El gran júbilo por el éxito de su campaña y la inmensa gratitud hacia el pueblo peruano, expresados por Ollanta Humala en su discurso después de haber recibido sus credenciales presidenciales en ceremonia oficial presidida por el Jurado Nacional de Elecciones, el día jueves 23 de junio, han sido ensombrecidos por las olas de protesta en el sur del país.
Ollanta reconoció al acto electoral del 5 de junio, donde recibió el apoyo del 51,5% de los votos válidos, como “la realización de un proceso donde se respetó finalmente la voluntad soberana del pueblo peruano”. Hizo extensivo su reconocimiento a las tres instituciones del sistema electoral peruano (RENIEC, ONPE y JNE), porque, dijo: “desarrollaron su labor de acuerdo a estándares internacionales”.
Mientras ello sucedía en la ciudad de Lima; en el sur del país, la situación ardía y cobraba la vida de más de una persona.
En el país funcionan 77 universidades, entre públicas (31) y privadas (46), bajo la jurisdicción de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR); y 25 más, bajo la jurisdicción del Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de las Universidades (CONAFU), entre éstas, 04 pertenecen a la administración pública. En total, tenemos en el país, 102 universidades distribuidas en las 25 regiones.
Si a este número le sumamos las 38 filiales universitarias autorizadas por CONAFU, para que funcionen en diversas localidades del territorio nacional, podemos sostener que tenemos 140 universidades compitiendo en el mercado de la educación superior, deseosas de captar al mayor número posible de hombres y mujeres jóvenes, decididos a forjarse un mejor porvenir, después de concluir una educación secundaria que no prepara para competir en el mercado laboral.
Tenemos también, 02 universidades creadas por ley que a la fecha no funcionan aún: la Universidad Nacional de Jaén, en Cajamarca; y la Universidad Nacional de Juliaca, en Puno.
Pero en Huancavelica, la situación en torno a la creación de una nueva universidad pública, la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Morillo” (UNAT), ha generado una ola de protestas que ya ha cobrado sus primeras víctimas, entre ellas, una menor de 14 años de edad. Los promotores del paro regional indefinido, justifican su protesta en la defensa del presupuesto de la Universidad Nacional de Huancavelica que, sostienen ellos, resultará afectado con la creación de la nueva universidad.
Tayacaja es una de las 7 provincias de la región Huancavelica. Según los Censos Nacionales 2007, tiene 104,901 habitantes (el 23% de la población regional); de los cuales el 76%, es población rural. La actividad principal del 80 por ciento de su PEA, es la agricultura y otras de mano de obra no calificada. En conclusión, Tayacaja es una provincia que pertenece al departamento con el más alto índice de pobreza y extrema pobreza del Perú. Huancavelica tiene el 77,2% de su población en esas condiciones.
La discordia y los líos que ha ensombrecido el panorama de optimismo que rodeó la entrega de credenciales al presidente electo, ha emergido porque la Ley de Creación de la UNAT, señala que será sobre la base de la sede que la Universidad Nacional de Huancavelica tiene en Tayacaja.
Los protestantes, reunidos en el Comité de Lucha Regional de Huancavelica, aducen que esta creación afectará el presupuesto de la UNH. Mientras que los defensores, presentados como el Comité de Lucha Provincial de Tayacaja, han hecho todo lo posible para conseguir la aprobación del Proyecto de Ley Nº 4690 que crea la UNAT, incluso, viajando a la ciudad de Lima.
Miro Ruiz Delgado, es el congresista huancavelicano que ha promovido y sustentado el Proyecto de Ley Nº 4690/2010-CR, ante el pleno del Congreso el día miércoles 01 de junio. Por medio de su blog y su página web del Congreso, el congresista Miro Ruiz, continua en la defensa de la Universidad recién creada, gracias a su tenacidad, al apoyo de la Municipalidad de Tayacaja y la gran mayoría de su población.
