EL ESTADO NO MIEDOSO

Después de los esfuerzos invertidos —suponemos que se ha esforzado—, el Premier Yehude al presentarse a dialogar con los campesinos en la sierra centro y con los nativos en la región nororiental, y lograr algunos acuerdos que facilitaron el cese de las protestas —o un periodo de tregua— y de sus medidas que perturbaron a todo el país, declara que lo importante es tener en cuenta que ahora la gente sabe que el Estado no tiene miedo. Podría haber sido producto de la fatiga y de la frustración de enfrentarse a una posible censura —obviamente, en medio de todo este embrollo, algo capaz de llamar la atención pública tendrían que hacer nuestros congresistas—, Yehude ha dejado entrever que “gobernar” es sinónimo de “fuerza”, y que, legislar, es sinónimo de “imposición”. No consultar a la ciudadanía, elaborar y decretar leyes al amparo de la oscuridad de la noche o en el silencio de los difícilmente penetrables cubiles y oficinas gubernamentales, como si quienes han recibido el encargo —sí, el encargo— supremo de representarnos políticamente —sólo políticamente, es necesario aclararlo y recodarlo siempre— tuvieran el privilegio, la facultad o la bendición divina de ser “intelectualmente” superiores a todos los representados y gobernados. Que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, expresen su desacuerdo y protesten en contra de la aprobación inconsulta de leyes que consideran nocivas a sus intereses, es interpretado por algunos gobernantes, como el indicador que nos advierte de la presencia de extremistas y extranjeros que lo único que quieren es obstaculizar el “buen” gobierno en el país. No pueden entender que la democracia, el régimen que tanto defienden y “promueven”, implica ello. Democracia como sinónimo de participación ciudadana. La ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas —habrá que recordarle a nuestro Jefe de Estado, así sean de primera, de segunda o de tercera clase—, es la llamada a participar activamente en la administración de la cosa pública. Ciudadanía, no sólo implica asistir y participar en los actos electorales, y sólo para elegir a los pretendientes a la representación política o para decidir si una determinada autoridad política, continúa o no en el cargo. Ciudadanía, es un ejercicio que nos propone un amplio espacio donde las oportunidades de intervenir en la toma de las decisiones políticas, son infinitas. Incluso, la omisión al sufragio y la inasistencia a los actos electorales, forman parte también del libre ejercicio de la ciudadanía. Mucho más en este país, donde las alternativas ideológico-políticas en competencia, a veces, ninguna de ellas, representan opciones que nos convencen, porque no nos satisfacen, no responden a nuestras demandas e intereses, o simplemente, porque no nos agradan. Además, el Presidente actual, considera que la concepción de desarrollo que él maneja, es la única que existe en el mundo, o es la única que merece ser considerada porque es la única que nos garantiza alcanzar los picos estándar de crecimiento y desarrollo. Y no es capaz de entender que pueden existir otras concepciones que son tan válidas —e incluso, tan eficientes y satisfactorias— como él considera a la suya. Otra de las creencias promovidas y predicadas religiosamente, y no sólo por el actual gobierno —sus antecesores, hicieron lo mismo—, es aquella que nos vende la idea —casi sagrada e inobjetable— que sólo la inversión privada, y si es extranjera, mucho mejor, solucionará todos nuestros problemas que nos acercan al colapso nacional, porque sospechamos que cada año, nos aproximamos a una