KNOCK-OUT ELECTORAL

Al parecer, a excepción de Alberto Benigno Espinoza Najarro, ciudadano que planteó la tacha contra Alexander Martín Kouri Bumachar, candidato a la alcaldía provincial de Lima por el Partido Político Cambio Radical —inscrito en el ROP, el 20 de enero del 2005—, ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, nadie más esperaba la resolución del JNE, ratificándola. Hemos quedado sorprendidos casi todos los ciudadanos y ciudadanas, comprometidos o no, con alguna de las ofertas electorales en competencia, con miras a conquistar el poder regional o municipal, a través de las urnas, este domingo 3 de octubre, en todo el territorio peruano.
Uno, porque la acción ejecutada por el JNE, organismo con máxima autoridad en temas electorales, ha resultado ser más que certera y efectiva, acorde a las normas vigentes. En un país como el nuestro, en una época como la actual, considerando las aberrantes experiencias de la década pasada cuando la corrupción cual pulpo inhumano y antidemocrático, carcomió todos los cimientos de nuestro estado de derecho, dejándolo mal herido y casi agonizante, era de poco esperarse.
Y dos, porque un candidato del “peso” de Kouri, con una basta experiencia en la materia —esto es, en la lid proselitista y como él mismo dijo, con cuatro procesos electorales ganados—, se le haya escapado una, nos deja a todos la sensación que en una batalla electoral, nada está determinado ni es previsible, dada la alta competitividad de la oferta electoral como la marcada volubilidad de un electorado indeciso. Amén de los expertos y expertas en estas lides, que ponen a juego todas sus habilidades y artilugios, que no dejan de causar sorpresa.
Tras el sillón municipal metropolitano, se inscribieron en el JNE 11 candidaturas, de las cuales, la de Cambio Radical tendría que ser encabezada por el siguiente en la lista respectiva. Pero sucede que la ciudadana Hilda Yvonne Melanie Frayssinet Gaviria, reconocida actriz de la televisión peruana y primera regidora, ha desistido de la alternativa. Se habló y se propuso también que sea el ciudadano Fernán Altuve-Febres, candidato a regidor en el segundo lugar, de la misma lista.
No obstante, ante la negativa de la máxima autoridad en temas electorales, el candidato a regidor Fernán Altuve-Febres se ha mostrado discrepante y muy altivo, señalando que en todo esto hay un trasfondo político que no sólo le interesa sacar de competencia a Kouri, sino, a toda la lista de Cambio Radical. Por ello le están negando el derecho a hacer campaña política y presentarse como candidato a la alcaldía en reemplazo de su candidato tachado. “Yo no me voy a considerar un depositario, soy un actor", afirmó en una entrevista televisada.
Mientras los candidatos debaten para aceptar un cambio radical después de la inesperada tacha que para muchos, sabe a un baldazo de agua fría, los otros candidatos aspirantes al sillón metropolitano, se arrogan ser los acreedores de los supuestos votos que han quedado sin candidato. Incluso, quienes aparecen en los últimos lugares en las encuestas realizadas, se han concedido la facultad de soñarse como alcaldes virtuales, generando infinidad de muecas risibles en el electorado desengañado, desencantado, y hasta desafectado de la politiquería con la que convivimos desde hace muchísimo tiempo.
Pero Fernando Tuesta, especialista en temas electorales, ha señalado que sólo la mitad de los votos de Kouri, optarían por dirigirse a otras candidaturas, dentro de ellas, la actual favorita en las encuestas, Lourdes Flores, quien no pudo o no supo como conquistar palacio de gobierno en tres frustrados intentos, y ahora, ansía la alcaldía metropolitana en un desesperado intento por no desaparecer de la tribuna política.
Definitivamente, con el inesperado y certero golpe que ha dejado tendido en la lona a un contrincante, la escena política, en la ciudad de Lima, está dando giros no previstos que comprometen las voluntades y deseos, más de individuos que de organizaciones, que están invirtiendo en la campaña, mucho más de lo que sus imprevisibles resultados puedan retribuir. Pero las leyes son claras, y esperamos, que así también sean las decisiones de quienes tienen en sus manos la facultad de cumplirla y hacerla cumplir. En la última semana, el Jurado Nacional de Elecciones, ha dado un claro y respetable ejemplo de ello, digno de imitarse.
