MÁS ALLA DE LA REALIDAD: EL INDIVIDUO

La lectura de la realidad es una actividad automática e inherente a todo ser humano. Para ello se sirve de los elementos que le proporciona la cultura de la que forma parte. Es una actividad individual, pero inserta en un complicado tejido social. Pues no existe otra manera de entender la diversidad de actitudes y comportamientos que asumimos frente a una misma situación, a pesar de pertenecer a un mismo grupo social y haber compartido un mismo proceso socializador. Si luego de elaborar una lectura de la realidad, pretendemos explayarla a fin de compartirla con nuestros semejantes y hacerlos participes de ella, suele suceder que chocamos con el individuo. Ese sujeto autónomo y particular, quién, con legítimo derecho podría discrepar abiertamente con nosotros. Acaso, quienes promuevan una sociedad en la cual la clase dirigente monopolice el pensamiento, no concuerden con esta declaración. Pues, ellos sostienen la posibilidad de la homogenización del pensamiento y para ello no escatiman esfuerzos en el uso de instrumentos y técnicas para lograr un efectivo “lavado de cerebros”. Considerando a los cerebros de una naturaleza igual a la de una prenda de vestir cualquiera. Lo que con afán persiguen no es sino, trasladar su particular lectura de la realidad a otras mentalidades hasta alcanzar aquella vieja utopía de convertirla en la única facultada para ordenar y reordenar el mundo a su libre disposición, instaurando un criminal totalitarismo que persigue –neciamente- eliminar todo signo de individualidad. Despreciar las diferencias de pensamientos y querer combatirlas, ahora lo sabemos, es una actividad que se inclina abiertamente hacia una tendencia autoritaria y a un interés antidemocrático, con el objetivo de someter a la humanidad a un único y absoluto poder. Considerarse el único facultado para hacer una lectura veraz de la realidad, combatiendo a las discrepantes, es una acción que viola todo derecho de la persona y, venga de donde venga, no persigue objetivos humanizantes. Además, la relación “gobernantes-gobernados”, basada en el verticalismo, no sólo se da a nivel macro —el Estado—, también a nivel micro —asociaciones, juntas vecinales, clubes deportivos, organizaciones de base, etc.— La libertad de pensamiento, derecho universal y absoluto y parangón de nuestra era, nos permite a cada quien, elaborar representaciones de la realidad que nos permitan satisfacer expectativas con la única limitación de no violar ni ser indiferente a las libertades ajenas. Indudablemente no es ninguna novedad, peor aún, es una reflexión bastante tocada y pareciera que no aporta nada a favor de la construcción de una convivencia pacifica, contrario a ello, pareciera atizar vetustas querellas que amenazan sustituirlo todo. Sin embargo, podemos percibir que el poder “legitima todo”. Quienes ostentan el poder por voluntad soberana o gracias a la fuerza, casi siempre nos imponen —o pretenden hacerlo— una lectura de la realidad incuestionable y la única alternativa es someterse a ella, a riesgo de ser marginados y eliminados. Pues, la regla tácita es no considerar posible la marcha de la sociedad sino se cuenta con una lectura de la realidad, atomizadora de la acción social. Quizá sea porque no concebimos, porque no conocemos o porque no hemos hallado aún, la forma más efectiva de administrar la heterogeneidad humana al amparo de los principios democráticos.

