LOS ROSTROS DEL PERÚ

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, observamos un fenómeno migratorio sin precedentes del campo a la ciudad, que algunos estudiosos llamaron la “descampenización del campo” y otros la “cholificación” de Lima, y hasta podríamos referirnos a este proceso como la “serranización” de la costa peruana. Este hecho provocó una especie de trauma social en los estratos sociales superiores de la capital y transformó a la costa, y especialmente a Lima, en franjas costeñas pluriculturales y altamente heterogéneas, que devinieron en fuentes de conflictos sociales cada año más complejos e insolubles. Tanto así que nuestro filósofo Sebastián Salazar Bondy se refirió a Lima como “La horrible”, y Mattos Mar como el desborde popular que fue capaz de transformar la formalidad de una gran ciudad en expansión en una informalidad incendiaria que amenazó, en la década de los 80, despedazar al Estado de derecho, según Hernando De Soto, llamándolo “el otro sendero”, en alusión al primer Sendero –brutalmente sangriento y criminal, por supuesto– que perseguía lo mismo, pero por medio de la lucha armada. Ello nos permitió percibir la variedad de naciones, diversas y pluriformes, que habitaban esta área geográfica que por alguna simpática e histórica razón, empezó a llamarse Perú. Son decenas de rostros, por no decir cientos o miles, que configuran este complejísimo país que no cesa en su lucha por convertirse en una gran sociedad, saludable y próspera, sin apartarse de los principios democráticos. Sin embargo, el Estado, con sus medidas muchas veces inconsultas en nombre de una legitimidad que le es dada, genera situaciones beneficiosas no equitativas, lo que nos proporciona la oportunidad de recordar que este país está poblado y formado por sociedades diversas y heterogéneas. En los últimos días, las comunidades amazónicas, indígenas o nativas, han tomado por asalto las carreteras, puentes, plazas y calles, con el mismo ímpetu como lo han hecho con las primeras planas y titulares noticiosos de todo el país. El Ejecutivo, optó por aprobar decretos leyes que las comunidades indígenas consideraron nocivas para sus intereses. Decretos que respondían al proceso de implementación del acuerdo de promoción comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América (TLC). Pero como sabemos, este Tratado fue firmado en medio de olas de protestas –también callejeras y algunas veces desbordantes– que algunos grupos políticos, instituciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil organizada, no aprobaban en su totalidad. Los pueblos amazónicos, están constituidas por pequeñas naciones bien organizadas (con sus propias leyes y costumbres), que tienen por lengua materna a idiomas diferentes al castellano. Las culturas que ellos y ellas, crean y recrean, expresan percepciones que difieren con las nuestras. El agua es de Dios, por ejemplo, por lo tanto no se puede vender; los recursos de sus bosques, pantanos y ríos, no pueden convertirse en bienes comerciales porque es parte de la naturaleza, y la naturaleza es sagrada, por lo tanto, no debe ser destruida. La tierra nos da la vida, el alimento, la salud; no debe ser usufructuada. Estos esquemas culturales, aparentemente intrascendentes, se convierten en la raíz que sostiene y alienta sus luchas en contra de medidas como el DL Nº 1090, aprobado en el mes de junio del año 2008, que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. “De esa forma –sin participación ciudadana–, no queremos la inversión privada” declaró un dirigente de las comunidades en pie de lucha, durante más de 40 días. “Nos quieren quitar nuestras tierras” (aludiendo a los decretos legislativos Nº 1015 y 1073), dicen los nativos; y aunque eso sea más mito que realidad, los aglutina de tal forma que son capaces de jaquear al Estado de derecho, y hacerlo retroceder en sus intenciones y objetivos, elaborados unilateralmente. La protesta ha sido tan continua y tenaz, que la Comisión de Constitución del Congreso de la República, ha declarado la inconstitucionalidad de los decretos cuestionados, lo que devendrá en la derogación de los mismos. Pero Antonio Brack, Ministro del Ambiente, ha manifestado su pesar y desacuerdo con ese devenir. Pero “Los pueblos indígenas amazónicos no entienden el desarrollo igual que los gobiernos” acotó Alberto Pizango, representante de AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, conformada por 64 pueblos indígenas, que representan a más de 1,300 comunidades dispersas en toda la amazonía peruana); también dijo que estaban dispuestos a morir defiendo sus tierras. “Si el Gobierno viene a matarnos, pues, que nos mate”, declaró. Hasta la CGTP y la CPS (Coordinadora Política Social), realizaron una marcha por la ciudad de Lima hasta llegar a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, en apoyo a la protesta de las comunidades amazónicas. Sin embargo, para Mayta Cápac Alatrista Herrera, titular del INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano), la protesta de las sociedades amazónicas, “es producto de una mala información” que les es proporcionada por personajes que no piensan en función del país, sino, de grupos organizados. Pero olvida que nuestro país es, precisamente, una compleja red de grupos sociales organizados, muy diferenciados y hasta irreconciliables. Es un país profundamente fragmentado. En sí, lo que exigen y por lo que protestan las comunidades amazónicas, es el hecho de haber aprobado leyes que afectan sus costumbres y modos de vida, sin