EL FANTASMA DE LA REBELIÓN

Tomando la frase prestada de uno de nuestros congresistas, aludiendo a los encontrones diplomáticos con el país del sur, respecto a una polémica —todavía inconclusa— delimitación marítimo fronteriza, diremos que las declaraciones de inconformismo y de reclamo de varios miembros de la Policía, encapuchados o no, son tambores de guerra que podrían anunciar una crisis del orden interno en el país. Tambores de guerra que el gobierno haría muy bien en dedicar parte de su atribulado tiempo a prestarles atención y dejar de lado el “paseo” y la “mecida” al que nos tienen acostumbrados. Si bien es cierto, peruanos y peruanas, casi siempre hemos convivido con la mordaza, la indiferencia y el olvido, y hemos luchado contra el ninguneo a fundamentales derechos ciudadanos como la libertad de expresión, de asociación y a la igualdad ante la ley, que nos compete por mandato constitucional a todos sin distingo de ninguna clase; en esta oportunidad, tratándose de una institución armada y encargada de velar por el orden interno en el país, el fenómeno adquiere otras relevancias que ameritan una atención y estudio especiales. Cabe preguntarse, por ejemplo, si nuestros policías, son o no ciudadanos. Para serlo, basta cumplir los 18 años de edad (artículo 30º CPP), aunque para ejercer la ciudadanía, es necesario inscribirse en el registro electoral, esto es, tener DNI. Ellos y ellas, ya lo tienen. Más ahora, en esta época, cuando las únicas actividades que acaparan toda la atención pública, sólo responden a intereses proselitistas de todos los matices, es necesario tenerlo presente. Aun así, con DNI y todo, los policías y soldados, mientras no pasen a la situación de retiro, tienen algunos derechos restringidos contemplados en nuestra Constitución Política (artículo 34º). Por ejemplo, siendo ciudadanos y servidores públicos, no se les reconoce los derechos de sindicación y huelga (artículo 42º), no son deliberantes (artículo 169º), es decir, sólo les toca obedecer porque están “subordinados al poder constitucional”: y algo muy importante, pueden elegir pero no pueden ser elegidos, ni siquiera pueden ser miembros de mesa (Resolución Nº 317-2005-JNE). No obstante, el SOT3 Richard Ortega Quispe, conocido como “Rumimaki”, y Secretario General de un supuesto Sindicato Único de Policías en Actividad del Perú (SUPP), fue dado de baja acusado de insubordinación en agravio del Estado, por apoyar el voceado paro policial del 5 de abril próximo; acción que su abogado Rolando Janampa, no duda que exprese la voluntad de algunos miembros de las altas esferas del gobierno, quizá, como un mensaje oculto para todos aquellos miembros en actividad que quieran seguir sus pasos. "Estamos viviendo en un país de dictadura” habría expresado el suboficial Ortega. Igualmente, el suboficial Edward Casas Diburcio, fue separado de su cargo por expresar que los miembros de la institución policial necesitan mejores salarios y mejores pensiones, e igual desenlace, hasta el cierre de la presente edición, esperaba el suboficial Abel Hallasi Zárate. Respecto al caso del suboficial Casas, la congresista Marisol Espinoza, representando a sus colegas de la bancada nacionalista, manifestó que es una represalia del gobierno, que lo único que está haciendo es politizar los reclamos y las protestas, difícil de ocultar, del cuerpo de suboficiales de la Policía peruana. Pero son medidas que pueden ser apeladas por ambos miembros dados de baja, “a través del Poder Judicial o por la vía administrativa”, señaló el Ministro del Interior, Octavio Salazar. Por otro lado, la Federación Nacional Policial (FENAPOL), en la voz de su presidente Oscar Pedraza, manifestó que estarán en primera fila, si el 5 de abril, sus federados deciden salir a las calles a manifestar públicamente su malestar frente a los magros sueldos y a los maltratos que reciben de parte del gobierno. Pero el malestar policial no es asunto de estos días. En un comunicado, posterior a los trágicos sucesos de Bagua (junio de 2009), la