LOS HOMBRES Y LOS BURROS

Desde nuestros abuelos hemos escuchado las comparaciones que se hacían de dos mamíferos bastante familiarizados el uno con el otro, debido a tareas laborales y de ayuda recíproca, de preferencia: el hombre y el burro. “¡Eres un burro!” es una apreciación que en la mayoría de los casos denota un sentido peyorativo y discriminatorio, es decir, es un insulto; pero en otros pocos casos, refiere un sentido compensatorio y adulador, es decir, es un halago. Cuando es un insulto, alude a la capacidad cognitiva e intelectual, la habilidad racional o nivel académico que posea el aludido. “¡Eres un burro!”, aquí burro adquiere el sinónimo de “bruto”; esto es, se quiere decir “eres un bruto” —sin ofender al animal, claro está—. Y en una sociedad del conocimiento —cosa que ya casi nadie discute porque en alguna forma nos permite a todos, sentirnos inteligentísimos o en aras de lograrlo—, realmente es un insulto. ¿Lo sabrán nuestros docentes? En cambio, cuando es un halago, alude a la capacidad copulativa, carnal, erótica y hasta pornográfica, a la habilidad genital en el campo de la “resistencia” y fortaleza sexual (los sexólogos tienen mayor autoridad para aclarar y referirse a ello de una manera más apropiada, por supuesto; y como lo dice un comercial: “El tamaño sí importa”), es decir, “¡Eres un burro!” adquiere o supone una expresión más o menos así: ¡Qué burro —el hombre—!, expresión que comúnmente se emite a oídos y entre curiosas mujeres. Obviamente, no creo que sea asunto de género, solamente. Cuando se trata de un halago, indudablemente, en esta sociedad masculinizada y machista, el aludido, infla el pecho, camina más erguido de lo normal y dirige una mirada de buey, o algo así; es el único caso que se conoce en que un hombre permite que se le considere un animal y se enorgullece de ello —puede ser el caso de uno de nuestros congresistas—. Paralelo al orgullo del aludido, muchos susurros femeninos se convierten en suspiros y en uno que otro oculto deseo inconfesable, por supuesto. Cuando se trata de un insulto, aunque esta sociedad raras veces premia a la inteligencia —de otra forma no podría explicarse las actitudes de muchos de nuestros gobernantes y autoridades—, el aludido, no tiene otra opción que ocultar su rostro sonrojado y herido y buscar a sus pares para compatibilizar capacidades cognitivas y otras afinidades racionales. O como dicen muchos, “Dios los crea y ellos se juntan”. Ahora, con las disculpas que le podamos deber al animal en cuestión —me refiero al burro—, no entiendo porque también, en casos parecidos o en otros, no existe la frase dirigida a un burro: “¡Eres un hombre!”. Temo que si algún día los burros llegaran a comunicarse con nosotros en una lengua inteligible, nos propicien una infinidad de insultos muchos más peyorativos y ofensivos que los propiciados por nosotros, hacia ellos. Ahora, una cosa es optar por actuar como un burro, siendo un hombre; otra es sentirse un burro y pretender actuar como tal, cosa que ya merece la atención de las ciencias psicológicas y médicas, según sea el caso; y otra cosa es creer que la naturaleza del burro puede ser compatible con la del hombre y pretender justificar y disculparse después de haber cometido algo más que una simple “burrada”. Alguno de nuestros congresistas, dada la experiencia en el tema, podría entenderlo un poco más y explicárnoslo, cómo no. Sin duda alguna, evitando ser escuchado por las burras. Y para terminar esta nota poco seria, dado que la pura seriedad nos podría enfermar mucho más, después de tanto espectáculo congresal, me permito una inquietud poco atrevida: ¿Se aceptarán burros en las listas de candidatos del próximo proceso electoral general?

EL ABORTO DE LA RAZÓN

El ejercicio de la razón y el poder de la fe, se han declarado en guerra en torno a un tema que parecía, después de tanta revolución tecnológica y transformaciones sociales, haber sido satisfactoriamente atendido en respuesta a una necesidad de salud pública (planificación demográfica), de salud familiar (determinar el número de hijos e hijas que realmente pueda criarse) y de salud individual (la faculta de la mujer, como sujeto de derecho, para decidir cuándo, cómo, dónde y por qué procrear). El punto máximo de la discrepancia radica en la noción de “ser humano” o de “vida” que sostengamos y defendamos. Desde qué momento la unión y reproducción de unas células puede concebirse como una vida o como persona humana. Pero más allá de nuestras creencias o supuestos lógico-científicos, reconocer a nuestro Estado como un estado de derecho, es un punto de partida pertinente, en tanto admitamos que son las leyes vigentes —equivocadas o no—, las que deben determinar y regular nuestras acciones que afectan al grupo en el cual interactuamos. Y nuestra Constitución Política considera que “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”; y “concepción” —acción y efecto de concebir— cuando se refriere a una hembra es “quedar preñada” dice el diccionario de