Es un Congreso que no legisla porque no puede hacerlo. Y no podrá hacerlo ni sumando una cámara, ni sumando sus miembros. Porque su problema radica en su estructura y dinámica, y hasta en su naturaleza representativa. Representan a regiones o fracciones jurisdiccionales, pero debe producir normas de alcance nacional. Una contradicción.
Y si a la fecha, la producción legislativa no se ha detenido bruscamente, con su inoperancia y mediocridad, es porque la función legislativa es compartida; en todo caso, es un Poder Co-Legislativo. Legisla el Ejecutivo y también puede legislar la ciudadanía, además del Congreso.
La Iniciativa Legislativa es un derecho de participación ciudadana tipificado en la Ley N° 26300[1]. Incluye la Iniciativa de Reforma Constitucional, la Iniciativa en la formación de las leyes, y la Iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales.
No obstante, este proceso se ve entorpecido por la lentitud del Congreso. De una u otra manera, el Congreso no legisla ni deja legislar al ritmo de las necesidades ciudadanas. Se agrava la situación cuando debe cumplir otras funciones además de la legislativa: el control político[2] y las denominadas funciones especiales[3]. Pero en todas ellas, su deficiencia salta a la vista, produciendo caos e incertidumbre, embrollos políticos que entrampan aún más y oscurecen su imagen e investidura como poder del estado y como institución que representa a la ciudadanía.
Es tragicómico. En el presente año hemos sido testigos de la incapacidad para elegir al Defensor del Pueblo y al Contralor General de la República[4]; igualmente, en los últimos quinquenios, hemos presenciado su actuar en funciones propias del control político: interpelación de ministros, comisiones investigadoras, entre otras.
De acuerdo, es parte de su naturaleza, por ello se denomina parlamento. Parlar, charlar, discutir, debatir[5]; pero que trascurra su quinquenio gubernamental, solo en ello, sí es preocupante y nocivo para la salud democrática del país. Además, cuesta al erario nacional, cuesta a toda la ciudadanía; y no solo es un costo monetario; es un costo político, es un costo democrático, y hasta filosófico e ideológico. Hieren a la democracia, a nuestra democracia, mal que bien, que tanto nos ha costado a todos los peruanos, restituirla.
La inoperancia de éste Congreso, alimenta la desconfianza y alienta la pérdida de fe en la democracia. ¿Para qué un Congreso que no legisla? Tiene muy poco sentido remunerarles a los 30 congresistas, un monto envidiable (en un país donde la pobreza y extrema pobreza, aún constituyen situaciones lamentables y mortíferas), en recompensa a su improductividad e ineficiencia[6]. Gozan de un remuneración mensual, más doce abonos anuales por concepto de gastos operativos, que suman S/. 31,800.00. A ello habría que sumarle las gratificaciones, la remuneración por concepto de escolaridad, los abonos mensuales por concepto de viáticos de viaje, los gastos de instalación y gastos de desinstalación, entre otros ingresos[7].
Con todo y ello, “Los congresistas representan a la Nación”; aquí, el problema se vuelve crónico. Se supone que en los 130 congresistas, están representados los intereses de la nación; por lo tanto, los defienden. ¿Pero de qué nación, hablamos?
Entonces, tenemos un Congreso que no solo, no legisla, o legisla mal, o legisla a la velocidad y ritmo de una tortuga; sino, un congreso que representa intereses que no necesariamente son de la nación a la que se supone representa. De lo contrario no gozaría de la desconfianza ni sufriría de la aberración ciudadana que los sondeos indican, y que la calle (esa tribuna abierta y locuaz de la ciudadanía, sin temor a la censura), siempre expresa.
Un congreso que no legisla, da lo mismo que esté o que no esté. Un congreso que afecta gravemente a la salud democrática del país; un Congreso que de vez en cuando, casi rutinariamente, segrega venenosas toxinas a la confianza ciudadana en el régimen democrático, es un Congreso que aportaría un gran beneficio al estado y a la nación, a la ciudadanía en su conjunto, si redujera a la mitad el número de sus miembros, o simplemente, daría un gran paso hacia el fortalecimiento de nuestra democracia, si eliminara de por vida, y de una sola vez, la reelección congresal.
[1] Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos; publicada 02 de mayo de 1994. En: http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/LEY%20DE%20LOS%20DERECHOS%20DE%20PARTICIPACION%20Y%20CONTROL%20CIUDADANOS.pdf
[2] Artículo 5° del Reglamento del Congreso de la República.
[3] Ídem, artículo 6°.
[4] Ambas elecciones, entre otras, forman parte de sus funciones especiales.
[5] Ésta idea ha sido defendida por varios congresistas, en programas televisivos, después o durante algunos escándalos circenses que han protagonizado.
[6] El sueldo de un congresistas es de S/. 15,600.00 mensuales; según acuerdo de 3ª Sesión de la Mesa Directiva del Congreso de la República, correspondiente al período anual de sesiones 2006-2007, celebrada el martes 8 de agosto de 2006. En: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ArchGeneral/acuerdosmesadirectiva.nsf/Todos/CC2B04EBF7D7E86D052578F7002D1238/$FILE/ACTAMESA-06-07-03.pdf
[7] Puede consultarse el artículo “Costo-beneficio de ser congresista en el Perú” de Raúl Mauro Machuca, en: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C48AB7A92A2D948805257ED60075395E/$FILE/art_002.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario