LA DEMOCRACIA EN RIESGO

“Los partidos políticos cayeron en el desprestigio, la falta de credibilidad y legitimidad en razón de su propio comportamiento” leemos en el Dictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, del 02 de junio del 2003, sobre el Proyecto de Ley de Partidos Políticos, aunque más adelante agregan que también se debió a un “discurso anti-partido” que viene desde Leguía, pasa por Benavides, Odría, Velasco, Morales Bermúdez, y llega hasta Fujimori. Ahora podemos afirmar con mayor veracidad, que los partidos políticos y sufragantes, son los pilares del sistema democrático en cualquier parte del mundo. Sin embargo, observamos a los nuestros, padecer una crisis institucional alarmante. Aún así, se apuesta por ellos. Y en la Ley de Partidos Políticos Ley 28094, se les señala y se les garantiza “privilegios” que antes no los tenían o que el Estado no les brindaba. Lo que significaría que la propia institucionalidad democrática, teniendo al Estado como su mayor y poderoso promotor, está realizando grandes —y quiera Dios, no sean los últimos— esfuerzos para mantenerse vigente y mostrarse como la única alternativa viable que garantiza una convivencia civilizada entre todos —absolutamente, todos— los seres humanos. Por ejemplo, recuperar la institucionalidad que ellos han perdido, indicándoles objetivos muy bien definidos (art. 2º); otorgarles financiamiento para ser utilizados en actividades de formación, capacitación e investigación y para su funcionamiento ordinario (art. 29º); la franja electoral (art. 37º), y los espacios en radio y televisión en periodo no electoral (art. 41º), son esfuerzos de la propia institucionalidad democrática, por medio del Estado, para fortalecerse. A propósito, esta alternativa estatal de financiar parte de sus costos, está creando en la sociedad civil posturas discrepantes y hasta una oposición recalcitrante en algunos sectores no muy minoritarios. Pues, un Estado pobre, ¿cómo podría financiar a organizaciones que casi nunca se preocuparon por defender los intereses de la nación y que cuando gobernaron, no racionalizaron el uso del erario nacional? O para expresarlo en palabras de Sinesio López, organizaciones que todo el tiempo estuvieron “desacopladas de la sociedad y el Estado”. Y aunque no la nombra directamente, la Comisión parlamentaria antes señalada, la corrupción —solicitar recursos a los poderes económicos para subvencionarse actividades proselitistas, en el caso de los partidos políticos—es, junto con el militarismo, los gremios de propietarios, dueños de la TV y otros medios, uno de los poderes fácticos que “pesan mucho” y enfrentados al sistema democrático pueden hacerlo caer y vencerlo. Apostar por la democracia, ahora, implica un alto riesgo. Se trata de superar grandes desafíos que la época actual, impone. Para Dieter Nohlen, uno de los mayores desafíos de la democracia contemporánea “consiste en combatir con éxito la pobreza y promover, ahora ya, la justicia social”; y concluye: “Muchos de los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina tendrían una solución con la ética política”. En promover, crear e instaurar cultura política que tenga como principales elementos a la honestidad, la racionalidad y la puntualidad, constituiría el más grande desafío que la democracia contemporánea tendría que superar, logrando así que los ciudadanos y ciudadanas, también —y no sólo el Estado—, estarían dispuestos a librar todas las batallas para defenderla de toda amenaza.

