CONFLICTOS SOCIALES Y CORRUPCIÓN

A pesar que la Defensoría del Pueblo considera que “El conflicto es inherente a la vida. Es una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social”, difícilmente podemos pasar por alto u obviar la presencia de muchos de ellos en diversas localidades de nuestro país; mucho menos cuando se manifiesta en situaciones de violencia que cobran vidas humanas, enlutando a muchos hogares.

Hasta la primera semana de setiembre, la Defensoría informa un total de 214 conflictos: 73 latentes y 141 activos. Entre estos, 08 son nuevos y de los que se habían diseminado, 05 se han reactivado. Pero la cifra que más llama la atención y preocupa a la ciudadanía, es que sólo 04 de ellos han logrado ser resueltos.

Por otro lado, la tipología de los conflictos nos provee de una mirada más estructurada que nos permite entender la complejidad de este país, de sus gobiernos y de su gente. El 56% (119 casos) son de tipo socioambiental; el 10% (22 casos), por asunto de gobierno local; y el 9% (21 casos), se refieren a los asuntos del gobierno nacional.

En el primer tipo se encuentran los conflictos mineros. Esperamos que estos conflictos disminuyan en tanto el cumplimiento de la Ley de Consulta Previa (Ley Nº 29785, aprobada el 11 de setiembre del presenta año) se convierta en una obligatoriedad y en un paso previo a las labores de exploración y explotación mineras. (Aunque todavía se espera la creación de la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios, en concordancia con el artículo 20º de la Ley, es necesario entender desde ahora que “la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa —aquella que afecte directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo— corresponde a la entidad estatal competente”, según el artículo 15º).

Del mismo modo, la ciudadanía espera que también disminuyan aquellos hechos de corrupción y todo acto que anubla y mancilla la función pública, porque la presencia de conflictos de interés entre la actividad minera y la responsabilidad de regular ésta actividad, —como es de conocimiento público—, involucra a varios funcionarios del estado de los distintos niveles de gobierno.

Frente a esto, la ciudadanía puede estar tranquila si toma en serio las palabras de Ollanta Humala: “A mí me han elegido para chambear y a los que agarre corruptos los meto presos”, afirmó en algunas localidades de Lima Metropolitana, mientras lanzaba el programa Trabaja Perú.

Kurt Burneo, Ministro de la Producción, también afirmó que “la gente me puede tildar de ignorante pero no de deshonesto”, en respuesta a la alusión del ex presidente Alan García que insinuó ignorancia en el tema de las multas no cobradas a las pesqueras que laboran en el país, en los últimos años.

Tanto las palabras del Presidente de la República como del Ministro de la Producción, no dejan de confirmar la presencia de actos corruptos y de funcionarios públicos responsables que maculan la labor del Estado, perjudicando sus rentas y empedrando el camino hacia la eficiencia y honestidad en la administración de los bienes públicos.

Pero la cosa no queda sólo en palabras y frases que resultarían “cantos de sirena”. El Congreso de la República, luego de su brevísima estadía en la ciudad de Ica —que muy pocos vieron con buenos ojos—, aprobó la conformación de una comisión multipartidaria para investigar los supuestos —y no tan supuestos— delitos de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción cometidos en el gobierno anterior.

“Hay males en la historia de la humanidad cuyo poder de destrucción es evidente a los ojos de todos”, sostiene el informe de la Defensoría del Pueblo. El narcotráfico y el terrorismo por ejemplo. El primero, “pudre las instituciones”; mientras que el segundo, “siembra miedo y muerte en nuestro alrededor”. Además, continua el documento, “ambos nos producen repulsión ética instantánea y activan nuestra capacidad de lucha”.

Pero “la corrupción es también un gran y antiguo mal en nuestra historia”, advierte el documento defensorial; por lo tanto, el primer gran compromiso “es el de no callar frente a la corrupción, porque el silencio oscurece la realidad y beneficia al corrupto”. Lo doloroso del asunto es que “en nuestro país, la tentación de gobernar en el secreto sigue estando presente”. Y lo confirman, según declaraciones del congresista Javier Diez Canseco, los 374 Decretos de Urgencia, aprobados durante el gobierno anterior, que legalizan la evasión de “adecuados mecanismos de control público” ante la ejecución de concesiones, adquisiciones y obras públicas.

Ello explicaría la violación o desacato por parte de diversas instituciones públicas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806, aprobada como Texto Único Ordenado, en el año 2003, mediante DECRETO SUPREMO Nº 043-2003-PCM).

Al parecer hay una resistencia mal intencionada de parte de algunos funcionarios y servidores públicos a considerar que “solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública” es un derecho fundamental contemplado en el inciso 5 del artículo 2º de nuestra Constitución Política.