Que entre las acciones de protesta en contra de la aprobación del Proyecto en mención, se haya incendiado las instalaciones del Gobierno Regional de Huancavelica, es una hecho que últimamente ya no llama la atención de la ciudadanía. Incendiar o atentar contra la sede o cualquier otro símbolo de la autoridad elegida democráticamente, en el país, parece ser una de los objetivos que deliberadamente se trazan quienes se involucran o protagonizan las acciones de protesta.
“Andahuaylazo”, “huanucazo”, “arequipazo”, “baguazo”, y ahora, “huancavelicazo”, son neologismos que más allá de lo tragicómico e ironía que puedan sugerir o constituir, nos advierten de una etapa donde la autoridad democrática está siendo sometida por asonadas masivas e insurgentes, alejadas de todo procedimiento legal regularizador de la protesta y el disenso.
Que tras de ellos aparezcan representantes políticos y otras autoridades oficiales que si bien, no promueven ni han estimulado la protesta, pero que se muestran indiferentes o en el peor de los casos, mostrando una sinuosa actitud “neutral”; la situación se agrava.
“Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico”, leemos en el artículo 18º de nuestra Constitución Política; aunque ésta autonomía, en el caso de la UNPRG, ha demostrado ser ineficiente y deficiente para atender y solucionar sus problemas de gobernabilidad, es una prerrogativa que les asiste a las universidades.
Y si el Proyecto de Ley Nº 4690 que crea la UNAT, especifica que se creará la nueva universidad sobre la base de la sede de la UNH, puede entenderse como un atropello —desde el propio Estado— a una ordenanza constitucional. En sí, se trata de quitarle una sede a la Universidad Nacional de Huancavelica (que funciona con dos escuelas académico profesionales: Electrónica y Sistemas, de la Facultad de Ingeniería Electrónica-Sistemas), creada al amparo de la autonomía que la Constitución precisa.
La Asamblea Nacional de Rectores, ha publicado un comunicado en un medio de circulación nacional, expresando su desacuerdo con la aprobación del Proyecto de Ley Nº 4690, al cual catalogan como producto del facilismo y populismo; asimismo, sugieren la creación de una mesa de diálogo para devolver la tranquilidad y la seguridad en la región. Esta sugerencia amerita el apoyo de todo ciudadano y ciudadana que anhela la paz y la seguridad públicas.
Sociedad. Política. Educación.
domingo, 26 de junio de 2011
lunes, 13 de junio de 2011
LA DECISIÓN DE LAS PROVINCIAS
De un universo de 15’336,255 votos válidos, menos de 500 mil votos, son los que separan a Ollanta Humala de Keiko Fujimori. Sólo 3 puntos porcentuales de diferencia. 51,5 por ciento de los votos válidos, son favorables al candidato de Gana Perú; el 48,5%, para la candidata de Fuerza 2011, según el cómputo al 100% de las actas electorales, procesadas por la ONPE.
Para algunos, quizá para muchos, en la puerta del horno se les quemó el pan a los fujimoristas. Hasta la fecha se percibe la duda sobre el involucramiento directo del ex presidente en la campaña de su hija Keiko. ¿Estuvo o no participando en las actividades proselitistas de Fuerza 2011? Es una pregunta que navegará en las infinitas latitudes de la historia de la política peruana, cargada de incertidumbres, sorpresas y golpes bajos. No obstante, Keiko Fujimori, después de haber aclarado a su contendor Ollanta Humala, en el debate en el que participaron, “Si quiere usted debatir con Alberto Fujimori, vaya a la DIROES”, decidió ir a visitar al presidente electo y desearle la mejor de las suertes en la conducción del país.
En Lima, Fuerza 2011 sacó una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre Gana Perú (57,5 frente a 42,5%). Pero en las regiones la figura adquiere otros matices, a tal punto que la aparente victoria que pudo haberse predicho desde las cifras capitalinas, terminaron “volteando el partido”. Sólo en 5 regiones, Keiko supera a Humala. Callao, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. En las otras regiones (19 en total), la victoria de Humala sobre Keiko está confirmada. En algunas de ellas, es abrumadora, superando el 70% de los votos válidos (Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno y Tacna); mientras que en otras (Apurimac, Arequipa, Huánuco, Madre de Dios y Moquegua), Ollanta obtiene más del 60% de los votos válidos.