FENAPOL, declaraba que “La Familia Policial está siendo vejada y maltratada en forma permanente por la administración de Gobierno”, al violentar fundamentales derechos de policías en actividad, retirados, viudas y discapacitados. No hay por qué alarmarse, dijo el Ministro del sector, Octavio Salazar (oficial de policía retirado), negando a su vez que haya persecución de policías rebeldes que están alentando una jornada nacional de protesta para la primera semana del mes de abril; es simplemente la existencia de malos elementos que quieren meter ideas a los buenos policías, aseveró. El Ministro Salazar asume que el legítimo anhelo que han decidido hacer público, en contra de sus reglamentos institucionales, algunos miembros en actividad de su sector, sólo puede ser obra de enemigos del país y del gobierno, aprovechándose de la coyuntura política que vivimos. Y a fin de calmar los ánimos encendidos de los miembros subalternos de su institución, ha indicado que están “trabajando para mejorar la canasta familiar de los policías”. Obviamente, nadie en su sano juicio, desearía una revuelta que volvería añicos al orden interno en el país que, dados los últimos casos delincuenciales cinematográficos, no es ninguna maravilla del mundo; sin embargo, nos permite aún reflexionar y pensar en las posibles alternativas de solución, manteniendo la calma y la cordura necesarias, en salvaguarda del contrato social establecido. Entendemos que la finalidad fundamental de la Policía Nacional del Perú, es “garantizar, mantener y restablecer el orden interno”, por lo tanto, resultaría contraproducente y hasta irónico que atente o perturbe lo que se les ha sido dado en custodia: el orden interno. No obstante, por encima de toda ley y de toda norma, está “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, porque son “el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Corresponde a los gobernantes y a los gobernados, entonces, dirigir todos sus esfuerzos y recursos a preservarla de todo daño. Nada más importante, nada más prioritario, nada más alto que ello.

LOS PROFESIONALES Y LA PARTICIPACION ELECTORAL

El 13 de junio del presente año, se realizarán las Elecciones de Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura por los miembros de los Colegios de Abogados y los Colegios Profesionales de todo el país. En concordancia con el artículo 155º de la CPP 1993, el CNM está integrado por 7 miembros; todos ellos, elegidos por votación secreta y renovados cada 5 años. Pero el número de sus miembros, puede ser ampliado a 9, con 2 miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre listas propuestas por las Instituciones representativas del Sector Laboral y del Empresarial. (Artículo 17º de su Ley Orgánica). De los siete miembros, uno es elegido por los miembros del Colegio de Abogados, y los otros dos, por los miembros de los otros colegios profesionales. (Anteriormente, con la CPP de 1979 —articulo 246º—, los miembros de este organismo, que también eran siete, eran elegidos directamente, por un periodo de tres años, y sólo estaba constituido por abogados). Según las cifras de los Censos Nacionales 2007, en el país somos cerca de dos millones de profesionales (1’858,456), que constituyen el 7% del total de la población (27’412,157). Pero la participación electoral en el anterior proceso (junio del 2005), ha sido realmente bajísima. En aquel año figuraban 175,960 profesionales en el padrón de electores hábiles. (36,178 del colegio de abogados, a nivel nacional, y 139,782 pertenecientes a los otros colegios del país). Increíblemente, tuvimos un 54 por ciento de ausentismo en ese proceso electoral. Menos de la mitad de los profesionales habilitados para sufragar (80,944) participaron en la elección de los Consejeros para el periodo 2005-2010. Y si tomamos en cuenta que el 11% (9,239) de este grupo, decidió emitir un voto nulo o blanco; entonces, sólo 71,705 profesionales de un total de 1 millón 500 mil aproximadamente (el 6% de la población total, según cifras de los