No podría ser de otra forma. Después de tres décadas —descontando algunos meses del funesto 1992— de vivir en un estado de derecho; de festejar y venerar, mal que bien, a una democracia que nos provee de ilusiones más que de realidades, de frustraciones más que de triunfos, de riquezas para unos pocos y miserias para otros muchos; estamos cosechando lo que hemos sembrado.
Es el país de todas las sangres, escribió sabiamente uno de nuestros académicos indigenistas, después de convivir en este pintoresco país que no terminamos de construir. Podemos decir ahora, no con la satisfacción ni la algarabía de las buenas nuevas, que tendremos un Congreso de todas las sangres, de todos los oficios, de todos los géneros. Además, no olvidemos que “Los congresistas representan a la Nación” (CPP, artículo 93º). Cantantes, conductores de programas televisivos, vedettes, bailarinas, deportistas, y los infaltables “tránsfugas”, ambicionan una curul de las 130 —quiera Dios que no sume ni uno más— que serán entregadas este 10 de abril. Rostros nuevos como también aquellos que ya ni siquiera caben en el término “viejos” porque ya sobrepasaron la valla de la tolerancia a la inoperancia, la desidia, la sinvergüencería y la viveza criolla.
(Nadie duda que la labor de un congresista sea legislar, fiscalizar y designar a algunos funcionarios públicos. Pero esta función casi nada tiene que ver con las habilidades personales en un antro donde pululan las negociaciones bajo la mesa, los intereses creados y el chantaje. La dictadura de las mayorías, realmente, adquiere cuerpo y vigencia innegable, en este Congreso. El transfuguismo pudo haberse interpretado como un acto de rebelión contra esa situación, pero tampoco fue así. Pero que los candidatos al Congreso, estén prometiendo obras como si fueran ejecutores o los benefactores de un régimen dictatorial; desdibuja su naturaleza parlamentaria y legislativa).
¿Esto es democracia?, sí es democracia. Si después de las alianzas, pactos, contubernios y negociaciones al más puro estilo del libre mercado; tenemos listas de candidatos y candidatas que sorprenden, distraen, entretienen y nos roban burdas sonrisas con sabor a desencanto; es producto de esa igualdad de condiciones —que las leyes nos garantizan— para postular a un cargo público de elección popular. A excepción de la edad y la ciudadanía de nacimiento, ningún otro factor es limitante para candidatear a uno de los cargos que elegiremos en el mes de abril.
Un candidato no necesariamente tiene por qué encajar en nuestras preferencias para sentirnos ciudadanos —de “primera clase”, diría Alan García sin desinflar su histórico ego colosal— y asistir orgullosos a depositar nuestro voto en las urnas. Si ninguno de los candidatos se nos presenta merecedor de nuestro voto —“informado”, lo llaman los especialistas en la materia—, tenemos la opción del voto en blanco; e incluso, el voto nulo. Si hay algo totalmente hermético y confidencial en este país de chuponeos, es la cámara secreta. En este lugar, con un lapicero en una mano y en la otra la cédula de sufragio, somos los reyes del universo. Candidato que no hemos de beber, dejémoslo correr.
Cuando algunos analistas cuestionan las candidaturas de deportistas, vedettes y cantantes; en fin, de ciudadanos y ciudadanas que ellos mismos se definen como “no políticos”; e incluso, algunos analistas hablan de la necesidad de “profesionalizar” el congreso y la política peruanos, son ideas y aspiraciones que resultan incoherentes e innecesarias en este país donde sus gobernantes elegidos legítimamente a lo largo de su historia, de muy poco nos ha servido su grado de instrucción o experiencia gubernamental a la hora de analizar, evaluar o calificar sus acciones, decisiones y obras realizadas.
Lo mismo sucede con los gobiernos locales y regionales. El grado de instrucción es un factor no compatible con el arte de gobernar. No necesariamente, el profesional es mejor gobernante que el no profesional; el de mayor edad que el joven; el experimentado que el novato; el científico que el empírico. La política como la relación gobernantes-gobernados, es tan compleja e ininteligible como la naturaleza humana y la vida en sociedad.
“la mejor defensa es el ataque”, es un principio puesto en práctica que encandila y hace más atractiva la presente campaña proselitista. Mientras unos pasan de la “ppkarreta” al “ppkamióm”; otros van en su “mionca” o a paso ligero recorren los lugares más recónditos de nuestra ciudad capital y del país; ofertando sueños y promesas de las más estrafalarias y demagógicas como, la creación de dos millones y medio de puestos de trabajo (Luis Castañeda); la duplicación del sueldo a maestros (Alejandro Toledo); una lucha frontal contra la corrupción (Ollanta Humala); servicios básicos a la totalidad de los hogares peruanos (Keiko Fujimori); entre muchas otras.
La posibilidad de indultar al ex presidente condenado a 25 años de cárcel por autoría mediata de crímenes de lesa humanidad, es otro de los temas que levanta tanto polvo, como la legalización de la unión civil o matrimonio entre homosexuales. Temas que han contribuido a condimentar esta batalla al extremo de obligar, en el segundo caso, a la Conferencia Episcopal Peruana a intervenir con sus declaraciones de oposición al tema. El monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, su presidente, sentenció que la iglesia “ha defendido, defiende y defenderá siempre el matrimonio entre un hombre y una mujer”, porque el matrimonio antes que una obra humana, es una “institución divina”; mientras que en el primer tema, sólo en caso de enfermedad terminal y por razones humanitarias podría ser viable (Toledo, Kuzcynsky, entre otros); pero no, si ello es una sinvergüencería (Ollanta). Por su parte, los fujimoristas, siguen creyendo en la inocencia del ex presidente y en la injusticia de la pena.
En la actualidad las leyes electorales sobre las campañas proselitistas son más específicas. Por ejemplo, que los gobernantes no intervengan en la campaña; aun así, los artilugios cada día son más sofisticados para violar las normas sin levantar sospechas. “Yo le pido al presidente García que deje de hacer campaña” pidió Toledo, lo mismo que Kuzcynsky, cuando expresó que “el gobierno tiene medios que nosotros no tenemos”.