situación de ingobernabilidad crítica. Que el Estado, ahora más que antes, se vea en la obligación de autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas para reestablecer y garantizar el llamado “orden público”, porque la intervención de la Policía Nacional deja de ser eficiente, nos indica las grandes dificultades que las labores gubernamentales enfrentan para sostener aquello que conocemos como “gobernabilidad”, fenómeno que precede a la “gobernanza”. Entendida, en pocas palabras, como la buena salud del gobierno. O como las armónicas relaciones entre los gobernantes y los gobernados. La desesperación gubernamental —básicamente, del Ejecutivo— por aprobar y poner en ejecución medidas legislativas que responden a los acuerdos suscritos en el TLC con EE.UU., y obviar la consulta ciudadana o también llamada “licencia social”, puede indicar el temor del Gobierno hacia el no logro de los indicadores que el jefe de Estado señaló en su primer mensaje a la nación al asumir el mando, de cara a los dos años que resta de su periodo. Indicadores de pobreza y extrema pobreza, desempleo, desnutrición infantil, etc. Ello, porque se ha creído y se ha entendido al TLC con los Estados Unidos, como el remedio para todos nuestros males; amén, que muchos de ellos, los venimos padeciendo desde décadas atrás. Hay otro discurso repetitivo que el Ejecutivo no ha dejado de lanzarlo y utilizarlo como un escudo ante los cuestionamientos a sus actitudes desesperadas que ya han generado hechos lamentables y dolorosos. Que los recursos de nuestra patria, no son de propiedad exclusiva de un grupo de peruanos y peruanas —ciudadanos de segunda clase, fueron llamados—, sino, pertenecen a toda la nación. Precisamente, toda la nación tampoco ha sido consultada sobre la aprobación o no de las medidas legislativas que, después de tanto desatino, han sido derogadas. Porque la nación —en nuestro caso, las naciones— es la legítima propietaria de todo lo que existe en nuestra área geográfica; no es el Estado. El Estado no es dueño de nada, absolutamente de nada. Es tan sólo un administrador encargado de dar un uso razonable —que frasecita tan simpática— a los recursos de la patria, de acuerdo a los intereses y necesidades nacionales —otra frasecita igualmente simpática; además, suena bonito—. El Estado, los gobernantes y representantes políticos, se justifican por la existencia y por la voluntad, (sugerencias, solicitudes, demandas y exigencias) de los gobernados y representados. Fuera de ello, adquiere una naturaleza absurda. Y cuando el Estado adquiere ésta cualidad, se enfrenta a la alterativa de convertirse en un ente autoritario, dictatorial, abusivo y criminal. El Leviatán de Hobbes, muestra su rostro real. Entonces, no se trata que los gobernantes utilicen los recursos de la patria —de todos los ciudadanos y ciudadanas— tan sólo para demostrar que no tienen miedo. Que son valientes, que son fuertes. Que son “sabios” y, por lo tanto, tienen la panacea en sus manos y lo único que necesitan es un salvoconducto para gobernar sin obstáculos ni cuestionamientos. Estas actitudes constituyen una trampa mortal para la democracia porque nos conducen al autoritarismo. Esa otra peste, al igual que la corrupción, que cual infección viral, perturba la sana convivencia social, y la envilece. Se trata que nuestros gobernantes, ejerciten esa cualidad tan humana como sabia: Escuchar a los otros. Aunque Rousseau, nos haya advertido hace un par de siglos, que la democracia no es fruto que crece en todos los climas, esforcémonos en escucharnos recíprocamente. Nuestra democracia, lo exige… y lo necesita.