A partir de estas cifras, muchos analistas y articulistas, han empezado a sostener que la victoria de Ollanta se debe a la votación de los pobres. Precisamente, esta población que en algún momento de la década de los 90, apoyó a Alberto Fujimori, y que la mitad del país esperaba que volvieran a poyar a la hija y Congresista de la República, Keiko Fujimori; es la que ha definido la victoria de Ollanta Humala.
Para otros, el crimen de las esterilizaciones forzadas que se practicó a cientos de miles de mujeres en varias localidades del país, en la última década del siglo XX, fue la gota que rebasó la paciencia de miles de ciudadanos y ciudadanas, obligándolos a redefinir su voto, en los últimos días previos al 05 de junio.
Entonces, el desafío ahora ya está en manos del presidente electo. Atender y satisfacer las necesidades más apremiantes de esa gran masa de peruanos y peruanas (más del 30% de la población total) que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, excluidos de los beneficios del libre mercado y a quienes el “chorreo” continua siendo una esperanza eternamente frustrada. Pensión 65, el SAMU, y otras promesas de corte asistencialista que Ollanta prometió hasta el cansancio en su actividades proselitistas, se convierten ahora en sus objetivos prioritarios si no quiere pasar a la historia como un presidente más que prometió y no cumplió.
Las preguntas “a boca de jarro” como se dice, ya fueron lanzadas a Ollanta, como por ejemplo: ¿Indultará usted al ex presidente Alberto Fujimori?, ¿Indultará a su hermano Antauro? Frente a estas preguntas no muy cómodas ni pertinentes, y que más se prestan para satisfacer curiosidades de adolescentes y otras similares, Ollanta se ha limitado a responder con una prudencia digna de imitación. En ambos casos, ha dicho, es tarea que compete al Poder Judicial; sin embargo, el indulto, aclaró Cesar San Martín, máximo representante de dicho Poder, es facultad del Presidente de la República.
Para sortear las incomodidades de tan atrevidas preguntas, Ollanta optó por manifestar que está avocado a emprender las gestiones referidas a la concreción de sus promesas políticas, o de su “plan de gobierno”, como suena más serio y pomposo. Y para demostrarlo decidió viajar fuera del país, a cumplir esa tarea, aún, en su condición de presidente electo.
Una vez despejadas las dudas sobre el cómputo de las actas electorales, a cargo de las ONPE, porque como dicen en el argot de los personeros, “la pelea es voto a voto”, muchas personalidades —incluidas nuestros políticos, aquellos que ya están a punto de jubilarse como tales—, fueron al piso 14 del Hotel Los Delfines, a saludar al virtual presidente, con gestos de caballerosidad y respeto a la investidura que oficialmente la recibirá el 28 de julio del presente año.
Entre ellos, destaca las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olaechea, pronunciadas en su acto protocolar de saludo al nuevo ciudadano elegido para administrar los intereses del estado peruano, en el quinquenio 2011-2016. “no vamos a presionar al nuevo presidente”. Palabras muy necesarias después de los intentos de aterrorizar a la ciudadanía con el plan de gobierno de Gana Perú, como parte del proselitismo de la parte contendora. Horas después en una entrevista radial, enfatizó: “La elección ya acabó… ahora tenemos que pararnos ante el país, y ver cómo vamos”.
La Confiep también se hizo presente a través de un equipo de empresarios, liderados por su Presidente, Humberto Speziani. “Vamos a seguir creciendo, pero con mayor inclusión social, que es lo que el Perú merece”, manifestó Speziani, sin ocultar un rostro lleno de satisfacción, después de haber conversado con Ollanta y haber disipado algunas dudas que mantenían sobre el programa de gobierno de Gana Perú.
