domingo, 26 de febrero de 2012

INDIO, SERRANO Y CHOLO

Publicado en el DOMINICAL del día 26 de febrero de 2012
En diciembre del año pasado, en un cine de la cadena UVK en Miraflores, el ciudadano cuzqueño Ricardo Apaza, salió al baño y no se le permitió ingresar para continuar mirando la película. Podría haber sucedido que Ricardo Apaza, no sólo por su fisonomía que no hace juego con la europea o norteamericana, que para algunos peruanos y peruanas es el paradigma de la belleza humana y hasta el ícono de la superioridad intelectual, sino por la vestimenta típica de su terruño, provocó todo ese embrollo que obligó al administrador de la sala, pedir disculpas y alegar que todo fue producto de la confusión.

En la segunda semana del presente mes, durante la proyección de una película en un cine del distrito de Chorrillos en Lima, el hijo adolescente de la actriz Celine Aguirre y el cantante Miki Gonzales, resultó involucrado en un confuso incidente con la pareja Michel Morales y Miriam Rocío, donde los insultos sobre el origen y características fisonómicas de la pareja por parte del adolescente, fueron el eje de la disputa. Disputa donde los agravios, verbales y físicos, de uno y otro lado, aún están poco claros.

En ambos casos, las diferencias —básicamente, fisonómicas— fueron la raíz de las actitudes discriminatorias que echó lodo en el rostro del país y el Estado, ante la permanencia de actitudes racistas que nos regresan a tiempos en los cuales el color de piel, principalmente, se convertía en una frontera impenetrable y separatista entre seres humanos, como si fueran de planetas distintos o de naturaleza diferente, y en el peor de los casos, era un factor capaz de provocar horrendos crímenes y genocidios que nos recuerdan que aun no hemos abandonado la caverna ni el temor a la oscuridad.

Hasta un ex presidente hablaba de ciudadanos de primera y de segunda clase; no satisfecho con ello, se permitió escribir y publicar algunos artículos donde ensayaba su tesis del perro del hortelano para referirse a aquellos que no concordaban con su filosofía de desarrollo del país. Y si estaba en contra del perro del hortelano, no cabe duda que estaría orgulloso con el “chulillo del minero” (no sé hasta qué punto puede permitirse hablar del “perro del minero”), para estar en onda con la bonanza extractiva de minerales que actualmente caracteriza al país.

Este mismo ex presidente, quizá, haciendo gala de su filosofía perruna, anteriormente había proporcionado un “pequeño” puntapié a un ciudadano que se interpuso en su delante en una marcha callejera, y a otro —aunque no pudo probarse fehacientemente—, le propinó una bofetada en respuesta al adjetivo de “corrupto” que le vociferó.

Al margen de los nombres y apellidos de los personajes involucrados en las lamentables escenas racistas y discriminatorias, y de los espacios públicos donde se han producido, está en juego la necesidad de pertenencia que hace falta o que aun no terminamos de construir como un factor prioritario en el proyecto de consolidar el país. Y la responsabilidad es principalmente del estado peruano. “El peruano es un estado parcializado, inefectivo, ineficaz y poco o nada transparente. La mayoría de los peruanos no se siente defendida ni representada por él”, escribe Sinesio López; de manera similar, Jaime de Althaus escribe que “Parte importante del Perú sigue siendo un territorio ajeno para el Estado peruano… El Estado peruano está recién en formación”.

Lo que aparentemente puede parecernos simples vocablos o términos sin mayor connotación agresiva e insulsa, indio, serrano y cholo, se convierten en instrumentos y armas de ataque en los discursos de algunas personas que de alguna extraña manera han cultivado en sus esquemas ideológicos concepciones que impiden la cohesión social en torno a un proyecto de país donde la solidaridad y la fraternidad se convierten en referentes a favor de una convivencia saludable. Pero las actitudes racistas y todas las que de ellas se derivan, son cosas que conviven con nosotros desde muchos años atrás, por no decir siglos.