SOCIEDAD CIVIL, SOCIEDAD POLÍTICA

Al margen de los debates académicos que podrían generar ciertas categorías sociológicas que hacen referencia a los componentes de la sociedad humana de nuestro tiempo, no podemos negar la necesidad de separar a cada uno de los elementos que la reflejan como una compleja heterogeneidad, y describirlos por separado para siquiera tener una idea de lo que realmente sucede y por qué suceden esos infinitos cambios que observamos y vivenciamos, capaces de trastocar toda nuestra cotidianidad. Sociedad civil y sociedad política, son algunas de esas categorías sociológicas creadas —con estricto interés académico— para a partir de ellas, entender e interpretar las relaciones que se tejen entre una y otra, diariamente, desde el primer momento en que un hombre buscó imponerse —y dominar— a otros. Y quizás, luego, pretender sugerir mecanismos y estrategias que ofrezcan una mejora en esas relaciones a fin de contribuir a la forja de una sociedad humana digna de ser defendida, promovida y reproducida. Actualmente, tenemos muchos motivos para involucrarnos en esa tarea poco atractiva, harto compleja y muy poco entendida y valorada. Sociedad civil y sociedad política, actúan como si pertenecieran a mundos distintos y nada complementarios. Ese divorcio —como lo llamamos los sociólogos— entre estas sociedades, es ya insostenible. Si continuaran así las cosas, podemos vislumbrar la llegada de un mundo caótico e ingobernable, donde todos, obviamente, perderíamos más de lo ahora podemos imaginar. La sociedad de nuestro tiempo —nuestro país, específicamente— exige un reordenamiento que facilite la emergencia de un tejido social, heterogéneo pero viable, donde participen todos los grupos sociales, incluso, facilite, la emergencia de otros nuevos. Sin duda alguna, nos referimos a las relaciones que bordean toda estructura de poder. Cómo este se distribuye y cómo se ejerce, cómo se sostiene y cómo es capaz de crear nuevas alternativas que promuevan la inclusión de todos los grupos sociales. Es una utopía, es una retórica, claro que si. Sin embargo, mientras no logremos consensuar el uso de un mismo lenguaje, nuestros intentos por mejorar las relaciones entre los diversos y hasta contradictorios grupos sociales, podrían ser sólo eso: intentos. Y hablar de sociedad civil y sociedad política, estamos, sino, hablando de gobernados y gobernantes. A pesar de la idea sembrada en nuestros pensamientos de que el poder emana de los gobernados, ninguno de los actos de los gobernantes reflejan esa idea. Pareciera que ellos y ellas, los gobernantes —léase: sociedad política; estén o no, ejerciendo el gobierno de turno— tienen y manejan otras y muy diferentes categorías sociológicas, que nada tienen que ver con los intereses y anhelos de los otros tantos grupos sociales gobernados. El abismo entre una y otra sociedad, básicamente, tiende a ensancharse y amenaza permanecer así por mucho tiempo más. Surgen, entonces, fantasmas que teníamos por extinguidos. Fantasmas que suponen un reordenamiento sociopolítico donde prevalezca la voluntad, la fuerza y el poder de unos cuantos “superhombres”, dotados de un don especial y “elegidos” por la historia y los dioses para tan titánica tarea: Gobernar. Sociedad civil y sociedad política, podemos concluir, son las dos caras de una misma moneda. Efectivamente, entre una y otra, existen otras sociedades o grupos humanos con distintos intereses y anhelos, pero dada la pertenencia innegable al género humano, necesitan un espacio que permita el intercambio y la reciprocidad, es decir, necesitan constituirse en elementos de esa complementariedad que tanta falta nos hace. Necesitan incluirse en el entramado social —sin poner en riesgo sus identidades, por supuesto— y obtener el reconocimiento social que merecen.

GOBERNANTES, GOBERNADOS