su participación. Aunque el Premier Yehude Simon haya repetido que el gobierno tiene un “profundo respeto por las comunidades nativas”, así como un “profundo deseo de diálogo”, de escuchar sus problemas y de buscar juntos las soluciones más convenientes. Pero a la mesa de diálogo que se instaló, no asistieron los representantes de los pueblos amazónicos. Por otro lado, el Partido Nacionalista y la bancada nacionalista, responsabilizan al Presidente Alan García, a la bancada aprista y al Partido Aprista, de “no dar soluciones” a la problemática de los pueblos amazónicos. Por su parte, Javier Velásquez, Presidente del Congreso, ha manifestado que muchos han apoyado la derogatoria del DL Nº 1090, sin conocer su real contenido; pero consideró un error del gobierno no haber realizado una adecuada y oportuna difusión de las normas que originaron las protestas en contra de su vigencia. El Estado nuevamente es, en este caso, la fuente de las discordias al aferrarse a una sola visión unilateral de la realidad peruana, al aplicar una óptica inflexible y muchas veces intolerante ante las demandas y exigencias de sus grupos organizados. El conflicto generado por la vigencia o no de los decretos legislativos altamente cuestionados, no es sólo entre bancadas ideológico-partidarias en el Congreso, sino, entre éste poder y el Ejecutivo. Fue el día 14 de mayo, cuando los congresistas integrantes del Grupo Especial “Compromiso Democrático”, presentaron oficialmente el Proyecto de Ley Nº 3266/2008-CR que deroga 08 decretos legislativos, entre ellos el DL Nº 1090. (En su exposición de motivos, el Proyecto de Ley, señala que la protesta de los pueblos indígenas ha alcanzado niveles de lucha permanente, generando “una inestabilidad política que afecta la inversión y el desarrollo sostenible de la Amazonía”). Pero fue el martes 19 de mayo, cuando la Comisión de Constitución del Congreso, aprobó por mayoría la inconstitucionalidad del cuestionado DL, en respuesta a la propuesta de su derogatoria sustentada por el congresista Daniel Abugattás, amparándose en el artículo 66 de la CPP, el cual señala que sólo mediante ley orgánica puede regularse lo que pretendía hacerlo el DL Nº 1090. No obstante, hasta el cierre de esta edición, estaba en espera su debate en el Pleno del Congreso, para su respectiva aprobación y la definitiva derogación del indicado decreto legislativo. Con este hecho, queda garantizado el derecho de propiedad de las comunidades nativas sobre las tierras que ocupan y poseen, han declarado sus defensores, quienes también lo consideran un triunfo y un avance hacia la armonía y la paz en la amazonía. Mientras que el representante de AIDESEP, Alberto Pizango, declara que la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma contra la cual se declararon en insurgencia, muestra que sus reclamos han sido “justos”. Una lógica disparidad de opiniones y pareceres –aunque poco deseable y seriamente preocupante–, en un país de múltiples rostros. (Artículo que publiqué en el suplemento DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo, el día domingo 24 de mayo de 2009)

AUTORES Y LECTORES: Un enfoque desde la teoría de las Inteligencias Múltiples

“Si bien el lenguaje puede ser transmitido por medio del gesto y la escritura, en esencia sigue siendo producto del tracto vocal y un mensaje para el oído humano.” Howard Gardner Considero necesario, en primer lugar, señalar los móviles que me sugirieron elegir este tema. En calidad de aficionado al quehacer literario, he podido percibir la principal preocupación de quienes —como yo— realizan actividades que se enmarcan dentro de las denominadas “creaciones literarias”, y tiene que ver con la muy poca o casi nula asistencia a eventos de esa índole. Llámense recitales, conversatorios, encuentros, debates, etc., los asistentes, salvo poquísimas excepciones, son personas que pertenecen a ese círculo pequeño de escritores, poetas, dramaturgos, músicos, pintores, escultores y de toda aquella persona que de una u otra manera ha creado o mantiene cierta relación o acercamiento con alguna o varias de ese tipo de personas. Repito, salvo rarísimas excepciones. Es así que, después de que la Teoría de las Inteligencias Múltiples —del psicopedagogo norteamericano Howard Gardner, publicada en el año 1983— se hiciera conocida y adquiriera cierto respeto y atención por parte de muchos académicos y psicopedagogos en diversas partes del mundo, he podido entender y explicarme, el por qué de la poca asistencia a eventos que he señalado al inicio. En ese sentido, me adelanto en sugerir a quienes se preocupan sobremanera por este fenómeno, que no hay de qué preocuparse, mas aun, si conciben a la poca asistencia a este tipo de eventos como sinónimo de “bajo nivel cultural” —obviamente, es un barbarismo esta frase, porque no existen los niveles culturales, sí, las diferencias culturales—, o en el peor de los casos como desprecio a la actividad propia de la literatura. Y en segundo lugar, extiéndase que una cosa es la Teoría de las Inteligencias Múltiples, y otra es el enfoque que en esta oportunidad me permito explicar, a partir de ella y para interpretar, en parte, este fenómeno de la poca asistencia a eventos literarios en la ciudad de Chiclayo. Aunque tengo entendido que es un fenómeno que se da en otros lugares, quizá, en todos los lugares donde se programan eventos y actividades de este tipo. Como Gardner afirma, fue a partir de la observación de los estudiantes más sobresalientes de distintas instituciones educativas de