Los dardos van y vienen de uno y otro lado. “Solidaridad es la hija protegida del presidente de la República” declaró Alejandro Toledo, aludiendo a la desigualdad de condiciones en la que se está compitiendo, porque Castañeda cuenta con el apoyo de Alan García. En respuesta a la alusión, Castañeda prefirió decir que su cabeza está en cosas más importantes como “sacar al país de la pobreza”. Kuzcynsky, seguro de sí, dijo que no necesita bendiciones de nadie, “yo me cupo de mi chamba” aseveró; mientras que Keiko pidió que “dejemos a un lado los ataques personales”.
Toledo, Castañeda, Keiko y Ollanta; son quienes van liderando esta carrera de 12 —eran 13— competidores por el sillón presidencial, aunque Kuzcynski, manteniéndose con sus propias cifras, no se deja amilanar por la adversidad de la poca preferencia electoral dibujada en las encuestas, sin esperanzas de modificación. “Dejad que los votos vengan a mí” parece ser el parafraseo que guía las acciones y actividades de los más de mil candidatos, en esta contienda que no deja de ser un arroyo en el camino que no todos estamos animados a beber de sus aguas.
Sociedad. Política. Educación.
domingo, 30 de enero de 2011
jueves, 27 de enero de 2011
LA FORMACIÓN CIUDADANA
Uno de los últimos encargos conferidos a la Educación Básica Regular, es la formación ciudadana y cívica (DCN, 2009). A pesar que “a veces nuestras aulas son peligrosamente una réplica” de los grandes problemas nacionales a los que no hemos logrado encontrar soluciones consensuadas (Programa de Especialización de HGE/FCC, PRONAFCAP, 2010); el gobierno, y la sociedad en su conjunto, esperan que la escuela asuma la difícil tarea de convertir a nuestros hombres y mujeres jóvenes, en personas responsables y autónomas que sean capaces de contribuir a la construcción de este país, aún soñado.
Difícil labor si consideramos que las relaciones alumno-profesor, en las aulas, están sobrecargadas de las mismas taras que comprenden las relaciones gobernantes-gobernados, fuera de ellas. Son las aulas, realmente, una réplica de lo que sucede fuera de ellas; no obstante, muchas veces, algunos docentes experimentan dificultades para entender e identificar esta situación. En este caso, nuestros estudiantes llevan ventaja. Ellos y ellas, de antemano y a priori, sospechan y reconocen que algunos docentes, dentro de las aulas y durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, representan y repiten todo lo que significa y es el autoritarismo en la sociedad peruana; quizá, en el mundo.
El temor a discrepar con el docente —y todo lo que ello implica, el miedo a recibir una calificación desaprobatoria, el posible maltrato psicológico al que se exponen, el acoso y la corrupción, el abuso de autoridad, etc.— es un fenómeno que muchos estudiantes admiten y explican si les brindamos la oportunidad de manifestarlo. En conversaciones informales o cuando escuchamos los diálogos y debates de estudiantes, hombres y mujeres, de la educación básica regular; escuchamos la misma historia, en las que los estudiantes son los grandes perdedores, o las víctimas.
Es casi imposible que nuestros adultos de ahora —alumnos y estudiantes, de ayer— se comporten como personas cooperantes y participantes en el proceso de construcción de un país donde la armonía, la fraternidad, la justica y la equidad sociales, sean las características principales de su presente y futuro. Difícilmente lograremos consolidar y sostener la democracia como estilo de vida en el país, si desde temprana edad, en nuestras escuelas, estamos expuestos a situaciones que contradicen y hasta niegan, sus fundamentales principios.
Si bien es cierto, la educación es una responsabilidad compartida que demanda el involucramiento de todas las instituciones —públicas y privadas— del país; es la escuela de la que se espera la mayor contribución, esfuerzo y esmero. El primer objetivo de la EBR, es “Formar integralmente al educando” para que sea capaz de “organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país”, nos plantea la Ley Nº 28044. La palabra clave es, “integralmente”. La persona sujeto de formación, el estudiante, entendido como una totalidad, harto compleja y efervescente.
El educando va a la escuela a ser “formado”. Las familias, la sociedad y el país entero, confían en que esa “formación integral”, la que contribuirá a forjar ese nuevo país de hermanos que tanto soñaron nuestros antepasados y que tanto anhelamos hoy en día, se está dando, se está haciendo; está en proceso. Ello implica que la persona que asume el papel de docente, de “formador” en este caso, es una persona integral, en todas las acepciones del término. Una persona capaz de entender que el proceso de “formación” dado en las aulas, está constituido no sólo por discursos, sino, y fundamentalmente, por actos. Praxis, ejemplos, hechos evidentes. Antes que slogans, lemas, refranes, poesía; el proceso de formación, tan complejo como permanente, necesita asentarse en conductas y comportamientos del docente —dentro y fuera de las aulas—, pertinentes a la meta perseguida. Libertad, fraternidad, igualdad. El docente, convertido en paradigma de ciudadanía.
La formación ciudadana, en consecuencia, se convierte en la base de todo el proceso formativo, si entendemos que la ciudadanía constituye un conjunto de actitudes favorables a la construcción de una convivencia social saludable. Si en ello fracasamos; fracasaremos todos.
Difícil labor si consideramos que las relaciones alumno-profesor, en las aulas, están sobrecargadas de las mismas taras que comprenden las relaciones gobernantes-gobernados, fuera de ellas. Son las aulas, realmente, una réplica de lo que sucede fuera de ellas; no obstante, muchas veces, algunos docentes experimentan dificultades para entender e identificar esta situación. En este caso, nuestros estudiantes llevan ventaja. Ellos y ellas, de antemano y a priori, sospechan y reconocen que algunos docentes, dentro de las aulas y durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, representan y repiten todo lo que significa y es el autoritarismo en la sociedad peruana; quizá, en el mundo.
El temor a discrepar con el docente —y todo lo que ello implica, el miedo a recibir una calificación desaprobatoria, el posible maltrato psicológico al que se exponen, el acoso y la corrupción, el abuso de autoridad, etc.— es un fenómeno que muchos estudiantes admiten y explican si les brindamos la oportunidad de manifestarlo. En conversaciones informales o cuando escuchamos los diálogos y debates de estudiantes, hombres y mujeres, de la educación básica regular; escuchamos la misma historia, en las que los estudiantes son los grandes perdedores, o las víctimas.