Los gestos de apoyo y satisfacción al nuevo presidente electo, han sido visibles y han llegado de todos lados. Pero en Puno, la región que apoyó con el 80% de los votos válidos a favor de Humala, ha reiniciado las actividades de protesta, con la toma y bloqueo de carreteras, paralizando a toda la región. Es una grave situación que el nuevo Presidente de la República, una vez asumido el mando el 28 de julio, tendrá que tomar las decisiones más sabias a fin de proponer alternativas de solución en atención a las demandas de la ciudadanía puneña.
Pero el desafío no sólo viene desde las demandas de la ciudadanía y de los gremios del país. Al interior de las filas de la agrupación política que respaldó su candidatura, también han dejado escuchar solicitudes, demandas y sugerencias para ocupar los cargos más codiciados en la estructura del estado, como son los ministerios y otros denominados “cargos de confianza”.
Ojalá, y para bienestar y tranquilidad de la ciudadanía, no se armen líos en torno a la designación de los cargos públicos que el nuevo presidente electo tendrá que decidir. De lo contrario, las esperanzas en la apertura de una nueva etapa en la convivencia democrática en el país, basadas en la equidad, la redistribución justa de la riqueza y la justicia social, se esfumarán tal y como emergieron, dejando el amargo sabor de la frustración, la mezquindad y el engaño.
Para algunos, quizá para muchos, en la puerta del horno se les quemó el pan a los fujimoristas. Hasta la fecha se percibe la duda sobre el involucramiento directo del ex presidente en la campaña de su hija Keiko. ¿Estuvo o no participando en las actividades proselitistas de Fuerza 2011? Es una pregunta que navegará en las infinitas latitudes de la historia de la política peruana, cargada de incertidumbres, sorpresas y golpes bajos. No obstante, Keiko Fujimori, después de haber aclarado a su contendor Ollanta Humala, en el debate en el que participaron, “Si quiere usted debatir con Alberto Fujimori, vaya a la DIROES”, decidió ir a visitar al presidente electo y desearle la mejor de las suertes en la conducción del país.
En Lima, Fuerza 2011 sacó una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre Gana Perú (57,5 frente a 42,5%). Pero en las regiones la figura adquiere otros matices, a tal punto que la aparente victoria que pudo haberse predicho desde las cifras capitalinas, terminaron “volteando el partido”. Sólo en 5 regiones, Keiko supera a Humala. Callao, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. En las otras regiones (19 en total), la victoria de Humala sobre Keiko está confirmada. En algunas de ellas, es abrumadora, superando el 70% de los votos válidos (Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno y Tacna); mientras que en otras (Apurimac, Arequipa, Huánuco, Madre de Dios y Moquegua), Ollanta obtiene más del 60% de los votos válidos.
A partir de estas cifras, muchos analistas y articulistas, han empezado a sostener que la victoria de Ollanta se debe a la votación de los pobres. Precisamente, esta población que en algún momento de la década de los 90, apoyó a Alberto Fujimori, y que la mitad del país esperaba que volvieran a poyar a la hija y Congresista de la República, Keiko Fujimori; es la que ha definido la victoria de Ollanta Humala.
Para otros, el crimen de las esterilizaciones forzadas que se practicó a cientos de miles de mujeres en varias localidades del país, en la última década del siglo XX, fue la gota que rebasó la paciencia de miles de ciudadanos y ciudadanas, obligándolos a redefinir su voto, en los últimos días previos al 05 de junio.
Entonces, el desafío ahora ya está en manos del presidente electo. Atender y satisfacer las necesidades más apremiantes de esa gran masa de peruanos y peruanas (más del 30% de la población total) que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, excluidos de los beneficios del libre mercado y a quienes el “chorreo” continua siendo una esperanza eternamente frustrada. Pensión 65, el SAMU, y otras promesas de corte asistencialista que Ollanta prometió hasta el cansancio en su actividades proselitistas, se convierten ahora en sus objetivos prioritarios si no quiere pasar a la historia como un presidente más que prometió y no cumplió.