El desconocimiento, la ignorancia o la viveza criolla, hace que este derecho fundamental (la base para la edificación de una sociedad digna de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales ante la ley), se convierta o se vea como una medida insignificante y risible. Porque la primera reacción del funcionario responsable del cumplimiento de dicha norma, es preguntar ¿Y para qué la quiere (la información)?, revelando una incompetencia y desatino a prueba de balas que realmente, como dice la defensoría, “pudre” a la institucionalidad del país; porque mina el camino democrático y convierte a la convivencia ciudadana, en una convivencia virulenta y troglodita. (La corrupción genera conflicto, y el conflicto deviene en violencia).

El desacato a las normas de convivencia, constituye también un acto de corrupción, en tanto perturba, malogra, deteriora, distorsiona y deslegitima el sistema democrático, produciendo conflictos y violencia que carcomen los cimientos de la sociedad y el Estado. Como bien lo señala el “Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Un compromiso de todos”, aprobado en el año 2008: “Los efectos perniciosos de la corrupción afectan cada vez más a la gestión del Estado ya que generan dudas sobre la legitimidad y transparencia de los poderes públicos”.

Por lo tanto, en concordancia con la línea política de dicho Plan Nacional, la lucha contra la corrupción constituye “un compromiso de todos los peruanos”. Para ello es necesario “que cada ciudadano conozca sus derechos y obligaciones en relación con el Estado, aprenda a cumplirlos y a exigirlos”. Es más, la Vigésimo Sexta Política de Estado del Acuerdo Nacional, expresa el compromiso de “afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de  paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad”. No dudamos, que la tarea está en las manos de los gobernantes y de los gobernados.

EL CONGRESO NUESTRO DE CADA DÍA

Un poco más de treinta días, han sido suficientes para concluir que el actual Congreso de la República, elegido en el último proceso electoral general, muestre pocas características que lo diferencian de los anteriores.

El cobro de los llamados gastos de instalación, es una de las perlas del actual Congreso. 15,600 nuevos soles es la suma que “legalmente” le corresponde a cada congresista elegido o reelegido para facilitarle su “instalación” en calidad de Congresista de la República. Ya ha sido cobrado, en dos partes (el 27 de julio y el 02 de agosto) por la mayoría de ellos y ellas, sin distinción de credo, raza, edad, género, apellidos, ideología o religión.

El debate arrancó inmediatamente. En los diversos medios empezaron a propalarse críticas y cuestionamientos a medida tan controvertida, que resulta un insulto y hasta una inmoralidad frente a la amenaza de la crisis financiera internacional y la necesidad de austeridad en el gasto fiscal declarado desde el gobierno anterior.

Las decisiones y actitudes de los propios congresistas, son variadas y para todos los gustos, por decir lo menos. Algunos de ellos y ellas, decidieron renunciar a este cobro (es el caso de la congresista Cenaida Uribe, Humberto Lay, Carlos Bruce, Mauricio Mulder, Alberto Beingolea, entre otros). Otros y otras, simplemente, consideran un derecho irrenunciable y totalmente justo. Aunque algunos, en el colmo del desparpajo, utilizarán ese dinero “para el mantenimiento mayor de mi automóvil que está despedazándose” y no quedarse parado en la vía pública. Es el caso del congresista por Lima, Martín Belaunde Moreyra, actualmente presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y ex “zar anticorrupción”.

A este ritmo, fácilmente podría aprobarse un bono a cada congresista para que repare su casa, cocina, computadora y hasta su cama. A fin de cuentas, como nos recordara el ex presidente Alan García, a la representación política se llega con la billetera abierta, porque “la plata llega sola”. (Mariátegui, describía que “en el plano económico se percibe con más claridad que en el político, el sentido y el contorno de la política, de sus hombres y de sus hechos”).

Otros, con el rostro más sobrio y casi angelical, cobrarán los 15,600 nuevos soles para donarlo a instituciones benéficas y así poder declarar que “ayudan a los pobres de este país”; otros, para destinarlo a favor de una campaña turística, como es ”Tajo abierto Maravilla Universal”, en la región de Pasco. Es el caso de los congresistas William Tito Valle Ramírez y Néstor Antonio Valqui Matos, elegidos por esa región.

Para el Monseñor Luis Bambarén, es una broma de muy mal gusto este cobro por gastos de instalación. “Ellos (los congresistas) ya tienen un muy buen sueldo mensual”, declaró muy consternado. Por su parte, Cecilia Blondet, de pro-ética, esta decisión parlamentaria “es indignante y además es inmoral”, aunque no deja de ser legal. “No todo lo que es jurídicamente legal, moralmente es bueno”, reza un adagio que describe con certeza este hecho que resuena como una risa sarcástica proveniente del recinto parlamentario.