Señalar que la contradicción mayor en la sociedad actual se da entre ricos y pobres, es una teoría que revela inconsistencias innegables. Peor aun si se expresa que los pobres son el producto del egoísmo y la desmedida ambición de los ricos, entonces, la solución sería buscar una nuevo modelo de sociedad en la que los ricos, o desaparecen, o se reducen a una mínima expresión excluidos de toda cercanía con el poder o simplemente se empobrecen. Quienes sostienen semejantes teorías, dejan entrever que más fácil es acabar con los ricos —porque son la minoría— que hacerlo con los pobres —una gigantesca masa difícil de instruir y de prepararla para que transforme sus condiciones materiales, mejorándolas—. Evidentemente, en aras de la emergencia de una sociedad humana igualitaria, libre y con justicia social. En mi perspectiva, la contradicción mayor en nuestra sociedad, está dada por los papeles que asumen los gobernantes y los gobernados. No podemos afirmar que los gobernantes son todos los ricos y que los pobres son sólo —y siempre— los gobernados. Difícilmente podemos utilizar la clásica teoría de las clases sociales para graficar, en ese sentido, lógica y convincentemente la realidad actual. Si observamos a quienes integran nuestro Poder Legislativo, por ejemplo —uno de los principales elementos constituyentes de ese bloque que denominamos: “gobernantes”—, detectamos compatriotas que nada tienen de “ricos” ni de burgueses. A lo mucho, provienen de una clase media provinciana y proletarizada, y hasta los hay, proletarios y pequeños burgueses empobrecidos y también excluidos de la estructura económica dominante en el país y en el mundo. Y ello, por querer utilizar caprichosamente, esas categorías clásicas y desfasadas, que han sido calcadas bastante bien por muchos de nuestros intelectuales y académicos y no pocos de ellos, se resisten a reconceptualizarlas. Gobernantes y gobernados, conforman esos dos bloques que revelan relaciones contradictorias y que han hecho de la sociedad actual, y de nuestro país, una sociedad conflictiva y difícilmente gobernable. Gobernantes y gobernados (sumatorias de papeles sociales intercambiables y legitimados por la costumbre y las leyes, y que se materializan en un sinnúmero de relaciones de poder) revelan en cada uno de los seres humanos involucrados, tendencias y actitudes que en otras circunstancias, no creeríamos. Frente a ese panorama, surgen tentativas académicas e intelectuales que pretenden explicar, desde otros enfoques y utilizando otras categorías, esa compleja y ardiente realidad, colmada de problemas sin soluciones y que nos están acercando a una fatalidad inevitable. (Los unos, consideran a los otros, una sarta de ambiciosos, ladrones e ineptos; mientras que estos a los unos, una insoportable masa de llorones, desgraciados y estúpidos, que tienen que esperar —si es que tienen suerte y ciertas “habilidades”— su turno para que “gocen” del poder y dejen de incomodar y entorpecer el “arte del buen gobierno”) Entonces, gobernantes y gobernados, de pronto resulta una irreconciliable disociación de bloques totalmente definidos y diferentes, hasta en su manera de concebir la sociedad humana y las relaciones que en ella se tejen, día a día. Y hasta ahora hemos presenciado la inutilidad que representa la creación de más leyes que pretendan reglamentar la convivencia entre los unos y los otros. Pero no sólo entre ellos se dan insalvables contradicciones, también al interior de cada uno de los bloques. Pero ello, es un asunto aparte. El hecho es que los gobernantes, reciben en sus manos la enorme responsabilidad de regular la convivencia general entre los diversos grupos humanos, y no sólo por la voluntad general de los gobernados, sino, porque ellos —los gobernantes— lo solicitan, suplican, limosnean, mendigan y exigen en sus ostentosas, patéticas y hasta ridículas campañas proselitistas, periódicamente.

EL PERÚ SE CORTA LAS VENAS

“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”, dice el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General, el 13 de setiembre del año 2007. Y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en su artículo 6 dispone que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Nuestra CPP, en el artículo 89, también contempla que las Comunidades Campesinas y Nativas “son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras”, además que “el Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas”. No cabe duda que esta vez, una decisión política equivocada ha sido la génesis de la sanguinolencia en la selva peruana. Pero en la visión del Presidente Alan García y del Premier Yehude Simon, la “desinformación”, en complicidad con caudillos no democráticos y con intereses foráneos que no quieren el desarrollo del Perú, han sido los grandes responsables de la masacre fratricida que ahora lamentamos. “Tener el anhelo y una vocación de paz no puede significar debilidad” dijo el Ministro de Defensa, después de los hechos que ensangrentaron el nororiente peruano, por ello el Estado “tiene que recurrir a todos los instrumentos