La discriminación como un arma letal, no sólo se presentó en la Alemania de la primera mitad del siglo XX. Es una inmundicia que nos obsequia su peculiar aroma a cada paso que damos por nuestras calles y plazas, en los pasadizos, ventanillas y oficinas de las instituciones públicas y privadas, y en cualquier otro rincón de este suelo —tan rico en minerales y otros recursos naturales, dirían los más optimistas— llamado Perú.

El Informe Alternativo presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas – CERD, sobre la situación del racismo en el Perú, de julio de 2009, considera que la discriminación racial es “uno de los principales problemas pendientes a enfrentar para la consolidación de la democracia real en el país”. Pero lo grave es que en el “Perú no se han adoptado medidas reales y efectivas a nivel nacional para garantizar la promoción adecuada de los grupos e individuos” ante las agresiones racistas, sostiene el Informe.

El actor peruano Christian Meier, escribió por medio de su cuenta en twitter que “El racismo es el cáncer que destruye la unión de un país”. No le falta razón al actor, porque las actitudes discriminatorias y racistas están presenten en todos los espacios donde interactúan peruanos y peruanas. Incluso, “las fuerzas del orden peruanas utilizan con frecuencia el perfil racial como criterio de identificación de los sospechosos de haber cometido un delito”, señala el informe presentado al CERD.

Ya en el siglo XVIII, el pensamiento liberal en el Perú, a través de su vocero “El Mercurio Peruano”, difundía una descripción del indio que ahora nos parecería aberrante y vergonzoso: “Tiene el cabello grueso, negro, lacio; la frente estrecha y calzada… el sudor fétido, por cuyo olor son hallados por los podencos”. Y en los años 40 del siglo XX, nos recuerda Manuel Jesús Granados, una consigna proselitista del APRA fue “contra el cholo barato y el azúcar cara”, evidenciándose la discriminación laboral de la que era víctima el ser humano considerado cholo.

El mismo analista enfatiza que “el racismo en la sociedad peruana, ha conseguido que la discriminación y la marginación se hayan institucionalizado en el mercado de trabajo, en la educación, en la política, y en cualquier otro quehacer cotidiano de las personas”. Conclusión que es confirmada por la CVR después de su extenso estudio y análisis del conflicto armado vivido en las últimas décadas del siglo XX. La Comisión señala que “Las diferencias raciales y étnicas en el Perú son criterios de la desigualdad social y fueron invocadas por los perpetradores para justificar las acciones cometidas contra quienes fueron sus víctimas”.

(Si miramos el comportamiento del electorado y twitteadores frente a los candidatos de las elecciones generales 2011, que ocupaban los primeros puestos en las preferencias de la ciudadanía, aludían a un candidato cholo, un gringo, una china y un serrano arribista).

El artículo primero de la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de la UNESCO, sustenta que “Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad”, y más adelante, en su artículo segundo, afirma que “Toda teoría que invoque una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos… carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales y éticos de la humanidad”.

Igualmente, en la décimo primera política del estado del Acuerdo Nacional, se reconoce que “en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras”. (La pobreza y extrema pobreza, son factores de discriminación, también). No cabe duda entonces, que en nuestro país, el indio, serrano y cholo, es un personaje emergido en raíces ideológicas arraigadas en las heridas inherentes a ese proyecto aún inconcluso llamado Perú. Pero el racismo, como todo elemento ideológico, no tiene raíces genéticas. Es construido, aprendido, y difundido.

A los agentes socializadores como la escuela, la iglesia, el centro laboral, la familia, entre otros, les compete tomar la iniciativa en esa lucha cruenta contra toda manifestación o indicio de discriminación de toda índole, entre seres humanos. Pero deberán ser iniciativas que derrumben los tediosos muros del mero discurso para plasmarse en praxis. A esa utopía de la equidad y bienestar entre las diversas culturas, se ha convenido en llamarla “interculturalidad”. Sobre el tema, el informe mundial sobre diversidad cultural de la ONU (2010), asevera que “La ‘diversidad’ se está convirtiendo en una consigna de adhesión entre quienes denuncian las persistentes desigualdades socioeconómicas en las sociedades desarrolladas”. La tarea, está en marcha.

domingo, 12 de febrero de 2012

LA LETRA CON PLATA ENTRA

Artículo publicado en el Suplemento DOMINICAL del 12/02/1
Nicomedes Santa Cruz, decimista peruano escribió en 1958, quizá una de las décimas más conocidas de nuestra patria, titulado “La Escuelita”; su primera estrofa es la siguiente: “A cocachos aprendí/mi labor de colegial/en el Colegio Fiscal/del barrio donde nací”. Medio en broma, medio en serio, Nicomedes, describe una situación característica la escuela de aquellos tiempos. Y en la segunda estrofa dice: “Yo creo que la palmeta/la inventaron para mí”.