Censos Nacionales 2005), mediante la emisión de un voto válido, han elegido a los tres miembros del órgano encargado de elegir a quienes, al amparo de nuestras leyes, administrarán justicia en todas las localidades del país, en aras de una sociedad de paz, democrática y civilizada. (Una de las principales funciones del CNM es la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales de todos los niveles —a excepción de los que provienen de elección popular—. Y algo muy importante, sus decisiones son inimpugnables.). (Según los Censos Nacionales 2005, 1’490,116 de compatriotas contaba con educación superior universitaria completa. No obstante, en el padrón de electores hábiles de ese año, sólo aparecían 175,960 (11,8%), o sea, los colegiados. Asumimos, que en el otro grupo, se encuentran los egresados, los bachilleres, y los titulados no colegiados. Cifras realmente interesantes). Si consideramos que un profesional es una persona que está en la capacidad de asumir serios compromisos cívicos y de participar activamente en la elección de nuestras autoridades y representantes políticos —porque suponemos que es la forma contemporánea de contribuir directamente en la construcción de una sociedad peruana, y global, cada día más humana y racional; al observar un reducido y vergonzoso porcentaje de participación electoral en este proceso exclusivo para profesionales, es un hecho que obliga a la reflexión y al análisis de lo tan mal que está nuestra confianza en nuestros representantes y autoridades y tan grave nuestra fe en el régimen democrático, del que tanto nos enorgullecemos. Obviamente, no se ha descubierto la pólvora. Ya el PNUD en un estudio en Latinoamericana realizado en el 2004, concluía que “A pesar de los grandes avances alcanzados en el plano formal de la democracia, se está aún lejos de una democracia plena, de una democracia de ciudadanos”. Y si podemos señalar a nuestras instituciones educativas de la deficiencias observadas en nuestros estudiantes de educación básica regular, también podemos dirigir el dedo acusador y ácidamente crítico a nuestras universidades —públicas y privadas, evidentemente, aunque tengan muchas alas— de las deficiencias académicas —en todas las acepciones del término— observadas en nosotros, los profesionales. Irónicamente, para muchos millones de compatriotas, somos los más preparados y entrenados, y los más aptos para dirigir y timonear este barco, casi siempre a la deriva, llamado Perú, y mantenerlo estable y siempre hacia adelante. Nos queda esperar los resultados estadísticos de participación electoral en este proceso del 13 de junio, y comparativamente construir algunas conclusiones que esperemos, sean más positivas y saludables en beneficio de una futura sociedad peruana más participativa y empoderada, capaz de pelear unánimemente contra males tan arraigados en nuestra historia como la pobreza y extrema pobreza, la miseria, la inequidad, la discriminación, la corrupción y el abuso de autoridad, la delincuencia organizada, entre otros, no menos nocivos, por cierto, que periódicamente nos propinan golpes casi mortales, dejándonos inermes y vacilantes.

TIERRA INUNDADA, GANANCIA DE MERCADERES

No sólo el pánico de haberse quedado varados en una tierra lejana y hasta extraña es lo que mantuvo angustiados a los cientos de turistas que decidieron ver de cerca los vestigios de una grandeza imperial en la ciudad del Cusco, sino, la ambición mercantilista y nada solidaria de algunos mercaderes que estuvieron cobrando varios cientos de dólares para evacuarlos de ese aislamiento que se volvió insoportable.
Aunque las autoridades gubernamentales hayan desmentido toda irregularidad en las labores de evacuación de la población varada, el desagradable sabor del más primitivo mercantilismo ha quedado grabado y ha despertado dudas en la ciudadanía, que todavía existen quienes buscan lucrar con el dolor y la desgracia ajenos, y hasta la sospecha de una intención de aprovechamiento por algún personal del sector público, estuvo latente.
Son criterios técnicos los que han primado en el traslado de las personas aisladas por el azote de la naturaleza, y no se ha identificado ningún favoritismo en ningún momento, aseveró el premier Javier Velásquez Quesquén, el mismo día que anunció el destino de 13,2 millones de soles para atender las necesidades de las poblaciones afectadas en la zona sur del país; también dijo que los problemas presentados en los primeros días de las labores de rescate, no responderían a la falta de dinero, sino, de organización.
Sin embargo, el gobierno se vio obligado a suspender y prohibir todo vuelo privado a la zona de emergencia, a la que sólo naves de la ayuda oficial participaron en las actividades de rescate; actividades que hasta el cierre de la presente edición se aproximaban al número de mil personas rescatadas.
En un primer momento, y según declaraciones del ministro de Comercio Exterior, Martín Pérez, aproximadamente se rescatarían 1,500 hombres y mujeres a través del puente aéreo que fue necesario tender entre Ollantaytambo y Aguas Calientes (Machupicchu), en el Cusco, maltratado por diluvios, inundaciones, desbordes, huaycos y deslizamientos de cerros, al igual que otras localidades del sur del país.
Mientras tanto, y mostrando mucha confianza en los funcionarios responsables del rescate de los cientos de varados en la localidad de Aguas Calientes (Cusco), el jefe de estado, viajó a la ciudad de Tumbes para declararlo departamento “libre de analfabetismo”, meta que también espera lograr a nivel nacional, al término de su mandato.
Pero la desesperación de los afectados por la fuertes precipitaciones pluviales en la Capital Arqueológica de América, y la lentitud en el traslado aéreo, más las sospechas y denuncias no formales de irregularidades en esas actividades (“el que tiene dinero, en este caso, dólares americanos, logra salvarse más rápido”), y a pesar que el canciller peruano José Antonio García Belaunde, aclaró que no necesitábamos ayuda internacional, los gobiernos de Chile y Argentina ofrecieron su ayuda mediante el envío de naves aéreas (un Hércules C-130, de la Fuerza Aérea Chilena; y un avión Fokker y un Hércules C-130, ambas, naves militares argentinas), para agilizar el rescate de los turistas, y de preferencia, de sus respectivos compatriotas. (Aproximadamente, 300 turistas chilenos habían quedado varados en la zona del desastre. Colombia también ofreció su ayuda en las labores de rescate; pues, 20 de sus ciudadanos, se encontraban ahí).
El gobierno peruano, sin embargo, siempre mostró optimismo en el rescate de los afectados, al ordenar el vuelo de 11 helicópteros a Machu Picchu, señalando que la única objeción podría ser la variación repentina en el comportamiento de la naturaleza. El gobierno está preparado para afrontar este tipo de desastres, expresó el canciller García Belaunde, por lo tanto, “agradece el apoyo brindado y quizá podrá necesitarlo en algún momento".
Al parecer, la idea de una corruptela en las labores de rescate en la ciudad imperial, antes que la gravedad y número de los afectados, fue lo que determinó el traslado a la zona misma de los hechos de diversos funcionarios de alto nivel del gobierno central, como se dice, para “poner orden en la casa”.
Las primeras víctimas, fueron la turista argentina, Lucía Ramballo y el guía Washington Huaraya, compatriota nuestro, bajo la mortal caída de lodo en los primeros días de la emergencia. Costo humano que el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, lamentó públicamente; quien también aseguró que en ningún momento hubo preferencias en la evacuación de los pasajeros.
Para nuestros políticos que están en carrera electoral, la naturaleza nos ha dado una muy buena lección aprendida. Lo que no pueden hacer los contrincantes y adversarios en competencia, destruir nuestras reservas de esperanza y fe en alcanzar el triunfo electoral, lo puede hacer una naturaleza violenta y agresiva, como repentina, aliada a nuestra falta de políticas de prevención y escaza o deficiente organización frente a emergencias no causadas por mano humana. Pero la lucha no es contra la naturaleza; es contra pillos, delincuentes y mercaderes sin bandera y sin patrones éticos socialmente aceptables.