Es casi imposible que nuestros adultos de ahora —alumnos y estudiantes, de ayer— se comporten como personas cooperantes y participantes en el proceso de construcción de un país donde la armonía, la fraternidad, la justica y la equidad sociales, sean las características principales de su presente y futuro. Difícilmente lograremos consolidar y sostener la democracia como estilo de vida en el país, si desde temprana edad, en nuestras escuelas, estamos expuestos a situaciones que contradicen y hasta niegan, sus fundamentales principios.
Si bien es cierto, la educación es una responsabilidad compartida que demanda el involucramiento de todas las instituciones —públicas y privadas— del país; es la escuela de la que se espera la mayor contribución, esfuerzo y esmero. El primer objetivo de la EBR, es “Formar integralmente al educando” para que sea capaz de “organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país”, nos plantea la Ley Nº 28044. La palabra clave es, “integralmente”. La persona sujeto de formación, el estudiante, entendido como una totalidad, harto compleja y efervescente.
El educando va a la escuela a ser “formado”. Las familias, la sociedad y el país entero, confían en que esa “formación integral”, la que contribuirá a forjar ese nuevo país de hermanos que tanto soñaron nuestros antepasados y que tanto anhelamos hoy en día, se está dando, se está haciendo; está en proceso. Ello implica que la persona que asume el papel de docente, de “formador” en este caso, es una persona integral, en todas las acepciones del término. Una persona capaz de entender que el proceso de “formación” dado en las aulas, está constituido no sólo por discursos, sino, y fundamentalmente, por actos. Praxis, ejemplos, hechos evidentes. Antes que slogans, lemas, refranes, poesía; el proceso de formación, tan complejo como permanente, necesita asentarse en conductas y comportamientos del docente —dentro y fuera de las aulas—, pertinentes a la meta perseguida. Libertad, fraternidad, igualdad. El docente, convertido en paradigma de ciudadanía.
La formación ciudadana, en consecuencia, se convierte en la base de todo el proceso formativo, si entendemos que la ciudadanía constituye un conjunto de actitudes favorables a la construcción de una convivencia social saludable. Si en ello fracasamos; fracasaremos todos.
jueves, 20 de enero de 2011
HETEROGENEIDAD Y CIUDADANÍA
Las cifras oficiales del II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana 2007, nos confirmaron la presencia de 60 etnias (pertenecientes a 13 familias lingüísticas), distribuidas en 11 departamentos (07 de ellos, pertenecientes a nuestra región andina). De las 60 etnias, sólo 51 de ellas fueron empadronadas, “debido a que algunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidos por otros pueblos, además de existir etnias que por su situación de aislamiento es muy difícil llegar a ellas” (INEI, 2007). El Estado, el todopoderoso, por razones geográficas, no puede hacer contacto con todos sus habitantes.
Casi 333,000 indígenas, compatriotas nuestros, crean y recrean una cultura diametralmente diferente a la que podríamos considerar la “cultura oficial”. Ellos y ellas, que apenas constituyen un poco más del 1% de la población total, nos invitan a reflexionar a quienes confiamos en la formación de una ciudadanía y civismo que facilite una convivencia peruana, sin pensar en eliminar las diferencias culturales. Aquí, el gran desafío del Estado, como agente rector y organizador de la convivencia social; pero también de los ciudadanos y ciudadanas que, sin haberlo deseado, hemos construido y manejamos una percepción insuficiente de civismo, patriotismo y ciudadanía.
Peor aún, en casos extremos, asumimos a la ciudadanía solamente como sinónimo de ejercicio de deberes y derechos. Y dentro de los deberes, el pago de impuestos y el sufragio; mientras que en el caso de los derechos, el beneficio de una remuneración justa y el goce de estabilidad laboral. Para nuestros compatriotas, que llamamos indígenas o nativos, ello quizá, signifique poca cosa o ninguna. Entonces, la creación de una identidad nacional, esa que confundimos con “uniformización de la cultura” u “homogeneización de cosmovisiones”, se convierten en procesos sumamente torpes que arrasarían con muchas de las libertades consagradas en nuestra Constitución Política.
Resultaría irónico, hoy en día, discutir si nuestro país es o no, un país heterogéneo. Coincidimos en que lo es. Y lo es de tal manera que nos enfrenta a una tarea que desafía toda lógica, todo convencionalismo científico, toda ideología, todo programa político, si pretendemos construir ciudadanía. Entendida ésta, como un proceso capaz de reconciliar diferencias y capaz de crear una convivencia fraterna y sostenible, de absoluto respeto a las normas, en un país no sólo heterogéneo, sino, fragmentado a grados extremos, como el nuestro. Esta tarea se convierte en una utopía. Una utopía de esas que nos enrostra responsabilidades históricas, y que nos obliga a reflexionar sobre la viabilidad de nuestro país como tal, sin desatender los imperativos democráticos. (En esta lógica, el “baguazo” nos dictó una sangrienta lección).
Una tarea, de todas maneras, insoslayable; casi vital. Pero una tarea compartida, en la que todos los que habitan este territorio, deberán asumir como una urgencia a riesgo de perdernos en el caos y el desencanto de por vida. Si bien es cierto, la escuela juega un papel fundamental en esta tarea, necesita del auxilio de toda la sociedad en su conjunto. Gobernantes y gobernados, estamos llamados a contribuir desde nuestras tribunas, a construir ciudadanía, a promover su ejercicio, a facilitar su consolidación, y a preservarla de toda amenaza.
Ciudadanía, ahora también, entendida como sinónimo de interculturalidad. Donde el gobernante también se sienta y actúe como gobernado; el profesor, como estudiante; el padre, como hijo; el profesional, como analfabeto. Ello, sin tomar mano necesariamente de la restructuración jurídica, porque si algo abunda en nuestro país, es leyes y aspirantes a legisladores. Esto constituye nuestra utopía.
Lograr que cada uno de nosotros, integrantes de la “cultura oficial”, los hispanohablantes, empecemos a sentirnos orgullosos y parte de los shipibos, huitotos, aguarunas, asháninkas, yaguas, ocainas, boras, arabelas, amahuacas, serranos, “indios”, etc. Esta tarea, este objetivo, forma parte del titánico proyecto de construir ciudadanía en este país llamado Perú… Un sueño, nuestro sueño.
