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| Publicado en el Suplemento DOMINICAL, el 22/01/12 |
Frase perversa si considera que los más de 60,000 muertos, los miles de millones de soles en pérdidas y las mil fracturas sanguinolentas ocasionadas o reveladas al país entero, como una mera “ilusión”. Tan sólo como un medio o un sendero hacia esa realidad ambicionada llamada “poder político”. No importan los muertos, sólo importa llegar al poder; sí es una frase o una ideología que amerita todo repudio y rechazo.
Más de tres décadas después del inicio de la violencia política, y dos décadas después de lo que significó el punto de inflexión o el inicio de su derrota y decadencia —con la captura de Abimael Guzmán, el 12 de setiembre de 1992, condenado de por vida por la justicia peruana—, percibimos que las heridas no han cerrado, ni la memoria ha encontrado sosiego, ni la reconciliación siquiera asoma su reconfortante presencia.
En el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, en situación de proceso de inscripción, se encuentran 11 organizaciones políticas, entre ellas, aparece el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF). Agrupación que inició su gestión de inscripción, el 12 de enero del presente año.
En su blog, se autodefinen como “un grupo de dirigentes de organizaciones populares, intelectuales y artistas del pueblo, así como abogados defensores de presos políticos y perseguidos sociales”, y como toda agrupación política que pretende jugar con las reglas democráticas vigentes, agregan lo siguiente: “Estamos dispuestos a buscar convergencias con otras fuerzas y personalidades democráticas y establecer alianzas con otras organizaciones políticas”.
Además, presentan sus lineamientos programáticos, que se reducen a 6 puntos. El primero, una nueva constitución, y el último, “amnistía general y reconciliación nacional”. En otros términos, a partir de sus documentos escritos y sus gestiones ante el ROP, es una agrupación que cumple con los requisitos para insertarse en la vida política del país.
Sin embargo, la voz de alarma se activó cuando sus representantes y dirigentes, son personas vinculadas a la defensa de acusados por terrorismo, entre ellos, Abimael Guzmán, como es el abogado Alfredo Crespo. Quienes se oponen y condenan el proceso de inscripción del Movadef, aluden que son terroristas o están ligadas a esas actividades criminales, y una vez llegados al poder mediante la vía electoral, podrían nuevamente hacer resurgir la violencia política en el país.
Es decir, si antes buscaron llegar al poder, mediante la dinamita y el coche bomba; ahora, lo persiguen mediante el voto ciudadano y el ánfora electoral. En otros países hay ejemplos de personas que en el pasado tomaron las armas como una vía para conquistar el poder, pero luego resultaron elegidas electoralmente. No hay un solo caso el cual revele que una vez que fueron elegidas electoralmente, hayan utilizado la representatividad política para inducir o volver a tomar las armas para generar otro periodo de violencia política armada.
Entonces, ¿el temor dónde está, o dónde radica? El estado de derecho, es un estado que respeta el derecho. Y el derecho está tipificado en una infinidad de normas a la que todos y todas tenemos el deber de cumplir, respetar y defender, porque garantizan una convivencia interpersonal e interinstitucional, saludable.
En una oportunidad, el abogado y periodista Federico Salazar escribió lo siguiente: “El pensamiento de Guzmán es equivocado. Pero, ¿cómo demostrar su error si no podemos leerlo?”, haciendo referencia al cuestionamiento de la publicación del libro “De puño y letra”.
En una entrevista, Carlos Tapia, especializado en el tema de la violencia política en el país, y en concordancia con la visión de la CVR, resaltó que el arma principal de los senderistas, es la ideología. Entonces, lo que corresponde a la democracia y a los demócratas, es enfrentarnos ideológicamente a ellos. Tapia agregó después que “A los partidos políticos no se les nota leales con la democracia… porque no salen a defenderla”. Y si el movimiento en cuestión pretende liberar a los condenados por terrorismo, recordó: “No puede haber reconciliación liberando a criminales”.
Son muchas las voces que han alarmado al estado peruano, principalmente, al Jurado Nacional de Elecciones, para que rechace la inscripción del Movadef. Hasta el Presidente del Poder Judicial, César San Martín —el mismo que presidió el enjuiciamiento a Fujimori—, dijo que “no puede haber democracia boba”. De similar opinión ha sido la organización Transparencia, experta en temas electorales, “La democracia tiene sus herramientas. El Perú no puede ser una democracia boba que permita a esa clase de grupos que la minen por dentro”, expresó su secretario técnico Percy Medina.
El Ministro de Justicia, también se manifestó al respecto, declarando que “El Gobierno peruano no permitirá el ingreso a la política de grupos que representan a bandas terroristas”. Y el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, también se aunó a las voces de rechazo a la inscripción del movimiento ligado a Sendero Luminoso. "Si eventualmente se admite su inscripción, interpondremos demanda pidiendo su ilegalidad", declaró.
Rocío Silva Santisteban, ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tampoco es ajena a esta ola de rechazo rotundo a la inscripción del organismo de fachada de los senderistas, al sostener que “la democracia no puede ser imbécil”, y sería una “democracia estúpida” si permitiera que “un grupo de personas utilice los recursos de la democracia para fines antidemocráticos”.
Salomón Lerner, el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, expresó que “mal puede la democracia admitir a un virus dentro de su seno”, porque “Movadef o Sendero Luminoso es, en política, la intolerancia encarnada, por lo que sería absolutamente incoherente, contradictorio y nocivo para el país que se legalizara un movimiento político con esas características”, declaró.
Una cosa es pedir que se rechace su inscripción, y otra, que una vez inscrita la organización, presentar los recursos de nulidad pertinentes, acorde a las normas establecidas. Esa fue la opinión más coherente, dada por el Fiscal de la Nación. Por ejemplo, la Ley de Partidos Políticos, Ley Nº 28094, en su artículo 10°, dispone que “Cualquier persona natural o jurídica puede formular tacha contra la inscripción de un partido político. Dicha tacha sólo puede estar fundamentada en el incumplimiento de lo señalado en la presente ley.”
¿Y qué es un partido político en nuestro país? La respuesta la encontramos en la misma Ley N° 28094: “Los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente ley”. En consecuencia, tendría que probarse que el Movadef, no se ajusta a esta definición.
En las últimas décadas estamos peleando porque en nuestro país no se quebrante la ley, a la que todos y todas que habitamos su territorio, tienen el deber de cumplirla y hacerla cumplir. Y si la Ley de Partidos, no permite el rechazo inmediato a la inscripción de organizaciones como el Movadef, entonces, corresponde sugerir de inmediato las modificaciones pertinentes. ¿Los ciudadanos y ciudadanas, conocemos la ideología de la democracia? ¿Nos aferramos a ella? ¿La defendemos?
