jueves, 28 de noviembre de 2013

RETORNO A LA BICAMERALIDAD I (VOLVER AL PASADO)



La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, lo conforman 17 congresistas, y es pluripartidaria: 06 de Gana Perú, 05 Fuerza Popular, y 01 por cada una de las siguientes agrupaciones: Acción Popular - Frente Amplio, Concertación Parlamentaria, Perú Posible,  PPC–APP, Solidaridad Nacional, y Unión Regional. La preside el congresista Omar Chehade, de la agrupación oficialista Gana Perú.
La Comisión y el nombre de Omar Chehade están en las primeras planas y en los titulares de la prensa nacional porque el día martes 26 de noviembre del 2013, aprobó con 09 votos a favor y 04 en contra el Proyecto de Ley N° 01457/2012-CR[1] que propone el restablecimiento de la bicameralidad del Congreso de la República[2]. Los votos en contra son los de la bancada de Fuerza Popular. El proyecto fue presentado el 24 de agosto del 2012.
La bicameralidad propuesta en el Proyecto de Ley aprobado, estará constituido por 02 cámaras: una cámara alta integrada por 40 senadores, elegidos por distrito nacional único para un periodo de 06 años; y una cámara baja integrada por 130 diputados, elegidos regionalmente para un periodo de 04 años. Esta propuesta tendrá vigencia para las elecciones generales del año 2016, siempre y cuando sea aprobada en una de las 02 opciones que detalla el artículo 206° de la Constitución Política del Perú.
El artículo 206° de la Constitución Política, dice lo siguiente: “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República”. En el primer caso, el Proyecto debe ser aprobado con 66 votos y luego ser ratificado mediante referéndum; y en el segundo caso, tendría que aprobarse con 87 votos en dos legislaturas ordinarias consecutivas.
El debate está abierto y recién comienza, no tanto porque Omar Chehade (Presidente de la Comisión promotora de la reforma constitucional), haya expresado frases como que  “Se ha dado un paso histórico el día de hoy… con el esfuerzo de todos los congresistas de la República”, y que haya agregado luego que es una “Reforma política importante porque va a mejorar la calidad de las leyes”; sino, porque Chehade es un congresista como otros de sus colegas, que no tienen la autoridad moral para hablar en calidad de representante político de la ciudadanía peruana, por su pasado poco menos que vergonzoso que lo acompaña desde antes de cumplir los 6 meses en el cargo.
El caso se dio en el restaurant Las Brujas de Cachiche, el día 04 de octubre de 2011. Fue una reunión promovida por el congresista Chehade en calidad de Segundo Vicepresidente del Congreso de la República, donde participaron su hermano Miguel Chehade, los generales Raúl Salazar Salazar, Abel Gamarra Malpartida y Guillermo Arteta Izarnótegui, para acordar un operativo de desalojo en la azucarera Andahuasi a favor de los intereses de una familia de inversionistas peruanos. En ese entonces, la azucarera era administrada por orden judicial por los propios trabajadores
Después de la investigación realizada por la comisión parlamentaria, Omar Chehade fue suspendido en el ejercicio del cargo de congresista por 120 días, en acato a la recomendación de la Comisión de Ética Parlamentaria emitida el 23 de noviembre del 2011[3], por haber infringido sus deberes de transparencia, veracidad, integridad y probidad. (La suspensión de 120 días constituye la máxima sanción disciplinaria, y fue aprobada con 103 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones).


[1] El Proyecto de Ley N° 01457/2012-CR, puede ser leído en su totalidad en la siguiente dirección:  http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf
[2] Hasta antes del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, liderado por Alberto Fujimori Fujimori (condenado a 25 años de cárcel por autoría mediata de crímenes de lesa humanidad), el Congreso estaba constituido por dos cámaras: la cámara de senadores integrada por 80 senadores, y la cámara de Diputados, integrada por 180 diputados.
[3] El informe completo de la Comisión de Ética Parlamentaria, sobre el caso del congresistas Chehade, puede leerse en la siguiente dirección: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/64e77be0de04b5d2052578e00005f669/3b34c0d90ebd51f405257a03000abb35/$FILE/ETICA.Inf.Final.No.2_Cong.OMAR_CHEHADE_MOYA.pdf

