección, así como para sus gastos de funcionamiento ordinario” (artículo 29 de la citada ley). Si bien cada partido preverá un sistema de control interno, le corresponde a la ONPE —exclusivamente– la verificación y control externo de la administración de tales fondos. Lo interesante de la ley es que no especifica que los beneficiarios tienen que ser necesariamente partidarios o simpatizantes de tal o cual partido que recibe el financiamiento público. En consecuencia, dado que los partidos son asociaciones de ciudadanos, y tienen como primer objetivo y fin, “Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático”, se convierte en su primer deber, elaborar, ejecutar y monitorear las actividades que la ley les especifica, donde la concurrencia y participación sea abierta a todo público, sin ninguna discriminación o previa selección. Somos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, seamos o no afiliados a determinado partido político, quienes financiamos sus actividades propias de su naturaleza. Estemos o no de acuerdo con las doctrinas que predican, con las actividades proselitistas que ejecutan, o con la lectura ideológica que elaboren de la realidad peruana, la ley contempla que un porcentaje de los impuestos que pagamos, sea destinado a financiar las actividades partidarias, de las cuales, muchas de ellas, ni siquiera tenemos la menor idea de cuándo, ni cómo ni dónde se realizan. A pesar que uno de sus objetivos es “Representar la voluntad de los ciudadanos” (inciso “d”, articulo 2º), y “contribuir a la gobernabilidad del país” (inciso “g”), no podemos dejar de hablar de la crisis de representatividad y de representación política que padecemos desde hace muchos años atrás, y quizás, desde siempre. Amén de la ingobernabilidad que continua afectándonos, en tanto el malestar ciudadano y las brechas sociales continúan manifestándose en distintos grados, y aun, acentuándose. Es más, no podemos asumir que nuestros partidos políticos “representan la voluntad ciudadana” (a excepción de la representación cuantitativa obtenida después de cada escrutinio), cuando las medidas políticas implementadas, en el sector macroeconómico, por ejemplo, no logran satisfacer las demandas de la gran mayoría de compatriotas quienes, hasta ahora, no pueden siquiera intuir un futuro cercano donde vean su calidad de vida mejorada. En este sentido, el financiamiento público directo del que son beneficiarios los partidos políticos con representación en el Congreso, adquiere una naturaleza que raya con el sarcasmo más virulento que uno pueda imaginar, sino, con una maledicencia perteneciente al mundo de Clemente Palma. Con el agravante, inescrupuloso por cierto, de negarse a presentar la respectiva rendición de cuentas, en los plazos y mecanismos que la ley ordena. (Artículo que publiqué en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo, el día 31 de enero de 2009.)

ARBITRARIEDADES DEL TUPA

Siendo la transparencia un principio que debe observar todo acto del Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, en aras de consolidarlo como una institución verdaderamente al servicio de la ciudadanía que representa; no parece ser un ideal que comparten algunos de los gobiernos locales que hace abuso de la denominada “autonomía municipal” que reconoce la Constitución Política en su artículo 194.
Ello lo corroboramos con el Informe Defensorial Nº 133 de febrero del 2008, que la Defensoría del Pueblo ha titulado “¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local”. Y en él, lamentablemente, la Defensoría ha podido constatar que “no siempre dicha autonomía es ejercida dentro de los parámetros constitucionales y legales”, por lo tanto, “incide negativamente, señala la Defensoría, en los derechos fundamentales y los legítimos intereses de las personas… como son la plena vigencia de los derechos humanos y el bienestar general basado en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”
Entre los indicadores que señala el informe defensorial mencionado, está el monto de tasas que no responden al costo del servicio efectivamente prestado, incumplimiento de plazos legales, y otros; y concluye que “las municipalidades pretenden dar a la autonomía municipal un contenido absoluto que no se ajusta a los parámetros del Estado unitario y descentralizado”. Esto es, presumen o pretenden ser un gobierno autárquico, obviando o burlándose de los parámetros generales que detalla la Carta Magna al caracterizar al Estado como “uno e indivisible”, además que su gobierno es “unitario, representativo y descentralizado”.
El Texto Único de Procedimiento Administrativos, el famoso TUPA, es un texto que a pesar de adquirir legalidad gracias a que debe contar con la aprobación, en el caso de las Municipalidades –que es el tema del presente artículo, por una Ordenanza Municipal, considerando que cada entidad “realiza la difusión de su TUPA mediante su ubicación en lugar visible de la entidad”, de acuerdo al artículo 38 inciso 38.4 de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Difusión que no todas las entidades cumplen, tal es el caso de la Municipalidad Distrital de La Victoria. Quizá, porque dicha entidad edil, contiene en su TUPA una aberración que asumo, ningún otro órgano superior dejaría inadvertido.
Y tiene que ver con los derechos de tramitación, entiéndase, “costos de tramitación”. Y es una aberración porque atenta contra lo establecido por la ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (que en su Reglamento dice que el costo que pagará el solicitante “sólo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada”), y contra la propia Ley Nº 27444 (que refiere un “costo real de producción de documentos que expida la entidad”).
Y es una aberración porque fija en su TUPA un costo de S/. 5,20 por una fotocopia simple (lo que en el mercado cuesta S/. 0,10 y hasta menos que eso) y S/. 12,12 por una fotocopia fedateada, como si sellar y firmar un papel (es decir, fedatearlo) implique un gasto extra, o que el funcionario encargado de tal acto, necesita alimentación extra para ese simple y sencillo acto de firmar y sellar un papel. Ello está sucediendo, ahora, en la Municipalidad Distrital de La Victoria, cuando el Estado esta invirtiendo grandes esfuerzos en convertirse en un ente al servicio de la ciudadanía.
Ya la Defensoría, en su Informe señalado, ha exhortado a las municipalidades provinciales y distritales, a cumplir con los deberes legales contenidos en leyes como la Ley N° 27806, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La misma Ley Nº 27444, lo reitera, en su artículo 55 inciso 3, que los ciudadanos tenemos derecho a “obtener copias de los documentos contenidos sufragando el costo que suponga su pedido” (ni un céntimo más). Este mismo artículo también señala que los administrados (nosotros, ciudadanos y ciudadanas), tenemos derecho a “Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades”. Felizmente, es algo ya sabido por la ciudadanía, porque así lo establece la Constitución, y de ella, se derivan todas las demás normas.
O los funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria, ignoran o no entienden las leyes que disponen el costo a pagar por la reproducción de los documentos e información solicitada por los administrados, o simplemente, conciben la “autonomía” (en este caso “municipal”) como un respaldo a sus decisiones antojadizas, además de abusivas e irrespetuosas a los derechos ciudadanos. Quizá también, embriagados por el poder delegado, presumen vivir, o pertenecer, a otro país.
(Artículo que publiqué en la página editorial del diario La Industria de Chiclayo, el día 13 de agosto de 2008.)