Casi 333,000 indígenas, compatriotas nuestros, crean y recrean una cultura diametralmente diferente a la que podríamos considerar la “cultura oficial”. Ellos y ellas, que apenas constituyen un poco más del 1% de la población total, nos invitan a reflexionar a quienes confiamos en la formación de una ciudadanía y civismo que facilite una convivencia peruana, sin pensar en eliminar las diferencias culturales. Aquí, el gran desafío del Estado, como agente rector y organizador de la convivencia social; pero también de los ciudadanos y ciudadanas que, sin haberlo deseado, hemos construido y manejamos una percepción insuficiente de civismo, patriotismo y ciudadanía.
Peor aún, en casos extremos, asumimos a la ciudadanía solamente como sinónimo de ejercicio de deberes y derechos. Y dentro de los deberes, el pago de impuestos y el sufragio; mientras que en el caso de los derechos, el beneficio de una remuneración justa y el goce de estabilidad laboral. Para nuestros compatriotas, que llamamos indígenas o nativos, ello quizá, signifique poca cosa o ninguna. Entonces, la creación de una identidad nacional, esa que confundimos con “uniformización de la cultura” u “homogeneización de cosmovisiones”, se convierten en procesos sumamente torpes que arrasarían con muchas de las libertades consagradas en nuestra Constitución Política.
Resultaría irónico, hoy en día, discutir si nuestro país es o no, un país heterogéneo. Coincidimos en que lo es. Y lo es de tal manera que nos enfrenta a una tarea que desafía toda lógica, todo convencionalismo científico, toda ideología, todo programa político, si pretendemos construir ciudadanía. Entendida ésta, como un proceso capaz de reconciliar diferencias y capaz de crear una convivencia fraterna y sostenible, de absoluto respeto a las normas, en un país no sólo heterogéneo, sino, fragmentado a grados extremos, como el nuestro. Esta tarea se convierte en una utopía. Una utopía de esas que nos enrostra responsabilidades históricas, y que nos obliga a reflexionar sobre la viabilidad de nuestro país como tal, sin desatender los imperativos democráticos. (En esta lógica, el “baguazo” nos dictó una sangrienta lección).
Una tarea, de todas maneras, insoslayable; casi vital. Pero una tarea compartida, en la que todos los que habitan este territorio, deberán asumir como una urgencia a riesgo de perdernos en el caos y el desencanto de por vida. Si bien es cierto, la escuela juega un papel fundamental en esta tarea, necesita del auxilio de toda la sociedad en su conjunto. Gobernantes y gobernados, estamos llamados a contribuir desde nuestras tribunas, a construir ciudadanía, a promover su ejercicio, a facilitar su consolidación, y a preservarla de toda amenaza.
Ciudadanía, ahora también, entendida como sinónimo de interculturalidad. Donde el gobernante también se sienta y actúe como gobernado; el profesor, como estudiante; el padre, como hijo; el profesional, como analfabeto. Ello, sin tomar mano necesariamente de la restructuración jurídica, porque si algo abunda en nuestro país, es leyes y aspirantes a legisladores. Esto constituye nuestra utopía.
Lograr que cada uno de nosotros, integrantes de la “cultura oficial”, los hispanohablantes, empecemos a sentirnos orgullosos y parte de los shipibos, huitotos, aguarunas, asháninkas, yaguas, ocainas, boras, arabelas, amahuacas, serranos, “indios”, etc. Esta tarea, este objetivo, forma parte del titánico proyecto de construir ciudadanía en este país llamado Perú… Un sueño, nuestro sueño.
domingo, 16 de enero de 2011
INSULTO, LUEGO EXISTO
Que nuestra Constitución Política nos garantice el uso del derecho de opinión (inciso 4, artículo 2º), es motivo de orgullo, ya que es un bien que pertenece a sociedades civilizadas —léase, “democráticas”— o en proceso de llegar a serlo. Pero este derecho de opinión se desnaturaliza cuando se convierte en un instrumento de agresión, calumnia o difamación. En un instrumento de guerra que sólo dispara insultos que dañan y menoscaban la imagen del receptor, persona o grupo de personas; quizá también del emisor. Este derecho de opinión, es el que nadie, en su sano juicio, defendería.
Que un conciudadano, en su condición de representante político se faculte el derecho de utilizar términos poco agradables para referirse a sus representados, infiriéndoles calificativos que provocan cualquier efecto, excepto, satisfacción; y después de la agresión limitarse a declarar “a mí nadie me falta el respeto”, es un conciudadano que con ese comportamiento, nos sugiere pensar y reflexionar en el acierto o desacierto al haber sido elegido en el cargo que ostenta.
Por ejemplo, si hacemos un recuento de las ilustres frases que nadie dudaría en calificar de insulto, en el último lustro, dirigido a los peruanos y peruanas en general, tenemos: “perro del hortelano”, “ciudadanos de segunda clase”, “tristones y desconfiados”, y últimamente, “bobos”. Todos, utilizados por un gobernante, y dirigidos a sus gobernados. Ello, sólo por señalar los verbales. ¿Y los no verbales? La patadita, la bofetada, el ego colosal, etc.
La ironía en su máxima expresión, cuando quien debería ser ejemplo de respeto a la legislación del país, se atreve a insinuar públicamente que ante un insulto o agresión cada persona tiene el derecho a “defenderse”, de lo contrario sería un “marica”. Son casos insólitos que nuestra variopinta realidad nunca deja de proveernos.
Otro caso es aquel del aspirante a la máxima representación política del país, que su poco dominio del castellano no debe convertirse en motivo de tolerancia a sus desatinos verbales, cuando expresó con toda frescura “a la m… con las tachas”; también es otro hecho que alimenta ese ambiente público donde el uso y abuso de los insultos parecen ser una de nuestras normalidades. Considerando que la tacha es un derecho que la legislación electoral nos faculta, es un acto legítimo que honra nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas; por lo tanto, de ninguna manera es un derecho que se le puede enviar a ese lugar.
(Pero es una moneda, que como todas, tiene dos caras. En este contexto saltar del anonimato a la fama, bien vale un insulto. Lo confirma el atrevimiento del ciudadano Richard Gálvez, quien quizá, antes de ello, jamás imaginó ser considerado e invitado a participar en una lista de candidatos al Congreso de la República. Gritarle al Jefe del Estado, “¡Corrupto!”, si bien se ganó una bofetada de aquel, ha ganado un sitio en la tribuna pública que muchos envidiaríamos).
