LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Este domingo 27 de marzo, se realizará en todo el país, la primera jornada de capacitación a los miembros de mesa (la segunda, será el domingo 03 de abril), con la finalidad de instruirlos y entrenarlos en el manejo del material electoral, garantizando así, unas elecciones generales transparentes, sin errores y que sean realmente el reflejo de la soberana voluntad popular.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), es el organismo encargado de planificar, organizar y ejecutar esta jornada de capacitación, en concordancia con el artículo 5º de su ley orgánica (Ley Nº 26487). Sólo en el distrito de Chiclayo, para el funcionamiento de las 1,320 mesas de sufragio que se instalarán el domingo 10 de abril (en 53 locales de votación), se han sorteado a 7,920 ciudadanos y ciudadanas para que ejerzan el cargo de miembros de mesa.
Entonces, si el anhelo de todo el país es que el cómputo de los votos sea una actividad transparente y la expresión de la voluntad ciudadana; previo a ello, es muy necesario y fundamental, la ejecución de actividades de capacitación a todos los actores electorales que jugarán un papel específico, a fin de obtener unos resultados dignos de toda credibilidad y confiabilidad, capaces de resistir toda sombra de especulación y duda.
En esta tarea, ardua y difícil, de lograr que todos los ciudadanos y ciudadanas —al margen del papel que desempeñarán el día de las elecciones—, entiendan en toda su dimensión, el proceso electoral en cada una de sus etapas y momentos, está involucrada la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de la región Lambayeque.
Y para facilitar este desafío, se ha considerado pertinente instalar en nuestra región, a dos ODPE: Chiclayo 1 y Chiclayo 2. La Dra. Magdalena Castro Sánchez, responsable de la ODPE Chiclayo 1, bajo la premisa del voto informado y responsable, y el empoderamiento de los miembros de mesa, está dedicada a lograr la participación masiva de los actores electorales, en los 12 distritos que conforman su circunscripción.
A los electores, les concierne conocer los planes de gobiernos de sus candidatos, entender las propuestas y analizar los discursos que se venden en los medios de información y en los espacios públicos, para que puedan emitir un voto “por convicción, y no por inducción” como manifiesta la jefa de la ODPE Chiclayo 1. Y a los miembros de mesa, que no son sino, una parte de ese universo de ciudadanos y ciudadanas habilitados para el sufragio, de quienes el país espera que asuman su papel con entereza y civismo, aprehendan que la función que desempeñarán el día 10 de abril, es clave.
Si nuestros miembros de mesa, en calidad de máximas autoridades, logran entender que su papel es elemental y el que otorgará la transparencia y garantizará la legitimidad de los resultados que darán fe, desde sus respectivas mesas de sufragio; convencidos que ellos y ellas son parte de ese “pueblo” de donde emana el poder del estado (artículo 45º de la Constitución Política), habremos avanzado en ese proceso de empoderamiento tan necesario en esta ceremonia electoral de ciudadanía y civismo.
En esta tarea de capacitación electoral, se han realizado diversas actividades pedagógicas dirigidas a los diversos actores electorales de nuestra región; y están programadas otras, en los 17 días que nos quedan, previos al 10 de abril. Se está coordinando una actividad de capacitación con los miembros de las fuerzas armadas, para la primera semana de abril, por ejemplo.
A nosotros, electores y electoras, nos compete entender y asumir que nuestra participación responsable e informada, es medular en este proceso, y que somos nosotros los únicos facultados para otorgarle esa legitimidad y esa aureola de transparencia, muy necesarios. Nosotros sufragamos (electores), escrutamos el voto (miembros de mesa), observamos y fiscalizamos todo el proceso (personeros), informamos y difundimos (comunicadores sociales), brindamos seguridad (FFAA y PNP), etc. En suma, todos los participantes en el proceso electoral conformamos el universo de ciudadanos y ciudadanas; somos la nación, regulando su propia convivencia. Nuestra participación, es fundamental.

EL DESAFÍO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

De acuerdo a las cifras oficiales emitidas por los organismos electorales, este domingo 10 de abril, tenemos el deber de acudir a nuestros respectivos locales de votación a emitir nuestro voto, 19’195,761 ciudadanos y ciudadanas habilitados para el sufragio, en todo el país. (103,622 mesas de sufragio, instaladas; y 4,958 locales de votación, acondicionados). En Lambayeque, somos 784,633 electores (el 4,1% de la población electoral nacional), distribuidos en 38 distritos y en 195 locales de votación.