la Real Academia Española. Una mujer lo está, desde el momento mismo de la concepción. Eso, que para algunos es una simple célula que no puede diferenciar la vida de la muerte, es ya un “sujeto de derecho” al que le son propios los mismos derechos constitucionales del que gozamos, peruanos y peruanas, “realmente vivos y vivas”. En consecuencia, que nuestra cosmovisión milenaria o mística pretenda señorear sobre la faz de la tierra, arrasando todas aquellas que discrepen o se diferencien de sus esquemas sagrados —por el sólo hecho de considerarse sagrados—, o que el método científico se ufane de ser el exclusivo propietario de la “verdad”; en ambos casos, se genera un conflicto bizantino tan perjudicial para la vida social, como lo es el martirio psicosocial que padece toda mujer embarazada sin ánimo ni voluntad para engendrar. No obstante, laico nuestro estado, y democrática nuestra estructura sociopolítica, aparece indeseable todo conflicto en el cual, una de las partes involucradas, posiciona sus elementos de juicio desde las tribunas del dogma, mientras que la otra lo hace desde las de la razón; hoy en día cuando podemos hablar de la “provisionalidad científica” y del método científico como uno de los últimos dogmas que ha construido la civilización. El debate, entonces, en primer lugar debe dar paso al ejercicio constitucional de la consulta popular para modificar el inciso 1 del artículo 2º de nuestra Constitucional Política; en segundo lugar, será bienvenida toda propuesta legislativa en pro o en contra del aborto, sometidas de igual modo, al legítimo derecho de la consulta popular. Antes de ello, toda práctica abortiva, amerita una sanción en tanto es un delito para nuestra legislación. Antes que a los especialistas en el tema —abogados, médicos, sociólogos, psicólogos, teólogos, entre muchos otros—, le corresponde a la ciudadanía con derecho a voto, dar su veredicto final e inapelable en torno al dilema de legalizar o no, las prácticas abortivas en nuestro país. Si después de esta vía, el aborto continuara siendo considerado un hecho inmoral e ilegítimo, para unos, o una demanda social necesitada de legalización, para otros; el mecanismo democrático ya cumplió su papel de priorizar y legitimar la voluntad ciudadana, elevándola a la categoría de ley. A no ser que la democracia se nos revele como una alternativa no favorable para este tipo de dilemas, lo que devendría en una cuestión que opacaría todas las demás. Fuera de esta alternativa de respetar la voluntad ciudadana, todo debate o discrepancias en torno a la despenalización o no de las prácticas abortivas, adquieren matices propios de un acto antidemocrático, por lo tanto, repudiable. Ni la fe ni la razón, ni la ciencia ni el dogma, son aquí, entes exclusivos para dar su última palabra ni para obstinarse en hacer prevalecer sus puntos de vista. Porque en esta época donde la tolerancia emerge como un valor de alta prioridad en aras de construir una sociedad humana saludable, hasta las conclusiones de la práctica científica, no son más que “puntos de vista”. Por tanto, susceptibles de ser observados, cuestionados, combatidos, destruidos y superados. Tan igual, como las conclusiones emanadas de toda práctica de fe.

JUGANDO A LA GUERRITA

Desde hace algunos días, semanas o meses atrás, el fantasma, el anhelo o la paranoia de una confrontación bélica con el vecino país del sur, está merodeando en los medios periodísticos e insinuado, o directamente mencionado, en los discursos de algunos personajes públicos con capacidad para generar corrientes de opinión.
Si en algo tiene que ver la escuela en la mentalidad peruana, en este tema específico, es el papel que ha cumplido en nuestra educación básica, no intencionado quizás, de presentar a un país llamado Chile, como el gran enemigo de nuestro Perú que nos arrebató una parte de nuestro territorio, abusando de su poderío militar de esos años. Aquellas “eternas enemistades fronterizas”, como lo confirma la UNASUR (Cumbre de Cochabamba, Bolivia; diciembre del 2006), que se cultiva en las escuelas, constituyen un impedimento para la integración, y de nada sirven todos los discursos y propuestas de paz, “mientras en las fronteras se alimenta el enfrentamiento y no se respeta la unidad entre pueblos”.
Entonces, el nacionalismo (esa peste mortal para Vargas Llosa) o el chauvinismo que se ha cultivado en nuestra cultura contemporánea, renace, despierta y se agiganta a tal punto que el inicio de una escaramuza en la frontera sureña, deja de ser un fantasma y una amenaza, para convertirse en un jueguito de guerra tan apetecible como cuando niños, empuñábamos una pistola de plástico o una espada o en el peor de los casos un palo de escoba, para enfrascarnos en un “combate a muerte” contra nuestros mejores amigos.
Alguien “moría”, pero minutos después, resucitado, compartíamos alegremente una fruta, un postre o una golosina como si estuviéramos en el mejor de los mundos, en manos del imperio de la paz, la armonía y la hermandad.