Las preguntas “a boca de jarro” como se dice, ya fueron lanzadas a Ollanta, como por ejemplo: ¿Indultará usted al ex presidente Alberto Fujimori?, ¿Indultará a su hermano Antauro? Frente a estas preguntas no muy cómodas ni pertinentes, y que más se prestan para satisfacer curiosidades de adolescentes y otras similares, Ollanta se ha limitado a responder con una prudencia digna de imitación. En ambos casos, ha dicho, es tarea que compete al Poder Judicial; sin embargo, el indulto, aclaró Cesar San Martín, máximo representante de dicho Poder, es facultad del Presidente de la República.
Para sortear las incomodidades de tan atrevidas preguntas, Ollanta optó por manifestar que está avocado a emprender las gestiones referidas a la concreción de sus promesas políticas, o de su “plan de gobierno”, como suena más serio y pomposo. Y para demostrarlo decidió viajar fuera del país, a cumplir esa tarea, aún, en su condición de presidente electo.
Una vez despejadas las dudas sobre el cómputo de las actas electorales, a cargo de las ONPE, porque como dicen en el argot de los personeros, “la pelea es voto a voto”, muchas personalidades —incluidas nuestros políticos, aquellos que ya están a punto de jubilarse como tales—, fueron al piso 14 del Hotel Los Delfines, a saludar al virtual presidente, con gestos de caballerosidad y respeto a la investidura que oficialmente la recibirá el 28 de julio del presente año.
Entre ellos, destaca las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Pedro Olaechea, pronunciadas en su acto protocolar de saludo al nuevo ciudadano elegido para administrar los intereses del estado peruano, en el quinquenio 2011-2016. “no vamos a presionar al nuevo presidente”. Palabras muy necesarias después de los intentos de aterrorizar a la ciudadanía con el plan de gobierno de Gana Perú, como parte del proselitismo de la parte contendora. Horas después en una entrevista radial, enfatizó: “La elección ya acabó… ahora tenemos que pararnos ante el país, y ver cómo vamos”.
La Confiep también se hizo presente a través de un equipo de empresarios, liderados por su Presidente, Humberto Speziani. “Vamos a seguir creciendo, pero con mayor inclusión social, que es lo que el Perú merece”, manifestó Speziani, sin ocultar un rostro lleno de satisfacción, después de haber conversado con Ollanta y haber disipado algunas dudas que mantenían sobre el programa de gobierno de Gana Perú.
Los gestos de apoyo y satisfacción al nuevo presidente electo, han sido visibles y han llegado de todos lados. Pero en Puno, la región que apoyó con el 80% de los votos válidos a favor de Humala, ha reiniciado las actividades de protesta, con la toma y bloqueo de carreteras, paralizando a toda la región. Es una grave situación que el nuevo Presidente de la República, una vez asumido el mando el 28 de julio, tendrá que tomar las decisiones más sabias a fin de proponer alternativas de solución en atención a las demandas de la ciudadanía puneña.
Pero el desafío no sólo viene desde las demandas de la ciudadanía y de los gremios del país. Al interior de las filas de la agrupación política que respaldó su candidatura, también han dejado escuchar solicitudes, demandas y sugerencias para ocupar los cargos más codiciados en la estructura del estado, como son los ministerios y otros denominados “cargos de confianza”.
Ojalá, y para bienestar y tranquilidad de la ciudadanía, no se armen líos en torno a la designación de los cargos públicos que el nuevo presidente electo tendrá que decidir. De lo contrario, las esperanzas en la apertura de una nueva etapa en la convivencia democrática en el país, basadas en la equidad, la redistribución justa de la riqueza y la justicia social, se esfumarán tal y como emergieron, dejando el amargo sabor de la frustración, la mezquindad y el engaño.
viernes, 3 de junio de 2011
CAMBIOS Y NUEVAS RUTAS EN LA EDUCACIÓN PERUANA
En la última década, las normas aprobadas dirigidas a incorporar cambios en el sistema educativo peruano, nos inducen a pensar en la existencia de una decisión política, por parte del Estado, de mejorar y elevar la calidad de nuestra educación, a fin de convertirla en una institución capaz de contribuir a solucionar los grandes problemas que nos aquejan.