lunes, 18 de noviembre de 2013

EL PÉNDULO DE LA DEMOCRACIA PERUANA



A excepción de las tres primeras décadas del Siglo XX (con algunas pequeñas interrupciones como la de Oscar Remigio Benavidez en 1914; y la de Augusto B. Leguía en 1919, cuando ya era presidente electo), los periodos entre democracia y dictadura se han alternado por lapsos casi uniformes de 10 años en promedio, adquiriendo casi una regularidad de la que difícilmente podemos librarnos.

Dio inicio a las interrupciones a la democracia en el Siglo XX, el golpe de Luis Sánchez Cerro en 1930 (en contra del gobierno de Augusto B. Leguía), dictadura que se prolongó hasta 1939 con la ayuda de Oscar Remigio Benavidez. Fue una dictadura de 9 años.

Viene un periodo de democracia que inicia Manuel Prado, en 1939, seguido de José Luis Bustamante hasta 1948, abarcando un periodo de 9 años.

Manuel A. Odría representa la segunda interrupción a la democracia en el Siglo XX, en el año 1948, manteniéndose en el poder hasta 1956, dictadura conocida como “el ochenio de Odría”.

Le sigue un periodo de 11 años de democracia, con una interrupción de aproximadamente 1 año (repartido entre los generales Pérez Godoy y Nicolás Lindley). Manuel Prado (1956-1962) y Fernando Belaúnde (1963-1968; primer periodo), son los civiles que gobiernan democráticamente el país hasta que el tímido “péndulo” aparece nuevamente amenazando formar parte de nuestra idiosincrasia.

En 1968, se apertura una nueva etapa de 12 años de dictadura militar, encabezada por Juan Velasco Alvarado en la primera fase (1968-1975), y Francisco Morales Bermúdez, en la segunda (1975-1980).  Ambos, generales en actividad del Ejército Peruano. Dictadura que finaliza con la elección del Congreso Constituyente presidido por Víctor Raúl Haya de La Torre, y la elaboración y aprobación de una Constitución Política en 1979.

El año 1980 indica el inicio de otro periodo democrático con Fernando Belaunde en 1980 (segundo periodo), seguido por Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori que asume el mando en 1990, para protagonizar 2 años después, en 1992, un hecho sui generis en el país: el autogolpe de Estado, inaugurando con él, una dictadura cívico-militar que culminó con la elección de un Congreso Constituyente y la aprobación de una Constitución Política en 1993 (actualmente vigente).

No obstante, Alberto Fujimori condujo y representó un gobierno “democrático” discursivamente, pero que en la práctica fue una dictadura que capturó al Estado para dedicarlo al servicio de particulares intereses que hasta la fecha el Poder Judicial está abocado a su investigación y juzgamiento. El año 2000 Alberto Fujimori[1] protagoniza otro hecho sui generis en el país, al renunciar a la jefatura del estado por fax desde el continente asiático. Generando un brevísimo gobierno de transición al mando de Valentín Paniagua, hasta instalar nuevamente otro periodo democrático con Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y actualmente Ollanta Humala (desde 2011).

Lo que algunos llamarían “numerología”, la línea del tiempo nos advierte que estaríamos ante la amenaza de un nuevo golpe de Estado, si es que el péndulo de la democracia continúa operando tal y como lo ha hecho desde 1930; y a raíz de la crisis generada por el caso de la indebida seguridad policial a la casa de Oscar López Meneses[2], que parece no ser un caso exclusivamente de corrupción policial, dado el involucramiento de oficiales generales en un caso de contradicciones insólitas.
Democracia, dictadura, democracia, dictadura, democracia…. Es el péndulo de la democracia peruana, que forma parte ya de nuestra idiosincrasia después de haber superado lo que Jorge Basadre llamaría los militarismos de nuestra era republicana.


