miércoles, 30 de noviembre de 2011

CRÓNICA DE UNA PROTESTA ANUNCIADA


Hasta que la protesta explotó. Cuando el día 07 de setiembre del presente año, en el diario oficial El Peruano, se publicó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, Reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley Nº 29785; lo consideramos el ingreso a una nueva época en nuestro país, en la cual “las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo” sean consultadas de forma previa.
Este procedimiento de contar con la licencia respectiva de los pueblos afectados, antes de ejecutar las medidas que los afecten, supuso un cese, sino, una notable disminución de los conflictos entre la sociedad política (gobernantes) y la sociedad civil (gobernados), en aras de mejorar la convivencia social y convertirla en una situación saludable. ¿Por qué? Porque la Ley en mención, señala con suma claridad que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios” involucrados en el proceso de consulta (artículo 3º).
Aunque “la decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa  corresponde a la entidad estatal competente”, (según el artículo 15º), entendemos que el “acuerdo o consentimiento” deberá proporcionar satisfacciones a ambas partes antes de proceder a su ejecución o aplicación. De no ser así, no sólo la Ley en mención se convertiría en una burda manera de no tomar en serio los intereses de la sociedad civil por parte de quienes han sido elegidos para defenderlos y protegerlos de cualquier amenaza; sino que nuestra lengua oficial (una de las tantas) en la que está escrita la ley, (nuestras leyes), perdería toda importancia y respeto, hasta merecería el más firme repudio.
Las leyes son escritas —ello, suponemos— de tal manera que cualquier ciudadano y ciudadana, cualquier persona alfabética, no sólo las lea, sino, las entienda. Y las entienda sin necesidad de intérprete alguno. Porque si para entender lo que transmiten nuestras leyes, es necesario el auxilio de un profesional del derecho, estamos en un país que tiene muy poco, o nada, de democrático.
Porque si lo que está sucediendo en Cajamarca, se pretende explicar sólo por la presencia de intereses antimineros, o por la existencia de perros del hortelano —diría algún  espíritu soberbio y megalómano—, o algo peor, por la presencia —y existencia— de ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase; entonces, el Estado, nuestro Estado, es un ente que carece de la capacidad de aprender de sus propios errores (garrafales muchos de ellos, y hasta criminales o antidemocráticos).
No podemos negar que las inversiones extranjeras —no sólo ellas, por supuesto—, en un inicio, han usufructuado nuestros bienes generando perjuicios al patrimonio, a la gente, a su cultura. Que algunos casos se hayan convertido en pretextos para oponerse a toda inversión extranjera, la responsabilidad no sólo recae en las poblaciones directamente afectadas, a quienes les asiste todo el derecho de tomar las decisiones sobre su porvenir, sino, en un Estado (léase: “gobernantes de turno”) que ha demostrado una inoperancia, en el mejor de los casos, o una actitud poco o nada transparente, en el peor de ellos.
Alegar que son poblaciones “ignorantes”, porque están “anquilosadas” en la historia al creer que los minerales, la tierra, el agua, y todo cuanto se mueve y existe en sus territorios, pertenece a Dios; constituye otra barbaridad propia de un troglodita. Jerarquizar verticalmente la ciudadanía, las creencias, las costumbres, la cultura en su conjunto, otorgándoles valores o cualidades discriminatorias para justificar la imposición de medidas “correctas” o “perfectas”, desde el Estado, constituye un atropello no digno de perdón.
Porque si hay voces que defienden el derecho del Estado a imponer sus medidas, por el solo hecho de ser Estado, entonces la Edad Media ha retornado. Yo tengo la verdad, yo sé más que todos, yo decido, yo soy la voz de Dios.
El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Miguel Cabrejos, invocó “a que se hagan todos los esfuerzos para construir una cultura de paz, mediante un diálogo justo, equitativo, constructivo, de tolerancia de las opiniones diversas”. Pero el Ministro del Interior, Oscar Valdés (una de las voces del Estrado, de ese estado al que le compete cumplir y hacer cumplir la ley), opina que el pueblo de Cajamarca, a pesar de ser “un pueblo pacífico, trabajador”, hoy día está “confundido” porque se le dado un sinnúmero de versiones sobre un mismo tema. Y el producto de esa confusión, es que salga a las calles a protestar en contra de las actividades mineras.
El paro indefinido ha sido la última y extrema medida que han iniciado los cajamarquinos, liderados por su Presidente Regional, alcaldes distritales y provinciales, y dirigentes de diversos gremios. Fue una protesta anunciada. El conflicto se agrava cuando se percibe poca claridad en la predisposición al diálogo: ¿está de parte del gobierno o de parte de la población cajamarquina? 
El Alcalde del distrito de La Encañada (uno de los distritos afectados directamente por el proyecto Minas Conga)), en la provincia de Cajamarca, Jorge Vásquez, expresó que  “la voluntad de diálogo existe de parte de todas la autoridades y dirigentes de base”, sin embargo, precisó que “El problema es que ya no se tiene confianza en el gobierno y en los ministros”.
Obviamente, la pérdida de credibilidad en nuestras autoridades gubernamentales, es un hecho lamentable. Ahora más que nunca, dados los esfuerzos por fortalecer a nuestra democracia, la falta de confianza se torna un problema bastante serio. Si no hay confianza, no habrá diálogo, ni siquiera la predisposición hacia él. Si no hay diálogo, se quiebra la gobernabilidad. Y si ella se quiebra, se debilita la democracia, se resquebraja, cae.
Como bien lo manifiesta el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, “la democracia tiene que traducirse en eficacia del diálogo”. Y lo que está sucediendo hasta ahora en Cajamarca, dice Vega, es que no se ha logrado concretar “un diálogo fructífero, un dialogo técnico, un diálogo democrático”.
Pero lo doloroso de todo este conflicto (y en los de su tipo, sucedidos anteriormente), es que el Estado ha demostrado tener oídos sordos o muy poca visión para predecir las consecuencias, y poca capacidad para promover el diálogo, para actuar con transparencia y transmitir confianza. “Esperamos a veces la confrontación, esperamos a veces la muerte, la violencia para luego todos coincidir en que era necesario sentarnos a dialogar”, sostuvo el defensor del Pueblo, con suma preocupación.
“¿Oro o agua?”, preguntó el entonces candidato Ollanta Humala en su campaña proselitista en Cajamarca. “¡Agua!”, respondieron ellos y ellas. Pero ahora, ven los cajamarquinos, que antes que el agua, será el oro. O en todo caso, “Tendrán el agua; pero primero sacamos el oro”.
Salomón Lerner, en vísperas del paro indefinido, pidió a los cajamarquinos  “que se haga todo con debido respeto”. En otras palabras, que protesten, pero con respeto, y aclaró que “el gobierno dialoga, quiere conversar”. Precisó además que “el diálogo está abierto las 24 horas del día”, porque la intención del gobierno es llegar a un acuerdo, entendernos, comunicarnos, porque sólo así lograremos el crecimiento económico con inclusión social.
Pero si el paro indefinido llegó, es porque han fracasado todos los intentos de diálogo. Ante ello, el Defensor del Pueblo, expresó algo en lo que difícilmente algún peruano o peruana, estaría en desacuerdo: “No hay nada que justifique, ni el agua ni el oro, la muerte de personas, el maltrato, la afectación a la integridad de los peruanos”. Peruanos, somos todos.

domingo, 13 de noviembre de 2011

PIEDRAS EN EL EJECUTIVO


Desde la última cena donde participaron tres oficiales de la Policía Nacional del Perú y otros invitados, y al parecer, el tema de fondo fue el caso Andahuasi; Chehade se ha convertido en el centro de la noticia nacional tratada por medios locales, nacionales e internacionales. Además de ello, después de no acatar la indirecta del Presidente de la República, de dar un paso al costado, se ha convertido en una piedra (en una roca, dirían algunos) del Partido Nacionalista y de todo el oficialismo, izquierdistas incluidos.
Después del desfile ante la investigación realizada por el Congreso de la República, las cosas se han aclarado un poco más, mucho más, con la investigación periodística realizada por IDL Reporteros, donde las declaraciones del segundo vicepresidente han adquirido un sabor rancio, sino, una ironía que pretende cubrir una retahíla de mentiras e inverosimilitud, pendientes de aclaración, sino, de sanciones.
Lo caballeresco del ciudadano al que ni siquiera sus propios colegas de bancada pueden ya protegerlo de los leñadores que no perdonan a ningún árbol caído, se ha reducido a la difusión de un comunicado donde expresa su voluntad de no asumir el cargo de Presidente de la República, en ausencia de Ollanta Humala y de la Primera Vicepresidenta.
Para Yohny Lescano, el otrora duro opositor del gobierno anterior y reelegido Congresista de la República, considera que el comunicado firmado por Omar Chehade, es una especie de autolicencia, sino un expreso paso al costado en respuesta a la sugerencia o insinuación de solicitud de renuncia de Ollanta Humala, por lo tanto es un gesto loable que le hace bien a la imagen de un Ejecutivo, cada día menos simpático.
De opinión favorable también ha sido el congresista John Reynaga, de las filas del oficialismo, al declarar que Chehade “se ampara en la presunción de inocencia”, y que no quepa duda que la “unidad Presidente-Bancada nacionalista” se mantiene firme en esta tormenta, que más que nadie, Ollanta es quien anhela venga de una vez ya la calma; sin embargo, Reynaga, no pudo callar la siguiente frase que no necesariamente aboga a favor de Chehade: “nosotros, no queremos meter la mano al fuego”.
Mientras que Ollanta Humala, cumpliendo con sus labores propias de su honorable cargo, fuera del país, declara que los estados miembros están “deseosos de fortalecer nuestra CAN (Comunidad Andina de Naciones)”, en su Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino, realizada en la ciudad colombiana de Bogotá; en Perú, el Congreso se muestra dividido en torno a las declaraciones y silencios de su segundo vicepresidente, quien ha decidido —con una firmeza de carácter y como si vistiera un invisible chaleco anticargamontones— mantenerse en sus trece.
En la última cumbre de la Comunidad Andina de Naciones, participaron los presidentes de Perú (Ollanta Humala Tasso), Ecuador (Rafael Correa Delgado), Colombia (Juan Manuel Santos Calderón) y Bolivia (Evo Morales Ayma). Los cuatro firmaron la llamada Declaración de Bogotá el 08 de noviembre, la cual entre otros puntos, confirma que los presidentes participantes reafirman su decisión de “llevar a cabo la reingeniería del Sistema Andino de Integración, con el fin de adecuar la Comunidad Andina a los retos del actual contexto internacional”. Todo un logro para países como los nuestros que en las últimas décadas están invirtiendo gigantescos esfuerzos para emerger del estado calamitoso de sus economías y alcanzar el tan anhelado desarrollo al estilo de los grandes de Europa y del norte de América.
Pero no todo es plausible fuera de nuestro país, para Ollanta Humala. Porque allá, también lo persiguió el espinoso tema que compromete a su segundo vicepresidente. Y ante una inoportuna pregunta de un reportero periodístico, Ollanta fue tajante en su respuesta: “los temas de mi país, los trato en mi país”.