Y si regresamos al proceso electoral municipal y regional del año pasado, una de las aspirantes a la representación metropolitana, que podríamos entender sobrecargada de estrés, frustración y cansancio, vociferó telefónicamente que la alcaldía la colocaba en ese parte del cuerpo humano acreedor de un sinnúmero de sinónimos; es otro desliz que confirma la naturaleza sumamente estresante de los procesos electorales en nuestro país.
Pero es un proceso donde los participantes son —¿deberían ser?— conscientes que están compitiendo por asumir una encargo que tiene por finalidad suprema, cumplir y hacer cumplir la ley. Una ley que regula nuestra convivencia cotidiana, en lo público y en lo privado, de sumo respeto a principios como la tolerancia recíproca, la justicia, la paz y la libertad. Y no sólo es un cargo que hace que “la plata llegue sola”.
Si bien es cierto, en nuestra legislación, el “chuponeo” es un acto punible; sin él no hubiéramos descubierto barbaridades que atentan delincuencialmente contra la sana administración de los recursos públicos, por ejemplo. Algo similar sucede con la libertad de prensa. Puede ser susceptible de ser cuestionada por excesos o exabruptos; pero sin ella, la administración pública se convertiría en una cosa oscura, hermética y hasta tenebrosa, nociva a extremos inimaginables, sino, en un acto de bandidos, “criollos” y roedores de cola larga.
En este proceso electoral que ya empezó a mostrarnos su lado más candente, donde las expresiones y encontronazos verbales entre los competidores, se aproximan cada día a esa delgada y casi imperceptible línea que separa una palabra respetuosa de otra que no lo es; también nos revela no sólo el perfil de los candidatos y candidatas, sino, el poder que tienen las frases y palabras cargadas de pasión y subjetividad. Quien agrede, insulta, daña, trasgrede la norma “ingeniosamente”; salta a la fama.
Apropiarse de una cuantiosa suma de dinero bajo la figura de “indemnización por despido arbitrario”; pagar para ocupar una candidatura aprovechando de la ventajas pecuniarias que podemos tener; contratar y remunerar a empleados fantasmas; ingeniarse para participar en acciones proselitistas cuando la ley lo prohíbe, por ejemplo, son situaciones que ameritan una participación conjunta de la sociedad civil para crear e implementar nuevos mecanismos y estrategias con el objetivo de combatirlas.
A parte de las frases altisonantes y líos protagonizados por más de uno de los candidatos a la presidencia de la República, sumadas las disculpas, sonrisas y sarcasmos; se están difundiendo las propuestas y planes de gobierno, en los cuales, la lucha frontal contra la corrupción, apenas es visible o simplemente no aparece.
Toledo (Perú Posible), Castañeda (Solidaridad Nacional), Keiko (Fuerza 2011) y Ollanta (Gana Perú); son los candidatos que lideran las diversas encuestas y sondeos de opinión hasta ahora difundidos. Kuczynski (el Gran Cambio), Aráoz (Apra) y Belaunde (Adelante), junto a otros, conforman el grupo de los candidatos “pequeños”; sin embargo, son más conocidos debido a sus antecedentes políticos y gubernamentales.
Rodríguez Cuadros (Fuerza Social), Ñique de la Puente (Fonavista), Reymer Rodríguez (Fuerza Nacional), Ricardo Noriega (Despertar Nacional), Cesar Zúñiga (Sí Cumple), y Humberto Pinazo (Justicia, Tecnología, Ecología); son los otros “pequeños” que han decidido subir al cuadrilátero, a dar y recibir golpes, y poner en práctica todas aquellas estrategias que en meses antes han elaborado, debatido e imaginado.
Hasta el cierre de la presente edición, Kuczynski enfrentaba una segunda tacha a su candidatura; la candidata del Apra, una denuncia por proselitismo que compromete la neutralidad electoral del actual Presidente de la República; pero para el Ministro de Transportes Enrique Cornejo, “A veces te denuncian, sólo por fastidiar”. A Castañeda, lo persigue el fantasma de la venta de vacantes en su plancha presidencial; entre otras cosas, maquillan la actual batalla proselitista que será definida el domingo 10 de abril, esperemos, en un clima de tranquilidad y respeto, sin insultos —de ningún tipo— de por medio.
Que un conciudadano, en su condición de representante político se faculte el derecho de utilizar términos poco agradables para referirse a sus representados, infiriéndoles calificativos que provocan cualquier efecto, excepto, satisfacción; y después de la agresión limitarse a declarar “a mí nadie me falta el respeto”, es un conciudadano que con ese comportamiento, nos sugiere pensar y reflexionar en el acierto o desacierto al haber sido elegido en el cargo que ostenta.
Por ejemplo, si hacemos un recuento de las ilustres frases que nadie dudaría en calificar de insulto, en el último lustro, dirigido a los peruanos y peruanas en general, tenemos: “perro del hortelano”, “ciudadanos de segunda clase”, “tristones y desconfiados”, y últimamente, “bobos”. Todos, utilizados por un gobernante, y dirigidos a sus gobernados. Ello, sólo por señalar los verbales. ¿Y los no verbales? La patadita, la bofetada, el ego colosal, etc.
La ironía en su máxima expresión, cuando quien debería ser ejemplo de respeto a la legislación del país, se atreve a insinuar públicamente que ante un insulto o agresión cada persona tiene el derecho a “defenderse”, de lo contrario sería un “marica”. Son casos insólitos que nuestra variopinta realidad nunca deja de proveernos.
Otro caso es aquel del aspirante a la máxima representación política del país, que su poco dominio del castellano no debe convertirse en motivo de tolerancia a sus desatinos verbales, cuando expresó con toda frescura “a la m… con las tachas”; también es otro hecho que alimenta ese ambiente público donde el uso y abuso de los insultos parecen ser una de nuestras normalidades. Considerando que la tacha es un derecho que la legislación electoral nos faculta, es un acto legítimo que honra nuestra calidad de ciudadanos y ciudadanas; por lo tanto, de ninguna manera es un derecho que se le puede enviar a ese lugar.