Es la época en la que nuestros abuelos repetían una frase con la que muy pocos estarían hoy de acuerdo: “La letra con sangre entra”. No cabe duda que fue la época de oro del conductismo, donde el memorismo y el academicismo fueron los elementos preponderantes en la medición y evaluación de los aprendizajes. Donde las matemáticas eran las materias más detestables, al igual que los profesores que las enseñaban. Y si esa situación perdura hasta ahora, entonces, la escuela ha quedado anquilosada en el pasado, en ese pasado vetusto e inhumano, por el que se le puede atribuir la construcción de muchas cosas, excepto de ciudadanía. “El abandono de la formación de ciudadanos”, es uno de los viejos problemas de nuestra educación, refiere el Proyecto Educativo Nacional (PEN).

“La letra con sangre entra”, es una frase que suena terrible, tanto como absurda y abominable. No obstante, parece haber sido suplantada por otra que también amerita la misma abominación, por donde se la mire: “La letra con plata entra”. Además del tráfico de notas que a nosotros como ex alumnos de la educación básica regular, nadie nos lo puede negar (el sol, ni la luna, ni el rostro de los “traficantes de notas” se puede tapar con un dedo), se ha puesto de moda la compra-venta de “libros” (realmente, son cuadernos de trabajo) desde los primeros grados del nivel inicial a precios exorbitantes, en condiciones de obligatoriedad.

(“Contratos viciados, arreglos ilegales sobre calificaciones, pagos por plazas docentes espurias”, entre otros, hacen que la educación peruana, sea “el sector del Estado que más denuncias de corrupción acumula”, concluye el PEN).

Dadas las informaciones transmitidas por los medios periodísticos, sabemos que el precio de producción de cada uno de aquellos textos de trabajo (mal llamado, libros), es de diez nuevos soles. Pero el precio que pagan los padres de familia, superan en la mayoría de los casos los cien nuevos soles. El Ministerio de Educación ya tiene conocimiento de tan repudiable situación que no tiene nada que ver con la contribución en la mejora de la educación peruana, por lo que el viceministro de asuntos pedagógicos, ha emprendido varias medidas para combatirla y desarraigarla de una buena vez de la escuela y de las épocas de inicio del año escolar.

La intervención de INDECOPI en este asunto, no ha sido vista con buenos ojos, en tanto ha inmovilizado las cuentas bancarias de las cuatro editoriales comprometidas (Hilder, Corefo, Santillana y Bruño), a fin de obligarlas a devolver el dinero que han cobrado de más. Para el escritor Javier Arévalo, es un acto para las cámaras; y para el congresista Jaime Delgado, Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, es una payasada.

Algunas voces han sostenido que no se puede exigir o fijar un precio que las editoriales deben respetar y cumplir, porque sería atentar contra los principios del libre mercado. Es decir, si yo oferto un artículo, lo puedo hacer al precio que a mí se me antoje; el único que puede sugerirme el precio de venta, es el mercado. Sólo la ley de la oferta y la demanda, es la que regula el precio de los bienes y servicios circulantes en la sociedad, y así, todos ganamos.

A simple vista, la cosa es maravillosa. ¿Pero de qué libre mercado, hablamos? Si las editoriales, como lo han denunciado algunos ciudadanos, no ofertan sus textos al público abierto, sino, a un mercado cautivo, a un grupo de potenciales consumidores que son los padres de familia de las instituciones educativas con las que entablan previamente, acuerdos y concesiones informales donde el soborno y las extorsiones son las claves que aseguran el éxito y envidiables ganancias a los concertantes (“Las comisiones suelen llegan hasta un 40% del precio de venta al público”, según el congresista Delgado).

