MINERÍA QUE MATA

El Decreto de Urgencia Nº 012-2010, publicado en el diario oficial El Peruano, el 18 de febrero del presente año, sostiene que la minería aurífera informal o ilegal que se practica en el departamento de Madre de Dios, viene ocasionando graves consecuencias en la salud de las personas, causa un impacto ambiental negativo, y afecta la recaudación fiscal del país por la evasión tributaria que representa; además que es la causa de crecientes conflictos socio ambientales en la zona que al Estado le corresponde prevenir y atender de inmediato.
Esta decisión política del gobierno de turno, de “declarar de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria el ordenamiento de la minería aurífera en el departamento de Madre de Dios” fue una de las causas de las últimas medidas de protesta que protagonizaron los gremios mineros en diversas localidades del país, con el trágico saldo de 6 fallecidos, decenas de heridos y varios desaparecidos, en un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional, en el proceso de desalojo de la carretera en la localidad de Chala, provincia de Caravelí (Arequipa).
(La primera disposición complementaria final, del polémico Decreto de Urgencia, disponía que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas colaborarán con el Ministerio del Ambiente y el Gobierno Regional de Madre de Dios, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del mismo).
Las muertes sucedidas en Chala, es un fenómeno absurdo en palabras del gerente regional de Energía y Minas, ingeniero Fredy Butrón Fernández, porque el decreto de urgencia en cuestión estaba dirigido específicamente para los mineros artesanales de Madre de Dios, refirió en una entrevista periodística. Así también, la fiscal provincial de Caravelí, Maruja Flores Tovar, habría precisado que entre los muertos hay una mujer que nada tiene que ver con las protestas.
Aún en medio de las protestas y enfrentamientos, al Jefe de Estado se le ocurrió tildar de “salvaje” a esta actividad minera “porque es informal y no paga impuestos”. Estas declaraciones sonaron como echar más leña al fuego, por lo que Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista respondió que “no se puede seguir matando personas para imponer medidas económicas”. Por su parte, el Premier Javier Velásquez, habla de “seudoempresarios”.
Por otro lado, el ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, remarcó que el sangriento decreto de urgencia ya había sido mejorado con dos resoluciones ministeriales, y debido a la desinformación, han continuado las protestas de los mineros artesanales, atentando contra la tranquilidad pública en el sur del país. Protestas, que según el ministro Brack, están promovidas por los propietarios de las dragas, esas pesadas máquinas que dañan y contaminan los ríos. Precisamente el cuestionado decreto, en el inciso 3 del artículo 2º, prohíbe el uso de estas máquinas y de otros artefactos similares en las zonas donde se practica la minería artesanal, informal o ilegal.
La CONFIEP también ha intervenido en el debate en este tema, y en palabras de su presidente Ricardo Briceño, ha manifestado que la minería informal está más ligada a nocivas actividades ilegales —como lavado de dinero y narcotráfico— que a actividades empresariales saludables. Además, agregó, que es necesario diferenciar a la minería informal como actividad de subsistencia de la otra que es utilizada y promovida por grandes capitales para evadir impuestos o para encubrir actividades delictivas.
Después de tantos comentarios y declaraciones encontradas, entre congresistas, ministros, dirigentes gremiales y líderes políticos, tras la sensación de que en el país, respecto al manejo e implementación del régimen económico, algo no está tan bien ni muy claro, el gobierno ha decidido revisar y modificar, y quizá derogar la norma que ha contribuido más a generar problemas que soluciones.
En junio del año pasado, sucedió algo similar en la provincia de Bagua, donde fue necesario una masacre que nadie ha olvidado, para la derogación de unos decretos que también fueron cuestionados, rechazados y hasta considerados inconstitucionales, en un afán de implementar a toda costa el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y Perú, conocido como TLC.
Algo debe estar marchando no muy bien o fuera de su lugar, en la administración gubernamental, para que nuevamente la dación de una norma legal genere protestas y malestar en dimensiones incontenibles y que obligan al Estado a utilizar la fuerza para tratar de imponer una decisión política aún en contra de la voluntad y aceptación de los ciudadanos y ciudadanas directamente afectados y afectadas.
Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, en conferencia de prensa especificó que en lo que va del año, han fallecido 12 personas en diversos conflictos sociales, en los departamentos de Piura, Cajamarca y Arequipa. A su vez, exhortó a la Policía Nacional del Perú, a usar la fuerza con criterios de necesidad y proporcionalidad a fin de evitar situaciones lamentables que terminan enlutando a todo el país.
La “criminalización de las protestas” ya es un hecho en el país, en la visión de Ollanta Humala, por lo que su bancada estaría preparando una propuesta para declarar la vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral permanente. Obviamente, que esto tiene un matiz más sensacionalista que racional; aún así, de alguna manera, contribuye a incentivar y profundizar el malestar y el desgobierno en todo el país, nada saludable para una época donde el proselitismo campea en todas las latitudes, desmereciendo y minimizando otras propuestas más cuerdas y menos subjetivas en bien de la gobernabilidad, tan lejana de alcanzar en los últimos tiempos.

CIENCIA Y RELIGIÓN: ¿DOGMAS ENCONTRADOS?