(Pero es una moneda, que como todas, tiene dos caras. En este contexto saltar del anonimato a la fama, bien vale un insulto. Lo confirma el atrevimiento del ciudadano Richard Gálvez, quien quizá, antes de ello, jamás imaginó ser considerado e invitado a participar en una lista de candidatos al Congreso de la República. Gritarle al Jefe del Estado, “¡Corrupto!”, si bien se ganó una bofetada de aquel, ha ganado un sitio en la tribuna pública que muchos envidiaríamos).
Y si regresamos al proceso electoral municipal y regional del año pasado, una de las aspirantes a la representación metropolitana, que podríamos entender sobrecargada de estrés, frustración y cansancio, vociferó telefónicamente que la alcaldía la colocaba en ese parte del cuerpo humano acreedor de un sinnúmero de sinónimos; es otro desliz que confirma la naturaleza sumamente estresante de los procesos electorales en nuestro país.
Pero es un proceso donde los participantes son —¿deberían ser?— conscientes que están compitiendo por asumir una encargo que tiene por finalidad suprema, cumplir y hacer cumplir la ley. Una ley que regula nuestra convivencia cotidiana, en lo público y en lo privado, de sumo respeto a principios como la tolerancia recíproca, la justicia, la paz y la libertad. Y no sólo es un cargo que hace que “la plata llegue sola”.
Si bien es cierto, en nuestra legislación, el “chuponeo” es un acto punible; sin él no hubiéramos descubierto barbaridades que atentan delincuencialmente contra la sana administración de los recursos públicos, por ejemplo. Algo similar sucede con la libertad de prensa. Puede ser susceptible de ser cuestionada por excesos o exabruptos; pero sin ella, la administración pública se convertiría en una cosa oscura, hermética y hasta tenebrosa, nociva a extremos inimaginables, sino, en un acto de bandidos, “criollos” y roedores de cola larga.
En este proceso electoral que ya empezó a mostrarnos su lado más candente, donde las expresiones y encontronazos verbales entre los competidores, se aproximan cada día a esa delgada y casi imperceptible línea que separa una palabra respetuosa de otra que no lo es; también nos revela no sólo el perfil de los candidatos y candidatas, sino, el poder que tienen las frases y palabras cargadas de pasión y subjetividad. Quien agrede, insulta, daña, trasgrede la norma “ingeniosamente”; salta a la fama.
Apropiarse de una cuantiosa suma de dinero bajo la figura de “indemnización por despido arbitrario”; pagar para ocupar una candidatura aprovechando de la ventajas pecuniarias que podemos tener; contratar y remunerar a empleados fantasmas; ingeniarse para participar en acciones proselitistas cuando la ley lo prohíbe, por ejemplo, son situaciones que ameritan una participación conjunta de la sociedad civil para crear e implementar nuevos mecanismos y estrategias con el objetivo de combatirlas.
A parte de las frases altisonantes y líos protagonizados por más de uno de los candidatos a la presidencia de la República, sumadas las disculpas, sonrisas y sarcasmos; se están difundiendo las propuestas y planes de gobierno, en los cuales, la lucha frontal contra la corrupción, apenas es visible o simplemente no aparece.
Toledo (Perú Posible), Castañeda (Solidaridad Nacional), Keiko (Fuerza 2011) y Ollanta (Gana Perú); son los candidatos que lideran las diversas encuestas y sondeos de opinión hasta ahora difundidos. Kuczynski (el Gran Cambio), Aráoz (Apra) y Belaunde (Adelante), junto a otros, conforman el grupo de los candidatos “pequeños”; sin embargo, son más conocidos debido a sus antecedentes políticos y gubernamentales.
Rodríguez Cuadros (Fuerza Social), Ñique de la Puente (Fonavista), Reymer Rodríguez (Fuerza Nacional), Ricardo Noriega (Despertar Nacional), Cesar Zúñiga (Sí Cumple), y Humberto Pinazo (Justicia, Tecnología, Ecología); son los otros “pequeños” que han decidido subir al cuadrilátero, a dar y recibir golpes, y poner en práctica todas aquellas estrategias que en meses antes han elaborado, debatido e imaginado.
Hasta el cierre de la presente edición, Kuczynski enfrentaba una segunda tacha a su candidatura; la candidata del Apra, una denuncia por proselitismo que compromete la neutralidad electoral del actual Presidente de la República; pero para el Ministro de Transportes Enrique Cornejo, “A veces te denuncian, sólo por fastidiar”. A Castañeda, lo persigue el fantasma de la venta de vacantes en su plancha presidencial; entre otras cosas, maquillan la actual batalla proselitista que será definida el domingo 10 de abril, esperemos, en un clima de tranquilidad y respeto, sin insultos —de ningún tipo— de por medio.
jueves, 13 de enero de 2011
LA TIRANÍA DEL MÉTODO CIENTÍFICO
Puede sostenerse que el método científico (aquel que asume al positivismo como una filosofía monopólica de la “verdad” científica), es una de las criaturas más importantes de la civilización. Criatura que ha revelado un poder de convencimiento sumamente eficiente en los últimos siglos. Pero es también, en los últimos 100 años, cuando ha visto emerger otras criaturas de su naturaleza y homólogas en sus propósitos (metodologías científicas que responden a otros paradigmas), contra las que ha participado en un abierto enfrentamiento aún inconcluso; sin embargo, lo ha mostrado vulnerable y susceptible a críticas, cuestionamientos, y frente a los fenómenos sociales, revelando un envejecimiento irreversible e inevitable.
Cuando en el año 1975, Paul Feyerabend, sostenía que la ciencia es “la institución religiosa más reciente, más agresiva y más dogmática”; o cuando Karl Popper (1934) escribía que “siempre será un asunto a resolver por una convención o una decisión el de a qué cosa hemos de llamar una ‘ciencia’ o el de a quién hemos de calificar de ‘científico”; o cuando Thomas Kuhn (1962) afirmaba que “el conocimiento científico, como el idioma, es, intrínsecamente, la propiedad común de un grupo, o no es nada en absoluto”; eran suficientes razones para prestar atención a los argumentos que desmitifican o destronan al método científico positivista.