prestigio del primer mundo, lo que lo llevó a estudiar la inteligencia humana. Se observaron casos en que estudiantes que ocuparon primeros puestos en sus centros de estudios, sin embargo, en sus centros laborales se envolvían en conflictos con sus compañeros de trabajo, y en sus vidas privadas, de igual manera, con los miembros de su familia, constantemente se involucraban en un sinnúmero de conflictos, muchos de ellos con resultados fatales. En el otro extremo, estudiantes que fueron considerados poco inteligentes o fracasados en sus respectivos centros de estudios, en la vida laboral y en la vida privada, demostraron éxitos insospechados. Entonces surge la pregunta, ¿Si son muy inteligentes, por qué actúan de esas maneras? Al obtener respuestas no muy convincentes, surge una segunda y muy importante pregunta: ¿Qué es la inteligencia? Gardner, anota diversas nociones de inteligencia, tales como: “no existen como entidades físicamente verificables”, satisfacen determinadas especificaciones biologías y sicológicas”, son sólo construcciones científicas de utilidad potencial”, “son procesos y habilidades que son continuos entre sí”, y otras más. Pero concluye en que la inteligencia es difícil de definir, mas aun, es indefinible. Tanto así, que señala una cosa que a muchos de nosotros nos podría parecer un absurdo. El Coeficiente Intelectual (CI) no garantiza ninguna veracidad en sus resultados, por lo tanto, no merece mayor atención ni vale la pena otorgarle mucha importancia. A partir de los descubrimientos que describe en su teoría, Gardner, critica duramente a la escuela moderna, ya que ella, basa sus procesos de enseñanza-aprendizaje, otorgando importancia y promoviendo sólo el ejercicio de dos inteligencias: la lógica-matemática y la lingüística. Es así que en nuestras escuelas, eran bastante promocionados, y sus ganadores compensados, los concursos de matemáticas y de lenguaje. Haciendo sentir al resto de estudiantes, como poco inteligentes o subdesarrollados, y en el peor de los casos, como “burros” e inútiles. Los estudios permitieron observar la existencia de más de dos inteligencias. Para Gardner, son siete (7) inteligencias. A saber: • Inteligencia Cinestésico-Corporal.- Habilidad para emplear el cuerpo en formas diferenciadas y hábiles. • Inteligencia Lingüística.- Habilidad para emocionar, convencer, estimular, transmitir información o complacer mediante el uso de la palabra escrita o hablada. • Inteligencia Lógico-Matemática.- Habilidad para declarar y operar con entidades abstractas, no lingüísticas. • Inteligencia Espacial.- Habilidad para crear y recrear imágenes mentales de hechos reales o irreales. • Inteligencia Inter-Personal.- Habilidad para discriminar entre los individuos a su alrededor y para descubrir sus distintos estados de animo. • Inteligencia Musical.- Habilidad para crear y recrear tonos, timbres y ritmos musicales. • Inteligencia Intra-Personal.- Habilidad para descubrir y simbolizar conjuntos complejos y altamente diferenciados de sentimientos. A parte de estas 7, ya consideradas inteligencias, menciona otras dos que aun no pueden considerarse tales, porque los estudios y observaciones realizados, no satisfacen las exigencias requeridas. Estas dos —posibles futuras— inteligencias son: La naturalista y la del sentido del Yo. Incluso se menciona a una tercera, que sería la inteligencia sexual. Es entendible que surjan inquietudes en torno a cuál de las inteligencias es superior. Los teóricos afirman que ninguna es superior a otra. Todas ellas tienen igual importancia y aportan por igual a la satisfacción de las necesidades de cada individuo, y por ende, puede entenderse que aportan a la satisfacción de las necesidades de la sociedad humana. Sabiendo que la inteligencia humana es indefinible, para cumplir con los requisitos de todo trabajo académico, Gardner, menciona una idea que puede concebirse una noción y más o menos poder guiarnos a la hora de señalar a qué inteligencia o qué inteligencia posee tal o cual individuo. Esta idea sugiere que una inteligencia es la capacidad y habilidad para descubrir, crear, solucionar o superar los obstáculos que interfieren con la subsistencia del individuo, logrando así, satisfacer diversas necesidades. Además, cada individuo tiene las 7 o más inteligencias en su información genética; lo que sucede es que una o más de una —por lo general, más de una—, es la más desarrollada y la que más se manifiesta en su cotidianidad y las múltiples actividades que realiza para satisfacer sus necesidades. A partir de esta teoría, entonces, podemos explicarnos la poca asistencia a este tipo de eventos —literarios—. Pues, las personas que participan, son personas que poseen la inteligencia lingüística. Ello, obviamente, no impide que sujetos con otras inteligencias no acudan a este tipo de eventos. Pero, como mencioné en un inicio, son casos excepcionales. “Toda inteligencia se puede aplicar en un amplio abanico de ámbitos culturales” señala Gardner. Esto es, si la inteligencia lógico-matemática es valiosa en nuestra cultura; en otra, puede tenerse como de segundo orden o quizá de muy poco o nulo valor. Así puede suceder con cada una de las inteligencias mencionadas. Por otro lado, se menciona a la triada “Inteligencia-ámbito-campo”. La primera sugiere a cada individuo con su propio perfil de capacidades y valores; el segundo, los ámbitos para estudiar y dominar algo que existen en una cultura determinada; y tercero, los juicios emitidos por los conocimientos organizados que se consideran como componentes de la cultura determinada. En conclusión, no basta que el individuo posea determinada inteligencia, además, es necesario que la cultura a la cual pertenece, le permita y estimule a utilizar y explotar esa inteligencia, así como, que las autoridades en esa materia en particular, estimen sus actos, esfuerzos, actividades y dedicaciones como acciones valiosas e importantes para la sociedad en la que se insertan. Que el quehacer literario, en comparación a otras actividades, no sea una actividad masiva en nuestra cultura, entonces, no es motivo de preocupación. (Ponencia que presenté en el auditorio del Instituto Nacional de Cultura de la ciudad de Chiclayo, el día 08 de setiembre del 2005, en un evento de literatura regional)