Pero las maniobras militares en territorio chileno (denominadas “Salitre II”), con el concurso de otras naciones vecinas (Argentina y Brasil; también participaron Estados Unidos y Francia), en un contexto en el cual los discursos de algunos diplomáticos, gobernantes y políticos de ambas naciones, no son necesariamente “amistosos” ni “fraternos”; nos induce a pensar que el “jueguito a la guerra” deja de ser tal, para metamorfosearse en la peor de nuestras pesadillas si la pólvora y los fulminantes (“de a verdad” como diríamos de pequeños), son percibidos por nuestro olfato y por nuestros oídos —aunque sólo sea en un mero espectáculo circense—, para ser la antesala de una terrorífica y demoníaca realidad.
Que un diario peruano adjetivase a la jefa del Estado chileno, con un vocablo, que dado el respeto que amerita toda relación civilizada, puede sonar insolente y agresivo; y que la cancillería chilena insinúe la intervención del gobierno peruano para “moderar” la libertad de prensa en el país, sí que es una situación que advierte que las relaciones entre Perú y Chile, no están del todo saludables.
Hasta ahora, la posición oficial del Estado peruano, ha sido muy cuerda y prudente, en aras de contribuir a la manutención de un ambiente de paz en la región. El gobierno de Alan García, ha solicitado a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que se firme un “Pacto de No Agresión”.
Precisamente, en la Reunión Extraordinaria del Consejo de jefes y jefas de Estado de UNASUR, celebrada en San Carlos de Bariloche (Argentina), el 28 de agosto de 2009, firmaron una Declaración conjunta, entre otros puntos, para “Fortalecer a Suramérica como zona de paz”, asumiendo el compromiso de “establecer un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y seguridad” entre los países miembros.
Pero semanas atrás, en la Declaración Presidencial de Quito (Ecuador, 10 de agosto de 2009), emanada de su III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, resaltan “el significativo impulso y el liderazgo” que la Presidencia de Chile le ha dado al proceso de integración suramericano.
Fue en la ciudad de Lima, el 20 de Octubre de 1883 que se firmó el llamado Tratado de Paz de Ancón entre los gobiernos de Perú y Chile, “deseando restablecer las relaciones de amistad entre ambos países”, a un costo que González Prada repudió y abominó hasta la muerte. Perú cedió “perpetua e incondicionalmente, el territorio de la provincia litoral de Tarapacá”, mientras que las provincias de Tacna y Arica, pasaron a la administración chilena, pero luego de un tiempo, nos quedamos con Tacna; y los chilenos, con Arica.
Al siguiente año (1884), el general Miguel Iglesias desnudaba una verdad que también ahora la podemos percibir, a pesar de los años transcurridos y a pesar de los denodados esfuerzos de ambos pueblos por construir una coexistencia pacífica entre países vecinos, en una época donde las crisis económicas y los desequilibrios ecológicos minan nuestras esperanzas de un mundo cada día más civilizado. “Fue una guerra que la han fomentado y siguen fomentándola ambiciosos sin corazón y miserable intrigantes” proclamaba el general Iglesias, para agregar que el gran perdedor fue el pueblo peruano. Es “una guerra que sólo le ha traído ruina y vergüenzas”, puntualizó.
Y meses antes del inicio de la —como toda— desgraciada conflagración, el Gral. Mariano Ignacio Prado, Presidente Constitucional de ese entonces, en su mensaje a la nación del 24 de abril de 1879, afirmaba que la guerra declarada al Perú, “no tiene en su favor razón alguna que la apoye”; sin embargo, fue un hecho inevitable.
Al parecer, los años también carcomen y resquebrajan toda relación de amistad, no sólo, entre las personas, también entre los Estados. En enero del presente año, el gobierno peruano presenta una demanda a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, motivado por ciertas controversias sobre delimitación marítima con la república de Chile.
Ambos gobiernos están a la espera de las conclusiones del Tribunal, en tanto, preparan, ensayan y esgrimen, como difunden en los medios periodísticos, otros argumentos o estrategias para defender y consolidar sus posiciones iniciales; pero, como era de esperarse, el concurso de la sociedad civil, se da por descontada. Aunque no falte quien sostendría que los civiles son obstáculos para la guerra; gracias a Dios, no podríamos sostener que alguien esté demás para construir y mantener la paz.