Los motivos desde los cuales se explican y pueden asumirse actitudes en contra del monopolio de la verdad científica conferido al método científico positivista, derivan o responden a la naturaleza misma de los objetos de estudio o fenómenos observables, antes que a su propio proceso. Esto es, la complejidad revelada o inherente a todo fenómeno observable, frente a nuestro afán por entender y explicar todo lo capturado por nuestros sentidos y sensaciones, aferrados a nuestra lógica particular y limitada; nuestros esfuerzos epistemológicos, resultan insuficientes. Precisando, las limitaciones del método científico para explicar todo objeto de estudio, obedece a que el método científico es una de las tantas creaciones nuestras. Y toda obra nuestra, es inacabada, susceptible a infinitas modificaciones, y falible.
Sin embargo, raras veces vacilamos cuando se trata de aceptar los resultados del método científico positivista como una verdad indiscutible, aún cuando se trate de fenómenos pertenecientes al campo de las ciencias sociales. Es en este campo, cuando necesitamos, ahora más que nunca, de otras alternativas o metodologías de investigación que nos permitan, cada día, una aproximación más coherente a nuestros contextos, a fin de hallar respuestas satisfactorias a la diversidad de inquietudes o problemas que perturban nuestra existencia en sociedad. Frente a ello, la metodología científica que prioriza el empleo de métodos cuantitativos para, por ejemplo, explicar e interpretar fenómenos como el desempleo, la pobreza, la delincuencia o la deserción escolar, se muestra deficiente, poco útil y hasta susceptible de proveer una gráfica equivocada o absurda de su objeto de estudio.
Si bien no hemos logrado aún concertar o consensuar una definición de ser humano, ni siquiera con esfuerzos interdisciplinarios —ya que todo esfuerzo humano, entendemos, no tiene otro fin que atender y satisfacer al propio género humano—, han emergido metodologías científicas alternativas que proveen un trato especial y muy particular a los seres humanos involucrados en sus objetos de estudio. Es el caso de la investigación-acción, metodología que prioriza y otorga suma importancia a la participación colectiva de los grupos humanos, como agentes autorreflexivos y autoevaluativos de sus propias prácticas sociales e individuales, con el objetivo de mejorarlas, transformándolas participativamente. Obviamente, toda práctica individual, está inserta y responde a una lógica social o de grupo.
Concluimos, entonces, que una vía de liberarse de la tiranía del método científico positivista que se ha mostrado impertinente en el tratamiento de problemas sociales —y no sólo de estos, según Habermas, Lakatos, Chalmers, Bachelard, Feyerabend, Stenhouse, Elliott, entre otros—, es la metodología de la investigación-acción. Nuestras percepciones y acciones, asumen validez científica.
Cuando en el año 1975, Paul Feyerabend, sostenía que la ciencia es “la institución religiosa más reciente, más agresiva y más dogmática”; o cuando Karl Popper (1934) escribía que “siempre será un asunto a resolver por una convención o una decisión el de a qué cosa hemos de llamar una ‘ciencia’ o el de a quién hemos de calificar de ‘científico”; o cuando Thomas Kuhn (1962) afirmaba que “el conocimiento científico, como el idioma, es, intrínsecamente, la propiedad común de un grupo, o no es nada en absoluto”; eran suficientes razones para prestar atención a los argumentos que desmitifican o destronan al método científico positivista.
Los motivos desde los cuales se explican y pueden asumirse actitudes en contra del monopolio de la verdad científica conferido al método científico positivista, derivan o responden a la naturaleza misma de los objetos de estudio o fenómenos observables, antes que a su propio proceso. Esto es, la complejidad revelada o inherente a todo fenómeno observable, frente a nuestro afán por entender y explicar todo lo capturado por nuestros sentidos y sensaciones, aferrados a nuestra lógica particular y limitada; nuestros esfuerzos epistemológicos, resultan insuficientes. Precisando, las limitaciones del método científico para explicar todo objeto de estudio, obedece a que el método científico es una de las tantas creaciones nuestras. Y toda obra nuestra, es inacabada, susceptible a infinitas modificaciones, y falible.
Sin embargo, raras veces vacilamos cuando se trata de aceptar los resultados del método científico positivista como una verdad indiscutible, aún cuando se trate de fenómenos pertenecientes al campo de las ciencias sociales. Es en este campo, cuando necesitamos, ahora más que nunca, de otras alternativas o metodologías de investigación que nos permitan, cada día, una aproximación más coherente a nuestros contextos, a fin de hallar respuestas satisfactorias a la diversidad de inquietudes o problemas que perturban nuestra existencia en sociedad. Frente a ello, la metodología científica que prioriza el empleo de métodos cuantitativos para, por ejemplo, explicar e interpretar fenómenos como el desempleo, la pobreza, la delincuencia o la deserción escolar, se muestra deficiente, poco útil y hasta susceptible de proveer una gráfica equivocada o absurda de su objeto de estudio.
Si bien no hemos logrado aún concertar o consensuar una definición de ser humano, ni siquiera con esfuerzos interdisciplinarios —ya que todo esfuerzo humano, entendemos, no tiene otro fin que atender y satisfacer al propio género humano—, han emergido metodologías científicas alternativas que proveen un trato especial y muy particular a los seres humanos involucrados en sus objetos de estudio. Es el caso de la investigación-acción, metodología que prioriza y otorga suma importancia a la participación colectiva de los grupos humanos, como agentes autorreflexivos y autoevaluativos de sus propias prácticas sociales e individuales, con el objetivo de mejorarlas, transformándolas participativamente. Obviamente, toda práctica individual, está inserta y responde a una lógica social o de grupo.
Concluimos, entonces, que una vía de liberarse de la tiranía del método científico positivista que se ha mostrado impertinente en el tratamiento de problemas sociales —y no sólo de estos, según Habermas, Lakatos, Chalmers, Bachelard, Feyerabend, Stenhouse, Elliott, entre otros—, es la metodología de la investigación-acción. Nuestras percepciones y acciones, asumen validez científica.
viernes, 7 de enero de 2011
LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Si tratáramos de señalar alguna característica de la investigación-acción, que la muestre como una alternativa diferente frente a las otras metodologías científicas, que también persiguen la búsqueda de la verdad o de posibles alternativas de solución a situaciones que podríamos considerar problemáticas; es que la investigación-acción, exige a quienes se consideran involucrados en el proceso investigativo, una actitud flexible no sólo en la identificación de situaciones problemáticas, sino, en el tratamiento de ellas, en la elaboración de posibles soluciones y en la aplicación de las mismas.