Desde la aprobación de la Ley General de Educación (Ley Nº 28044), en julio del año 2003; pasando por la reincorporación como órgano especializado del Sector Educación del Consejo Nacional de Educación, en el mes de marzo del año 2002 (mediante D.S. Nº 007-2002-ED); y la aprobación del “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La educación que queremos para el Perú”, en enero del 2007 (mediante D.S. Nº 001-2007-ED); los pasos dados en esa dirección de transformación de la educación peruana a fin de proveer de estrategias de solución a sus grandes y graves problemas, son visibles y difícilmente podemos dejar de reconocer, su importancia en ese sentido.
Pero es el año 2007, el periodo en el cual las decisiones políticas, traducidas en normas legales, aparecen con mayor claridad y sostenibilidad. El 21 de enero, se establece la prioridad de la capacitación de los docentes del magisterio nacional y disponen la obligatoriedad de la evaluación censal, mediante el D.U. Nº 002-2007. El 03 de febrero, con la aprobación del D.S. Nº 007-2007-ED, se aprueba el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente; en el siguiente mes, el 21 de marzo, con la Ley Nº 28988, se declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial, a fin de asegurar la continuación de la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas, en caso de paralización de labores del personal directivo, jerárquico, docente, auxiliar de educación, administrativo y de servicio, creándose tres meses después, mediante la respectiva reglamentación, el Padrón Nacional de Docentes Alternos. En este mismo año 2007, en el mes de julio, se precisa la Carrera Pública Magisterial, con la Ley Nº 29062, señalando a la capacitación y evaluación de los docentes, como necesidades permanentes de la labor magisterial, entre otros puntos de igual importancia.
Y en el mes de febrero del año 2010, las autoridades del Ministerio de Educación, emiten la R.M. Nº 0017-2010-ED, aprobando el PRONAFCAP 2010 “Mejores Maestros, Mejores Alumnos”, en sus niveles Básico y de Especialización. (Éste último, en una dimensión piloto, en algunas regiones del país). Todo ello dirigido a “mejorar las capacidades, conocimientos, actitudes y valores para el desempeño de los docentes de Educación Básica en función de sus demandas educativas y las de su respectivo contexto socio cultural y económico productivo”.
Es en ésta última norma, donde se precisan las orientaciones metodológicas generales de estos programas de formación y capacitación permanente; orientaciones metodológicas que parten y se sostienen en la “reflexión del docente sobre sus propias creencias y práctica educativa, de manera que sea capaz de mejorarlas luego de ampliar y profundizar los conocimientos y estrategias de su especialidad y su manejo del currículo escolar”.
La metodología científica que facilita y guía este proceso de reflexión sobre la propia práctica pedagógica a fin de involucrarla en un permanente proceso de cambio y mejora, es la investigación acción. Proceso en el que los docentes, de la mano con sus estudiantes, se convierten en los protagonistas y responsables de tan valioso y necesario proceso, a favor de la población estudiantil, del propio maestro, y por ende, de la sociedad peruana.
El primer paso ya estaba dado en la Constitución Política de 1993. Ella, en su artículo 15º, establecía que “el profesorado en la enseñanza es carrera pública”; por lo tanto, las normas de evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes de los docentes y directivos de las instituciones educativas, se convertían en una necesidad insoslayable. Además, el artículo 26º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, declara que “Toda persona tiene derecho a la educación”. Una educación que garantice “el pleno desarrollo de la personalidad humana”. Si bien es cierto, aún falta mucho por hacer; alcanzaremos la transformación de la educación peruana, si convertimos a este “hacer”, en una competencia de todas y cada una de las instituciones públicas y privadas que tienen presencia en este país. La participación de todos los peruanos y peruanas, es obvia.