constitucionales y legales que le son permitidos” para obtener la tranquilidad que todos queremos, sentenció. Indudablemente, las muertes acaecidas han producido el mismo profundo dolor en las familias afectadas. Peruanos y peruanas, sin discriminar su color de piel o su idioma materno o su concepción del mundo, han sido igualmente golpeadas y experimentan un dolor que quiebra toda fortaleza. Con uniforme o sin él, toda muerte es lamentable y amerita una investigación seria que determine a los responsables y culpables, a quienes ineludiblemente les toca enfrentarse a la ley y a la justicia. Son muchos los factores que están en juego y muchas las lecturas que podemos construir sobre esta desgracia que ha enlutado, por qué no decirlo, a todo el país. Y toda lectura responderá al grado de participación del observador, a la información que posea sobre los hechos, al perfil ideológico partidario que sostenga o a los intereses que defienda, y cómo no, también intervienen la capacidad de análisis que se tenga o los instrumentos de observación que se utilicen. Las comunidades nativas, se declararon en insurgencia, exigiendo la derogatoria de una norma legislativa decretada inconsultamente. El bendito D.L. 1090 fue declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución de Congreso de la República (el día martes 19 de mayo), y sólo estaba a la espera de su derogatoria por el Pleno. Los congresistas se empecinaron en conflictos casi domésticos que obstaculizaron tomar la decisión final al respecto, mientras que las poblaciones amazónicas permanecían en huelga durante más de cuarenta días, exigiendo la celeridad del caso. (El DL Nº 1090, fue aprobado el 27 de junio del año 2008, y luego fue modificado por la ley 29317, publicada el 14 de enero del presente año). Fue necesario más de medio centenar de cadáveres, para suspenderlo temporalmente, junto al DL Nº 1064. Decretos que para Beatriz Merino, no respetaban la identidad cultural de los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo también se manifestó sobre el decreto legislativo —que en un principio era cuestionado, y ahora, es cuestionado, repudiado y sangriento—, y se inclinó por su naturaleza anticonstitucional. No obstante, días atrás, la Defensora expresó su desacuerdo con el llamado a la insurgencia de los pueblos amazónicos que hiciera Alberto Pizango, porque no hay razones para ello; asimismo, invocó a las fuerzas armadas a que usen su poder respetando los derechos humanos, y exhortó al gobierno a que atienda las demandas de las poblaciones nativas. Al parecer, no fue escuchada. Este es un país de múltiples rostros. Múltiples miradas, múltiples razones, sentimientos y anhelos. Una multiplicidad no integrada, más bien, desvinculada de toda alternativa de construir un todo unificado. Este país continúa siendo lo que siglos atrás era: un proyecto. Un proyecto inconcluso que ahora cuesta vidas humanas pretender concretizarlo. El Perú costeño asume que todo tiene un precio y que nada es posible establecer entre dos o más personas si de por medio no está eso que llamamos “propiedad”, que nos permite trasladar de una mano a otra el usufructúo de algo; por otro lado, un Perú amazónico que dota de mayor prioridad a eso que nuestros antepasados consideraban “espíritu colectivo”, que también podemos interpretarlo como “propiedad comunal”, que posee una legitimidad que radica en lo ancestral. Es una disparidad de cosmovisiones que deviene en un conflicto entre lo “moderno” y lo “no moderno”. Una parte de esa confrontación (el Estado) se ve obligada a usar la fuerza en nombre de una legitimidad que pende de un hilo; mientras que la otra parte (las comunidades nativas), recurre a sus prácticas ancestrales que a nuestros ojos aparecen “horrorosas”. La degollación de varios miembros de la Policía Nacional, capturados, por ejemplo. El gobierno ha usado un discurso que pretende eximir de responsabilidades a sus ministros y a sus jefes policiales. El Primer Ministro y la Ministra del Interior, se resisten a dejar sus cargos a pesar que sus gestiones han mostrado resultados dolorosos; igualmente, la Ministra de Justicia, prefirió dirigir su mirada acusadora al Poder Judicial, según ella, porque demoraba en la captura de Alberto Pizango. Pero el Presidente de la Corte Suprema, no se quedó callado, y declaró que todo ha seguido su trámite regular. Sólo la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso Chirinos, ha presentado su renuncia