EL VOTO OBLIGATORIO Y LA REPRESENTATIVIDAD POLITICA

La confianza interpersonal sugiere, básicamente, de mi parte una actitud —una apuesta casi a ciegas— de esperar del “otro” una conducta y un comportamiento de no permitir que ninguna acción, de su parte o de un tercero, me perjudique. Asimismo, dar por hecho —por adelantado— actitudes y acciones aun no realizadas y que de seguro, ese “otro”, realizará. Obviamente, en beneficio de ambos y en salvaguarda de una sana convivencia. Hoy en día, sabemos que esta confianza es un factor fundamental en la construcción y permanencia de una sociedad humana. Sin ella, todo programa y contrato social pierde sentido, se resquebraja y da lugar al surgimiento indiscriminado de atractivas utopías que se basan en la intolerancia y el totalitarismo, la mano dura y la ley insensible en aras de una sociedad —no igualitaria, pero— “justa” y despiadada con los “criminales”. Precisamente, la representatividad política, se basa y se sostiene en ellas: confianza y esperanza. Yo, ciudadano con legítimo derecho a elegir —y ser elegido— confío plenamente mi poder, doy mi voto, licencio, autorizo que “fulano” en mi nombre, respete y haga respetar la ley, trabaje y deje trabajar en honor al desarrollo saludable de mi comunidad y al logro de una convivencia pacífica. Confiando en que él, hará —y fomentará— todo ello, le doy mi voto. De lo contrario, me abstengo, no asisto y me niego a delegar mi poder —mi voto— a ninguno de los candidatos que, apelando al factor confianza, han pretendido hasta el hartazgo, persuadirme para ese fin. Descrita la situación en ese tono —nada fácil por cierto—, es necesario en primer lugar, que yo, ciudadano libre e igual —que todos los demás— ante la ley, confíe en aquel que me está ofreciendo hacer cosas que me permitirán satisfacer ciertas expectativas y a la vez facilitarán que las relaciones con mis conciudadanos y semejantes, sea cordiales, fraternas, sinceras y honestas, dignas de toda confianza; y en segundo lugar y entonces, podré confiadamente, darle mi voto. Y esperar, qué duda cabe, que haga todo lo que —me— prometió. Si aquel pretendiente del poder, no logra que confíe en él, entonces, nada ni nadie puede obligarme a delegarle mi poder. Y si decido no hacerlo, tampoco, tengo porque asistir a ningún local de votación, ni siquiera, a votar en blanco o a viciarlo. En nuestro país, el voto en blanco, viciado o nulo (que bordean el 15% de los votos emitidos; mientras que el ausentismo y abstencionismo, el 25% de los electores hábiles), no se les otorga mayor importancia ni interpretaciones, capaces de proponer alternativas de cambio en la legislación electoral vigente. En el peor de los casos, están estereotipados y aureolados con el mito de que “favorecen al ganador”. Así, el elector se ve obligado a votar a favor de cualquier otro candidato, llamado eufemísticamente, el “mal menor”. Ya no porque confía o espera mínimamente algo de él, sino, por “obligación”; por evitar que su voto en blanco o invalidado “beneficie” a cualquier otro advenedizo y sinvergüenza. Concluyendo, la representatividad política en nuestro país, es producto de un “derecho” obligatorio que la ley señala. Por lo tanto, hasta inconsciente, involuntario y sin alternativa a reclamo alguno en caso de decepción, fraude, burla, estafa o desilusión. La “libertad de elección” que debe primar en escoger a mi representante, se ve contaminada por la “obligatoriedad” de asistir al acto mismo de la elección —de todas maneras ir a votar— y escoger a cualquiera de las alternativas en competencia, aunque ninguna de ellas me resulte o me haya convencido —y ganado mi confianza— para merecer tan alto honor, legítimo por cierto. El voto obligatorio, en esa óptica, no garantiza ningún tipo de legitimidad. (Artículo que publiqué en la página editorial del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo, el día 09 de abril de 2005)

PADRES DE LA PLATA… Y DE LA LEY

Ante una crisis importada que ha producido más que una jaqueca y pesadillas, más a los gobernantes que a los gobernados (será porque estos, ya perdieron toda esperanza de algún día llegar a vivir “bien”), y ante la repentina y fugaz arremetida de un maldito virus que en nuestro país, nos ha resultado bastante difícil identificarlo con certeza, y no porque sea foráneo —ni mucho menos, norteamericano, amén que ya el Premier Yehude Simon ha sentenciado que en nuestro país, ahora, no hay espacio para las alternativas antisistema, que dado el desenfreno del neoliberalismo, se puede leer “antinorteamericana”—, sino porque no contamos con la tecnología respectiva, según lo señaló nuestro Ministro de Salud, Oscar Ugarte; nuestros bendecidos “Padres de la Plata”, perdón, “De la Patria”, sigilosos ellos y ellas —¡viva la equidad de género!