Sólo en los distritos de mayor población, Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria (que ya hemos comenzado a llamarlos “Chiclayo metropolitano”), la población electoral habilitada para el sufragio, está constituida por 372,354 ciudadanos (el 48% del total departamental); quienes acudirán a las 2,229 mesas de sufragio que serán instaladas en 87 locales de votación.
En todo el país, realmente es una población electoral de gran tamaño y nítidamente heterogénea que se enfrentará a una nueva oportunidad de tomar decisiones que regularán el rumbo de su destino en los próximos 5 años, al elegir a sus representantes políticos. En esta oportunidad, serán elegidos: 01 Presidente de la República y 02 vicepresidentes; 130 congresistas, y 15 representantes peruanos ante el Parlamento Andino (05 titulares y 10 suplentes).
No obstante, los ánimos y actitudes son tan diferenciados como lo son las ofertas electorales ofrecidas por todos los medios de información y por otros que rompen con el sentido común y la más estrafalaria imaginación: íconos gigantescos en los cerros, carreteras solitarias, parajes desolados, árboles y arbustos, bancas de parques y plazas públicas, veredas y sardineles, cabinas de teléfonos públicos; ni que hablar de los postes, esquinas y cruces de mayor circulación, entradas y salidas de ciudades, pueblos, centros poblados, caseríos y anexos. (En esta arremetida proselitista, que ni las disposiciones legales pueden disciplinar, las fachadas de las casas, son las primeras víctimas). No cabe otra lectura que la desesperación por hacerse del poder político, está dirigida y motivada por la ambición y la avaricia desmedidas.
Pero la decisión está en las manos de los más de 19 millones de peruanos y peruanas que acudiremos —es nuestro deber— a las urnas a emitir nuestro voto, siendo conscientes de lo que estamos haciendo: Participando legítimamente en la construcción de un nuevo país, porque el actual, nos resulta poco satisfactorio. (Un estudio cuantitativo realizado el año pasado para el JNE, sobre el perfil del elector peruano, nos reveló que sólo el 8% de los ciudadanos tiene mucho interés en política, a pesar que un 26% se declara simpatizante de algún partido. Y un 40% se interesa en ella, sólo cuando hay elecciones. Cifras que confirman la existencia de aquel fenómeno denominado “desafección política”, nada favorable para la consolidación de la democracia representativa en el país).
Esta figura es por el lado de la demanda electoral. Si observamos a la oferta electoral, la situación tampoco es alentadora. Cuantitativamente, los números resultan asfixiantes. 11 candidatos para la Presidencia, acompañado de 02 vicepresidencias, cada una; 1,560 opciones congresales; y 180 alternativas para el Parlamento Andino.
Cualitativamente, hemos presenciado 02 eventos en los cuales los 11 candidatos a la Presidencia de la República, han hablado de sus planes de gobiernos, buenas intenciones y sus puntos de vista sobre temas que preocupan a todo el país. El primero fue el 03 de marzo, organizado por un diario de circulación nacional; y el segundo, realizado el domingo 13 de marzo, organizado por el JNE.
Se está anunciado un tercer debate presidencial, que se realizará el domingo 27 de marzo, organizado por la Asociación Civil Transparencia; pero ésta vez, sólo participarán los 5 candidatos que lideran las encuestas: Toledo, Fujimori, Castañeda, Humala y Kuczynski. Como suele suceder, los últimos subestiman las encuestas; mientras que los primeros, las defienden.
La pobreza, el desempleo, la educación, la corrupción y la seguridad ciudadana, son los temas que permanecen en agenda, y que están marcando los discursos de los contendientes en cada localidad que visitan, hasta las más recónditas del país. Como es de esperarse, todos y todas, están ofreciendo acabar con esos males y transformar a este país, en uno maravillosos y nuevo. Como si antes de ellos y ellas, nadie lo haya intentado; o como si en los planes de gobierno anteriores, no hayan formado parte de la agenda.