El inciso 2 del artículo 6º de la Ley de Elecciones Municipales, Ley Nº 26864, indica como requisito para ser elegido alcalde, “Domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule, cuando menos dos años continuos”, requisito que no cumple el candidato tachado, y apeló, aferrándose a la figura de “domicilio múltiple”; sin embargo, en calidad de presidente regional, cargo a dedicación exclusiva, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 20º de la Ley Nº 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), le estaba prohibido desempeñar otra actividad laboral. “El Presidente Regional desempeña su cargo a dedicación exclusiva, con la sola excepción de la función docente”, indica la citada ley.
Pero más allá de los intereses ocultos o de los trasfondos políticos involucrados en el proceso de tacha contra el candidato Alexander Kouri, que muchos han señalado en el afán de desvirtuar o deslegitimar las resoluciones emitidas al respecto, por las instituciones competentes; está el respeto a las normas legales vigentes que todo ciudadano y ciudadana le debe. Sin distingos ni privilegios ni excepciones de ningún tipo. La igualdad ante la ley, es el requisito fundamental para sentar las bases de la complicada estructura de una sociedad humana democrática.
Evidentemente, es en las épocas de competencia electoral que en sociedades como la nuestra, la heterogeneidad se manifiesta en sus máximas expresiones. Junto a ella, los afanes por hacerse del poder político, nos muestran actitudes y personalidades diversas; relaciones de poder, bastante complicadas, que validan aquella frase bastante conocida, “hecha la ley, hecha la trampa”. Muy nociva, por cierto.
La ratificatoria por unanimidad de la tacha interpuesta contra la candidatura de Cambio Radical, por el JNE, como ya lo han señalado muchos, marca un precedente para próximos procesos electorales, en el sentido que toda oferta electoral debe ajustarse a los mandatos de la normatividad vigente, a fin de contribuir a la construcción de una sociedad peruana realmente democrática, donde la máxima “igualdad ante la ley”, vaya más allá de la simple proclama, y se manifieste en la cotidianidad de todos los peruanos y peruanas. (El incumplimiento de la presentación detallada del financiamiento partidario, ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, de la ONPE, es otro tema pendiente que constituye una omisión a la normatividad electoral vigente por la mayoría de las organizaciones políticas en competencia).

LA CAPACITACIÓN ELECTORAL

“Velar por el respeto y el cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales” es el fin supremo del JNE, señala el art. 2° de su ley orgánica (Ley N° 26486). Y “velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular manifestada a través de los procesos electorales” es la función esencial de la ONPE dice el art. 2° de su ley orgánica (ley N° 26487). Estas funciones necesitan ser complementas con la de “Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la ONPE”, función que corresponde al RENIEC (Art. 7 inciso “d” de su respectiva ley orgánica). Estas tres instituciones que conforman el sistema electoral, entonces, en permanente coordinación, garantizarán imparcialidad y transparencia en los procesos electorales para hacer prevalecer la voluntad popular que ellos manifiestan. Pero ello pasa por un sistemático proceso de capacitación electoral dirigido a la ciudadanía en cualquiera de los papeles que asuma el día de las elecciones (miembros de mesa, electores, personeros, periodistas, observadores, fiscalizadores, FFAA y PNP, etc.). El JNE y la ONPE, de acuerdo a sus leyes orgánicas, son las instituciones responsables de planificar, organizar y ejecutar actividades de capacitación electoral. Dirigirse a todas los lugares donde hayan grupos de electores, tanto en la zona urbana como rural, es el objetivo de la capacitación dirigida por la ONPE, a fin de que ellos emitan el denominado “voto informado”. Incluso, dentro de las estrategias empleadas está la “capacitación personalizada” que en algunos casos se realiza casa por casa. Sin embargo, en no muy pocos casos, la población confunde la función de la ONPE y la considera como un ente que trabaja a favor de algunas de las opciones políticas participantes en la contienda electoral. Esta confusión, —alimentada por la desconfianza en los procesos electorales en sí, debido a los pocos cambios que han experimentado