En horas de la tarde del día 13 de setiembre, el Área de Trámite Documentario del Congreso de la República, recibió el Oficio Nº 213-2010-PR, refrendado por el Presidente Constitucional de la República, Alan García Pérez y por el —todavía— Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, adjuntando el Proyecto de Ley que deroga el Decreto Legislativo Nº 1097, a fin de ser sometido a consideración del Congreso.
En la exposición de motivos del citado Proyecto de Ley, los firmantes argumentan el pedido de derogatoria por haber “producido alarma en algunos sectores de la población” y por ser susceptible de aprovechamiento por algunos responsables o culpables de delitos contra la humanidad, convirtiéndose en una “especie de amnistía encubierta”, cosa que, confirman los firmantes, es un tema “absolutamente ajeno a los propósitos del gobierno democrático”.
Trece días antes —el 01 de setiembre—, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el polémico DL Nº 1097, regulando los procesos judiciales por delitos contra los derechos humanos. Uno de sus acápites que causaron sorpresa e indignación en la opinión pública, fue su primera disposición complementaria final, la que precisaba que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (aprobada por la ONU, el 26 de noviembre de 1968; y por el Perú, mediante Resolución Legislativa Nº 27998, el 12 de junio del 2003), regía para nuestro país a partir del 09 de noviembre del año 2003. Esto es, los autores de crímenes cometidos antes de esa fecha, resultaban beneficiados con la figura de la prescriptibilidad, y todos “felices para siempre”.
Martín Rivas Rivas, el líder del llamado Grupo Colina, y Juan Rivero Lazo, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE); fueron algunos de los que, sin pensarlo dos veces, se acogieron al DL Nº 1097, para liberarse del proceso judicial por crímenes de lesa humanidad cometidos en la década pasada.
Definitivamente, el mal paso estaba dado. El estado peruano, dicho de otro modo, el gobierno peruano, se ha caracterizado por caminar a tientas en temas que ameritan previa consulta o que a la menor fricción, despiertan pasiones o conflictos de intereses en diversos sectores de la ciudadanía, ahondando mucho más las fragmentaciones de la sociedad peruana, y lo que es peor, el abismo entre gobernantes y gobernados.
El mal paso se confirma con la olímpica aprobación de su derogatoria por parte del Congreso de la República, mediante la publicación de la Ley Nº 29572, el día miércoles 15 de setiembre, en el diario oficial El Peruano. A pesar del manotazo de ahogado del Ejecutivo, al publicar en el mismo diario, el día lunes 13 de septiembre, una Fe de Erratas al cuestionado y vilipendiado decreto legislativo; la derogatoria, estaba cantada. Días antes, solicitada a gritos, por tirios y troyanos.
Es evidente que los requisitos y elementos jurídico-legales puestos en juego en el derogado decreto legislativo, no pueden estar del todo claros y fácilmente pueden ser susceptibles de interpretaciones equivocados; sin embargo, dadas las opiniones y críticas vertidas desde diversos vértices, y la visible desesperación del gobierno para corregir o encubrir su “metida de pata”, dando pasos atrás —no, al costado; mucho menos, para saltar—, en respuesta a la presión de una opinión púbica, de una prensa minuciosa y alerta, y de algunos personajes públicos, nos inducen a pensar que hay intereses poderosos para interferir, desde el Estado o desde el gobierno, en el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad, cometidos en las últimas décadas.
Este mal paso gubernamental —con su fe de erratas y su derogatoria incluidas—, motivó la intervención de organizaciones que manifestaron su contrariedad y desacuerdo con la medida, y de personajes como Mario Vargas Llosa, quien llamó “triquiñuela jurídica” y “verdadera desgracia” al ominoso decreto, felizmente ya derogado. Vargas Llosa se refirió así, en su carta de renuncia a la Presidencia de la Comisión de Alto Nivel que promoverá, organizará y pondrá en funcionamiento el Museo de la Memoria, denominado después “Lugar de la Memoria”. “Ojalá tenga usted el valor para abolir este innoble decreto”, escribe Vargas Llosa en su renuncia dirigida al jefe del Estado peruano.
Mientras que desde otra tribuna, “Yo creo que estoy luchando por una causa justa” afirmó Luis Giampietri, Primer Vice-Presidente de la República, Congresista, uno de los férreos defensores del extinto decreto legislativo, y el único que votó en contra de su derogatoria (90 congresistas votaron a favor). A su turno, Rafael Rey, ex Ministro de Defensa, y quien había consultado al abogado del ex presidente Fujimori, Cesar Nakasaki, sobre la controvertida norma, antes de su errónea aprobación, sostuvo que la defendería hasta quemar los últimos argumentos. Ciertamente, los quemó todos.
Si ha sido un error o no, es posible que algún día lo sepamos. Por su parte, Johnny Lescano, congresista y destinatario de una gratificante carta escrita por Abimael Guzmán, referida a la última leguleyada, afirmó que “No es ningún error del gobierno, esto es intencional”. De forma similar, “ustedes se han equivocada dando este decreto”, expresó contrariada la congresista Luisa María Cuculiza, en las últimas horas de vida del 1097. Las opiniones, estaban ardiendo; los criminales, festejando; y el gobierno, retrocediendo.
La Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana, también se pronunciaron públicamente sobre el tema, aclarando sus posiciones ante la ciudadanía. La Defensoría, confirmando que “los graves delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles”, y dejando entrever la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; mientras que la Conferencia Episcopal, le recordaba al Estado que la sociedad en su conjunto le exige “la aplicación de sanciones ejemplares contra todo el que atente contra la vida”.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, también manifestó que el DL Nº 1097, reforzaba la percepción de un “clima de impunidad” en el país. Igualmente, el Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES), advertía que gracias al —ya derogado— DL Nº 1097, “a nivel internacional, el Perú aparecerá como un país que manda al diablo la normatividad internacional democrática”. Por todos lados, el Estado y el gobierno, recibían dardos que daban en el blanco de su desatino, a puertas de un proceso electoral, desde ya, enardecido, contendiente, exaltado.
Si a nivel mundial existiera algún premio al Mejor Chiste Irónico, no cabe duda, que se lo ganarían, año tras año, nuestros furibundos gobernantes y legisladores. La habilidad para argumentar y cambiar de opinión con la rapidez de un rayo, y presentarse “impecable” ante la opinión pública, es una acción que amerita una premiación mundial. Por ejemplo, cuando escuchamos al ex Ministro de Justicia Víctor García Toma, defender a capa y espada la norma derogada, argumentando que no alcanza a los acusados por los hechos de El Frontón, ni La Cantuta ni Barrios Altos; y después de la derogatoria, argumentar opiniones contrarias, como que la confusión generada dañaba la imagen del gobierno, sí que es una payasada digna de ripley de esas que nos dejan con la boca abierta, con los crespos hechos o con las ganas de vociferar indecencias. La ciudadanía (“de primera, de segunda o de tercera clase” o como a usted le plazca considerarla), señor Presidente de la República, merece respeto. De ella, emana el poder —que usted ostenta—.