irrevocable; renuncia que para Jorge Del Castillo, discrepando con Alan García, es un acto desleal y cobarde. Mercedes Cabanillas, en cambio, dijo en el Congreso que ella no renuncia porque no ha sido quien ha disparado contra los nativos. Pero la ironía de Javier Velásquez, si nos produce cierta gracia: “Los políticos sí somos capaces de ponernos de acuerdo”, dijo. Alan García ha insistido que las poblaciones nativas han actuado así porque se han dejado manipular. Le cuesta asumir que estas poblaciones, pueden también actuar de acuerdo a sus razonamientos e intereses propios. Al parecer, el gobierno considera que todo peruano o peruana que se opone o discrepa con sus decisiones o acciones, es un ser “no pensante”. También ha manifestado que intereses ajenos pretenden detener el desarrollo del Perú. Podemos entender que las ganancias que están obteniendo algunos grupos económicos en las dos últimas décadas, favoreciendo la recaudación tributaria, es el indicador que el gobierno utiliza para afirmar que el Perú se está desarrollando. Además, “desarrollo” es un término que sugiere una infinidad de nociones y acepciones. “Para nosotros el desarrollo no es sinónimo de ingresos y cifras macroeconómicas; para nosotros el desarrollo es la solidaridad, la igualdad y el manejo equilibrado de los recursos” declaró el Presidente de AIDESEP, quien en su oportunidad dijo que las conversaciones que había tenido con el premier y con el Presidente del Congreso, “no han servido de nada y han sido más bien una maniobra dilatoria”, para después concluir que están cansados de “las mecidas del gobierno”. Daysi Zapata es ahora la presidenta de AIDESEP, luego que Pizango obtuviera asilo político en la embajada de Nicaragua, el día 08 de junio, después que fuera rechazado por 03 países, según declaraciones del Ministro José Antonio García Belaúnde. Aún cuando la situación no se ha solucionado, y amerita la intervención conjunta de las fuerzas pacíficas del país, nos queda aunarnos a la invocación de la Defensora del Pueblo, dirigida a las autoridades, al mundo académico, a los medios de comunicación, “a escucharnos a nosotros mismos“.

LA ERA YEHUDE

El día 1 de diciembre del año 2000, Valentín Paniagua Corazao, ex Presidente de la Republica durante el corto periodo que él denominó “Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacionales”, firmó el indulto de Yehude Simon Munaro, después de una ardua tarea que protagonizaron su esposa y sus cuatro hijos. Hoy en día, este personaje da inicio a esta nueva historia que se está escribiendo desde el martes 14 de octubre, al asumir la Presidencia del Consejo de Ministros. Un sector de la oposición se opone a su nombramiento, sosteniendo que su formación política es de izquierda (pero de una izquierda que los analistas consideraron coqueta con la lucha armada como alternativa para llegar al poder y desde ahí, generar cambios deseables en la sociedad peruana). Incluso, un extremo de esta oposición llega a señalarlo “promotor del MRTA” en palabras del congresista fujimorista Carlos Raffo. Yehude mantiene la serenidad y se limita a responder así: “¿Ustedes creen que los lambayecanos van a votar por un terrorista?”. Otra fecha histórica favorable a la ascendencia política del actual Premier, es el 5 de octubre. En horas de la noche de este día, en un noticiero televisivo, el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi, difunde los ya famosos audios que la ironía peruana ha tildado como “petrogates”. Esta fecha constituyó también, el punto de inflexión del gabinete del Castillo, que desembocó en la puesta en bloque de sus cargos a disposición del Presidente de la República, quien ha preferido denominarlo un “gesto político noble”, porque se van como han venido: “limpios”, aunque Jorge del Castillo haya dicho que nada tiene que ver “con las trapacerías que hemos escuchado en los audios”. Algunos dirían que gracias a las “ratas” cayó el gabinete del Castillo, y gracias a ellas también, se ha dado inicio a la “era Yehude”, que para muchos peruanos es razón suficiente para volver ha tener esperanzas en el inicio de –esta vez– un serio combate contra la corrupción y la “cochinada” –término utilizado por Alan García– en el país, que tanto daño le están causando. Yehude, fue elegido diputado por Lambayeque para el periodo 1985-1990 en la lista de Izquierda Unida. En 1991 funda el Movimiento Patria Libre que en su momento fue considerado ala legal del MRTA; y al