Además, asume como principio, la participación colectiva en todo el proceso que implica la transformación o solución de la situación problemática u objeto de estudio. Una gran diferencia si consideramos que en las otras metodologías de investigación, el investigador es quien define y toma las decisiones unilaterales, por cuanto aceptan que sólo el investigador es el que “sabe”.
Desde que en 1946, Kurt Lewin (uno de los miembros de la escuela psicológica de la Gestalt), publicara su célebre artículo “La investigación-acción y el problema de las minorías”, el quehacer científico tradicional o clásico, ha dejado de tener el monopolio de la práctica investigativa, centrada en una visión dogmática de la naturaleza y de la sociedad. Dogmática, porque al amparo del llamado método científico, ese incuestionable y vertedor de la verdad absoluta, se ignoraban y ni siquiera era aceptable pensar en otras alternativas para la interpretación de situaciones observables o para la construcción de teorías que expliquen determinadas fracciones de la realidad. (Los primeros pasos, en este sentido, ya habían sido dados por los pensadores de la llamada “Escuela de Frankfurt”).
Si alguna lectura constructiva es posible obtener a partir de la presencia variada de metodologías de investigación científica, es que, no todos los hechos o fenómenos que pueden ser abordados como objetos de estudio, son susceptibles de ser estudiados —léase: entendidos, explicados, interpretados, transformados y solucionados— de una misma manera o utilizando una sola metodología de estudio.
Y la diferencia no sólo es entre fenómenos naturales y fenómenos sociales. Entre fenómenos o hechos sociales, también es pertinente el empleo de metodologías diferentes, de acuerdo al contexto en el que se presenten. Y contexto, implica no sólo espacio geográfico; también, histórico.
Evidentemente, el meollo del debate está constituido por las concepciones que manejemos o asumamos, consciente o inconscientemente, de aquellos términos o fenómenos culturales que jamás han dejado de intervenir en nuestro complejo proceso de crecimiento como humanidad. Me refiero a “verdad”, “conocimiento”, y “realidad”.
Parafraseando a Thomas Kuhn, que una comunidad de científicos convengan en delimitar las definiciones de esos y otros términos implicados en el proceso de conocimiento del mundo, no basta —ni es aceptable— para que todos los seres humanos, en calidad de pensantes y reflexivos, asuman esa convención.
Ahí es cuando la investigación-acción, es una de las alternativas metodológicas que aparece para ofrecer nuevas maneras de abordar la realidad particular de y por cada grupo humano, otorgando a sus integrantes, la oportunidad de intervenir abiertamente, en la identificación de sus situaciones problemáticas, en la elaboración y aplicación de medidas de solución, y en la asunción de una actitud autorreflexiva sobre sus propias acciones y prácticas. En este proceso, el experto, el especialista, el que todo lo sabe; simplemente, desaparece. La investigación-acción es ello: todos y todas, en igualdad de condiciones, somos expertos y especialistas en nuestros contextos o micro-realidades, en el tratamiento de nuestras situaciones problemáticas.
(Artículo publicado en el Diario LA INDUSTRIA de Chiclayo, el día jueves 06 de enero de 2011, en la página A-2).
Además, asume como principio, la participación colectiva en todo el proceso que implica la transformación o solución de la situación problemática u objeto de estudio. Una gran diferencia si consideramos que en las otras metodologías de investigación, el investigador es quien define y toma las decisiones unilaterales, por cuanto aceptan que sólo el investigador es el que “sabe”.
Desde que en 1946, Kurt Lewin (uno de los miembros de la escuela psicológica de la Gestalt), publicara su célebre artículo “La investigación-acción y el problema de las minorías”, el quehacer científico tradicional o clásico, ha dejado de tener el monopolio de la práctica investigativa, centrada en una visión dogmática de la naturaleza y de la sociedad. Dogmática, porque al amparo del llamado método científico, ese incuestionable y vertedor de la verdad absoluta, se ignoraban y ni siquiera era aceptable pensar en otras alternativas para la interpretación de situaciones observables o para la construcción de teorías que expliquen determinadas fracciones de la realidad. (Los primeros pasos, en este sentido, ya habían sido dados por los pensadores de la llamada “Escuela de Frankfurt”).
Si alguna lectura constructiva es posible obtener a partir de la presencia variada de metodologías de investigación científica, es que, no todos los hechos o fenómenos que pueden ser abordados como objetos de estudio, son susceptibles de ser estudiados —léase: entendidos, explicados, interpretados, transformados y solucionados— de una misma manera o utilizando una sola metodología de estudio.
Y la diferencia no sólo es entre fenómenos naturales y fenómenos sociales. Entre fenómenos o hechos sociales, también es pertinente el empleo de metodologías diferentes, de acuerdo al contexto en el que se presenten. Y contexto, implica no sólo espacio geográfico; también, histórico.
Evidentemente, el meollo del debate está constituido por las concepciones que manejemos o asumamos, consciente o inconscientemente, de aquellos términos o fenómenos culturales que jamás han dejado de intervenir en nuestro complejo proceso de crecimiento como humanidad. Me refiero a “verdad”, “conocimiento”, y “realidad”.
Parafraseando a Thomas Kuhn, que una comunidad de científicos convengan en delimitar las definiciones de esos y otros términos implicados en el proceso de conocimiento del mundo, no basta —ni es aceptable— para que todos los seres humanos, en calidad de pensantes y reflexivos, asuman esa convención.
Ahí es cuando la investigación-acción, es una de las alternativas metodológicas que aparece para ofrecer nuevas maneras de abordar la realidad particular de y por cada grupo humano, otorgando a sus integrantes, la oportunidad de intervenir abiertamente, en la identificación de sus situaciones problemáticas, en la elaboración y aplicación de medidas de solución, y en la asunción de una actitud autorreflexiva sobre sus propias acciones y prácticas. En este proceso, el experto, el especialista, el que todo lo sabe; simplemente, desaparece. La investigación-acción es ello: todos y todas, en igualdad de condiciones, somos expertos y especialistas en nuestros contextos o micro-realidades, en el tratamiento de nuestras situaciones problemáticas.
(Artículo publicado en el Diario LA INDUSTRIA de Chiclayo, el día jueves 06 de enero de 2011, en la página A-2).
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