La milenaria convivencia de la iglesia (¿poder religioso?) y el Estado (¿poder político?), evidencia una relación altamente conflictiva cada vez que la anticoncepción emerge en la escena pública decidida a dar la última batalla en contra de posturas y posiciones, tercas y obstinadas, que predican la “defensa de la vida”. Como si la vida humana pueda concebirse o definirse sólo y exclusivamente a partir de la unión de los gametos masculino y femenino; se estructuran encendidos debates que se aproximan al capricho y a la necedad. Revelan también la flaqueza racional de la parte que enarbola la “cerrada defensa de la vida humana”, cuando sólo destina sus esfuerzos, ciegos y obtusos argumentos, de preservar la evolución del cigoto desde el momento mismo de su aparición, y descuidan, ignoran o eluden demoniacamente todas las situaciones salvajes que condenan a millares de nuestros semejantes a una vida —si puede llamarse “vida”— degradante e infernal, ominosa y cruel, ante lo cual, todo rito y fetichismo de carácter místico, sea moderado o espectacular, se vuelve simplemente inútil, y hasta ridículo. Muchos —con altivez y petulancia que repugna— se rasgan las vestiduras cuando hombres y mujeres, en nombre de su “libre albedrío”, deciden por qué, cómo, cuándo, y cuántos hijos tener al amparo de sus lógicas —aunque equivocadas— y cálculos particulares, frente a una situación social, económica y política totalmente contraproducente y desfavorable para construir un porvenir mínimamente satisfactorio que legítimamente les corresponde por ser hechuras semejantes a su Creador. Un Creador que lo menos que desea, por ser el amor la base de toda su obra, es que sus seres creados se agarren a trompadas y puntapiés en su nombre y en nombre de su voluntad, que se presume, definitivamente interpretada. Y cuál o cuáles serían los intereses de las iglesias, así, en plural, en promover la procreación y reproducción indiscriminada de la humanidad, sabiendo que la economía, ahora, se muestra como un fenómeno que ha escapado de nuestras manos. En otros términos, que puede mover a una institución que asume y se presume representante de la voluntad de Dios en la tierra —algunos más sofisticados y refinados, por decir lo menos, humanos de carne y hueso, se presumen ridículamente, representantes del Dios vivo— para defender y promover la reproducción de la pobreza y la miseria aquí en todos los confines de la tierra. Qué malignos intereses están detrás de tales esfuerzos sobrehumanos que hasta pretenden —o quizás lo hagan— rebasar la autoridad emanada del sufragio universal, al sugerir el relevo o el nombramiento de ciudadanos que tienen por función tomar decisiones que nos afectan a todos y a todas. Si hoy es así, mañana quizá también sugieran o impongan congresistas, jueces, fiscales y hasta al mismo jefe de Estado. En el 2005, la ONU revelaba en su informe “La Encrucijada de la Desigualdad” que en el mundo, 1,390 millones de personas —creaturas de Dios— vivían con menos de 2 dólares diarios, y de estos, cerca de 400 millones, con menos de 1 dólar por día. (Niños y niñas, adultos y ancianos, con miradas inertes, recorren diariamente letrinas y basurales para poder mantenerse “vivos”; a estas criaturas, raramente puede espantarlos la imagen del inferno por más terrorífica que ésta sea). Ante estas cifras, los supuestos representante del Dios vivo en la tierra, no se les eriza ni un bendito pelo. Se ofuscan, se enervan y gritan en el púlpito como animales heridos y enfurecidos, atacando a diestra y siniestra con una autoridad que sabrá Dios, como la han obtenido. Y lo peor, construyen y logran vender por doquier la imagen de un Dios casi maldito, porque si no obedecen su “voluntad” interpretada, simplemente, te condenará al fuego eterno. Qué más infierno que este mundo, donde individuos e instituciones con poder no cumplen otra función que la de reproducir las inequidades, desigualdades e injusticias al ritmo de sus discursos con doble sentido. Si bien es cierto, difícilmente podemos ver el futuro o anticiparnos a él; sí podemos, en base a nuestras experiencias o a las ajenas, o en base a nuestra formación académica, proyectarnos a él e imaginarlo, lo que nos permite tomar decisiones ahora, con la idea de construir, preservar o mejorar nuestro actual bienestar. En esta lógica, ¿Quién puede negar o condenar la decisión de un hombre o una mujer o de ambos, de planificar el número de hijos, ahora, con la idea de no perjudicar el bienestar de toda la familia, mañana? En nuestro país, al año 2007, según el INEI, éramos 28’220,764 de compatriotas. El 39,3% se encontraba en situación de pobreza; y de este grupo, el 13,7%, en condiciones de extrema pobreza. Aunque con bombos y platillos celebremos que hayamos logrado reducir la pobreza en 5,2 por ciento; es alarmante que más de 11 millones de peruanos vivan con S/. 7,65 diarios, y un millón y medio de ellos y ellas, puedan subsistir con menos de 4 soles diarios. (Evidentemente, la economía, una ciencia, se ha equivocado en todo el mundo). Hasta el sentido común de los desposeídos y condenados a una vida infernal, sería incapaz de sostener que esta situación podría revertirse, promoviendo el no uso de métodos anticonceptivos. Haciendo apología de la reproducción humana en nombre de un paraíso después de la muerte o al amparo de un Dios feroz dispuesto a rajarnos las espaldas con mil latigazos si planificamos nuestras familias, no se contribuye a combatir esa maldita miseria que, aunque no lo parezca, termina por afectar a toda la humanidad. Además, la creación fue una obra planificada, ¿o, no?