Frente a todo este panorama, el papel de los organismos electorales, constituyen un gran desafío. En medio de auditorías impertinentes, exámenes toxicológicos y chicotes amenazantes; la campaña continúa su rumbo, aunque la ONPE haya alertado que no se ha cumplido satisfactoriamente con la información financiera de la campaña electoral; y el JNE, mantiene su atención en las infracciones relacionadas con la publicidad estatal.
El papel de los electores es fundamental y el que otorga sentido a todo el proceso electoral. Sin embargo, es la función de los miembros de mesa, la que otorga validez y confiabilidad a los resultados. Durante el desarrollo de las elecciones el día 10 de abril, son los miembros de mesa quienes toman las decisiones a fin de concluir en una actividad nacional transparente, que realmente recoja la voluntad popular. Y en esta tarea, la ONPE es la institución encargada de capacitar y entrenar a ese ejército de ciudadanos y ciudadanas, elegidos mediante sorteo público, para ejercer ese cargo, tan importante y fundamental, que garantizará un proceso eleccionario al que no se le encuentre un solo indicio para la duda ni el fraude.
Como dijo el presidente del JNE, Hugo Sivina Hurtado, “La voluntad popular que está protegida por la constitución, tiene que ser respetada”. Frente a este mandato constitucional, la tarea es de todos quienes residimos en este espacio geográfico llamado Perú que, no lo dudamos, es más grande que sus problemas, como lo dijo uno de nuestros ilustres compatriotas.

NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

Cuando el gobernante empieza a mostrar temor a sus gobernados (situación que podría evidenciarse en la toma de decisiones favorables al uso de la fuerza armada), es un indicio que nos confirma la condición del gobernante frente al papel por el cual fue investido: Ha dejado de ser tal. Ha dejado de ser gobernante —en la acepción más saludable del término—, para convertirse en un tirano que no dudaría en emplear todo tipo de medidas tipificadas como “uso de la fuerza”, aunque ello anuncie el inicio de una tragedia con elevados costos humanos, para hacer prevalecer sus designios, mandatos o caprichos, unilateralmente.
Pero hoy en día sabemos, que el gobernante nunca es un solo hombre. A lo mucho, es la cabeza visible de un grupo o grupúsculo de individuos férreamente organizados con intereses muy particulares, y que nunca o casi nunca aparecen en la escena pública. Además, están decididos a defender sus intereses que difícilmente se articulan con los intereses de los otros grupos humanos que conforman el grueso del conjunto denominado “gobernados”.
El 5 de abril de 1992, representó el primer puntapié a la institucionalidad peruana que, aunque deficiente, lenta y engorrosa, mantenía nuestra esperanza de superar las dificultades del país sin necesidad de asirse de mecanismos e instrumentos delictuosos, o en el peor de los casos, criminales y patológicos, capaces de generar situaciones aberrantes, que han marcado por siempre, la memoria colectiva de todo el país.
Lo que hizo Fujimori, pisotear la Constitución de 1979, sin dejar el poder ni la representación que le fue otorgada por mandato popular a través de sufragio universal (fenómeno que muchos llamaron “dictadura cívico-militar), marca un precedente en la historia del país, y nos inocula multiplicidad de temores y miedos, frente a la posibilidad de volver a repetirse. Nada nos garantiza que no sea así.
“Toda reforma constitucional debe ser aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada en otra primera legislatura ordinaria consecutiva” decía el artículo 306 de la Constitución de 1979 que dejó de existir de un certero golpe de quien recibió el encargo supremo —y sagrado— de cumplirla y hacer cumplir.
Y para que no quepa duda de lo establecido en el artículo 306, el siguiente artículo mandaba que “Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”. Sin embargo, ante la mirada de todos los peruanos y peruanas, Fujimori, el ciudadano que fue elegido para, ante todo “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales” (artículo 211), fue quien la dejó de lado, e instauró un régimen a la medida de los intereses, pasiones y expectativas de un grupo de individuos decididos a todo para satisfacer sus necesidades e inescrupulosos apetitos de poder.
Al año siguiente del golpe de Estado, se promulgó una nueva Constitución que reemplazó a la de 1979. Si bien está claro que fue ratificada mediante referéndum nacional, después que un Congreso Constituyente Democrático (CCD) la redactara, fue antecedida por una maniobra anticonstitucional que se dio a conocer el 5 de abril de 1992.