—, se les ha ocurrido la acertada idea de solicitar vales de gasolina, alquiler de vehículos y pasajes aéreos (hasta un monto de 2,280 nuevos soles), para ser utilizados en sus viajes de trabajo a provincias, como sumas adicionales a las ya percibidas por ley. Frente a este tino parlamentario (muy reservado, por supuesto), a alguien se le ocurriría divagar, que jamás una patria con tantos padres, ha padecido tantas miserias; como que no cabría en el pensamiento de antaño, que el pueblo, el soberano, la fuente del poder político, necesite de un Defensor para hacer prevalecer sus derechos. Pero estas decisiones congresales, han sido tomadas con cabeza bastante fría; si pues, nuestra Contraloría está acéfala, esto es, es una Contraloría que no controla, o que no puede hacerlo como sí, cuando tiene la cabeza bien puesta. A veces resulta muy poco grato utilizar el sustantivo “Otorongo”, pero escuchando al congresista Eduardo Espinoza, Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, referirse en una entrevista radial a que dichos montos no son tan “jugosos”, uno se detiene a pensar, y no encuentra otra alternativa. Además, han declarado que sólo están cumpliendo la ley; empero, el congresista Isaac Meckler, lo ha considerado una mezquindad. Hace poco nos enteramos de la subida de las tarifas eléctricas (2,8% en promedio a nivel nacional, a partir del 1 de mayo, y con la complacencia de Osinergmin), y del impuesto a las transacciones con tarjetas de crédito y débito (gran idea de la SUNAT, como respuesta a la alta evasión de impuestos por parte de nuestros creativos empresarios, aunque su representante, Manuel Velarde Dellepiane, haya señalado que es una medida para recabar información, y no, para aumentar la recaudación de impuestos), y quizás, dentro de poco, nos demos por enterados de la creación de un nuevo impuesto, al ejercicio de pensar por ejemplo, aunque muchos de nuestros líderes políticos y empresariales, resulten exonerados. Y como son los padres de la patria y de la plata (y por ende, de la ley), en este país, o como dirían algunos, son “los reyes de la salsa”, pueden permitirse obviar algunas de sus importantes funciones. Por ejemplo, dejar de fiscalizar las labores de ese otro titán del Estado, el Ejecutivo. Resulta que, e irónicamente ha pasado desapercibido entre tanto pánico porcino, nueva televisión digital, CTS adelantadas, sacerdotes amorosos, y cifras de aprobación presidencial, se ha postergado —no sabemos hasta cuándo— la fecha de la realización del Referéndum Nacional para la aprobación o desaprobación del “Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los Trabajadores que Contribuyeron al Mismo”, convocado en un primer momento, para el día domingo 3 de mayo del presente año, mediante Resolución Nº 331-2008-JNE (publicada el 18 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano). Vale la pena recordar que es atribución del Congreso, “Velar por el respeto de la Constitución y las leyes” (Art. 102, CPP); y del Ejecutivo, “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales” (Art. 118; CPP). Éste, no ha cumplido; y aquel, en su labor fiscalizadora, el sentido común nos indica, que alguna disposición o alguna labor le correspondió (le corresponde) hacer; pero hasta el momento, están tan ocupados en definir la pertinencia o no de los cuestionados vales adicionales que han solicitado. En su visión, el congresista Cesar Zumaeta, opina que serán descontados de sus ingresos mensuales, y los vales que no han sido utilizados (en su caso, menos del 10% de los solicitados en el mes de abril), serían devueltos. El Jurado Nacional de Elecciones, emite resoluciones que “… son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno” (Art. 181; CPP), y su resolución Nº 331-2008-JNE, está siendo desacatada por un Ejecutivo (por un Ministerio de Economía y Finanzas, para ser más precisos), de una manera olímpica y descarada. Pertinentemente, los organismos que conforman el sistema electoral peruano, han emitido un comunicado conjunto en el cual justifican la “necesaria postergación” del referéndum, porque el MEF “no ha otorgado” el presupuesto solicitado. El Premier Yehude, señaló que la realización del referido referéndum constituiría un gasto inútil para el fisco, y que ese dinero (más de 150 millones de nuevos soles, según presupuesto elaborado y solicitado por el JNE) podría ser utilizado en otras necesidades que diversas localidades de nuestra patria demandan. En consecuencia, las leyes deben cumplirse, no porque deben cumplirse, sino, porque constituyen o no una prioridad cumplirlas. A la par con esas declaraciones, el Ministro de Vivienda Enrique Cornejo, ha sostenido en su momento que ese dinero puede servir para la construcción de miles de casas para las familias más necesitadas. Entonces, por necesidad, también es permitido no cumplir una ley, y “no pasa nada” como dirían los muchachos de ahora. En respuesta, ante tamaño atropello, la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), está promoviendo la vacancia del Jefe de Estado —a quien consideran un gobernante “antisistema”, según declaraciones de su representante Andrés Alcántara—, presentando un proyecto de ley que considera como una causal más de la vacancia presidencial, el incumplimiento de un referéndum. Esta solicitud ha sido vista con buenos ojos por Ollanta Humala, pero para el Premier Yehude, es una pose que sólo busca “tener portadas”. No olvidemos que los congresistas percibían una remuneración de 6 URSP (equivalente a 15,600 nuevos soles, fijada por el DU Nº 019-2006), hasta que el 7 de octubre del 2008, se incorporaron sus gastos operativos, modificando el inciso “f” del artículo 22 de su Reglamento respectivo (mediante RL N° 003-2008-CR), que ellos y ellas eufemísticamente llamaron “asignaciones por el desempeño de la función congresal”, que ascendían a la suma de S/.7,617.20 mensuales (el 70% de los cuales lo pueden rendir solamente presentando una simple declaración jurada), ascendiendo sus ingresos brutos a S/. 