Desde la aprobación de la Ley General de Educación (Ley Nº 28044), en julio del año 2003; pasando por la reincorporación como órgano especializado del Sector Educación del Consejo Nacional de Educación, en el mes de marzo del año 2002 (mediante D.S. Nº 007-2002-ED); y la aprobación del “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La educación que queremos para el Perú”, en enero del 2007 (mediante D.S. Nº 001-2007-ED); los pasos dados en esa dirección de transformación de la educación peruana a fin de proveer de estrategias de solución a sus grandes y graves problemas, son visibles y difícilmente podemos dejar de reconocer, su importancia en ese sentido.
Pero es el año 2007, el periodo en el cual las decisiones políticas, traducidas en normas legales, aparecen con mayor claridad y sostenibilidad. El 21 de enero, se establece la prioridad de la capacitación de los docentes del magisterio nacional y disponen la obligatoriedad de la evaluación censal, mediante el D.U. Nº 002-2007. El 03 de febrero, con la aprobación del D.S. Nº 007-2007-ED, se aprueba el Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente; en el siguiente mes, el 21 de marzo, con la Ley Nº 28988, se declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial, a fin de asegurar la continuación de la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas, en caso de paralización de labores del personal directivo, jerárquico, docente, auxiliar de educación, administrativo y de servicio, creándose tres meses después, mediante la respectiva reglamentación, el Padrón Nacional de Docentes Alternos. En este mismo año 2007, en el mes de julio, se precisa la Carrera Pública Magisterial, con la Ley Nº 29062, señalando a la capacitación y evaluación de los docentes, como necesidades permanentes de la labor magisterial, entre otros puntos de igual importancia.
Y en el mes de febrero del año 2010, las autoridades del Ministerio de Educación, emiten la R.M. Nº 0017-2010-ED, aprobando el PRONAFCAP 2010 “Mejores Maestros, Mejores Alumnos”, en sus niveles Básico y de Especialización. (Éste último, en una dimensión piloto, en algunas regiones del país). Todo ello dirigido a “mejorar las capacidades, conocimientos, actitudes y valores para el desempeño de los docentes de Educación Básica en función de sus demandas educativas y las de su respectivo contexto socio cultural y económico productivo”.
Es en ésta última norma, donde se precisan las orientaciones metodológicas generales de estos programas de formación y capacitación permanente; orientaciones metodológicas que parten y se sostienen en la “reflexión del docente sobre sus propias creencias y práctica educativa, de manera que sea capaz de mejorarlas luego de ampliar y profundizar los conocimientos y estrategias de su especialidad y su manejo del currículo escolar”.
La metodología científica que facilita y guía este proceso de reflexión sobre la propia práctica pedagógica a fin de involucrarla en un permanente proceso de cambio y mejora, es la investigación acción. Proceso en el que los docentes, de la mano con sus estudiantes, se convierten en los protagonistas y responsables de tan valioso y necesario proceso, a favor de la población estudiantil, del propio maestro, y por ende, de la sociedad peruana.
El primer paso ya estaba dado en la Constitución Política de 1993. Ella, en su artículo 15º, establecía que “el profesorado en la enseñanza es carrera pública”; por lo tanto, las normas de evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes de los docentes y directivos de las instituciones educativas, se convertían en una necesidad insoslayable. Además, el artículo 26º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, declara que “Toda persona tiene derecho a la educación”. Una educación que garantice “el pleno desarrollo de la personalidad humana”. Si bien es cierto, aún falta mucho por hacer; alcanzaremos la transformación de la educación peruana, si convertimos a este “hacer”, en una competencia de todas y cada una de las instituciones públicas y privadas que tienen presencia en este país. La participación de todos los peruanos y peruanas, es obvia.
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