Muchos personajes públicos, ciudadanos y ciudadanas, anhelaban retornar a la Constitución de 1979, incluidos un grupo de políticos y otras autoridades que fueron dejados en la calle, luego de la disolución del Congreso de la República, de la declaratoria de Reorganización total del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y de la Contraloría General de la República. Algunos gobernantes defenestrados, juraron una y otra vez, reestablecer la Constitución de 1979, violentada y sustituida por una nueva, luego de un corto periodo de tiranía con rostro civil. No obstante, casi dos décadas después, la Constitución de 1993, continúa vigente. Nuestra Constitución Política.

ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y LAS FUERZAS ARMADAS

El 5 de abril de 1992, en horas de la noche y en todos los canales de señal abierta que cubrían el territorio nacional, vimos y oímos a un Alberto Fujimori, con el rostro adusto, gestos y ademanes propios de quien ostenta un gran poder —y que no le teme a nada—, justificar sus decisiones antidemocráticas que en ese momento anunciaba. Esta fecha se ha constituido en una línea que divide la historia del Perú (del siglo XX), no tanto por lo que se anunció en ese discurso, sino, por lo que devino después de él: La destrucción sistemática y criminal de la institucionalidad vigente en el país de aquel entonces.
Irónicamente, Fujimori, señaló a dos fenómenos como las razones que obligaron a tomar las inesperadas y maquiavélicas decisiones que en esa noche anunció: La inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial, sumándose a ellos lo que él denominó “politiquería tradicional”. La “actitud obstruccionista y conjura encubierta” por parte de las cúpulas partidarias con la intención de bloquear los esfuerzos del pueblo y del gobierno por construir una “democracia real”.
Fue “la descomposición de la institucionalidad vigente”, según Fujimori, lo que lo obligó a quebrar el Estado de Derecho en el país e instaurar un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional” que, sin darnos cuenta y poco a poco, se fue convirtiendo en uno de los gobiernos más indeseables de la historia republicana. En un gobierno que fue capaz, ante los ojos de todo mundo, tejer una red criminal que traficó con las esperanzas de todos los peruanos y peruanas que anhelaban la construcción de un nuevo país que marchara con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, puestas al servicio de una sociedad de bien, próspera y pacífica. (En su discurso del 5 de abril, Fujimori, también mencionó que su objetivo era lograr, “tras la reconstrucción, una sociedad próspera y democrática”).
22 años atrás, un 12 de julio de 1979, se promulgó una nueva Constitución Política, sustituyendo a la promulgada en el año 1933. Sobre aquella, jurando respetarla y hacerla respetar, asumió la jefatura del Estado, Alberto Fujimori, e inició un gobierno que desde sus primeros días (08 de agosto de 1990, en horas de la noche, también), puso en marcha un programa económico totalmente contrario al anunciado en su campaña proselitista. (Nada extraño, considerando la cultura proselitista en nuestro país, caracterizada por un abismo profundo entre la promesa y la acción). Sería el primer garrotazo a la sociedad peruana.
Apoyado por unas fuerzas armadas que, en ese entonces, no sospechaban que también iniciaría una fase de descalabro moral e institucional al descubrirse a varios de sus miembros de alto rango, comprometidos o convertidos en cómplices de las hechuras delincuenciales de una banda de criminales liderados por un ex miembro del Ejército Peruano. Las Fuerzas Armadas (el Ejército Peruano), paseaban sus tanques por las calles, cada vez que las circunstancias lo obligaban. (Léase, amenazaban obstaculizar o bloquear el avance de los planes de quienes, desde las sombras —literalmente, desde las sombras de la noche—, planificaban y daban forma al régimen, tratándolo como si fuera el baúl de unos bandidos), con el objetivo de atemorizar a la sociedad civil y la sociedad política, neutralizando cualquier intento de enfrentamiento contra la tiranía.
¿Qué otro objetivo podría tener, el sacar a los tanques de guerra a pasear por las principales calles de la ciudad? Ciudad transitada por los hombres y las mujeres que son la razón de ser de —y constituyen— la nación a la que, según el mandato constitucional, deben tutelar. (Este domingo 10 de abril, ya en la cámara secreta, segundos antes de emitir nuestro voto, ¿recordaremos este negro episodio que estampó su indeleble horror en la historia republicana del Perú?).