Si sumamos esta peste mortífera, a las otras que ya nos están matando desde años atrás (el hambre y el analfabetismo, la pobreza y la miseria, la corrupción y el autoritarismo, la delincuencia y la impunidad, entre otras), que ya están socavando toda fortaleza cívica y moral, fragmentándonos aún más; considerémoslo un hecho, que nuestro porvenir se tornaría una nebulosa perplejidad que eliminaría, de un solo tajo, una vez más, la oportunidad de consolidarnos como una sociedad próspera y saludable.

LA POLÍTICA DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción es el fenómeno que en los últimos tiempos ha contribuido a disminuir el respeto que sentíamos por algunas de nuestras instituciones públicas y, por ende, el respeto y aprecio que podríamos haber sentido por todo aquello que pertenezca a –o se derive de– la democracia. Aún cuando “cada vez resulta más difícil llegar a una definición que abarque todas aquellas formas en las cuales… se puede manifestar”, según conclusiones de la Defensoría, ha logrado construir una definición que nos permite entenderla e identificarla fácilmente, a fin de poder enfrentarla y combatirla: “la corrupción es el uso de una función o recurso público en beneficio privado indebido”. Pero lo grave, como señala Proética, es que existe desconfianza y escepticismo frente a la posibilidad de superar la corrupción en el país y en el Estado. Esto abona a la desconfianza de la gente frente a las instituciones, y también abona al aumento de la tolerancia cotidiana hacia la transgresión, señala la entidad encuestadora. Además, el 79% de los encuestados dice que en el Perú las leyes no se respetan, entre otros motivos porque están hechas para favorecer a los poderosos (22%), porque no hay sentido cívico entre la población (19%), o porque no están adecuadas a la realidad (18%). Pero es nuestro Congreso el que está en la línea de mira. La semana que ha pasado, en medio de discrepancias y altercados, fue desaforada la congresista Rocío Gonzales, acusada de “robar” energía eléctrica para su empresa. Y José Oriol Anaya Oropeza, es un congresista ancashino que está suspendido. A su vez, las congresistas Tula Benitez y Elsa Canchaya, suspendidas en sus derechos parlamentarios, volverían al Congreso, libres de toda culpa. “En homenaje a su picardía, los vivos merecen la indulgencia”, escribió Sebastián Salazar Bondy, hace 45 años. Para Luis Galarreta, son personas infelices que han malogrado al Congreso, aunque “la forma como robaron estas señoras”, no está tipificada, enfatizó. Mientras que Alva Castro, considera que no es justo que se siga persiguiendo a estas señoras porque el asunto ya está zanjado. La concepción de justicia, en nuestro país, atraviesa por infinidad de acepciones al extremo de convertirse en sinónimo de inmunidad, prescripción, contubernio, impunidad u olvido. Javier Velásquez, no da tregua y se defiende anticipadamente, señalando que “el Poder Ejecutivo no tiene que ver”. El Estado, lavándose las manos, nuevamente. Mientras que Víctor Andrés García Belaunde, interviene para afirmar categóricamente que sólo “respondemos por la gente que traemos”. La responsabilidad entonces, es una carga destinada a divagar sin descanso en mentalidades paranoicas que sólo buscan la demolición del oponente, eximiéndola de los reales involucrados. El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, elaborado y presentado al país por el gabinete anterior, sostiene que la corrupción “destruye la confianza de los ciudadanos, acentúa las diferencias sociales al fomentar la informalidad, incrementa la pobreza, mina la institucionalidad y afecta al sistema democrático”. Meses después (setiembre 2009), el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, difunde una encuesta sobre el tema, mostrando que 94% de los encuestados considera que la corrupción hoy en día es un problema “Muy grave”. Y comparando con julio del año pasado, el 42% señala que el Perú es hoy en día “Mucho más corrupto”, sumándose a un 46% que considera que sigue “Igual de corrupto”. Y a pesar que el Congreso, en la V Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética (2008), es considerado la institución más corrupta del país (después del Poder Judicial y de la Policía Nacional), es la institución que traspasa los límites de la realidad y la ficción. Al respecto, Augusto Álvarez Rodrich, ha concluido que “robaluz, lavapiés, comepollo y mataperro son los (alias) más populares” del Congreso. Y el periodista Federico Salazar, refiere que el Congreso debe cambiar sus reglas de juego, a no ser que quiera convertirse en el “hospedaje de paso de los delincuentes e indeseables”. Por su parte, el sociólogo Sinesio López, sostiene que es un Congreso de menor calidad, pero al mismo tiempo tiene una mayor representatividad que los antecesores. “Así somos los peruanos”, insinúa Sinesio López. Pero a la vez señala que “casi todo está podrido en nuestro país”; en consecuencia, continua, es necesaria una reforma estatal radical, que sea burocrática y administrativa, política y ética, que funde “un nuevo