23,217.20 mensuales, que quitándole los impuestos de ley y sumándole no sé qué otras cosas más, queda en un poquito más de 22 mil nuevos soles por mes de arduo trabajo a favor de todos los peruanos y peruanas. No dudamos que se trata por el bien de la unidad nacional contra la crisis externa. (Artículo que publiqué en la página política del Suplementro DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA de Chiclayo, el día domingo 10 de mayo de 2009)

EL DIFÍCIL TRANCE DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

(Extracto de ensayo inédito) La democracia nos genera un conjunto heterogéneo de figuras e imágenes, cuando pretendemos construir una definición que la describa de cuerpo entero, y nos permita a la vez, entenderla y tratarla, a fin de preservarla saludable; cuanto más, debido a su complejidad y a las transformaciones que ha sufrido, nos complica la vida nuestro afán por pretender definir todo aquello que sugiere e insinúa el mecanismo de la “representación política”, que viene a ser, sino, la esencia y la energía que da vigor a la democracia representativa. No obstante, la advertencia de un autor español, cuando señala que “intentar conjugar representación con democracia ha sido la causa de la crisis de aquella”(1). Si la democracia puede entenderse como un conjunto de mecanismos para la institucionalización de los conflictos (DEGREGORI, 2004), o una competencia por el poder entre partidos políticos (GUIDDENS, 2000)(2), por lo tanto, sólo es posible gracias a la actuación de estos –partidos– sobre la voluntad colectiva (KELSEN, 1977); entonces, democracia es cualquier régimen que elige a sus gobernantes mediante elecciones libres y no fraudulentas o simplemente es todo lo contrario de autocracia (SARTORI, 2003), pero sucede que los ciudadanos y ciudadanas han sido reducidos al simple papel de electores y ya no se sienten representados ni representadas, lo que conlleva a que la democracia vaya más allá de las simple participación e implique una lucha de unos sujetos, en su cultura y su libertad, contra la lógica dominadora de los sistemas (TOURAINE, 1995). Pero también puede concebirse como un conjunto de normas que dan forma a la relación entre gobernados y gobernantes, donde estos necesariamente deberán ser investidos como tales gracias a una participación mayoritaria en elecciones que respondan a los principios de transparencia y libertad (BOBBIO, 9999); ello hace de la democracia, una red compleja de estructuras y procesos que descansa sobre la premisa de una participación existente, independientemente de su grado o intensidad (NOHLEN, 2004). Si continuáramos citando las definiciones e ideas de la democracia como mecanismo que regula la convivencia humana, en la actualidad, las páginas del presente ensayo se multiplicarían escandalosamente, y aun así, no agotaríamos el asunto. Intuimos pues, que la democracia es una y muchas otras cosas a la vez, dependiendo del contexto cultural y sociopolítico donde se asiente o pretenda acoplarse. Entonces, si la representación política se deriva y responde a ella, es lógico que todo intento por construirle una definición aceptable y consensuada, implique grandes dificultades, acaso con la promesa de al finalizar los debates, volvamos a cero, y con las baterías descargadas. No obstante, al recorrer su historia y evolución, encontramos algunas características que le son propias, y algunos elementos o factores observables en sus diversas manifestaciones en la realidad empírica, lo que podría ayudarnos a ponernos de acuerdo en la tarea –tediosa, muchas veces- de concertar una idea –más o menos, aceptable– de lo que realmente es, o quizás, de cómo quisiéramos que sea. Estaremos de acuerdo en que tres son los factores que dan cuerpo a la representación política. Las elecciones, es uno de ellos; el rol de los representantes, otro, y un tercer factor sería el control al cual estarían sometidos aquellos por parte de los representados(3). Estos a su vez, expresarían la presencia de dos requisitos indispensables de la representación: La representatividad (que implica el carácter electivo de los representantes, por lo tanto responde al cómo son elegidos, para qué y hasta qué tiempo usufructuarían –con las limitaciones que sugeriría el término– la representación, y la responsabilidad (que descansa sobre los mecanismos de control que ejercerían los representados, lo que tiene que ver con la vigilancia a la que estarían sometidos durante el ejercicio de la representación, y respondería al qué han hecho o qué están haciendo, y si deberían o no continuar haciéndolo, incluso, yendo un poco más allá, insinuarían o demandarían un sanción en caso ciertos actos hayan resentido la voluntad e intereses de los representados). Aparece también, otro término que para nuestra lengua es nuevo y hasta de difícil traducción: Responsividad. Los autores(4) que lo utilizan, lo hacen diferenciándolo de responsabilidad. Ésta alude a que el representante tienen que dar cuenta de su actos a quienes representa; y aquella, aunque de