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Podría resultar que el optimismo deje de ser una virtud en nuestro país, para convertirse en un defecto o en una falencia ciudadana, si los casos en los cuales funcionarios públicos aparecen comprometidos o involucrados en situaciones poco o nada decentes, o simplemente difusas y poco transparentes, que nos inducen a pensar y a imaginar que nuestro país —la comunidad política de nuestro país, para ser más exactos—, está cada día más embadurnada con impunidad y corrupción. La indignación ciudadana emerge y se agiganta ante un nuevo caso que sin dejar de ser risible y tragicómico, degrada aun más, la imagen institucional de nuestro país como estado de derecho que pugna por convertirse en un país capaz de elevar el estándar de vida de su gente a niveles globalmente aceptables, aunque la evasión tributaria continúe siendo una praxis altamente rentable. “Ay de los días en que los jueces serán juzgados”, reza una frase religiosa, la que encaja perfectamente con lo sucedido en los últimos días, donde aparecen comprometidos funcionarios del Poder Judicial, al aceptar la invitación de viajar al extranjero de parte de una universidad privada que tiene una centena de casos judiciales en proceso (algunas ediciones periodísticas hablan ya de posibles congresistas en la misma situación, también); y la posibilidad, gruesamente irónica, de que dichos magistrados tengan dificultad para reconocer la existencia de “conflictos de intereses”, es un agregado que complica la situación. Y cuando apelativos como “come pollo”, “roba luz”, “lava pies”, “mata perro”, “plánchame la camisa”, “acuchillado”, “roba agua” y “contrata fantasmas”, no alude a pandilleros ni a delincuentes comunes, sino, a los llamados “padres de la patria” —que ahora se han enfrascado en una vergonzosa pugna por el “voto voluntario” y la renovación del Congreso por tercios—, es evidente que no podemos dejar de pensar en la alternativa constitucional de su disolución. (No hace falta ser hechicero para imaginar los resultados de un referéndum nacional en este sentido). Más aún, cuando han aumentado de 120 a 130 miembros, porque consideran —el colmo de nuestros males— que a más congresistas, mayor eficiencia congresal. Pero ello parece ser una consigna o una norma de fe en el servicio público: Cantidad es sinónimo de calidad. Lo mismo sucede con las remuneraciones. “A mayor remuneración, mayor eficiencia laboral”. Creencia que parece estar más arraigada en ciertos corazones que cualquier otro rito religioso (sino consultemos a algunos dirigentes del Sutep). A un año de las próximas Elecciones Regionales y Municipales —y a seis meses más, de las Elecciones Generales 2011—, la guerra proselitista parece ya haber comenzado y con una intensidad que no perdona el más mínimo error ni deja pasar el más irrelevante detalle. Los partidos políticos han “aceitado” —qué duda cabe, en toda la acepción del término— sus armas, estrategias e instrumentos de lucha, a fin de sacar ventaja y alcanzar su más anhelado sueño: La conquista del poder —y de la libertad, para algunos condenados—. Ministros defenestrados, alcaldes calculadores, congresistas pintorescos y hasta sacerdotes en pie de guerra —sin dejar de mencionar a reclusos indesmayables—, han ingresado al ruedo y, recargados de energía, han apresurado su participación en la lid electoral, recibiendo y dando certeros puñetazos y puntapiés a diestra y siniestra, cual boxeadores de peso pesado, con envidiables currículos de por medio, aunque no sean del todo veraces. A la par, los sondeos de opinión pública que miden la intención de voto, ni cortos ni perezosos, han ingresado a la contienda, y presentan cifras e interpretaciones que a más de uno dejan con los crespos hechos y las esperanzas resquebrajadas, pero alientan las alianzas, contubernios y otros pactos bajo la mesa, dignos de un maravilloso país. No es para sorprenderse ni para desconcertarse si en las semanas y meses siguientes, se filtran a los medios periodísticos, escándalos o “escandaletes”, comprometiendo la imagen de personalidades públicas, alterando negativamente el apoyo ciudadano que supuestamente, según los sondeos de opinión —que son como vientos huracanados soplando a veleros en alta mar—, han logrado a su favor. Hasta los miembros del Tribunal Constitucional, nuestra máxima autoridad en la interpretación de nuestras leyes, se han convertido en el blanco de las más ácidas críticas y abiertos repudios, después de resolver en contra de la distribución gratuita y venta del anticonceptivo oral de emergencia (también llamada “píldora del día siguiente”), por parte del Estado peruano. En consecuencia, y a estas alturas, no podríamos dilucidar si por propia convicción o por presión mediática, el Ministro de Salud, ha manifestado su apoyo a la denuncia constitucional a los miembros del Tribunal, por tan inesperada sentencia, que están preparando dos organizaciones no gubernamentales. Sentencia que puede ser la causa de la mayor felicidad para algunos miembros de la Iglesia Católica en el Perú, quienes en algún momento de la euforia del debate y la confrontación ideológica, ofrecieron algo que se aproxima a la más