Estado en el que todos podamos confiar y creer”. La lucha contra la corrupción, se constituye entonces, en una tarea prioritaria, casi vital para el país y para la permanencia de la democracia como régimen que regula nuestra vida en sociedad. No obstante, Cecilia Blondet, advierte que “autoridades y políticos en general adoran tomarse fotos y hablar de cuánto luchan contra la corrupción. Pero a la hora de las precisiones la cosa no siempre es clara”. Otros dirigen su mirada al factor presupuestal, pero Yehude Simon, afirma que para luchar contra la corrupción, lo fundamental es que las instituciones públicas requieran de voluntad política, decisión, e independencia. Aún lo difuso que pueda ser el papel del Congreso en cuanto a su representatividad –porque representan a la nación frente al Estado, pero representan al Estado frente a la nación–, le corresponde atender las demandas de sus representados, antes que las del Estado. (El Presupuesto Institucional del año 2008, del Congreso de la República, fue de 315,425,950.00 millones de nuevos soles). Hasta el Acuerdo Nacional, en su Vigésimo Cuarta Política de Estado, declara el compromiso de “construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos”. Al parecer, este podría ser un compromiso y una tarea que nunca acabará, amén de los esfuerzos, esperanzas y pliegos presupuestales invertidos en ello. Parecería mentira, pero 100 años atrás, Manuel González Prada escribía que “En cada miembro del Poder Legislativo hay un enorme parásito con su innumerable colonia de subparásitos, una especie de animal colectivo y omnívoro que succiona los jugos vitales de la Nación”. Y un año antes, Francisco García Calderón Rey, señalaba que la política “es indefinida, falaz, inquieta y ambiciosa”, y agregaba que es “indecisa e ignorante en sus aspiraciones y marchas”. Sin embargo, intuyo que podemos enorgullecernos de la capacidad de nuestro Congreso para violar las leyes del envejecimiento que afecta a toda obra humana y natural. Continúa siendo el mismo, lamentablemente.

EL HOMBRE CONTRA EL ESTADO

Hans Peter Müller escribe que el Estado “No es una sustancia o cosa... no es el sujeto de una decisión moral”, y luego agrega que el Estado “sólo existe por la relación que tienen sus miembros entre ellos mismos”. Obviamente, aquí se alude a la existencia de la democracia como doctrina de convivencia, donde los hombres y las mujeres optan libremente por delegar el poder que poseen a un representante para que ordene y edifique una sociedad íntegramente saludable, asumiendo los principios de universalidad, concertación y respeto a la vida del conjunto. Nosotros, actores principales en este gran espectáculo que es la vida en sociedad, percibimos del Estado, no siendo una cosa, su insaciable hambre de poder y riqueza, si infinita autoridad y despotismo, además, su cualidad de invencible. Realmente, Hobbes, lo llamó apropiadamente: Monstruo; Y Friedrich Nietzsche, “el más frío de todos los monstruos fríos”. Este Estado que fácilmente y de un sólo golpe quita a la democracia de su camino para operar libremente, haciendo uso de la fuerza, defendiendo y empujando determinados intereses hasta concretizarlos, no toma en cuenta a la ciudadanía ni a la ley; entonces, se da la figura que Carlos Astuquipán llama la “explotación del hombre por el Estado”. Y si se obstaculiza el derecho a participar en la toma de decisiones y al control del curso que seguirán ellas, a los miembros de la sociedad (democracia), realidad casi cotidiana en América Latina; entonces, concordaremos con Horacio Brevia cuando afirma que América Latina “no sólo ha retrocedido democráticamente sino que carece hoy de un mejor paradigma de democracia”. Esta lucha que el ciudadano de hoy libra contra el Estado, es una realidad cotidiana. A veces pareciera que el Estado es un ente que puede operar prescindiendo de los elegidos, porque no importa quién o quiénes asuman su conducción, de igual manera, prevalecerá su fuerza y oídos sordos, para imponer medidas que la ciudadanía —la legítima progenitora del poder que ejerce— rechaza. Este Estado que actúa como todo animal salvaje, arrogante, torpe, irracional y desafiante, es quien ha monopolizado las actividades de reordenar y reconstruir un espacio y orden social donde todos los seres humanos se realicen como tales. Aún, estando tipificado en las leyes, el derecho a la rebelión que puede facultarse la ciudadanía para cortar y golpear a un Estado intrépido, irrespetuoso e insulso contra el soberano, es una situación difícil de llevarla a cabo. Lo más que podemos hacer, es pequeños ruidos y risibles desórdenes para que el Estado automáticamente, releve a sus cabezas —porque sí que lo es: un monstruo pluricéfalo— y continuar operando. Quizá más simpático, más amable y más comunicativo; pero no, menos fuerte, menos déspota ni menos salvaje. Desde que la historia promovió el arbitraje entre los hombres, creo que perdimos —¿por siempre?— la oportunidad de ejercer nuestra autonomía y poder para forjarnos como seres libres, sociables, humanos e inteligentes.