por sí, su traducción a nuestra lengua, es ya complicada, podría querer decir “gobierno respondiente”, algo así como que el representante debe satisfacer a sus representados, sin necesidad que estos se valgan de mecanismos de control. Y para un mejor entendimiento de lo que significa o quiere decir, EULAU y KARPS(5), lo descomponen en cuatro elementos esenciales: 1) responsividad política, que sugiere una congruencia, o lo que nosotros llamaríamos una permanente retroalimentación, entre representante y representados; 2) responsividad por servicios, que señala las acciones de tipo no representativo que debe llevar a cabo el representante, como por ejemplo, generar beneficios o ventajas para un determinado estrato de sus representados; 3) responsividad por distribución, si el anterior hace referencia a servicios y beneficios para un determinado grupo de los representados, ésta se refiere a beneficios generales para todos los representados, que debe proveer el representante; y 4) la responsividad simbólica, no es sino, el grado de confianza que debe ganarse el representante para mantener el apoyo que desde un inicio obtuvo de sus representados, para ello es necesario que realice algunas acciones de tipo simbólico. Aun así, el término responsividad, siendo de difícil traducción y definición, parece prestarnos ayuda en el camino de entender fenómeno tan complejo (la representación política) y, hoy más que nunca, tan importante y crucial para continuar concibiendo a la democracia representativa, como una alternativa que no encuentra competencia, por lo menos, y a decir de otros estudiosos (y que en cierta manera nos complace a todos aquellos que nos aferramos a los principios de libertad, igualdad y fraternidad), desde el desplome sucedido en la ciudad de Berlín. En cuanto a las elecciones, como veremos más adelante, se ajustarían a determinados requisitos mínimos de tal manera que otorguen a la condición de “representante” aquello que denominamos “legitimidad”. Dentro de las incontables definiciones de este término, consideramos pertinente la siguiente: “… Capacidad de un sistema político para engendrar y mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son las mejores del mundo… o que, si bien no son particularmente buenas, no hay otras mejores”(6). La legitimidad descansa entonces, en un factor subjetivo. Confianza. Definirla no implica mayores complicaciones, como sí, medirla. Nuestra democracia representativa, tiene un gran desafío; mas aún, si el contexto en el cual opera se caracteriza por profundas inequidades, desigualdades e injusticias ancestrales e históricas. Lograr que la gente confíe en ella, que exprese aceptación, conformidad y satisfacción porque observa y siente que sus necesidades son atendidas y sus problemas solucionados; es la gran tarea de nuestra democracia representativa. Pero necesita del auxilio de la propia gente, que a cualquier costo y frente a otras alternativas, la prefieran a ella. Respecto al rol que asumirían los representantes como tales, implica el reconocimiento y aceptación de los mecanismos que –por decirlo de alguna manera– encuadrarían sus acciones, delimitando sus funciones y fines. Pero estos roles tienen que cumplir con el requisito de responsabilidad, ante los representados; estos es, rendir cuentas. Lo que nos lleva directamente al acto de control que los representados someterían a sus representantes. Como escribe Pitkin, “lo que define a la representación es la responsabilidad ante el gobernado”(7). Pero respecto a este control ejercido por los representados hacia sus representantes, que aparece junto con la “nueva corriente democrático-participativa que surge en el contexto occidental de los años sesenta”(8), se discute si tiene que ser en el momento electoral –nace y muere con, y en el sufragio– o interelectoral –periodo comprendido entre elección y elección–. Dentro de este factor, el control, estarían comprendidas las consultas populares de revocatoria que, en nuestro país, se vienen realizando desde el año 1997, hasta la sexta que se ha realizado en diciembre del presente año, para destituir de sus cargos a no muy pocas autoridades municipales. Pero también, además de su corta historia que presenta matices y resultados diversos, invita a un debate y una reflexión en cuanto a definir sí realmente expresa, dentro de la participación ciudadana, una sincera voluntad de mejorar las relaciones entre representados y representantes, de cara al cumplimiento de objetivos en pro del bienestar general (obviamente, delimitado en una determinada circunscripción territorial), o simplemente, obedece a otros criterios e intereses, alejados totalmente de una sana voluntad en bien de la democracia. Precisamente, en torno a las consultas populares de revocatoria del mandato de autoridades municipales(9), girará el tratamiento y desarrollo del presente ensayo, y básicamente, la participación electoral implicada en las diversas convocatorias y los móviles –que desde un primer momento, hacen suyos los promotores y otros actores implicados– que hacen posible su realización. Y dado que la participación electoral es un fenómeno fundamental que sostiene al edificio de la democracia representativa –aun sabiendo que la representación política no necesariamente nace de un proceso electoral–, será tratada también, comparativamente, el comportamiento que ha mostrado en los otros procesos electorales realizados en nuestro periodo de estudio. Nohlen, escribe que es necesario “una alta concurrencia del soberano, el pueblo, al