A fin de cuentas, es el padre de familia, el que termina asumiendo los elevados costos de los textos, para satisfacción de las editoriales y algunos funcionarios públicos, menos para sus menores hijos. La educación elevada a la máxima expresión de lo absurdo, cuando sabemos que toda la estructura montada en la educación peruana, tiene un solo objetivo: satisfacer las necesidades de aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos y alumnas, futuros ciudadanos y ciudadanas de este país. Sin embargo, quienes terminan saciados y satisfechos en demasía, son otros sujetos (astutos y pendencieros).

Muy acertada la conclusión descrita en el Plan Bicentenario “El Perú hacia el 2021”, cuando sostiene que “La educación se ha universalizado, aunque su calidad es muy deficiente en todos los niveles”; situación preocupante porque precisamente “el acceso a una educación de calidad es un requisito esencial para lograr el desarrollo humano”. Problema sumamente serio si consideramos que “las limitaciones fundamentales para lograr la modernización de nuestra sociedad son la pobreza y la desigualdad social, así como la mala calidad de la educación”, refiere el mismo documento. Es una siniestra encrucijada; el padre de familia se encuentra entre la espada (las editoriales) y la pared (los educadores antipedagógicos).

A la par con las preocupaciones que genera esta lamentable situación de nuestra educación, y con el anhelo de superarlas, el DCN también sostiene que “Hoy es un imperativo ético formar, desde el hogar y la institución educativa, ciudadanos, personas capaces de diferenciar lo justo de lo injusto, de ponerse en el lugar del otro para reconocer su dignidad como ser humano”. Con este negociado de los textos de trabajo, que para el congresista Jaime Delgado es un “mercadillo vulgar” y un asalto al padre de familia; difícilmente, la escuela, está formando ciudadanos y ciudadanas. (Ingresamos al reinado de la torpeza o la picardía, cuando algunas docentes afirman sin vergüenza, que dichos textos cuestan caro porque “garantizan el aprendizaje de su niño, madrecita”).

Con el mercadeo desvergonzado de textos de trabajo escolares, entre las instituciones educativas y algunas editoriales subordinadas al mero y simple afán de lucro, violando las leyes del libre mercado, ultrajando a los fines y principios de la educación peruana, sacándole la lengua al esfuerzo por construir ciudadanía, convirtiendo a los padres de familia en obligados proveedores de las utilidades de algunos mercantilistas apátridas (no capitalistas ni emprendedores, ni creativos e innovadores) y funcionarios públicos corruptos, convierten a la educación, y a los esfuerzos del Estado y de las familias invertidos en su mejora y transformación, en un proceso detestable, incoherente e inútil.

La situación no es tan simple como dejar que el padre de familia elija comprar o no los benditos textos escolares. En el mes de junio del 2011, se dio la Ley N° 29694 (“Ley que protege a los Consumidores de las Prácticas Abusivas en la Selección o Adquisición de Textos Escolares”), con el objetivo de proteger a los consumidores —léase: padres de familia— en la adquisición de textos escolares, frente a “las prácticas abusivas de direccionar su selección o adquisición por criterios no pedagógicos”. Esta misma ley señala que en la selección de los textos escolares, deben participar conjuntamente, “los profesores, la institución educativa y los padres de familia”, pero ello, no se cumple. Definitivamente, no se cumple.

Cuatro meses después de publicada la Ley N° 29694, la Comisión parlamentaria presidida por el congresista Jaime Delgado, presenta un Proyecto de Ley para modificar los artículos 2°, 3° y 4°; e incorpora un artículo 6°, más una disposición transitoria final. Mediante leyes que no se cumplen, se pretende combatir la peste de la corrupción, tan arraigada en nuestra historia. “De buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”, dice una frase de discutida autoría. El presidente Ollanta, a través de su cuenta en twitter, manifestó su malestar: “Mi solidaridad con los padres de familia que se sienten burlados por las malas prácticas de las editoriales”. ¿Habrá algún padre de familia que no se sienta burlado por esta perversión del libre mercado?