Más que defensas, lo que ha convertido en producto nacional que todo peruano y peruana conoce y observa en los medios audiovisuales a Omar Chehade, son los ataques que le provienen desde diversos ángulos y trincheras. La congresista Luz Salgado, por ejemplo, la sólida fujimorista e indesmayable defensora de su líder ahora privado de su libertad, declara que Chehade se “está declarando en rebeldía”, a pesar que, según la congresista Ana Jara, “él es un desgaste político”, y sólo tiene una alternativa: renunciar al cargo de segundo vicepresidente de la república. Y si renuncia, “sería una decisión correcta”, opinó Jara.
(La congresista oficialista Ana Jara, electa por Ica, fue quien al asumir la representación política que ostenta, juramentó así: “por Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará, y toda lengua, confesará, él es el Señor, sí prometo”. Prometió “cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”).
Por otro lado, el reelecto congresista de las filas del PPC, y que forma parte de la oposición al actual gobierno, Juan Carlos Eguren, declaró que Omar Chehade, con su actitud de no renunciar a su cargo y no tomar la sugerencia del presidente Ollanta, constituye una “crisis en el ejecutivo, crisis en la institución presidencial”, porque “cuestiona el liderazgo de Ollanta Humala”. Luego hizo las siguientes preguntas que vienen como preguntas de examen a la conciencia de la ciudadanía en general, y de la bancada oficialista en particular: “¿La bancada está dándole la espalda a Humala? ¿Humala se está quedando solo?”.
Pero son las declaraciones de los generales de la Policía, en la comisión parlamentaria que investiga el caso, quienes han echado más luces a este vergonzoso embrollo que ya no da para más. “En ningún momento he actuado de mala fe… yo soy un hombre que me gusta decir la verdad” declaró el general Raúl Salazar; y el general Guillermo Arteta, confirmó los hechos, disipando toda duda que podría favorecer al segundo vicepresidente, al declarar que “en la cena se habló del caso Andahuasi”, y entre otras cosas se dijo que “el gobierno está preocupado en proteger los capitales”, declaró.
Frente a ello, el congresista lambayecano y de las filas del aprismo, Javier Velásquez, dijo aquello en lo que ya la mayoría de ciudadanos y ciudadanas parecen estar de acuerdo: se “está agudizando una crisis política”.
Pero no sólo Omar Chehade se ha convertido en una piedrecita en el Ejecutivo. Gregorio Santos Guerrero, el Presidente Regional de Cajamarca, también. Está liderando una protesta regional en contra de la actividad minera del Proyecto Minas Conga (desarrollado por Minera Yanacocha), ubicado en las provincias de Celendín (distritos de Huasmín y Sorochuco) y Cajamarca (distrito de La Encañada).
Según Santos, la respuesta dada por el estado ante las “transnacionales que se ponen de espalda al pueblo” al no respetar ni proteger sus recursos naturales, es “una respuesta para los inversionistas, para el Banco Mundial, para el Fondo Monetario Internacional”. Aclaró también que los cajamarquinos no son antimineros. “Aquí queremos que venga la inversión privada. Que invierta en bosques, represas e hidroeléctricas que es otra forma de ver el desarrollo”, enfatizó.
Santos, aprovechó el micrófono del reportero que lo entrevistaba, para dirigir un mensaje directo al presidente Ollanta: “Presidente, tú no puedes dejarte secuestrar, chantajear de la CONFIEP”. Términos bastante severos y poco saludables para un gobierno que está encaminado a lograr una convivencia saludable entre peruanos y peruanas, y a luchar ferozmente contra la corrupción. El Premier Salomón Lerner, le tocó enfriar el asunto, declarando que “el diálogo está abierto” y que “hay formas de comunicarse”.