a través de los periódicos relevos de gobernantes, legitimados por este tipo de procesos que la ONPE planifica, organiza y ejecuta— fomenta en los electores, básicamente de poblaciones urbano marginales y rurales, una actitud reacia a participar en actividades de capacitación. La desidia y la desconfianza en la veracidad y validez de los procesos electorales, se apodera de inmensos grupos poblacionales y provoca ausentismo o poquísima asistencia y participación en las capitaciones electorales en marcha. Ya sea porque los temas tratados son repetitivos; o porque la televisión, la radio y otros medios de difusión los atosigan con propaganda electoral, o porque la pobreza, el desempleo y la ignorancia los empuja a espacios marginados de la sociedad formal; o en el peor de los casos, porque las estrategias didácticas empleadas por los capacitadotes, son obsoletas y no adecuadas para ese tipo de aprendices. Electores y electoras entienden, que no necesariamente el respeto a la “fiel y libre expresión de la voluntad popular” garantiza gobernantes respetuosos de sus demandas y fieles a sus promesas proselitistas. Y los medios para revocar a los malos gobernantes —normados por la ley N° 26300—, tampoco permiten rectificar el error a tiempo, y si lo hace, el poco tiempo que le queda al nuevo gobernante, es insuficiente para atender las principales necesidades que quizás sí hubiera sido posible sumándole el tiempo que el gobernante revocado, con engaños y artilugios propios de un delincuente, “gastó”. La capacitación electoral, pues, para alcanzar sus objetivos a favor de la emisión de un “voto informado”, necesita complementarse con los papeles de los otros actores electorales, y básicamente, con las actitudes y papeles de los candidatos —que una vez elegidos nuevos gobernantes—, asuman con responsabilidad, honestidad y lealtad a la voluntad ciudadana. El continuo desengaño al que está expuesta la ciudadanía por parte de gobernantes irresponsables e ineptos, desleales y traidores de la soberana voluntad ciudadana, le resta eficiencia y convierte en actividades poco eficientes y merecedoras de poco respeto a las capacitaciones electorales que llevan a cabo las instituciones responsables. En suma, la elección de gobernantes mediante el sufragio secreto y universal, va perdiendo validez y legitimidad, y junto a ella, la democracia representativa.

LA UTOPÍA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Desde el mes de febrero del año 2003, contamos con una noción de seguridad ciudadana, y con un sistema nacional encargado de alcanzar aquella utopía del tercer milenio, de vivir en paz con nuestros semejantes. La norma respectiva (Ley Nº 27933) señala que seguridad ciudadana es “la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos”. Precisamente, esta ciudadanía acorralada por la delincuencia organizada, es la encargada, de acuerdo a la norma mencionada, en coordinación con el Estado, de construir una convivencia pacífica dentro y fuera de los hogares. Porque entendemos que el anhelo de vivir en armonía con mis semejantes, involucra los espacios público y privado. Necesitamos la seguridad que al caminar por las calles, solos o acompañados, no seremos víctimas de violencia, así como cuando estemos en nuestras casas, trabajo o en algún otro espacio privado. La pena de muerte para los agresores y desalmados que osan causar cuánto daño puedan, en forma individual o grupal, a hombres y mujeres, niños y adultos, es la alternativa que levantan muchos compatriotas, en su afán desesperado por terminar de una buena vez, con esta amenaza delincuencial que en cualquier momento toca nuestra puerta para manchar con sangre nuestras vidas, desgraciándolas. Una alternativa que hasta ahora lo que ha logrado es dividir las opiniones en dos bloques, a favor y en contra. A pesar que nuestra Constitución, en su artículo 140, contempla que la pena de muerte “sólo puede aplicarse por el delito de Traición a la Patria en caso de guerra, y el de terrorismo”, dependiendo de las leyes y de los tratados que el Perú ha firmado. Keiko Fujimori, congresista y voceada candidata para las presidenciales del 2011, es la primera en levantar la voz favorable a la pena de muerte para los criminales como los llamados “marcas” y otros hampones y bandidos que causen lesiones graves a sus víctimas. Posición nada sorprendentre si consideramos que la actual Constitución fue promulgada en el gobierno de su padre —actual recluso condenado a 25 años de cárcel—, la que retomó la aplicación de la pena de muerte para casos específicos. Luis Iberico, periodista y ex congresista, señaló que de aprobarse la pena de muerte, ésta tendría que ser aplicada también a los culpables de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en clara alusión al padre de la congresista Keiko. La niñita de 3 años de edad, una de las últimas víctimas de una banda criminal, de las tantas que tienen en zozobra al país entero, ha sido el caso que está rebasando el vaso de agua de la paciencia ciudadana que clama, con urgencia, la aplicación de una política que devuelva la tranquilidad y la seguridad a la ciudadanía. Lourdes Flores, ex candidata presidencial y actual candidata a la alcaldía provincial de Lima, acorde con la coyuntura, también ha exclamado indignada, la necesidad de un acuerdo interinstitucional para hacer frente a esa lacra mortal que día tras día, nos deja una nueva víctima. Carlos Raffo, es otro de los congresistas que se han pronunciado a favor de la aplicación de la pena de muerte para los delitos agravados, y ha enfatizado que su bancada sostendrán ese pedido, aunque nadie más los apoye. No obstante, el ministro de Justica, Víctor García, manifestó la inviabilidad de esa pena, dado que el Perú es parte firmante de tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica (firmada por Perú el año 1977, y ratificado el año siguiente), abolicionistas de esa pena; además, sostuvo, primero tendríamos que modificar nuestra Constitución. Esta postura, es coincidente con la asumida por el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Aurelio Pastor. Ha sido el abogado penalista Luis Lamas, quien ha puesto el dedo en la llaga, al afirmar que todas esas propuestas favorables a la restitución de la pena de muerte, no van más allá de la simple teoría y dada la coyuntura electoral, caracterizada por la alta competitividad de ofertas lectorales, sólo pueden representar el afán de figuración de los líderes y representantes de las agrupaciones en competencia. Asimismo, agregó el especialista en la materia, que el proceso de restitución de la pena de muerte en nuestro país, podría demandar un lapso de 5 a 6 años. Entonces, esa vehemencia que en los últimos días hemos escuchado, aludiendo e insinuando una rápida restitución de la pena de muerte en nuestro país, de parte de muchos candidatos y congresistas, no es más que una de las tantas maneras que la “creatividad” proselitista, ensaya. Grotescamente, risiblemente, irónicamente; pero, ensaya. Ello, sin tomar en cuenta que nada nos garantiza que con la sola aplicación de la pena de muerte, desaparecería ese indeseable fenómeno delincuencial, como muchos se atreven a insinuar. Desde otra óptica, incluso, esa habilidad para aprovecharse de la desgracia de una familia peruana, víctima del crimen organizado, para ensalzar la ausencia de la pena de muerte y enrumbar con todo a favor de su restitución, sin considerar los límites y dificultades que tenemos como país miembro de tratados internacionales que la proscriben; dando falsas esperanzas —porque quién, en calidad de víctima, no anhela ver decapitados a esos desgraciados—, es una actitud que se suma a otras, absolutamente rechazables, porque sólo pretenden cautivar la atención mediática a fin de “venderse” como la mejor oferta electoral, amén de las infinitas decepciones y frustraciones que luego representan para la mayoría de electores. Por otro lado, la solución de la inseguridad ciudadana —“que ha superado la estrategia y acción de las instituciones”, dijo Alan García en su mensaje a la nación el último 28 de julio—, en la voz del ex Ministro del Interior, Remigio Hernani, pasa por potenciar la inteligencia policial, antes que la prevención, que se caracteriza por atiborrar las calles y plazas de policías y patrulleros. Pero, por sobre todo, se trata de asumirla como una política de estado. Es necesario, voluntad política, dijo el ex ministro Hernani. Alan García, también señaló que el tema no pasa por aumentar los pertrechos, sino “más convicción en las instituciones, más trabajo de 24 horas al día en cada día y sobre todo más coordinación”. Si la delincuencia continua campeando a su antojo, es “por celos, emulaciones y envidias” entre las instituciones corresponsables de la seguridad ciudadana, dijo el jefe de estado, enérgicamente. Difícilmente, podríamos estar en desacuerdo con ello.