barata demagogia tan reinante y tradicional en nuestro país, al parafrasear aquella milenaria frase, tan llena de amor y pasión: “Dejad que los niños vengan a mí”. (Pero lo que ha hecho el TC, en defensa del “Estado constitucional democrático y social”, es cumplir la norma constitucional. “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”, dispone nuestra máxima carta constitucional. Y puesto que la ciencia médica como el jurídico, se encuentran divididos en posiciones a favor y en contra, dice la sentencia del TC, considera la existencia de “suficientes elementos que conducen a una duda razonable”, lo que nos lleva al “principio de centralidad del ser humano”, para resolver a favor de la defensa de la vida de un nuevo ser, la parte más débil del conflicto. Pero la raíz de esta polémica —que nada tiene que ver con el género—, lo constituye nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo sobre el origen de la persona humana. ¿Desde qué momento aparece la persona humana?). Doe Run, es otro ente que ha ocupado los espacios mediáticos y ha puesto en debate la protección del ambiente frente al cumplimiento de ciertos deberes tributarios y empresariales. Clubes deportivos tradicionales, están también en el ruedo de las confrontaciones polémicas; canales de televisión, y otros casos, ponen en evidencia que el comportamiento de ciertas instituciones públicas, no es del todo elogiable ni transparente, ni ameritan ninguna defensa ni respeto públicos. La reforma del Estado, entonces —aunque difícilmente podríamos ponernos de acuerdo en su concreción—, aparece como una alternativa de emergencia para intentar, una vez más, subsanar las deficiencias —más que vergonzosas, nocivas— y continuar optimistas a favor de una reconstrucción socialmente aceptable de la institucionalidad peruana, a riesgo de regresar a una sociedad mórbida, a la que por donde se le toque, brota pus.

DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PARTIDOS

Después de muchos años, el anhelo de contar con una ley de partidos —primer paso para construir un sistema de partidos en nuestro país—, se hizo realidad en noviembre del 2003. Esta ley (N° 28094), marca el inicio de una nueva etapa en la operatividad y vigencia institucional de las organizaciones políticas que persiguen la conquista del poder a través de mecanismos democráticos. En esta ley, el calificativo de “partido” se reserva a “los reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones Políticas” (Art. 1°). Están incluidos en esta condición, los partidos propiamente dichos, movimientos, frentes, alianzas y otros tipos de organizaciones que (como ya precisamos), con fines electorales y la conquista del poder, se generen. No dudamos que el primer fin que persiguen, es “asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático” (Art. 2°, inciso “a”). La implicancia de este artículo compromete la organización interna de cada partido. No sólo su accionar interinstitucional, también su comportamiento intrainstitucional, se regirán por principios y valores democráticos. Sería un absurdo, esperar que una organización no democrática o seudo democrática, vele por la vigencia de la democracia. (Las últimas décadas donde las violencia fraticida nos marcó de por vida, nos trae a la memoria el nombre de algunas organizaciones políticas que no encajan en los parámetros del término “democrático”). Sin embargo, observamos una inconsistencia en la ley N° 28094. El Art. 19° señala que “la elección de las autoridades y candidatos del partido político en todos los niveles, debe regirse por las normas de democracia interna establecidas en la presente ley y en el Estatuto”. Este mandato salva el principio de equidad e igualdad de oportunidades que deben practicar los partidos, sin excepción. Pero, el Art. 24°, penúltimo acápite, dice: “Hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser designada directamente por el órgano del partido que disponga el estatuto. Esta facultad es indelegable”. La contradicción es obvia. Por ejemplo, de los 120 candidatos que conforman la lista para el Congreso de la República, 24 de ellos, están exentos de ser elegidos mediante “voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto” (inciso “a” y “b”, Art. 24°), como correspondería a una organización verdaderamente democrática. Y conociendo a nuestros “partidos”, su manera clásica de operar, manejados por cúpulas o cacicazgos enquistados en sus dirigencias nacionales; 24, resulta un número bastante cómodo y oportuno para preservar el dominio institucional que mantienen capturado. 