acto electoral”(10) para que la democracia pueda cumplir con las expectativas que se han generado en torno a ella. Aun, cuando los factores limitantes de la participación difícilmente pueden ser señalados con certeza, aquella puede emplearse para medir el desempeño de los organismos electorales. Pero no sólo se trata de encontrar y explicar las causas que condicionan o limitan la participación electoral, se trata también de explicar la influencia de ella, o el papel que juega frente a la “legitimidad” que necesitan adquirir las opciones ganadoras, en un determinado proceso electoral. En nuestro país, la participación electoral gira en torno a porcentajes entre 74 y 90% en las elecciones presidenciales; y entre 64 y 84 por ciento en las elecciones regionales(11) y municipales; porcentajes que se repiten en las consultas populares de revocatoria. A excepción de las elecciones regionales y municipales del año 2006, en las cuales la participación electoral alcanzó el 87%, y en las elecciones municipales del año 2007, que sólo se realizó en dos distritos recién creados(12), donde el 92 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral, asistió a emitir su voto. Observamos también que en las elecciones municipales complementarias(13), aquellas que se realizan en las circunscripciones donde se anulan las elecciones municipales, y en aquellas donde sus autoridades han sido revocadas mediante consulta popular; la participación electoral se eleva, en relación a las elecciones municipales, que podemos llamar “ordinarias”. Ello, no necesariamente implica que los representantes elegidos mediante elecciones municipales complementarias, posean mayor legitimidad que aquellos elegidos en elecciones municipales –ordinarias–; sobre todo cuando contrastamos los datos estadísticos con los observados en las consultas populares de revocatoria, a las cuales responde. En los otros procesos electorales, como los referéndum de los años 1993 y 2005 (para aprobar la nueva Constitución Política, el primero; y para la integración y conformación de regiones, el segundo), al igual que el proceso para elegir al Congreso Constituyente Democrático (realizado en noviembre del año 1992), los porcentajes de participación electoral no difieren mucho de los observados en los comicios generales anteriormente mencionados. La participación electoral, entonces, porcentualmente, difiere entre un proceso electoral y otro, de acuerdo a la magnitud o dimensión que expresa (nacional, regional, local o de consulta). A primera vista, puede suponerse que el electorado asiste al sufragio de acuerdo al nivel de importancia que él mismo otorga al proceso electoral en el cual, decide o no, participar. No obstante, medir e identificar el grado o nivel de esta importancia concedida, resulta una tarea que nos remite al uso de métodos de mayor precisión, y aún así, dada las complejidades de la subjetividad humana, los resultados obtenidos pueden no ser el reflejo exacto del fenómeno. NOTAS: 1. Ángel RODRÍGUEZ DÍAZ; “Un marco para el análisis de la representación política en los sistemas democráticos”. En: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Nº 58; octubre-diciembre 1987 2. Aunque luego admite que definirla, es una cuestión espinosa. 3. Es un tema bastante tratado por diversos autores, como Ángel RODRÍGUEZ DÍAZ (1987) y Francisco J. LAPORTA (1989), por ejemplo, pero tomando como base la obra “Los conceptos de representación” de Hanna PITKIN, publicada por primera vez en el año 1967 por el Centro de Estudios Constitucionales, en Madrid. La obra de esta autora, al parecer, constituye uno de los pilares teóricos de toda una gama de postulados que tratan sobre la representación política. 4. Ángel RODRÍGUEZ DÍAZ; Op. Cit. 5. Citados por Ángel RODRÍGUEZ DÍAZ; Op. Cit. 6. Carlos OLLERO. “El sistema representativo”; Conferencia pronunciada el 1 de marzo de 1961 dentro del ciclo de Experiencias políticas del mundo actual, organizado por el Instituto de Estudios Políticos durante el curso 1960-61. En: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Web site: http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/2/REP_119_061.pdf 7. Hanna PITKIN; citada por Angel RODRÍGUEZ DIAZ; Op. Cit. 8. Ángel RODRÍGUEZ DÍAZ; Op. Cit. 9. Es el nombre oficial que las diversas resoluciones de convocatoria, expresan. Hasta la fecha, no se han realizado aún, consultas populares para revocar mandatos de autoridades regionales. Aunque sí, en varias circunscripciones se han presentado las solicitudes respectivas. 10. Dieter NOHLEN; “La participación electoral como objeto de estudio”. En: Revista Elecciones Nº 03; pp. 137-157; ONPE; Lima, julio de 2004. 11. Hasta la fecha se han realizado dos elecciones regionales, en los años 2002 y 2006. Aun, realizándose simultáneamente con las elecciones municipales de esos años, la diferencia entre una y otra, es que en las regionales no participan los electores de la provincia de Lima. Y en estas elecciones, la participación alcanzó el 83% y el 87%, en el primer y segundo proceso respectivamente. Marcada diferencia con la participación electoral observada en las elecciones municipales, incluso, las realizadas simultáneamente. 12. Canoas de Punta Sal (de la provincia de Contralmirante Villar, en el departamento de Tumbes), y Manantay (provincia Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali). 13. En nuestro periodo de estudio se han realizado 07 procesos electorales de esta naturaleza, en el año 1996 (la primera), 1999 y en los años del 2003 al 2007.