Sin embargo, “El Congreso es soberano en sus funciones. Tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política”, nos recuerda el artículo 3º de su Reglamento, que por supuesto, “tiene fuerza de ley” (artículo 1º, del mismo documento).

Frente a esto, nos viene a la memoria las palabras del médico Ciro Castillo Rojo —aunque podrían sonar severas y poco exageradas—: “En este país, las leyes parecen haber sido hechas por delincuentes, para proteger a delincuentes”. (El médico Ciro, que literalmente ha movido y está moviendo aire, mar y tierra, continúa buscando a su hijo que lleva su nombre, de 26 años de edad, estudiante de la Universidad Agraria La Molina, desaparecido en las altas montañas aledañas al cañón del Colca, en la región Arequipa, en una aventura con Rosario Ponce, que sí tuvo la dicha de sobrevivir a ese amargo episodio).

Otra de las perlas del actual Congreso, conformado por 130 legisladores a partir de este quinquenio gubernamental, es la decisión de trasladarse a la región Ica, para descentralizar sus sesiones, los días 7 y 8 de setiembre. Los 130 parlamentarios, incluidos sus asesores y servidores parlamentarios, se trasladarán a esa ciudad —afectada por el sismo del 15 de agosto del año 2007, de 8 grados en la escala de Mercalli, causando cerca de 600 muertes, más de 1.800 de heridos, 76.000 viviendas totalmente destruidas e inhabitables y cientos de miles de damnificados—, para que, en palabras de su Presidente, el parlamentario Daniel Abugattas, esté en contacto con su pueblo. “El político debe tener contacto directo con lo que está ocurriendo”, dijo.

Uno de los visibles críticos a la decisión de descentralizar la sesión del Congreso, ha sido el congresista Alejandro Aguinaga, de las filas del fujimorismo, al catalogarlo de “un acto demagógico”, puesto que, el congreso no tiene esa capacidad de gasto, y porque las labores de reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 2007, compete al ejecutivo y no al legislativo.

A fin de minimizar el escándalo del traslado a la ciudad de Ica, frente a las críticas y al real sinsentido de hacer funcionar al Congreso fuera de su palacio, Daniel Abugattas, Presidente del Congreso, aseguró que se ha reducido los gastos de 300 mil a 200 mil nuevos soles. Prácticamente, la estadía de cada congresista en esa ciudad, durante dos días, le costará al tesoro público, un aproximado de 1,500 nuevos soles. (Suma que le cuesta obtener a un obrero que gana el sueldo mínimo vital, dos meses y medio de trabajo. Es decir, 288 horas de trabajo).

Pero, para Abugattas, lo del costo es lo menos importante, porque “el Parlamento va a llegar a contactar a casi medio millón de habitantes que vive en la región Ica”. Irónicamente, en la era digital donde las distancias desaparecen gracias a las tecnologías de la comunicación; de pronto, se hace necesario que el Congreso, todo el Congreso, viaje a cada ciudad del país para poder enterarse y atender satisfactoriamente las demandas de la población.

A este ritmo, y en honor al trato equitativo ante la ley que nos asiste a todos los peruanos y peruanas, el Congreso tendría que viajar a cada una de las 195 provincias que tiene el país. En 60 meses de gobierno parlamentario, correspondería visitar o descentralizar las sesiones del congreso, aproximadamente, en 03 provincias por mes. A razón de 200 mil nuevos soles por viaje, esa gracia de descentralizar las sesiones parlamentarias, costaría 39 millones de nuevos soles. Una barbaridad en una época de austeridad fiscal, y en la que, ya se nos confirmó, que por nada de este mundo, el balón de gas se reducirá a doce nuevos soles, a pesar que, no sabemos aún cómo, según Salomón Lerner Ghitis, Presidente del Consejo de Ministros, en acuerdo con las empresas mineras, éstas pagarán un gravamen de 3,000 millones de nuevos soles al año. (Calculando, recibiremos 250 millones de nuevos soles mensuales, por la gracia y buen gusto, de quienes se llevan nuestros más valiosos recursos minerales. “Harta plata”, como dirían algunos).

Ya en 1931, Víctor Andrés Belaunde, nos advertía del “caciquismo parlamentario”, como una característica de nuestro problema político. Décadas atrás, Gonzales Prada, también señalaba al parlamento, como uno de los peores males de nuestra patria. Quiera Dios, y esforcémonos para que ello, así sea, que los años y las décadas hayan pasado para bien.