24 candidatos, pueden ser designados directamente por el órgano del partido correspondiente, subestimando e ignorando la voluntad mayoritaria de los afiliados, simpatizantes u otros allegados a la organización. Esta opción permite y faculta a las cúpulas dirigentes imperar muy por encima de todo mecanismo democrático y perpetuarse en el poder institucional de sus partidos, y crea una ventana para escapar de la sanción o rechazo que la militancia podría expresar respecto de sus añejas y desacopladas maneras de hacer política, de sus desfasados y tautológicos discursos, anquilosados en el tiempo y en el espacio, y hasta de los “beneficios” y otras “dádivas” personales que logran obtener gracias a la permanencia en el cargo. Desnaturaliza el espíritu de un partido que suponemos, y esperamos, integren una red de prácticas democráticas, en salvaguarda del propio sistema al cual pertenecen y merced al mismo, el país promueve la convivencia pluripartidaria. No sorprende pues, que la Ley N° 28094, contemple el mecanismo no democrático (limitado a una quinta parte) como una opción para disponer y presentar listas de candidatos —a excepción de los candidatos a Presidentes y Vicepresidentes de la República—. El Congreso que aprobó esta ley, está compuesto por líderes y dirigentes, considerados miembros de las “cúpulas” sempiternas que no muestran predisposición a “soltar” el poder, mucho menos, a que generaciones jóvenes los releven. Ancianos tercos y reacios al cambio y a la renovación doctrinaria que los tiempos y la militancia joven, demandan. Si el fin es asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, las instituciones encargadas de esta necesaria e irrevocable tarea, como son los partidos, precisarán de prácticas netamente democráticas. Promover la equidad y la igualdad de oportunidades, empezando por ellas mismas, y proyectándose a la sociedad en general, es la tarea. El 100% de los candidatos, deberían ser elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto. (A propósito, sería oportuno y muy necesario, que estas características sean aplicadas también al voto ciudadano en todas las ceremonias electorales que se realicen en el país).

LIBERALISMO Y MARXISMO EN LA LITERATURA DE LOS 90

Por encima de toda polémica y contradicciones sobre el carácter ideológico del siglo XX, concluimos que los paradigmas influyentes y que se mantuvieron en una constante ebullición y enfrentamiento, fueron dos: el liberalismo y el marxismo. Economía de Estado y economía de mercado, pretendiendo ser más preciso. Ello generó y alimentó, a partir de la segunda mitad del siglo, esa siniestra pesadilla denominada “guerra fría”. Liberalismo y marxismo, fueron las ideologías hegemónicas que impregnaron su sello en los movimientos sociales del siglo. (Aun no adquirían una presencia relevante aquellas otras posturas intermedias, como la denominada “Tercera Vía” de Giddens, a partir de los años 80). En otros términos y desde otra óptica, las generaciones jóvenes descubrían un mundo insertado en esa pugna, de la cual no tenían otra opción que apostar por una de ellas; no había términos medios. Entonces, en esa lógica se esperaba que las generaciones jóvenes asumieran una postura frente a esos paradigmas ideológicos, lo que no sucedió con la generación de los 90, también llamada, por esa y otras razones: “Generación X”. Sucedió que la implementación de la Perestroika y la caída del muro de Berlín, y con ellos, la caída del “socialismo realmente existente”, se aperturó una época sociopolítica que muchos nombraron como la “crisis de los paradigmas”, el “postcapitalismo”, el “postmodernismo”, etc. Nació, pues, en el mundo, una época de transición que ofrece un futuro incierto y poco previsible, a razón de la polaridad ideología en la que el mundo estaba acostumbrado a moverse; polaridad, en declive. No sabría pronosticarse con un mínimo de certeza, hacia dónde iba la humanidad. Fue un momento de transición, como lo denominó Peter Drucker, y toda transición, escribió, obnubila el pensamiento y la razón. Así, la generación literaria de los noventa (específicamente, en la ciudad de Chiclayo), en su temática tratada, mostró un discurso totalmente ajeno a cualquiera de las ideologías antes señaladas. Es en ese sentido, que pudo entenderse un discurso y una temática “desideologizados”. Jamás, y desde ninguna otra óptica, debe entenderse como ausencia de ideología. Ello, seria un absurdo. La ideología como discurso y como praxis, es inherente al ser humano. De allí, que los noventinos hayan expresado una ideología propia, quizás; su desencanto y rechazo a toda practica ideo-política partidaria clásica o hegemónica, podría ser un indicador. Obviamente, constituye un error o una ligereza, otorgar el significado de “ausencia de ideología” al término “desideologización”. La ideología es inherente a todo acto, pensamiento u omisión humana. Por ello, cuando un autor escribe que “en todo lo que hacemos los seres humanos hay elementos o determinantes ideológicos”, es un acierto. Observamos, entonces, que la literatura de los 90, “está desprovista totalmente de todo matiz ideológico clásico”. “Clásico”, alude a esos paradigmas ideológicos hegemónicos que zarandearon al siglo XX. Siglo que, en sus últimas décadas, ofreció un panorama distinto. Panorama que algunos estudiosos identificaron como “el fin de la historia” (Fukuyama) o el “fin de las ideologías” (Bell). El liberalismo o la social democracia (para Fukuyama) se perfila como la ideología triunfadora; por lo tanto, el conflicto ideológico ha finalizado, en consecuencia, la historia —en ese sentido— ha terminado. No obstante, de ninguna manera ello implica que en el devenir histórico, no emerjan otros paradigmas ideológicos y quizá también perfilen otros tipos de conflictos, y hasta más aberrantes que los anteriores.