año siguiente, fue condenado a 20 años de cárcel por un tribunal sin rostro por el delito de apología de terrorismo. También forma parte de su currículo, haber sido director del semanario Cambio, que pocos dudan haya sido el vocero oficial del movimiento subversivo que Carlos Raffo lo sindica como ex miembro activo. Dos años después de ser indultado, asume la presidencia de la Región Lambayeque por la incuestionable voluntad popular, derrotando al candidato aprista, su más cercano competidor. Y del mismo legítimo modo, es reelegido para el periodo 2007-2010, hasta que días antes de su juramentación como Premier, se vio obligado a solicitar licencia para poder ejercer su nuevo cargo, en el cual, el Jefe de Estado ha depositado toda su confianza para dedicarse a tiempo completo a tres grandes cosas: Defender nuestro país de la dramática crisis que la amenaza, luchar contra la corrupción, y luchar contra la miseria y la reducción de la pobreza. Definitivamente, la historia mantiene sus propias reglas, será por ello que el ministro de Defensa ha pedido que no le hablen del futuro. Nadie imaginó a un personaje con la trayectoria de Yehude, asumir el premierato, precisamente, en un momento de crisis política que afecta no tanto al gobierno, como sí al partido aprista, y corroe los cimientos de la consolidación democrática en el país. Si la política es una “suma de estrategias, apetitos y pasiones” (Alan García), y “siempre se cometen errores” (Raúl Vargas), por lo tanto “santos no podemos poner” (Isaac Mekler), y por ello, “no quiero que mi familia sienta vergüenza” (Luciana León); todo ello puede constituir un hito en lo que va del gobierno aprista, que marcaría su desplome indetenible, teniendo a la vuelta de la esquina el proceso de revocatoria 2008, los procesos electorales regionales y municipales del próximo año, y en el subsiguiente, el proceso de elecciones generales. Pero “el Perú no merece un primer ministro con pasado terrorista”, ha enfatizado una y otra vez, el congresista Carlos Raffo, y ha pedido que se muestren los expedientes de condena del actual Premier, porque lo único que quiere es que se conozca la verdad, para la cual pide que no “le tengamos miedo” aunque se trate de hurgar en el pasado cercano de su jefe y líder en proceso de juzgamiento por autoría mediata de crímenes de lesa humanidad. “Que nos midan, que nos midan”, ha respondido con tranquilidad el Premier quien ahora expresa un discurso acorde con la coyuntura mundial que impone el libre mercado. “Ni estado populista ni estado empresarial” ha declarado Yehude, lo que puede resumir el eje de su nuevo pensamiento político, aunque después ha señalado que “sin inversión privada no se defiende a la democracia”. Quien en su adolescencia estaba decidido a ser sacerdote, y su infancia estuvo marcada por la imagen del “Che”, el sacrificio de Javier Heraud, y “El Lobo Estepario” de Hermann Hesse; admite que a partir de la fecha de su indulto, volvió a nacer para la política. Y ahora Primer Ministro, tiene en sus manos el gran desafío de luchar contra uno de los cánceres de la sociedad peruana: la corrupción. A pesar que para Ollanta Humala, Yehude no es independiente porque sospecha de un acuerdo entre el Apra y el humanismo, el nuevo Premier está decidido a impulsar el diálogo no sólo “en las alturas” sino en el llano, con los ciudadanos de a pie que son los que mejor expresan la realidad del país. Que Alan García haya elegido a Yehude para presidir el gabinete ministerial, en un momento en el cual uno de sus compañeros de partido sea el protagonista de uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos, puede significar que el partido de gobierno carece de los “cuadros” preparados para hacer frente a esta crisis política y moral que mella la imagen del país, del gobierno y de la democracia. Quizás también, algunos pueden entenderlo como la intención de desgastar la imagen positiva que ha construido el actual Premier a través de su accionar político después de su indulto, y quitarle piso en la confrontación electoral del año 2011, sacándolo de carrera. Pero el Premier ha calmado expectativas y temores al declarar que no va hablar de candidaturas porque no está en campaña electoral, y que en su momento, el país decidirá a quién elegir para que lo represente en el próximo quinquenio. (Artículo que publiqué en la página política del Suplemento DOMINICAL del diario LA INDUSTRIA, el día domingo 19 de octubre de 2008)