EL CAPITAL SOCIAL: NUESTRO ÚLTIMO RECURSO

En 1916, Lyda Judson Hanifan, utilizó por primera vez la frase “capital social”, para describir los centros comunitarios de las escuelas rurales en los EE.UU. Desde aquel año, ha sido utilizada por diversos estudiosos para referirse, explicar e interpretar las relaciones interpersonales al interior de determinados grupos humanos. Honestidad, confiabilidad, reciprocidad y responsabilidad, son los factores que, sumados y en una constante práctica por un determinado grupo humano para mantenerse como tal y alcanzar objetivos que beneficien al grupo, según Fukuyama (1999, 35-40), constituyen el capital social. Para Robert D. Putnam (1993), citado por Dieter Nohlen, son la comunicación, la confianza y la cooperación, interpersonales. Es con el sociólogo francés Pierre Bourdieu (1984) que el capital social adquiere otra concepción; pues, lo define como un recurso individual. Pero este recurso individual logra ser efectivo y satisface las necesidades del individuo, cuando éste, necesariamente, se halla interconectado mediante redes sociales a un grupo humano más grande que lo contiene y le presenta alternativas de movilización y ascenso social. Es esta noción de capital social, alejado del bien común, el que percibimos en nuestro país y que lo ha colocado en un lugar casi imposible de salir. Este individuo con un riquísimo capital social y gracias a su propio esfuerzo, logra crear y recrear, construir y reconstruir relaciones interpersonales que se basan en la confianza o amistad y logra influenciar o persuadir a otros individuos con cierto poder de decisión —“padrino”, “vara”, “compadre”, etc.—, para alimentar sus expectativas y satisfacerse a sí mismo, sin tomar en cuenta los daños que pueda causar al cuerpo social. (Encontrar trabajo, aprobar una asignatura, dilatar un juicio, anular una papeleta de tránsito, por ejemplo) Siguiendo esta lógica y utilizando esta acepción de capital social, coincidiremos en que, en nuestro país, no hace falta capital social ni somos un país pobre en ese sentido. Sino, y sumándonos a las conclusiones de Dieter Nohlen, somos un país en el cual abunda el capital social, y de lo que se trata, no es crear capital social, se trata de redireccionarlo. Pues, a ese individuo, individualizado e individualizante —quién, para alcanzar sus objetivos y satisfacer sus anhelos, no tiene en cuenta las necesidades de los demás ni los posibles daños o dificultades que podría causarles—, persuadirlo de volver una mirada a sus semejantes y junto a ellos, buscar y luchar por metas y objetivos similares. Se trata pues, para “salvar” a la democracia y ubicarla en un lugar seguro de tal forma que nos garantice una convivencia saludable mediante la construcción de una sociedad más equitativa, justa, humana y desarrollista, de sensibilizar a ese individuo, individualizado e individualizante, para que valore y construya un nuevo significado de “sociedad” que le permita utilizar capacidades, tales como: la cooperación, la responsabilidad social, solidaridad, identificación y espíritu de cuerpo, en salvaguarda de la sociedad de la que es un valioso integrante. Este es el desafío, “redireccionar el capital social”, según D. Nohlen, que tiene que superar la democracia de nuestros días para cerrar este capítulo de la historia de nebulosas transiciones y de globales torbellinos sociales, para salir triunfante y permanecer como el único paradigma de organización social y humana.