VALORES, SOCIEDAD E INDIVIDUO

Las campañas mediáticas que promocionan el rescate de valores en nuestra sociedad, nos revelan que desde las altas esferas del poder, pasando por los gremios empresariales e instituciones transnacionales sin fines de lucro, hasta la sociedad civil (no necesariamente organizada), existe una preocupación real respecto al imperio de los “antivalores” o “contravalores” que ha comenzado a frenar, sino a socavar, el afianzamiento de la democracia en nuestro país. Sabemos que los valores son principios que hacen que las relaciones que establecemos con objetos y situaciones, toquen nuestra voluntad, sensaciones y conocimientos; e implican experiencias que van más allá de la simple contemplación, nos mueven a actuar y asumir una postura y decisiones a raíz de tales relaciones. Un atentado genocida, un acto corrupto, una promesa no cumplida, un cadáver en la vía pública, una dinamita, etc.; son objetos y situaciones que, frente a frente a nuestro esquema de valores, nos estimulan para asumir una actitud a favor, en contra o de indiferencia. La discusión de la naturaleza y clasificación de los valores es tarea de la axiología. Evidentemente, no hallamos problema alguno al clasificarlos en valores individuales y valores sociales; la dificultad radica cuando intentamos priorizarlos. Si son o no, simplemente la proyección de los deseos y necesidades del individuo, prescindiendo de los deseos y necesidades del cuerpo social, es también desafío de la axiología, aclararlo. Otra gran dificultad encontramos cuando los jerarquizamos. Scheler, Hartman y Spranger, ya se ocuparon de ello. Casi coinciden en colocar en primer plano a los valores vitales (conservación de la vida), siguen los valores sensibles (percepción del mundo); y tercero, los valores espirituales (explicación de la existencia). Si asumimos esa escala de valores, podríamos intuir que las campañas mediáticas llevadas a cabo, tendrían que recorrer un larguísimo camino para siquiera aproximarse a sus objetivos. Pues, ellas inciden en rescatar los valores sensibles. Verdad, justicia, ecuanimidad, solidaridad, paz, honestidad, orden, limpieza, etc. ¿Como esperar que un individuo que padece hambre, no hurte, sea solidario, practique la justicia, diga la verdad, etc.? (Disculpen el matiz populista. Difícil evitarlo) Los axiólogos afirman que a un individuo podríamos tildarlo de moral o inmoral, sólo si es absolutamente libre pata tomar decisiones y ejecutarlas; no sujeto a ninguna presión —o voluntad— externa (superior, manager, tutor, etc). La responsabilidad es individual. Si un sujeto, por propia voluntad, prefiere priorizar los valores espirituales antes que los valores vitales, es su decisión. En cambio, si para proteger su puesto de trabajo o para salvaguardar un clima laboral amical, avala o encubre las tropelías de algún compañero o del jefe, ¿Será un inmoral? Está cuidando su puesto de trabajo que para él significa proteger la vida y la salud (valores vitales), suyas y las de su familia. Y proteger su vida, para él, es un valor supremo... Si no rescatamos y defendemos los valores vitales, difícil, muy difícil, hacerlo con los otros.