[1] A la fecha, Alberto Fujimori está recluido en el penal de la DIROES (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú), cumplimento una condena de 25 años de prisión impuesta por el tribunal que lo juzgó por autoría mediata de crímenes de lesa humanidad.
[2] Sobre el caso, puede consultarse la siguiente dirección: http://idl-reporteros.pe/

sábado, 16 de noviembre de 2013

¿GOLPE CONYUGAL DE ESTADO?

Ollanta y Nadine (Fuente: Internet)
En medio del último escándalo sobre la irregular seguridad policial brindada a un personaje juzgado o a una casa de la que nadie puede explicar el por qué, no se ha esfumado el anuncio público del Presidente de la República (¿Jefe de Estado?) sobre el cogobierno familiar-conyugal o el que podríamos denominar “golpe conyugal de Estado”.
No está de más recordar que se ha elegido a un Presidente de la República, quien gobernará el país en concordancia a las normas vigentes, con el equipo ministerial que él mismo nombrará y todo el equipo de otros funcionarios pertinentes a las gestiones administrativas de Estado; a no ser que la primera dama y esposa del presidente, se le permita convertirse en funcionaria pública con todos los derechos y honores que le corresponda.
Lo que podría parecer una broma de mal gusto, un desatino o un simple desliz irónico, es un hecho que confronta a la estructura gubernamental de nuestro estado de derecho con las tradiciones, costumbres o hábitos propios de nuestra historia política que podrían rozar la delgada línea de la informalidad, la ilegalidad y hasta la criminalidad.
 Y si en algún momento algunos han querido enfocarlo desde la perspectiva de género, asumiendo gaseosas poses en defensa de la mujer frente a un mundo masculino y dominante, resultan equivocados, ingenuos, no por ello, nocivos para nuestra salud democrática.
Fue en el centro del país, cuando Ollanta Humala declaró lo siguiente: “La próxima vez vendrá Nadine a verificar los comedores, los colegios, Beca 18. Vendrá a trabajar, porque así trabajamos, de la mano con Nadine, como una familia, con hijos, porque creemos que es mejor gobernar el país como familia que como una sola persona”.
Y si en honor a la caballerosidad y honestidad, le concedimos el beneficio de la duda, quizá en honor a la fatiga y el cansancio que pudieron haber agotado sus energías y capacidad de raciocinio, reafirmó lo expresado, para disipar toda duda, y sin vergüenza alguna, diciendo lo siguiente: “Mi Gobierno se ha caracterizado desde el inicio por fomentar valores familiares. Trabajo con una visión de familia y no solo del individuo. Hoy me reafirmo en eso”.
No es solo el hecho que Ollanta se haya equivocado o como dirían los muchachos de ahora, “se fue de boca”, sino que Nadine, una mujer profesional y conocedora de nuestras leyes, tiene que haber detectado la impertinencia de las declaraciones de su esposo y jefe de Estado; o como diría Ollanta de ella: “Ella es la número dos del partido gobernante, y no solamente la esposa del presidente”. (¿Conflicto de competencias? Un caso insólito, por supuesto).
Pero la ciudadanía no eligió a Nadine, a ella lo eligió Ollanta para ser su esposa, pero si considera que puede elegirla para cogobernar el país, entonces se ha malentendido —¿existe algún otro término más pertinente?— la delegación del poder por medio de las urnas que periódicamente realizamos como parte de nuestra cultura democrática. Se está haciendo un uso no pertinente a la representación política que podría significar un atropello a la soberanía, una burla a la ciudadanía, un acto de soberbia ingenuidad y hasta un abuso de poder.
Porque el asunto es que si Ollanta no puede gobernar solo (léase: sin su esposa), y si Nadine no puede limitarse al cargo honorífico de Primera Dama, porque podría ser que limite sus ansias de gobernar y representar a la República del Perú —sin necesidad de haberlo recibido por mandato de las urnas—, entonces, la situación amerita un análisis muy minucioso en aras de evitar una distorsión de la representatividad política en nuestro país y una intoxicación que eche por la borda todo lo avanzado en el proceso de consolidación de la democracia en nuestro país después de la podredumbre que nos legó el régimen de los años 90.